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En la película “El tercer hombre”, con guión de Graham Green, hay una escena adecuada para describir la relación de la política con las muchedumbres en general, y durante las campañas electorales en particular. Este clásico policial del año 1949 se desarrolla en la Viena de posguerra, con la actuación de Orson Welles en el rol de Harry Lime. Este le ofrece a Martins , amigo de la infancia desocupado que vive en Estados Unidos, que trabaje con él en Viena. Cuando llega a la ciudad, Martins se entera que Lime murió horas antes atropellado por un auto, y asiste presuroso al entierro. Posteriormente, la policía informa a Martins que Lime traficaba penicilina adulterada en el mercado negro, causando centenares de muertes, en especial niños, y que ante el cerco policial, había simulado su muerte. Martins consigue reunirse con Lime en el Prater, el parque de atracciones más antiguo del mundo, y para conversar a solas suben a un carro de la famosa Noria Grande (montaña rusa). Ante los reproches de Martins por las víctimas inocentes de su negocio, observando a 65 metros de altura a quienes transitaban por el parque, Lime le responde: Víctimas? Mira ahí abajo; de verdad sentirías pena si un punto de esos dejara de moverse para siempre?

Esta escena es válida para analizar las formas de intermediación y/o comunicación entre el poder y las masas. En la antigüedad se recurría a los grandes monumentos, que mostraban a propios y extraños el poder de quienes los construían. En el siglo XX, los avances tecnológicos posibilitaron la intercomunicación en forma simultánea y a distancia entre millones de personas. No fue casual que durante la Segunda Guerra Mundial se establecieran los principios de la actual propaganda política, en los que interactúan tecnología, psicología y estrategia. No distinguen entre ideologías: los aplicaron por igual el nazismo, el comunismo y los aliados. Este circuito entre centros de poder emisores hacia receptores masivos, utiliza dos herramientas: el mensaje breve y contundente (eslógan), y la imagen. En cuanto a esta última, sea en la antigüedad o en la modernidad, no pierde vigencia lo que Maquiavelo dijera de los príncipes: “Todos ven lo que pareces ser, mas pocos saben lo que eres”.

El desarrollo de Internet a comienzos de los 80 y surgimiento de las redes sociales luego, amplió notablemente el “ágora” de opinión ciudadana, al punto que en los países de régimen totalitario sufren fuertes restricciones. La novedad desorientó a los políticos, al trastocar la clásica unidireccionalidad entre el hablar (político), y escuchar (ciudadano). Este último, no solo puede responderle, sino también propagar su respuesta. Sin embargo los principios de la propaganda política al ser conceptuales y no tecnológicos, se mantienen inmutables. En el juego de ida y vuelta, se apela asiduamente al principio llamado “contrapropaganda”, consistente en combatir y/o neutralizar la propaganda del adversario. Tanto una como otra, pueden contener verdades y falsedades. Por ello, pese al crecimiento de acceso a la información y/o mensajes, nuestro desafío como receptores no cambió: intentar diferenciar entre lo verdadero y lo falso; entre lo contradictorio y lo congruente.

Existe consenso en señalar que cada vez más, las campañas electorales exhiben alto nivel de mediocridad, generando desinterés en la ciudadanía, que no debe confundirse con desinterés por la política. Sin embargo, alguna comprensión merecen los esforzados publicistas y costosos asesores. Es muy difícil que generen entusiasmo partidos que no existían hace dos años y hoy quieren encarnar el sentir del pueblo; candidatos que se identificaron con un espacio hace meses y hoy se presentan por otro; que quienes se enriquecieron en la función pública hoy expresen preocupación por los pobres; que quienes plantean propuestas atractivas, nunca las aplicaron como gobierno o presentaron como legisladores. Pero lo más grave, es que los mismos políticos que bombardean a la sociedad con acusaciones, pronósticos tremendistas y hasta insultos, expresen luego la necesidad de “diálogo y unidad”. Viejas figuras con viejos recursos, explicarían la impotencia creativa de los publicistas.

El domingo próximo los “puntos” anónimos que observaba Harry Lime en “El tercer hombre” tendrán cierto valor: deberán votar.

Buenos Aires, 18 de octubre 2017

La campaña electoral brinda un excelente punto de partida para afrontar el próximo debate que, pícaramente, los beneficiarios de los desajustes llaman amenazadoramente “el ajuste”. Más aún, cuando la historia muestra que al momento de las inevitables decisiones destinadas a superar urgencias económicas, los autoproclamados defensores del bien común harán recaer el costo de los ajustes en anónimos ciudadanos. Como evitar que este recurrente engaño se repita? Clarificando conceptos, antecedentes y estrategias. En primer lugar, los ajustes no se deberán discutir y anunciar en base a datos “macro”, sino identificar inequidades sectoriales a nivel “micro”. El desarrollo informático e interacción de bases de datos posibilitan esta mayor precisión. Lo que no varía en el tiempo es el origen de las crisis político-económicas: recursos del Estado insuficientes para afrontar sus gastos, con políticas distributivas inequitativas que usualmente concluyen en alta corrupción. Los recursos públicos se obtienen a través del patrimonio ajeno en forma coercitiva (impuestos, tasas, contribuciones), y del patrimonio propio (utilidad de empresas estatales, venta de bienes). Los “ajustes” tienen un problema de origen: todos pretenden estar a salvo, y que sea absorbido “por el otro”. Un conocido ejemplo es la frase “que lo absorban los que más tienen”, autoexcluyéndose la clase política de ese privilegiado grupo.

El manejo de la crisis 2001-2002 es el ejemplo más cercano de ajuste “vicioso”, y es adecuado para establecer las diferencias entre estrategias “macro” y “micro”. En marzo del 2001 el entonces Ministro de Economía López Murphy anunció un severo ajuste fiscal, que incluía entre sus anuncios “macro” el despido de 40.000 empleados públicos. López Murphy duró 15 días en su cargo. Hubiera sido más lógico anunciar medidas de personal basadas en la extinción de prebendas, inequidades e ilegalidades, dejando en claro que en ningún caso se afectarían a empleados que sean sostén de hogar o tengan trabajo único, siempre y cuando cumplan con los derechos y obligaciones que competen a la función pública.

El Poder Legislativo es el organismo más adecuado para aplicar este enfoque. Está integrado por todas las expresiones políticas, con la responsabilidad de establecer el andamiaje legal del Estado y ejercer control sobre los actos del Poder Ejecutivo. Cabe preguntarse: su costo sobre el presupuesto público es razonable?. Tiene el personal necesario, o un exceso injustificado basado en nepotismos y amiguismos? Se cumplen asistencias, cargas horarias, y la obligación de no percibir más de un sueldo estatal con excepción de la docencia? Es necesario el número de asesores? No se pueden bajar sensiblemente los intrascendentes viajes al exterior y otros gastos?

La siguiente valla a sortear se llama “derechos adquiridos”. En agosto del 2001, los legisladores sancionaron la ley 25.466 llamada de intangibilidad de los depósitos, que redundantemente expresaba que las condiciones de los depósitos captados por las entidades financieras no podían ser alteradas por el Estado nacional. Cuatro meses más tarde se restringió su disponibilidad (corralito), y en enero del 2002 se incautaron definitivamente (corralón), incluidos los de medianos y pequeños ahorristas. Esto sienta jurisprudencia para que los “derechos adquiridos” inequitativos, como el no pago de ganancias por el poder judicial, jubilaciones de privilegios y similares, se anulen, o al menos se suspendan.

Surge luego la valla mas cínica, llamada “cuidar fuentes de trabajo”. Tras esta noble fachada que utiliza a trabajadores inocentes, se facilitan negociados privados que con complicidad política y gremial, son realizados con dinero público irrecuperable. Casos como Río Turbio, OCA, Sancor, medios gráficos de Spolzki, López, Garfunkel, entre muchos otros, son muestra de este costo fiscal. En el 2002 la noble intención se utilizó para estatizar parcialmente las deudas en dólares de grandes grupos empresarios, tales como YPF, Loma Negra, Telecom, OCA, Coto, Socma, entre otros. Los pequeños y medianos ahorros se incautan (política macro), y parte de las grandes deudas se estatizan (política micro).

Tema aparte es la incidencia enorme que los delitos y la corrupción tienen en los costos fiscales, cargas impositivas y posibilidades productivas. Su análisis cuantitativo daría por tierra que el “roba pero hace”, es un mal menor.

Buenos Aires, 04 de octubre 2017

Los ajustes del Estado siempre fueron consecuencia de crisis en las cuentas públicas. Nunca para lograr una mejor eficacia en su funcionamiento. Por el contrario, las crisis nacen de burocracias insostenibles, prebendas públicas y privadas, y como natural consecuencia, recursos del Estado saqueados por la corrupción. No es complejo entenderlo. Imaginemos que un playboy mantenido, autoproclamado neoliberal o populista, se quedara sin dinero para derrochar.

Nuestro país sufrió ajustes recurrentes y políticas fluctuantes en los últimos 57 años, si tomamos como punto de partida la recordada frase que para capear una nueva crisis, pronunciara el Ministro de Economía Álvaro Alsogaray en 1959: “Hay que pasar el invierno”. En la actualidad, la necesidad de un “ajuste” es planteada directa o indirectamente incluso por quienes lo critican. Conceptos cómo déficit fiscal, crecimiento de deuda externa e interna, y alta presión impositiva con alta evasión, no pueden coexistir en el tiempo. Pero es verdad que la historia indica que los derroches y posteriores ajustes los absorben los sectores medios (por captación de sus recursos), y los más vulnerables (por pobreza y marginalidad). Ello no debiera sorprender, dado que los ajustes los realizan quienes sectorialmente provocaron los desajustes, en cabeza de la genéricamente llamada “política”. Cómo lograr entonces un inédito ajuste virtuoso? Inicialmente clarificando conceptos.

Es habitual suponer que al hablar de cuentas públicas, el ajuste lo debe realizar exclusivamente el Estado, al que se lo asimila básicamente con el poder ejecutivo a través de la administración central y empresas públicas; obviando que también lo integran los poderes legislativo y judicial. Por otra parte, del balance presupuestario público participan indirecta o directamente las estructuras empresariales y gremiales. En estas instancias, los voceros de estos diversos sectores públicos y privados, practican el fenómeno psicológico de la doble personalidad, al que deberá prestársele atención para no ser nuevamente engañados tras las grandilocuencias discursivas. Consiste en un comportamiento humano por el cual la personalidad que predomina públicamente en una persona intenta ser racional y bien organizada invocando derechos y virtudes, mientras que la más oscura pretende mantener prebendas e inequidades, y está tan bien oculta que se vuelve invisible. Sus intereses se encubren tras la “defensa de los más necesitados”. Los subsidios injustificados a emprendimientos supuestamente privados que enriquecen a los funcionarios, empresarios y sindicalistas involucrados, por ejemplo, se los disfraza con la bienintencionada “creación y/o defensa de puestos de trabajo”. Fuentes laborales que concluido el maná del dinero público sin aportes privados de riesgo genuinos, concluyen con trabajadores en la calle y responsables de las maniobras enriquecidos. Para que nada cambie, sus beneficiarios nuevamente intentarán confundir derechos adquiridos con prebendas injustificadas, autonomías operativas con autonomías financieras, y obligaciones laborales ficticias o inequitativas con derechos.

Por impericia o malicia, los ajustes se anuncian con objetivos cuantitativos “macro” (cantidad de personas, organismos, presupuestos). Pero por el filtro cualitativo “micro”, pasan sin costo las corporaciones políticas, empresarias y sindicales responsables. Una vez recompuesta la caja presupuestaria, el “playboy” del ejemplo retomará el derroche de los recursos públicos hasta la próxima crisis. Un cercano ejemplo de este esquema recurrente fue la resolución político-económica de la crisis 2001-2002, en donde la mala praxis no se redujo a los que se fueron en el helicóptero, sino incluyó a los que se quedaron en tierra. Los que no sobrevivieron tras la justificada reacción popular, fueron los partidos políticos. Considerando que la mayoría de los actores de entonces tienen vigencia hoy, lo comentaremos en la próxima opinión, por su utilidad ante el debate que se avecina.

Maquiavelo describió con precisión la relación entre la supuesta prodigalidad con los súbditos y las riquezas de quienes gobiernan: “Sucederá siempre que un príncipe que quiere conseguir fama de pródigo consumirá en tales obras todas sus riquezas, y se verá obligado si desea conservar su reputación, a imponer excesivos tributos, a ser riguroso en el cobro y hacer todas las cosas que hay que hacer para procurarse dinero”.

Buenos Aires, 27 de septiembre 2017

La Biblia habla de una Bestia del Apocalipsis popularmente identificada con el número 666. Pero como los argentinos somos invariablemente distintos, para el proceso eleccionario que concluirá el 22 de octubre próximo creamos nuestra propia Bestia llamada 624, que corresponde a la cantidad de partidos políticos habilitados para participar en la contienda electoral en todo el país.

En un contexto de licuación de los partidos nacionales tradicionales competitivos, esta incongruencia que coexiste con los híbridos mensajes de campaña, desnuda que esta supuesta diversidad está más asociada al “negocio” que a los debates ideológicos o programáticos. Nuestra Bestia 624 fue engendrada por leyes de partidos y electorales que buscan la permanencia de oligarquías políticas, minimizando el poder del voto ciudadano. Es más fácil usufructuar la pobreza en lo discursivo y denunciar fraudes, que elaborar leyes verdaderamente democráticas. Ante tamaña Bestia, resulta evidente que la Cámara Nacional Electoral no controla el cumplimiento de requisitos para constituirse como partido, ni la Justicia Electoral controla gastos de campaña en tiempo y forma. En este contexto, los manipuladores de recursos del Estado encontraron un negocio “pyme”: armar un envase comercial disfrazado de partido para, en beneficio de sus “dueños”, comercializarlo en una elección ante candidatos electoralmente más fuertes. Las leyes permiten, por ejemplo, que Pino Solanas con dos años más como senador, sin renunciar a su cargo juegue a ser nuevamente candidato a senador en otro distrito. Para ello recibió del Estado $ 1.554.390. Cuando el andamiaje “legal” para permanecer no es suficiente, sus beneficiarios estallan en indignación. El Adolfo Rodríguez Saá no llamó al resultado electoral de San Luis el libre juego de la democracia, sino “traición”. Refiriéndose quizás a los votos de los peones de su estancia (perdón, provincia).

Es necesario entonces que con la conformación de las nuevas legislaturas, junto con los imprescindibles cambios tecnológicos operativos como la boleta electrónica, se desactiven las trampas laboriosamente legalizadas, como las listas colectoras, listas espejo, ley de lemas, candidaturas testimoniales, listas sábana y demás esperpentos, producto de enriquecedores “acuerdos políticos” y oportunistas interpretaciones judiciales. En ambos casos sin “grietas”.

En cuanto a la corrupción, tema aún extremadamente incómodo para plantear en campaña (la ex presidente no la menciona y Massa debió asociarse con Stolbizer), también los hechos superaron a los discursos, ratificando que “la única verdad es la realidad”. En la sesión de Diputados del 26 de julio pasado, en una votación esclarecedoramente nominal (los ausentes son igualmente relevantes), no se alcanzaron los votos necesarios para suspender al procesado diputado Julio De Vido. Días más tarde, tras la tenaz defensa que el juez federal de La Rioja hiciera de la renovada candidatura a senador de Menem, la Cámara Electoral la impugnó por tener dos condenas penales firmes. Tras el fallo, el Partido Justicialista, que simulara criticar a Menem por neoliberal, se abroqueló en su defensa y presentó una apelación ante la Corte. Por último, el camarista Freiler, cuyo enriquecimiento desmesurado no pudo justificar, fue finalmente suspendido en su cargo por el Consejo de la Magistratura para someterlo a juicio político, provocando fuertes polémicas por las posibles “argucias” empleadas. El enojo no residía en sus derechos de defensa (que los tendrá), sino en perder sus votos ante casos de corrupción, que pese a ser cantados, en la justicia no se anulan.

Tanto fervor político en favor de tres casos emblemáticos de corrupción, indican que la fuerte trama de funcionarios, empresarios y testaferros asociados, dará dura lucha para mantener patrimonios y libertades. Lograr ajustes “virtuosos” que afecten a los sectores políticos, gremiales, judiciales y empresariales privilegiados, no será nada fácil. Mientras tanto, sus beneficiarios continúan invocando en sus discursos falsas “legalidades”, disfrazando a las prebendas como derechos adquiridos, y autoproclamándose representantes hereditarios de “los que menos tienen”.

Buenos Aires, 23 de agosto 2017

Decíamos en la última newsletter que el desprestigio del término “ajuste” aplicado en respuesta a crisis económico-sociales terminales, se justifica por los antecedentes. La primera contradicción, es que lo aplican los mismos sectores políticos, empresarios y gremiales que generaron las crisis, empleando en los anuncios indicadores económicos “macro” (globales), para no modificar los vicios estructurales concretos que les permite mantener prebendas. No es casual que en las últimas cuatro décadas se repitieran cíclicamente “ajustes viciosos”. Es oportuno ejemplificarlos recordando el más reciente, engañosamente llamado “crisis del 2001”, en lugar del 2001-2002.

Marzo 2001.- Tras diez años de gobierno justicialista y con un déficit fiscal 7.350 millones de dólares, a 15 meses de asumida la presidencia De la Rúa designó a López Murphy como Ministro de Economía. Se anunció un severo ajuste fiscal por 2.000 millones de pesos/dólares, con recortes de fondos en las áreas de salud y educación, recortes en jubilaciones por 127 millones, achique y recorte en los programas sanitarios por 50 millones, un aumento del IVA del 15 al 21 % para espectáculos culturales, fútbol, teatro y cine, despido de 40.000 empleados públicos, flexibilización laboral, y recortes en las indemnizaciones por despido, entre las medidas más resonantes. López Murphy duró solo 15 días en su cargo.

Agosto 2001.- Los legisladores sancionaron la ley 25.466 de “Intangibilidad de los depósitos” de los ahorristas, que redundantemente expresaba que todo depósito captado por entidades financieras eran intangibles, por lo que el Estado nacional no podría alterar las condiciones pactadas. Fue un cínico engaño a los ahorristas.

Diciembre 2001.- El ministro Cavallo, reemplazante de López Murphy, estableció la restricción del dinero en efectivo depositado en bancos, con un tope de extracción de 250 pesos/dólares mensuales. A los pocos días cayó el gobierno de la Alianza, generándose una inédita rotación de dirigentes peronistas en la ocupación provisional de la presidencia. Se destacó un eufórico Rodríguez Saá, que declaró el no pago de la deuda externa, provocando la ovación de los legisladores presentes.

Enero 2002.- En medio de un caos político, el 03 de enero asumió la presidencia Eduardo Duhalde, quien de inmediato derogó la convertibilidad y pesificó los créditos en dólares. La devaluación inicial del 40%, en pocos días se duplicó. El corralito se transformó en corralón, confiscándose el ahorro privado con distintos plazos de devolución, según fueran pesos o dólares (éstos a 10 años). Por el contrario, a importantes empresas privadas y entidades financieras se les estatizó gran parte de sus deudas en dólares. La pobreza, que en diciembre era del 22%, alcanzó el 53%; la desocupación del 18,30% en diciembre, subió al 21,5% en el 2002. El severo ajuste fiscal de 2.000 dólares intentado por López Murphy, 10 meses más tarde constituía un retoque numérico menor. Pero nada cambió. La pobreza del 22% en diciembre del 2001, en diciembre del 2015 era del 29%.

Este cercano antecedente de “ajuste vicioso” llamado cínicamente por los políticos “patriótico”, permite destacar dos inconvenientes a sortear para manejar en la actualidad alternativas que permitan un inédito ajuste “virtuoso”. Ellos son:

1.- Los principales actores políticos, empresarios y gremiales del 2001-2002, tienen plena vigencia. Con el agravante que el oportunismo destruyó identidades políticas y partidos consolidados. Hoy, ni el más avezado politólogo podría diferenciar entre los variados justicialismos, radicalismos, progresismos y afines. Basta mencionar que de las tres principales fuerzas que compitieron por la presidencia hace menos de 24 meses, el Frente para la Victoria y el Frente Renovador no participan como tales en la legislativa de este año.

2.- El crecimiento desmesurado de las estructuras estatales, acompañó y/o protegió el crecimiento inédito de la corrupción estatal-privada. Históricamente circunscripta a cúpulas, en la última década se “democratizó”, extendiéndose a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, fuerzas de seguridad, contratistas y/o proveedores del Estado, gremialistas empresarios, Universidades, Fundaciones, Cooperativas y entes relacionados con la Cultura. Con tres factores comunes: 1) saqueo de los recursos públicos; 2) involucrados autoproclamados “defensores de los pobres”; 3) una sólida trama político-judicial que asegura total impunidad.

Dicho esto, comencemos a desbrozar conceptos para un posible “ajuste virtuoso”.

Buenos Aires, 26 de julio 2017

Deben existir pocas frases más desprestigiadas que la del título de la presente opinión. Sin embargo, simboliza la práctica política más ejercitada en los últimos cincuenta años. Presuponer entonces que el término “ajuste” representa a determinada ideología política es una falsedad. Los hicieron militares, peronistas y radicales, muchas veces en forma despiadada, invocando “acuerdos políticos patrióticos ante emergencias terminales”. Acuerdos que eran suscriptos por los mismos sectores políticos, gremiales y empresarios causantes de las crisis. Cómo explicar entonces esta recurrencia histórica?

En principio, clarificando el significado de “ajuste”, que no es unívoco, como plantean mediocres recitadores de eslógans, o aviesos encubridores de intereses particulares y sectoriales. El engaño consiste en promover el término “ajuste” como una lucha entre los que “más y menos tienen”, en lugar de pujas prebendarías entre sectores, sean públicos o privados. “Ajuste” es sinónimo de arreglar, convenir, adaptar, como también de estrechar; o amenazadoramente, “ajustar cuentas”. Por ello, cuando sectores políticos y empresarios hablan de ajuste como resultado de un déficit fiscal, debieran explicitar características y sectores involucrados. O sea, deben terminar con el cinismo.

Los antecedentes de los ajustes recientes, no son buenos para los más vulnerables y clases medias. Citemos solo tres: 1) confiscación de ahorros de pequeños y medianos ahorristas con Menem (plan Bonex en 1999), y con Duhalde (plan Boden en 2002); 2) devaluación superior al 100%, con estatización parcial de deudas en dólares de grandes grupos empresarios, en 2002; 3) subsidios a los servicios públicos únicamente para la ciudad de Buenos Aires y conurbano, que igualaban a los sectores más débiles con los de más alto poder adquisitivo, durante gran parte del kirchnerismo. El resultado de los ajustes fue inevitable: alta corrupción, con empresarios y funcionarios enriquecidos, y arcas públicas empobrecidas. Ante la superficialidad de los debates sobre el ajuste destacaremos dos conceptos: 1) el discurso público que plantea compungidamente que “con la inflación pierden los que menos tienen”, omite señalar que además “ganan los que más tienen”. 2) El economista Roberto Frenkel, especialista en el estudio de la inflación en Argentina, en un reportaje en Clarín el 19 de junio de 2016 clarificó: “Los conflictos en la Argentina no son por los pobres; son por los que más ganan”.

Con estos antecedentes, reclamar un “Pacto de la Moncloa” argentino en abstracto, sin especificar actores, objetivos y obligaciones, puede ser un desastre. Nuestra historia reciente está plagada de pactos que nos empobrecieron. Con el agravante que gran parte de los responsables, sean funcionarios, empresarios o gremialistas, mantienen plena vigencia. No hay que remontarse mucho tiempo atrás para recordar el último acuerdo multipartidario opositor, que como pocos, exhibió el oportunismo y mediocridad política: la discusión legislativa sobre el impuesto a las ganancias el pasado mes de diciembre.

Con ese motivo, la opinión que publicara el 21 de ese mes se tituló “La última cena política”, asimilando la recordada foto multipartidaria exhibida en los medios gráficos, al reconocido fresco de Leonardo Da Vinci en Milán. Expresaba un párrafo:

“El portavoz del acuerdo “en bien de los trabajadores” fue el diputado Kiciloff, quien anunció con enjundia que el mínimo no imponible de 15 mil pesos que él dejara un año antes como ministro de Economía, subiría a 45 mil pesos. El costo fiscal fue avalado entre otros por Marcos Lavagna, desoyendo el consejo de su padre Roberto, quien semanas antes había expresado su preocupación por el aumento del déficit fiscal y el endeudamiento. Gioja, presidente del PJ y fervoroso defensor de la megaminería, nada dijo de la reinstalación de impuestos a la actividad minera. Los supuestos nuevos ingresos que pagarían los que “más tienen”, no incluían al sistema judicial exento de ganancias, sino solo a los jueces que se incorporen a futuro, lo que es inconstitucional. El declamado impuesto al juego era 15 veces menor que el previsto en el proyecto del Poder Ejecutivo. El indefinido concepto de “inmuebles improductivos” recaudaba solo 60 millones de pesos. Paralelamente, el Senado tiene paralizada la ley de Extinción de Dominio aprobada en Diputados…”. La ley que permite decomisar a funcionarios y empresarios bienes provenientes de la corrupción, aún continúa sin aprobarse.

A partir de este reciente debate, en la próxima opinión imaginaremos alternativas de ajuste casi imposibles, por basarse en principios de razonabilidad y justicia.

Buenos Aires, 19 de diciembre 2017

Para comprender el caso del ex ministro de Planificación Julio De Vido, habría que analizarlo inicialmente desde un punto de vista médico antes que legal. Un virus es un microorganismo que se introduce como parásito en otras células para reproducirse, causando enfermedades en la población. Cuando su origen es desconocido es necesario identificarlo, para luego desarrollar la vacuna que brinde curación en lo inmediato, y protección e inmunidad a futuro. En nuestro país existe una enfermedad desde hace dos décadas con características de plaga, que ha dejado un tendal de víctimas bajo los síntomas de marginalidad, pobreza y delito. Es conocida como corrupción estatal-privada. Lo llamativo es que pese al tiempo transcurrido, los científicos investigadores (jueces y fiscales federales), no han descubierto la vacuna salvadora que acabaría con el negociado de venta de placebos caros e inocuos, permitiendo que los enormes beneficios para los involucrados se mantengan. Las asociaciones que regulan y controlan el ejercicio de la profesión científica (en este caso Consejo de la Magistratura y poder legislativo), no actúan sobre los responsables.

Esta ineficacia y/o complicidad han generado virus de una resistencia formidable. El más conocido es el denominado Menem. Con condena penal (vacuna descubierta), cuenta con el apoyo de asociaciones médicas (legisladores), para mantenerlo como uno de sus miembros distinguidos. Inclusive hay quienes en congresos médicos (elecciones legislativas), afirman que Menem no afecta a determinados consumos (votos). En ese contexto se inserta la repercusión mediática que produjo la reconocida infectóloga Elisa Carrió, cuando vociferó: el virus que se expande en otras células es De Vido !!! Cómo nadie lo descubrió??

El virus De Vido pertenece a una familia que se desarrolló en una región de clima riguroso y desértico, que le otorga gran resistencia ante tratamientos farmacológicos inadecuados. Por ello, cuando se trasladó desde su hábitat de origen al más vulnerable de las grandes urbes, hizo estragos. Su efecto epidemiológico es inversamente proporcional: a mayor enriquecimiento del microorganismo, mayor empobrecimiento de la población afectada. Tras la denuncia de Carrió, se constató que De Vido había sorteado innumerables análisis de laboratorio (jueces, fiscales y organismos de control), ante diversas epidemias: enriquecimiento ilícito (Aráoz de Lamadrid); Skanska (jamás investigado); tragedia de Once (jamás investigado); compra de trenes usados a España y Portugal (Ercolini); planes de viviendas a Sueños Compartidos (De Giorgi); obras públicas a Lázaro Báez (Casanello); y finalmente, multimillonarios mini contratos con la Universidad Tecnológica Nacional, destinados a irrelevantes trabajos en la mina de Río Turbio, que sumados alcanzan como mínimo 264 millones de pesos (Luis Rodríguez). La denuncia de la infectóloga Carrió desató el caos en la comunidad científica judicial, político-legislativa y empresaria. El becario Stornelli pidió el inmediato desafuero y detención de De Vido, por ser responsable del nombre del virus. El investigador senior Luis Rodríguez mantuvo la calma y lo denegó. Pero el caso ofrece aristas atípicas. De Vido brindó pistas para que en lugar de su nombre, el virus se rebautice “Ministro argentino”. Declaró que el máximo responsable de la cadena parasitaria (Ministerio), al pasar a otras células para multiplicarse, no deja huellas. Nunca firma. En paralelo, Massa y Stolbizer, dos de los encargados de elaborar los protocolos médicos (legisladores), enarbolando en público sendas jeringas (lapiceras), anunciaron la creación de una vacuna, y renunciaron a sus fueros. Es lo que en la jerga científica se conoce como autoinoculación en la etapa investigativa.

Pero el mayor dislate lo produjo la prestigiosa Academia Nacional de Medicina (Corte Suprema de Justicia). Para obtener información acerca del éxito en la derrota de la plaga Lava Jato en Brasil, que incluye el pago de coimas a funcionarios en nuestro país, autorizó el viaje a Estados Unidos de conocidos investigadores, entre los que se destacan Casanello, Rafecas y De Giorgi, quienes jamás consiguieron aislar siquiera un simple virus de gripe (o sea, enriquecimientos ilícitos). Les entregará realmente las autoridades americanas información probatoria consistente? No correrían el riesgo que mal usada y manipulada, pueda provocar la inmediata excarcelación de Marcelo Odebrecht?

Buenos Aires, 12 de julio 2017

La impunidad de la corrupción estatal-privada instalada desde hace dos décadas, es explicable por la permanencia de una sólida red de complicidad entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, asociados a testaferros y empresarios. Con una enorme dosis de ingenuidad en algunos casos, o de malicia en otros, se instaló que el solo cambio de gobierno desbarataría el entramado. Se obviaron tres detalles: 1) el oficialismo no tiene mayoría legislativa en ninguna de las Cámaras; 2) los corruptos cuentan con fuerzas de choque golpistas; 3) es un mito que jueces y fiscales federales actúen según los resultados electorales. Lo hacen según mantengan las coberturas de protección. Hasta el momento, siempre encontraron en el Consejo de la Magistratura el voto que los salve de un juicio político. Colabora la pata política, que hace imposible aprobar leyes consistentes contra la corrupción. No debiera sorprender que en Diputados y Senado, otrora “Honorables Cámaras”, ingresen cada vez más procesados o condenados. Si bien es verdad que ningún juez o fiscal cambió, tampoco cambiaron viejos políticos y sus discípulos, eternos gremialistas y prebendarios empresarios. Dada la responsabilidad prioritaria del poder judicial para cortar con esta continuidad delictiva, aportaremos algunos elementos consistentes para evaluar su accionar. Los dividiremos en causas elevadas a juicio oral, condenas, promesas y acciones distractivas.

1.- Causas elevadas a juicio oral. Ninguna de las causas de corrupción más trascendentes que involucran a altos funcionarios y empresarios del gobierno anterior, conocidas desde hace más de cuatro años por la precisa y detalla información brindada por el periodismo de investigación, tienen fecha de juicio oral. Se destacan las que involucran a la familia Kirchner por retornos y lavado de dinero; Amado Boudou por Ciccone; Lázaro Báez como contratista testaferro de obras públicas; Cristóbal López por evasión multimillonaria de impuestos; José López por enriquecimiento ilícito e intermediario de sobornos, y Sueños Compartidos por desvío de fondos públicos.

2.- Condenas.– Con indisimulable ironía destacaremos dos: 1) En el 2013 fueron condenados a 13 años de prisión los hermanos Juliá, por transportar desde Ezeiza al aeropuerto español El Pratt, 944 kilos de cocaína. Claro está, la condena fue en España. En Argentina iniciaron la investigación los jueces Alejandro Catania y Rafael Caputo en ese orden, sin ningún resultado a la fecha. 2) En el 2015 fue detenido y puesto en arresto domiciliario el argentino Alejandro Burzaco, ex CEO de Torneos y Competencias, por el escándalo de lavado de dinero y coimas en la FIFA. Pero sucedió en Nueva York. En Argentina, tras dos años de investigación y con el informe de sus veedores Alicia López, Alberto Piotti y Horacio Della Rocca por el caso Fútbol para Todos, la jueza Servini de Cubría aún no elevó la causa a juicio oral, ni determinó quienes se quedaron con la diferencia de 760 millones de pesos entre lo pagado por el Gobierno y lo ingresado en la AFA.

3.- Promesas.– En medio del virus de transparencia que afectó a círculos de poder tras el cambio de gobierno, en febrero de 2016 el juez de la Corte Ricardo Lorenzetti prometió un relevamiento de causas del fuero federal, y darle estado público. No se cumplió. El Consejo de la Magistratura por su parte, a pedido del Colegio de Abogados de Capital, realizó una auditoría de las causas de corrupción tramitadas en la justicia federal en los últimos veinte años (más de 2.000 abiertas), comprometiendo su difusión pública para marzo de este año. No se cumplió.

4.- Acciones distractivas.- Tras cinco años de iniciada la causa por el pago de 7,6 millones de pesos por parte del gobierno de Formosa a la inexistente Old Fund, para refinanciar la deuda provincial con la Nación, recién ahora el fiscal Di Lello pidió al juez Lijo indagar al gobernador Gildo Insfrán. El fiscal Stornelli por su parte, tras doce años de iniciada la causa por el pago de coimas de la empresa Skanska a funcionarios, solicitó al juez Casanello reactivarla.

Estas inacciones y/o complicidades no debieran sorprender al legislador y político griego Solón, quien expresara hace más de 2.500 años: “Las leyes son como las telarañas; detienen a lo débil y ligero, y son desechas por lo fuerte y poderoso”.

Buenos Aires, 05 de julio 2017

La etapa de armado de alianzas y conformación de listas que concluirá el próximo sábado 24, antes que provocarnos desazón e ironías, debiera ser un punto de partida para que la ciudadanía de todas las ideologías políticas, presionen para lograr una profunda reforma de un sistema electoral caduco y restrictivo de la voluntad popular. Al punto que los mal llamados representantes del pueblo, se transformaron en castas casi hereditarias en el usufructo de cargos privilegiados. Ningún sector político está exento de responsabilidad. Incluye tanto a los malversadores de recursos del Estado, para quienes permanecer significa mantener libertades y patrimonios mal habidos, como a los llamados “honestos”, que no roban pero dejan hacer. O como sucediera recientemente en el Consejo de la Magistratura con el salvataje del camarista Freiler, impiden hacer justicia.

A esta situación se arriba tras décadas de degradación institucional, que barrió con los partidos políticos históricos, sustituyéndolos por “espacios” híbridos similares a franquicias comerciales. El cuadro se agrava con la frecuencia de elecciones legislativas cada dos años, que condiciona la trascendente tarea de legislar en interés de la ciudadanía, a las negociaciones especulativas basadas en intereses personales de corto plazo. El espectáculo previo a las elecciones legislativas de octubre próximo se asimila al hundimiento del Titanic en 1912, en el Atlántico Norte. En dicha catástrofe murieron el 70% de los que iban a bordo. La principal causa del alto número de víctimas fue que el lujoso trasatlántico solo poseía botes salvavidas para la mitad de los transportados. Los lujosos camarotes superiores lo ocupaban pasajeros de primera clase (muchos de ellos millonarios reconocidos), y los estrechos ubicados bajo cubierta inmigrantes y trabajadores.

Producida la colisión con el iceberg, cundió el caos. Los escasos botes se destinaron a los de primera clase, bajo la orden de “primero las mujeres y los niños”. (en la actualidad, los líderes o mesas chicas). Pero en la desesperación por sobrevivir, fortunas, apellidos o inclinaciones políticas se convirtieron en irrelevantes. Sobrecargados en exceso, muchos botes cayeron al mar y quedaron inutilizados. Esta imagen ejemplifica lo que recurrentemente sucede con el armado de listas legislativas. Hay muchos más pasajeros en la cubierta que desean el bote/cargo para salvarse, que los botes/cargos disponibles.

En la lucha por sobrevivir, pueden compartir aliviados el mismo bote millonarios (neoliberales?), con tripulantes (populistas?). Los peronistas de los sectores A, B, C o D, se distribuyen entre los botes que puedan. Lo mismo sucede con radicales históricos, del PRO o K.. Los progresistas, que no son muchos, les hacen “un guiño” (que significa pedir bote), al marinero que maneja un bote llamado renovador (o salva cargos). También alcanzan subirse algunos procesados penalmente, que prometen demandar a la compañía naviera por corrupción. Una vez concretado el rescate (puede ser el buque Carpathia, que acudió al rescate, o la Justicia Electoral, que certifica el nombre de las franquicias y las listas de los sobrevivientes), viene el proceso postraumático. Tanto los pasajeros de primera clase (legisladores en ejercicio que pretenden continuar), como los ocupantes de los camarotes bajo cubierta (que pretenden alcanzar una banca desde el duro llano), no expondrán en campaña sus antecedentes, proyectos presentados o a presentar, o explicarán la resistencia en aprobar las leyes contra la corrupción. Se referirán solo al Ejecutivo (en este caso al capitán Macri), soslayando que las elecciones presidenciales serán dentro de dos años. Tendrán entonces las elecciones legislativas beneficios tangibles para la ciudadanía? En este contexto pareciera difícil. El oficialismo tiene minoría en ambas Cámaras, situación que se mantendrá sea cual fuere el resultado de la elección. Con el agravante que en diciembre reasumirán sus bancas gran parte de quienes están hoy, o quienes ya estuvieron y lograron su retorno. En muchos casos, integrando alguna franquicia (espacio político), distinta a la que representaron en la elección anterior.

Lo más grave para los argentinos vendrá después. Pasados los festejos (posiblemente festejen casi todos), y tomadas unas merecidas vacaciones por los esfuerzos de campaña, a mediados del 2018 los legisladores comenzarán a actuar pensando en la elección presidencial del 2019. De igual modo, los empresarios demorarán las incumplidas inversiones hasta entonces (léase inversiones, no ganancias). Es obvio que en estas condiciones no se puede gobernar, y mucho menos crecer como país. Será necesaria una reforma constitucional que modifique aspectos electorales e institucionales de la oportunista, ineficaz y mayormente incumplida reforma del año 1994.

Buenos Aires, 21 de junio 2017

En la última opinión sugerimos transitar el desarrollo de la campaña legislativa de este año a la manera de un juego de mesa llamado “A quién voto?”. En esa oportunidad se detalló el diseño del tablero, y es el turno de comentar las reglas del juego y características de las fichas. Como sabemos, los clásicos juegos de mesa mantienen inmutables sus características a lo largo del tiempo. En el juego “A quién voto?”, por el contrario, las reglas son fluctuantes, y las fichas deben acomodarse a las coyunturas del momento, lo que complica la toma de decisiones del jugador para definir el voto. Para armar una estrategia de juego, es necesario explicar las causas de tales fluctuaciones.

Podría aducirse que al estar el juego relacionado con el devenir político, mal puede tener reglas temporales inmutables. Ante este planteo, cabe preguntarse cómo es posible que pese a reglas de juego cambiantes, las renovaciones legislativas las encabecen mayoritariamente los mismos políticos. Existen dos explicaciones: de carácter estructural y temporal. El estructural responde a la desaparición de partidos tradicionales consolidados con identidad clara y unívoca, y peso electoral suficiente. Fueron sustituidos por Frentes polifacéticos y mutables no casualmente llamados “espacios”, creados para sostener candidaturas de quienes los encabezan. En esta circunstancia Identificarse como peronista, radical, progresista u otros, no es relevante. La clave estará en prever los posibles o supuestamente imposibles, acuerdos políticos para conformar las listas de candidatos. Recién ahí, el jugador-ciudadano podrá mover sus fichas.

El factor temporal explicita más claramente lo señalado. Cada dos años se producen elecciones legislativas; las coincidentes con las presidenciales, y las llamadas de “medio término”. Si bien las estrategias de armado de listas difieren, los discursos de campaña son los mismos. En las elecciones presidenciales los candidatos, salvo los dos con posibilidades ciertas de triunfo, son legisladores a mitad de mandato, que continuarán siéndolo una vez derrotados. Vale decir, riesgo cero. Pero en las de “medio término”, puramente legislativas, los objetivos son más urgentes: acceder y/o mantenerse como legislador, y en contados casos, buscar proyección electoral para alcanzar a futuro la presidencia. Es el caso del FR (Massa) y el GEN (Stolbizer), competidores a la presidencia hace solo dieciocho meses, y que hoy licuaron identidades dando paso a la agrupación “Un país”, donde Stolbizer busca mantenerse como legisladora, y Massa incrementar caudal electoral para proyectarse al 2019.

Lo que no difiere, y eso indica un menosprecio por la actividad legislativa, es el marketing político del discurso. Es el mismo que en una elección presidencial. Se centra en el poder Ejecutivo, en lugar del Legislativo, por cuyas bancas compiten. De este modo, los candidatos eluden exponer sobre sus antecedentes, proyectos presentados, explicar el congelamiento en el Senado de la ley de Extinción de Dominio, la demora en Diputados para tratar el Régimen penal empresario; la negativa a formular una Ley del Arrepentido más estricta, similar a la de Brasil, o justificar el mantenimiento de fueros que permiten que procesados penalmente puedan ser candidatos o permanecer como legisladores.

Las fichas por su parte, se diferenciarán por color según las agrupaciones en competencia, identificándose en cada caso con el nombre de sus principales candidatos. Nuevamente el factor temporal cobra relevancia, haciendo necesario realizar movimientos según tres etapas: 1) hasta el cierre de listas, en la que todo es posible, pues no se discuten ideologías sino lugares en las mismas. 2) hasta la elección, en donde predominará la grandilocuencia verbal, que obligará al jugador a detectar inconsistencias. 3) a partir de la oficialización del resultado electoral y por un período de seis meses, el juego brinda otra oportunidad para incrementar puntaje. Consiste en detectar que legisladores que ocupan su banca por determinado partido se apartan del mismo, sea para pasarse a otro, o conformar un bloque unipersonal que podría llamarse “Dignidad nacional”.

Esta mutabilidad explica la razón por la que el juego carece de las clásicas fichas “comodines”. Llegado el caso todas podrían actuar como tales.

Buenos Aires, 31 de mayo 2017