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Los términos absolutos, definidos asépticamente en los diccionarios, pueden variar su significado cuando se analizan emisores, contextos y objetivos. Gritar “ladrones” a funcionarios, puede ser una expresión indignada de sus víctimas, o partir de quienes se enriquecieron desde el Estado y una vez desplazados, pretenden coaccionar para negociar libertades y mantener patrimonios. En un año en el que se renovarán parcialmente diputados y senadores, las estrategias electorales intentarán suplir el aporte enriquecedor de las ideas con el abuso de términos absolutos. El contexto político colabora, por la presencia de dos factores: 1) la renovación legislativa en cuanto a nombres no será tal, debido a un sistema electoral restrictivo que pone en cabeza de los “jefes” de cada espacio el armado de listas sábana, sin evitar por ello pujas, enojos y traspasos entre quienes desean mantener sus bancas (casi todos), o acceder a las mismas desde el llano (demasiados); 2) el resultado electoral no modificará la condición de minoría legislativa del oficialismo.

Esta inevitable continuidad de viejos actores políticos, nos brinda una oportunidad. En lo inmediato, juzgar con suficientes antecedentes las virtudes y defectos de quienes encabezarán las listas. En el mediano plazo, incrementar la presión ciudadana para reformar un sistema electoral plagado de vicios destinados a evitar rotaciones en los niveles de representación pública, permitiendo las prolongadas permanencias. Esta realidad genera un desafío extra a los publicistas y consultores responsables del marketing político, en especial en lo referido a la construcción de imagen de los candidatos. Tema que no es nuevo en la historia. Hace ya más de 500 años, aconsejaba Maquiavelo al príncipe: “Los hombres en general, juzgan más por los ojos que por las manos, porque todos pueden ver, pero pocos tocar. Todos ven lo que pareces ser, mas pocos saben lo que eres”.

Cierto es que los avances tecnológicos de la comunicación, caracterizados por la masividad, velocidad y simultaneidad, exigen adecuar metodologías. Las redes sociales por ejemplo, simulan una sensación de mayor cercanía ciudadano-candidato, que no es tal. Para usarlos, los políticos utilizan un grupo de personas que usan frases breves y trilladas que opinan pero no informan. Y en muchos casos, propagar informaciones falsas. Un caso interesante para evaluar el impacto sobre la imagen y las estrategias que se emplearán para minimizar daños, es el de Daniel Scioli. Todo político y su equipo planifican qué, cuándo y cómo comunicar. Sin embargo, quizás sea sociológicamente más didáctico, porque es aplicable a los políticos en general, mensurar si entre quienes tienen una valoración negativa de Scioli, predomina su gestión pública como gobernador provincial durante ocho años, o sus anteriores y reciente actitud privada de pareja.

La desaparición de partidos tradicionales consolidados que aporten respaldo estructural e ideológico sustentado en el tiempo, hace habitual que cada dos años las listas se integren con entrecruzamientos que oscilan entre aciertos y burdos oportunismos. En estas circunstancias el factor diferenciador, que no debe ser confundido con el concepto “grieta”, parecería ser inevitable: oficialismo u oposición. Ello no debiera resignarnos a ser receptores pasivos y emotivos ante el bombardeo mediático. Más aún, cuando se elegirán legisladores, responsables de establecer las normativas legales a las que se deben ajustar los poderes ejecutivo y judicial. Deberemos evitar entonces que los candidatos persistan en la cómoda postura de sustituir el cumplimiento de sus obligaciones específicas, por la de comentaristas críticos de los otros poderes. Cuyos vicios, por otra parte, se originan precisamente en la inacción y/o ineptitud legislativa (sanciones penales, régimen de excarcelaciones, incompatibilidades públicas, recientemente la polémica por la aplicación del 2 x 1 en las penas, etc.).

En la transmisión del discurso político, los medios de comunicación desempeñan un determinante rol como nexo entre candidato y ciudadano. En nuestro país no sufrimos el monopolio de opinión, característico de sistemas totalitarios. Pero esta libertad, virtuosa en lo global, brinda dos posibilidades en lo particular. Puede ser usada para informar o para desinformar. Como receptores pasivos carentes de “información privilegiada”, podremos diferenciar entre verdades y engaños? Veremos que no es difícil.

Miércoles, 17 de mayo 2017

En la propaganda política predominan las frases breves direccionadas a lo emocional, conceptualmente correctas, psicológicamente persuasivas y aparentemente irrebatibles, en busca de convencer. Trasladado al discurso político, necesariamente de mayor extensión y con mayor influencia de las condiciones personales del emisor, al intentarse dar a la estrategia de la brevedad pretensiones de argumentación, suele caerse en obviedades, desinformación, mediocridad, cuando no en cinismo y falsedad.

Este riesgo se potencia en un año electoral, con discursos pronunciados por quienes pretenden mantener y/o acceder a las apetecibles bancas legislativas. El contexto político favorece incongruencias, al estar caracterizado por tres aspectos: 1) ausencia de representaciones políticas tradicionales; 2) alineamientos políticos oportunistas; 3) mantenimiento de los mismos representantes políticos durante décadas. En consecuencia, el recurso de la brevedad diferenciadora mediante el uso de términos “absolutos” como justicialista, radical, progresista, derecha, izquierda, socialista pierden significado, e intentan encubrir objetivos más inmediatos y terrenales, que justificarán cualquier mezcolanza acuerdista para acceder a cargos legislativos. Breves ejemplos: la asociación entre Massa y Stolbizer, quienes hace menos de dos años compitieron por la Presidencia con “proyectos de país” supuestamente distintos; el acuerdo entre “el Adolfo y el Alberto” con Cristina Kirchner, recientes enemigos, para proteger su feudo provincial; o el legislador Gustavo Vera, que suspendió su franquicia de distribución de rosarios bendecidos para buscar renovar su cargo, ya no con Carrió, sino dentro de vertientes kirchneristas. No sorprende entonces que los repetidos candidatos, en lugar de exhibir públicamente sus antecedentes, méritos y proyectos propios, se aplicarán al vacío debate entre quienes apoyen o critiquen al Ejecutivo.

Vale decir que con estos perfiles, para poner en riesgo la gobernabilidad no es necesario esperar el resultado de las elecciones. Pero será necesario que una vez finalizadas las mismas, se analice una reforma constitucional que modifique las frecuencias electivas de legisladores, se ajusten los requisitos de integración de listas (excluir procesados), se especifiquen en detalle las obligaciones laborales, y se limiten las posibilidades de reelección. Respecto a la estrategia de la utilización de frases breves, es oportuno recordar algunas vernáculas, que por época, autor y poder de síntesis, reflejan adecuadamente nuestro devenir político en las últimas décadas. Vayamos por orden cronológico.

A comienzos del gobierno de Menem en 1990, el gremialista gastronómico Barrionuevo declaró que “hay que tratar de no robar por lo menos por dos años”. Transcurridos veintisiete años desde entonces, en la actualidad ese estado de beatitud exigiría como mínimo un período presidencial completo. Veinte años más tarde, en un reportaje publicado en La Nación, el barrabrava boquense Rafael Di Zeo explicó que su impunidad reside en “tener los teléfonos del poder”. Excelente síntesis para definir lo que se denomina trama delictiva, que interrelaciona a políticos, sindicalistas, empresarios, jueces, fiscales y fuerzas de seguridad.

Pero quizás el ejemplo más valioso, por haber sido protagonizado por trabajadoras alejadas de los círculos de poder, se presentó recientemente durante el paro general de la CGT el seis de abril. Tres mujeres dueñas de una estación de servicio de Lomas de Zamora, fueron amenazadas por un grupo de patoteros del gremio para que dejaran de expender combustibles. Una de ellas les gritó: “mañana vas a ir vos al Banco para levantarme el descubierto, pelo…?” (el insulto final, hay que reconocer que se ajustó a los personajes). Quedó como pocas veces expuesta la distancia que existe entre los ciudadanos comunes que necesitan de su trabajo diario para vivir y progresar, con los eternos sindicalistas y políticos sin obligaciones laborales de cumplimiento efectivo, ni urgencias salariales. Con o sin paros, siempre ganan.

Buenos Aires, 11 de mayo 2016

La permanencia de las mismas clases dirigentes desde hace más de dos décadas, inevitablemente arroja las mismas consecuencias. La principal, que explica la involución del país y consolidación de la pobreza, ha sido la desaforada corrupción estatal-privada, sin consecuencias penales ni políticas. El acceso al poder de una nueva fuerza ajena al cada vez menos monopólico justicialismo, debiera activar nuestro espíritu crítico antes que fervores emocionales, para no repetir frustraciones. Ello exige exponer las contradicciones u omisiones de viejos discursos falaces y encubridores.

El más incoherente, porque lo critican los mismos que lo generan, es el referido al déficit fiscal, que surge cuando un gobierno gasta más que lo que recauda. Superados ciertos niveles de déficit, se hace necesario financiarlo contrayendo deuda. Ante planteos de reducirlo, voceros beneficiarios lanzan el clásico diagnóstico oportunista y cínico: el costo lo pagarán los que menos tienen, con bajos salarios y despidos de personal. Temor inicialmente justificado, porque es lo que ha sucedido históricamente. Pero lo que no plantean políticos y economistas supuestamente en las antípodas, como Dujovne, Kicillof, Pitrola, Lavagna o Loustau entre otros, es que la reducción del déficit lo absorban los que más tienen, sean funcionarios, sindicalistas o empresarios, responsables además de su existencia. Un breve comentario respecto a la estructura del Estado, que merecerá un análisis más profundo. Para hacerla eficiente, el primer paso se debería basar en el principio democrático de igualdad de oportunidades, dejando de subsidiar salarialmente a quienes no cumplen tareas específicas y horarios de trabajo, hacen de las falsas licencias médicas una práctica, y desde el poder político ejercen un nepotismo desaforado cubriendo cargos públicos con familiares.

Pero lo más importante es destacar el meollo del problema, que nadie menciona con nombres y apellidos. Consiste en derivar sin control multimillonarios fondos públicos a empresas privadas o cooperativas, bajo los encubridores objetivos de consolidar el desarrollo industrial y crear fuentes de trabajo. Los resultados fueron monumentales déficits fiscales, con créditos estatales irrecuperables. Recordemos el vaciamiento sufrido por el desaparecido Banco Nacional de Desarrollo, creado en 1971 y liquidado en 1993, con pérdidas de 5.700 millones de dólares por créditos otorgados a empresarios asociados al poder político. A ello se suma la recurrente estatización parcial de deudas en dólares a privados, la última de las cuales se realizó en el año 2002. Estos ejemplos dan por tierra con clásicas definiciones en cuanto a roles de los actores económicos. Empresario es quien combina capital propio de riesgo y trabajo, para producir bienes y/o servicios que ofertados al mercado le produzca ganancias. El sindicalismo tiene por fin asociar a trabajadores del rubro para defender sus intereses ante empleadores y gobierno. Por último, el gobierno establece políticas de desarrollo, marcos impositivos y vela por el cumplimiento de las leyes. Nuestros habituales casos de corrupción muestran que no existe capital de riesgo; que los sindicalistas no protegen las fuentes de trabajo ni vigilan los aportes patronales, y que funcionarios públicos venales se asocian al vaciamiento de empresas.

Tres ejemplos recientes ilustran sobre el origen de enormes déficits fiscales. 1) Oil Combustibles de Cristóbal López, evadió tan solo en impuestos a los combustibles, de los que era agente de retención, 8.000 millones de pesos. 2) Sancor, cuyo presidente es Gustavo Ferrero, adeuda a la AFIP más de 2.000 millones de pesos, además de aportes patronales, con el silencio de Héctor Ponce, secretario del gremio Atilra. 3) OCA, presidida por Patricio Farcuh, adeuda a la AFIP 3.200 millones de pesos, más aportes patronales, sin que Pablo Moyano, del gremio Camioneros, reaccionara en tiempo y forma. Pese a estos antecedentes, empresarios y sindicalistas responsables no se inmutan. Bajo la amenaza de dejar un tendal de despidos y crisis sociales que ellos mismos generaron, pretenden que el gobierno acuda una vez más con recursos públicos al rescate de sus negociados, incrementando el déficit fiscal. El gobierno deberá encontrar necesariamente soluciones para los genuinos trabajadores, pero con una salvedad: que las ayudas no se canalicen a través de los mismos empresarios y sindicalistas que llevaron a las empresas al estado de quiebra. Ello no solo sería suicida, sino lo haría sospechoso de complicidad. Solo en los ejemplos mencionados, el Estado ha sido defraudado en más de 13.200 millones de pesos.

Para concluir, definamos brevemente a las víctimas de estos manejos. Son pobres los que carecen de los ingresos mínimos necesarios para vivir dignamente.

Buenos Aires, 03 de mayo 2017

Para entender la continuidad temporal de la sólida trama política-judicial-gremial-empresaria de nuestra corrupción estatal-privada, e intentar detectar las matrices de saqueo primero e impunidad después, es necesario interrelacionar a estos sectores. Los negociados de impacto en los presupuestos públicos presentan una vía delictiva unidireccional: el funcionario facilitador como eslabón interno, y el empresario receptor asociado como eslabón externo, quien retorna a los funcionarios partícipes parte de sus beneficios desmesurados obtenidos a través de sobrecostos y/o incumplimientos contractuales. Con este esquema recurrente colabora el habitual fárrago de acusaciones cruzadas entre políticos, buscando mimetizar a honestos denunciantes con deshonestos encubridores. Sin embargo hay un factor común en este vocinglerío: se evita formular acusaciones concretas contra los empresarios cómplices. Cuando sus nombres se hacen público, es debido a investigaciones periodísticas.

Para referirse a los empresarios en supuestos casos de corrupción, los políticos, aún los de izquierda, apelan a títulos, pero sin contenido. Los más conocidos son “grupos económicos concentrados” y “sectores financieros privilegiados”. El histórico “oligarquía vacuna”, con la tecnificación del campo perdió actualidad. En este contexto, no es extraño que resulte difícil encontrar políticos que realicen denuncias de carácter personal consistentes; solo se limitan a repetir publicaciones periodísticas. Los escasas excepciones corresponden a mujeres: Carrió, Ocaña, Stolbizer. En disenso con lo expresado, se podrían citar innumerables casos de empresarios expuestos por su relación prebendaría con el Estado. Pero en el campo literario de las biografías, identificándolos enigmáticamente como “grupos de poder o dueños de la Argentina”, sin formular acusaciones formales. O en casos judiciales, utilizándolos solo para relacionarlos con adversarios políticos, o frontón para negociar impunidad con el poder de turno. A nivel judicial, a diferencia del juez Moro en Brasil, no se los investiga para determinar culpabilidades, y una vez obtenidas las evidencias, negociar delaciones que involucren, ahora sí, a los funcionarios públicos partícipes en la corrupción. Consideremos dos casos icónicos: Héctor Magnetto y Franco Macri.

Está demás señalar que los medios de comunicación son un instrumento de poder, directamente proporcional a la cantidad de usuarios. La relación Kirchner-Clarín fue excelente (se avaló la fusión Cablevisión-Multicanal), hasta que se produjo el conflicto del campo, y Kirchner perdió en 2009 la elección de diputados. Inicialmente se arremetió contra su directora Herrera de Noble, y ante la escasa repercusión pública, se proyectó a la fama al hasta entonces ignoto Magnetto. El resto de la historia, aún vigente, es conocida. Pero jamás se acusó a directivos de Clarín de delitos económicos en connivencia con funcionarios del Estado. La utilidad de Magnetto consiste en invocarlo para disimular responsabilidades políticas. De igual modo, la historia de Franco Macri es ampliamente conocida, sea por su actividad privada, o como contratista del Estado a través de sucesivos gobiernos. Tampoco se le formularon acusaciones concretas que lo asocien a funcionarios públicos del presente o pasado. El objetivo no es el patriarca Macri, sino utilizarlo para echar sospechas sobre su hijo, actual presidente.

Este principio de invisibilidad empresarial se prolonga a la Justicia. En el caso Ciccone a cargo del juez Ariel Lijo, este limitó su investigación a Boudou y su entorno, sin avanzar sobre quienes se sospecha proveyeron los fondos para la compra de la empresa: Banco Macro, de Jorge Brito, y London Supplay, cuyo principal directivo es Miguel Castellanos. No es casual que empresarios asociados al poder político, que lucraron e intermediaron enormes recursos del Estado, evadieron impuestos y aportes laborales, y en muchos casos dejaron un tendal de despidos, no sean objeto de denuncias o investigaciones. Recordemos solo a Gvirtz, Spolzki y Garfunkel en medios de comunicación; Otero en la terminal de Retiro; Cirigliano como concesionario de transportes; Esquenazi accionista en YPF; Rasic a cargo de Cresta Roja; Angeli en Sol Líneas Aéreas; Farcuh en OCA. Todos ellos mantienen alto nivel de vida, sin ver afectados sus patrimonios. En Argentina no hay, como en Brasil, un juez Moro.

Buenos Aires, 26 de abril 2017

En el ámbito judicial es habitual la frase que con tono irónico, expresa que para juzgar, “la mitad de la biblioteca dice una cosa, y la otra mitad otra”. En las últimas décadas adquirió verosimilitud en relación a la protección de la corrupción estatal-privada, convirtiendo al derecho en una ficción jurídica. Lo reconocen los propios integrantes del Poder Judicial, al crear una línea interna llamada Justicia Legítima, lo que supone la existencia como contraparte de una justicia ilegítima. El poder político colabora sancionando leyes que permiten innumerables tácticas procesales dilatorias a través de impugnaciones y apelaciones; otorgando fueros que permite a los legisladores mantener sus bancas estando procesados por delitos comunes, y un Consejo de la Magistratura inactivo ante jueces y fiscales sospechados de corrupción. Todo ello complementado por un manejo de la opinión pública, a través de estrategias comunicacionales que intentan neutralizar serios trabajos de investigación periodística, y masificando las sospechas de corrupción a través de un alud de denuncias inconsistentes, escuchas judicialmente irrelevantes, y locuaces testigos que declaran una cosa en público y otra distinta ante el juez. Citemos ejemplos tan repetidos como falaces.

1.- La justicia se acomoda a los tiempos políticos. Ello no se ve reflejado en las penalidades aplicadas a los responsables de corrupción contra el Estado en las últimas décadas. Por el contrario, exhiben homogeneidad en cuanto a mantener impunes esos delitos. La supuesta mayor actividad judicial actual no fue producto del cambio de gobierno en diciembre del 2015, sino causada por tres hechos impactantes: 1) Un video con allegados a Lázaro Báez contando millones de dólares en Puerto Madero; 2) Un video con allegados a Milagro Sala retirando un bolso con millones de pesos de una sucursal del Banco Nación en Jujuy; 3) Un ex Secretario de Obras Públicas de la Nación intentando ocultar nueve millones de dólares en un extraño convento.

2.- La justicia es lenta. Formulada como una consecuencia inevitable, la frase es falsa. Ello quedó demostrado con dos casos de corrupción estatal-privada con importantes funcionarios y empresarios involucrados, y alta complejidad investigativa. El de Cromagnon, que entre el hecho y las condenas pasaron menos de cinco años, y la tragedia de Once, en la que en menos de tres años se realizó el juicio oral y se dictaron las condenas. Ambos tuvieron como factor común el accionar mancomunado y persistente de los familiares de las víctimas. Lo que estaba en juego no era el abstracto concepto “el dinero de todos los argentinos”, sino la memoria de seres queridos con nombre y apellido.

3.- Los jueces y fiscales son lentos. Esta frase es más congruente con la realidad, pero no satisface. Cabría preguntarse las razones de su “lentitud”. Incapacidad? Complicidad? La duda surge porque jueces y fiscales saben ser “rápidos” para las absoluciones de los delitos más fáciles de demostrar: el de los enriquecimientos ilícitos. Cabe recordar el del matrimonio Kirchner por Oyarbide previo a la Nochebuena del 2009; el de Scioli por el juez de La Plata Pablo Reale en el 2015, y el del camarista Eduardo Freiler por el juez Martínez de Giorgi en el 2016. En todos los casos coinciden peritajes insuficientes y complacientes, y la omisión de apelación por parte de los fiscales.

4.- Investigaciones a presidentes de la Nación. Un sistema democrático exige que en el caso de investigaciones a presidentes, sean Cristina Kirchner o Mauricio Macri, las actuaciones tengan prioridad, celeridad y profesionalidad. Las dilaciones son usadas por las tramas de corrupción para generar acciones encubridoras bajo el manto de “persecuciones políticas”, en donde los acusados ejercitan un show twitero sin atisbo de defensa personal, y promueven acusaciones variadas e incomprobables como coacción para negociar impunidad. En el caso de Macri, destacamos dos ejemplos. Desde hace un año el fiscal Delgado investiga su eventual participación en el entramado societario familiar del llamado Panamá Papers, lo que es correcto. Pero transcurrido el tiempo, la Cámara Federal le solicitó que defina la situación del presidente ante la falta de pruebas de delito. El fiscal Di Lello por su parte, imputó a Macri por el trámite de acuerdo con el Correo Argentino. Correcto. Pero simultáneamente citó a declarar al gobernador de Formosa Gildo Insfrán, por el pago en el 2012 de 7,6 millones de pesos a la inexistente empresa The Old Fund, para renegociar una deuda de la provincia con la Nación. Cómo definiríamos entonces al fiscal Di Lello? “Rápido” por la imputación a Macri, o “lento” por la citación a Insfrán?

Buenos Aires, 19 de abril 2017

El título pareciera contradictorio, pero no lo es. Aristóteles señalaba que las asociaciones tienden a un fin determinado. Cuando ese fin comprende a todos los demás, la asociación se llama política, o más precisamente Estado. El término “política”, de origen griego, significa “relacionado con los ciudadanos”. “Político” por su parte, es quien interviene en la toma de decisiones que afectan a determinados grupos de ciudadanos. En el áspero campo del ejercicio del poder público, en el que se intermedia entre conflictos de intereses, no siempre prevalece el abstracto idealismo del “interés común”. Pero “hacer política” muchas veces excede los marcos institucionales, y las sociedades sorprenden con mensajes claros y contundentes no previstos.

La movilización ciudadana en la tarde-noche del pasado sábado con epicentro en Plaza de Mayo y principales ciudades del país, sorprendió por su masividad. Convocada vía redes sociales por desconocidos, no solo careció de apoyo político, sino fue expresamente desaconsejada por dirigentes del radicalismo y Coalición Cívica. La difusión fue escasa, y los periódicos del día señalaban al Obelisco como punto de encuentro, en lugar de Plaza de Mayo. Las columnas de ciudadanos de a pie respetaban los semáforos, permitiendo circular a los vehículos, muchos de los cuales apoyaban con bocinazos. Bares y restaurantes, en lugar de bajar persianas trabajaron más de lo habitual. Los traslados en colectivos contratados, fueron reemplazados por una confesión:”vine con la SUBE”. No hubo banderías políticas sino banderas argentinas, y los estribillos se pronunciaban a viva voz, sin micrófonos. Existieron referencias al gobierno anterior y al actual, pero la consigna predominante era la defensa de la democracia. Los concurrentes también debían pagar aumentos de tarifas y transportes; trabajar para sostener sus comercios, pequeñas empresas y actividades; sufrir la educación de sus hijos. La pregunta entonces es: qué pasó?

En principio, no debiera sorprender que genuinas convocatorias ciudadanas superen a las político-gremiales planificadas. Sucedió con el reclamo de seguridad por el caso Bloomberg, también un 1° de abril pero del 2004, y en febrero del 2015 por la muerte del fiscal Nisman, bajo una lluvia torrencial. Pero el trasfondo de la marcha del pasado sábado debiera compararse con las secuencias traumáticas provocadas por la caída del gobierno democrático de la Alianza en diciembre del 2001, que precisamente los organizadores del acto del 24 de marzo se solazaron en recordar, a través de la imagen “del helicóptero”. Omitieron que esos días aciagos con muertos y saqueos, no concluyeron días más tarde con el habitual y cómodo reemplazo de quienes “no saben gobernar por quienes sí saben”. Para sorpresa de muchos, con cacerolas como única arma, la ciudadanía hizo tronar el reclamo aún latente: “Que se vayan todos!!!”. Es verdad que la mayoría de los políticos, llamados “profesionales” por su capacidad de permanencia, se quedaron casi todos, incluido Carlos “Chacho” Alvarez. Pero se licuaron los partidos.

Por ello esta sorprendente convocatoria debería relacionársela con el acto que tan solo nueve días antes, en lugar de recordar el golpe militar de 1976, se utilizó para denunciar “la dictadura del gobierno de Macri”. Plantear que personajes como Bonafini, Baradel, Yasky, Micheli, Esteche, Espinosa, entre otros, alegremente puede calificárselos de marginales o inimputables, es una ingenuidad. Conocen el peso de sus palabras y acciones, y saben cómo y cuándo usarlas. Pero sus gritos debieran preocupar tanto como los silencios. Ningún representante de partidos de oposición o entidades civiles emitió opinión, ni siquiera por twitter. No lo hicieron Gioja, Scioli, Massa, Stolbizer, entre muchos otros. El único que sin subterfugios, definió la intención de las expresiones de quienes encabezaron el acto que usufructuó el pasado para encubrir intenciones presentes, fue Marcos Aguinis. Los llamó golpistas. Nueve días más tarde, la “mayoría silenciosa” en todo el país, salió a manifestar lo que vastos sectores dirigenciales no se atrevieron.

Buenos Aires, 05 de abril 2017

Si existe un tema en el que no hubo ni habrá “grieta”, es el referido a la corrupción estatal-privada. Es un fenómeno mundial. La tentación es enorme: el dinero a sustraer es “el de los impuestos de todos”, vale decir, dinero sin dueños identificables. Todo comienza con el armado de una logística de sustracción e impunidad, de la que participan funcionarios, empresarios asociados, testaferros, gremialistas, organismos de control, jueces y fiscales. Las ideologías son irrelevantes: intervendrán peronistas, radicales, progresistas, apolíticos, derechas, izquierdas, y hasta algún integrante del clero. En los controles administrativos y judiciales se aplica un principio de la economía liberal: “Dejar hacer; dejar pasar”.

Este circuito consolidado desde hace décadas, tambaleó al asumir un gobierno de distinto signo político en diciembre del 2015. Pero si bien se reemplazaron las cúpulas de organismos del Ejecutivo, legislativamente el oficialismo es minoría. Y obviamente, se mantuvieron las estructuras judiciales, gremiales y empresariales. En este contexto la red de impunidad lucha denodadamente para sobrevivir. Una de las estrategias apela a la propaganda política, cuya esencia consiste en influenciar y direccionar a la opinión pública a través de estudiados mensajes breves y contundentes. No se debe decir “Cambiemos es la derecha”, sino “Macri es la derecha”. Contra lo que se cree, estos mensajes “simples” no se destinan solo a los sectores más postergados económica y culturalmente, sino a todas las franjas sociales. En paralelo, existen mensajes más sofisticados dirigidos a sectores llamados dirigenciales o de poder. La brevedad del eslogan es reemplazada por textos, conceptos, declaraciones en “off” y cifras nunca certificadas. También difiere el léxico empleado. Mientras en el debate político predomina el agravio, la insustancialidad y denuncias cruzadas, en las esferas privadas y judiciales desaparecen las adjetivaciones rotundas: no hay jueces o fiscales corruptos, sino “lentos”. No hay empresarios visibles que pretenden mantener prebendas, sino misteriosos “círculos rojos”. Como voceros suelen utilizar a terceros que actúan a modo de oráculos de la antigüedad, en los que sacerdotes o pitonisas interpretaban a los dioses o anunciaban sucesos a través de señales físicas o simbólicas.

Vaya como ejemplo el artículo de Marcelo Bonelli publicado en Clarín el día 17 pasado, titulado “Presidente: ¿porqué no va presa Cristina Kirchner?”. Se inicia con un fenómeno parasicológico, al hacer referencia a una conversación que mantuvieran el ex Jefe del Gobierno español Felipe González y Mauricio Macri “a solas” (el micrófono estaba escondido en el florero?). La supuesta inquietud del español residía en saber “si Cristina irá presa”. La pregunta en realidad es recurrente en medios de comunicación, con resultados igualmente recurrentes: favorecer una vez más la impunidad. Su eventual detención generaría debates estériles, sin determinar inocencias y culpabilidades. Esa trampa ya se usó con Menem, que fuera detenido por corto tiempo, y pese a estar condenado ejerce como senador. No debiera sorprender que esta exitosa estrategia se use también con Lázaro Báez y José López, liberándolos cuando cumplan dos años de detenidos, mientras jueces y fiscales continúan lentificando las investigaciones. La pregunta correcta debiera formularse al Poder Judicial: “Cuándo serán elevadas las causas a juicio oral y público, con fecha establecida?” Otro interrogante no menos importante debiera responderlo los integrantes del Poder Legislativo: cuándo aprobarán la ley de Extinción de Dominio, que permitiría la incautación por parte del Estado de parte de los fondos sustraídos? Por ejemplo, los nueve millones de dólares de José López. Mientras no haya respuestas, dejemos a Cristina en el Calafate enviando tweets contra el gobierno.

La parte final del artículo de Bonelli abandona las inquietudes morales de inversores extranjeros, para transmitir inquietudes más mundanas del “círculo rojo” criollo: transparentar los precios paralizó las ventas, y el negocio financiero de las tarjetas de crédito cayó en picada; el Banco Central interviene para sostener el dólar; la apertura de importaciones; la caída de consumo (no de precios). Un párrafo del artículo expresa que “Muchos empresarios locales resolvieron postergar decisiones económicas hasta que se aclare si la ex Presidente tiene reales chances electorales”. Dado que el Estado jamás recuperó el dinero que le fuera sustraído, se debería clarificar si las dudas consisten en establecer si la corrupción continuará, o será desactivada y deberán competir sin la lecha materna del Estado.

Buenos Aires, 28 de marzo 2017

Suele afirmarse que cometer los mismos errores arroja las mismas consecuencias. Lo que no termina de dilucidarse, es porqué los dirigentes que los cometen pueden mantenerse por décadas. Surge un interrogante: esas eternas permanencias aplicaron políticas supuestamente distintas?. Previo a responder, establezcamos si el término “distinto” se aplica al envase o al contenido. El filósofo y sociólogo francés Jean Baudrillard, crítico de la sociedad de consumo, señalaba en la década del 70 que la publicidad constituía “un mundo inútil, inesencial”. No solo porque trata del consumo, sino porque la misma publicidad se convierte en objeto de consumo. Aplicado el concepto a la política, el envase es el dirigente. Muchos de los que actuaron en la época de Menem, lo hicieron en la de Kirchner, y continúan hoy. Los contenidos son las políticas aplicadas. Fueron distintos el “neoliberalismo” privatizador de Menem, y el “populismo” reestatizador de Kirchner?. En ambos casos coincidieron necesidades recaudatorias del Estado, vaciado de recursos. También fueron similares los contextos: éxitos electorales, empresarios con prebendas, gremialistas complacientes, justicia cómplice y oposición laxa, que derivaron en una desaforada corrupción estatal-privada. No debiera sorprendernos entonces que los mismos que privatizaron años más tarde reestatizaron.

Asegurar impunidad en una democracia implica una sólida trama de complicidad entre los partícipes necesarios políticos, empresarios, gremiales y judiciales. Reemplazar parte de estos eslabones pone en riesgo esta compleja red (ejemplo Aduana). Por ello, tras los justos reclamos sociales de las víctimas del saqueo al Estado, actuarán quienes pretenden salvar sus libertades y patrimonios. Ejemplifiquemos lo planteado con casos de añejos “envases” pertenecientes a bodegas políticas, empresarias y judiciales, que intentarán cambiar de etiqueta, pero no de contenido, apelando al recurso psicológico de la “doble personalidad”. Consiste en sufrir amnesia por los pecados pasados (lado malo), mientras se rediseñan las “etiquetas” de los viejos discursos incumplidos, con esperanzadoras promesas de futuro (lado bueno).

Como ejemplo político mencionaremos a Alberto Fernández, de buena formación intelectual y trato respetuoso, que pretende ser legislador por el Frente Renovador. Habitual asistente a programas de opinión, es crítico del actual gobierno. Cuando se lo interroga respecto a la corrupción del kirchnerismo, responde: “mientras yo estuve como Jefe de Gabinete entre mayo del 2003 y julio del 2008, salvo Skanska y Antonini Wilson, no vi corrupción”. Sin embargo, el propio Fernández se enorgullece de su rol en el Grupo Calafate, creado hace 20 años, que sirviera de soporte para la candidatura y acceso a la presidencia de Néstor Kirchner. Época en la que se conformó la matriz de negocios públicos-privados que se trasladó posteriormente a la Nación. Fernández pudo observar la estructura política feudal de Santa Cruz, y compartir múltiples reuniones con los funcionarios provinciales Julio De Vido, Ricardo Jaime y José López, entre otros. Desde entonces observó solo dos casos de corrupción? De ser así, su capacidad perceptiva y autocrítica es muy limitada.

En el ejemplo industrial, José de Mendiguren fue Ministro de Producción de Duhalde en el 2002, promoviendo una fuerte devaluación y estatización parcial de deudas privadas en dólares. Actualmente es diputado por el Frente Renovador. Declaró que “las importaciones, dólar bajo y presión impositiva aumentan los problemas de competitividad de la industria”. Lo dijo en el 2002 o en el 2017? Mendiguren es persistente: hace 15 años y ahora.

En el campo judicial, el juez Casanello y el fiscal Marijuán, tras eludir durante tres años investigar al empresario Lázaro Báez, al difundirse el video con su hijo y allegados contando millones de dólares en Puerto Madero, comenzaron a moverse. Pese a la espectacularidad de algunas diligencias, recientemente los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah dictaminaron que en nada avanzaron para vincular los fondos manejados por Báez, con el irregular otorgamiento de obras públicas a sus empresas, y sus relaciones con lo más alto del poder. La justicia también es persistente. Continúa tan lenta y evasiva como siempre.

En la próxima opinión comentaremos un artículo de Marcelo Bonelli titulado “Presidente: ¿porqué no va presa Cristina Kirchner?”, publicado en Clarín el 17 de marzo pasado. Refleja el juego entre política, empresas y justicia.

Buenos Aires, 22 de marzo 2017

Desactivar la matriz de la corrupción estatal-privada instalada en el país desde hace al menos 25 años (una generación), no será nada fácil. La sólida trama delictiva conformada por políticos, empresarios, gremialistas e integrantes del poder judicial, ha desplegado una estrategia de confusión y ocultamiento hasta ahora exitosa, destinada a mantener libertades y patrimonios mal habidos. Existen elementos que lo manifiestan.

Contra lo que se pretende hacer creer, la Justicia no modificó su actitud indolente en cuanto a tiempos, tramitaciones, y demoras increíbles para iniciar juicios orales y públicos. No debiera asombrarnos: los mismos jueces y fiscales que mantuvieron paralizadas las causas, hoy simulan activarlas tras lentas y publicitadas rondas de declaraciones de imputados o procesados, que en la práctica se reduce a presentar escritos sin responder preguntas. Solo compararnos con Brasil nos humilla. En el caso Lava Autos, iniciada hace menos de cuatro años por una investigación menor en Curitiba por el juez local Moro, se comprobó una enorme red de sobornos local e internacional en cabeza de empresas con Petrobras y Odebrecht. Hoy altos funcionarios y empresarios han sido juzgados y condenados. La única verdad es la realidad. En Brasil, el poderoso empresario Odebrecht está condenado y preso. En Argentina, el condenado senador Menem legisla.

Varios legisladores por su parte, priorizan luchar para renovar en la próxima elección sus mandatos vencidos. Ni hablar de los políticos de a pié que pretenden acceder a la condición de “representante del pueblo”, manteniendo fueros no previstos en la Constitución, que los protejan en caso de delitos comunes. La ley de Extinción de Dominio se encuentra paralizada en el Senado. La Ley del Arrepentido se promulgó en octubre del 2016, seis meses más tarde que el fiscal Raúl Pleé escribiera un artículo señalando que la ley ya existía, y solo debía ser ampliada. Tras esta nota, Fariña declaró bajo la figura del arrepentido. El Consejo de la Magistratura mantiene su inoperancia. Pese a todo, hay quienes en campaña electoral pretenden entretenernos con modificaciones al Código de Ética.

Los mensajes “todos somos ladrones” se suceden. En las causas que involucran a altos funcionarios por el cobro de coimas, éstos interrogan capciosamente: porqué no investigan a los empresarios, en especial a familiares y amigos de Macri? El ex Jefe de Gabinete Aníbal Fernández afirmó en defensa de José López, que “una coima no es robarle al Estado”. Demos respuesta a esta falsedad, sin caer en la trampa del debate ideológico. Para ello ejemplifiquemos con dos contratistas antagónicos: Lázaro Báez, amigo de la familia Kirchner, y Ángelo Calcaterra, amigo del presidente Macri. No solo en Argentina sino en el mundo, las coimas de contratistas del Estado surgen de sobreprecios acordados previamente entre funcionarios y empresarios. Vale decir, son recursos públicos, no privados. Inclusive en los países más pobres las coimas son más altas. Al recibir el empresario el primer pago estatal, la coima se “retorna” a los funcionarios por vías privadas, pagándoles alquileres, servicios no prestados, etc. Es de suponer que tanto Báez como Calcaterra aportaron el correspondiente diezmo.

Surge entonces la pregunta: la investigación debería comenzar por el empresario o por el funcionario? Este último presenta dos debilidades: 1) haber autorizado el sobrecosto de la obra; 2) casi seguramente, exhibir un enriquecimiento patrimonial injustificado. Ambos aspectos no deberían tener mayor complejidad investigativa y probatoria, mediante peritajes correctos. Solo ante pruebas concretas, podrían producirse arrepentimientos “judiciales” de los acusados, prestando además colaboración para desactivar la trama delictiva, en búsqueda de disminuir sus penas. La otra alternativa sería un arrepentimiento “religioso”, que nace de la convicción íntima de retomar la senda moral del cumplimiento de los mandamientos de Dios. No creemos que Báez, Calcaterra u otros empresarios, alcancen este estado espiritual y místico. Cabe entonces preguntarse: están jueces y fiscales recolectando las pruebas necesarias para dar lugar a los más mundanos arrepentimientos judiciales?

Buenos Aires, 08 de marzo 2017

Continuando con las repercusiones causadas por el acuerdo Gobierno-Correo Argentino, intentaremos la disección de algunos de los cerebros políticos opinantes sobre el tema, para encuadrarlos según los tipos descriptos por Maquiavelo: excelentes, buenos o inútiles.

Es importante evaluarlos, porque en sus roles ejecutivos, legislativos y judiciales, sean oficialismo u oposición, determinan el nivel de desarrollo y calidad democrática de un país. Si bien son poderes independientes en cuanto a obligaciones específicas, son interdependientes para el logro de resultados institucionales coherentes. Por ello, es lógico Incluir al poder judicial en el campo de los cerebros políticos. Para comprender el genérico término “político”, es conveniente compararlo inicialmente con el de estadista, que define al arquetipo político que aspira a lograr objetivos superiores de largo plazo, a partir de la realidad en la que convive. La definición de político es más sucinta y concreta: “es quien se dedica a la política”. No agrega exigencias complementarias de tipo ético-morales, bondad o capacidad intelectual. Esta diversidad obliga a que los partidos con aspiraciones de poder o que lo ejerzan, deban contar con quienes a los requisitos de capacidad, honestidad y actitud que se supone deberían cumplir quienes ocupan cargos públicos, no fáciles de lograr simultáneamente, le agreguen la condición de “hábil político”, para mediar entre intereses superiores, intereses sectoriales y eventuales juegos políticos de coacción. Este perfil destinado a conciliar objetivos de gobierno con posibilidades de implementación y oportunidad, puede describirse a través de una frase popular y entendible: “alguien que sepa meter los pies en el barro”. No en vano, en política es más habitual el término “negociar” que “acordar”. Más aún en nuestro país, en donde los acuerdos muchas veces encubrieron intereses personales y/o espúreos. Los antecedentes de las últimas décadas hacen necesario aclarar que este perfil político no excluye la honestidad.

En el caso Correo Argentino, comenzaremos con las disecciones de los cerebros de los funcionarios del Ejecutivo, que sabiendo que el acuerdo involucraba indefectiblemente al presidente Macri, por estar el grupo ex concesionario litigante encabezado por su padre Franco, fallaron notablemente en el manejo político. Se debería haber brindado la mayor información pública posible sobre los antecedentes, alternativas de acuerdo posibles y tratativas en curso, destinadas a cerrar un conflicto de larga data. No sucedió, por lo que los cerebros de los funcionarios intervinientes deberían ser catalogados como inútiles. Pero se les presenta una oportunidad.

Una vez más a través del periodismo serio, por notas propias o reportajes a especialistas, la sociedad pudo conocer y/o recordar detalles concretos del caso irresuelto desde hace más de 12 años. Como consecuencia, quedaron planteados interrogantes cuyas respuestas no debieran demorarse. El dictamen de la fiscal Boquin deberá desmenuzarse para establecer su solidez y legalidad. Los expertos tendrán que definir si el concurso de acreedores congela o no los intereses de deuda, y evaluar los efectos de una eventual quiebra del Correo. Es en esta actualizada etapa administrativa y judicial, que los funcionarios tendrán la oportunidad de actuar con profesionalidad y claridad ante la opinión pública, para que sus cerebros asciendan a la categoría de buenos.

Los cerebros inútiles también abundaron entre los opositores, que a falta de informar, se dedicaron a twittear eslógans irrelevantes y oportunistas. El senador Solanas, por ejemplo, afirmó que “el Gobierno perdonó 70.000 millones de pesos”. La diputada Donda no se quedó atrás, cuando con calculadora en mano, afirmó que “el acuerdo con el Correo equivale a siete bolsos de José López”.

La mayor coherencia la exhibió el justicialismo kirchnerista, al utilizar el caso para sostener su estrategia exculpatoria por hechos de corrupción, basada en que en realidad “todos somos corruptos”. El más demostrativo fue el diputado Recalde, quien con alegría afirmó que “con el acuerdo, el delito se consumó”. Por claridad de objetivos, merecen que sus cerebros se consideren buenos.

Buenos Aires, 02 de marzo 2017