Tenemos un Estado público?

El concepto Estado refiere a una forma de organización política, social y económica que abarca a todos sus habitantes, lo que le da su condición de público. Su configuración institucional dependerá del sistema de gobierno y forma de ejercer el poder. En democracias de baja calidad, en las que mantener el poder necesita de adhesiones políticas y acuerdos basados en distribución de cargos y prebendas, la creación de organismos desmedidos en cantidad y superfluos en utilidad es una consecuencia. Es el caso argentino.

Una estructura de gobierno supone un armado piramidal que explicite responsabilidades, jerarquías, cargas laborales, salarios, derechos y obligaciones, con recursos humanos idóneos. La primera anomalía aparece en el vértice. En un país de condición fuertemente presidencialista, el presidente no encabeza la pirámide salarial estatal. En cuanto a lo institucional, el organigrama del Ejecutivo lo encabezan los Ministerios, que la Constitución de 1853 estableció en cinco: 1) Interior; 2) Relaciones Exteriores; 3) Hacienda; 4) Justicia, Culto e Instrucción Pública; 5) Guerra y Marina. En 1983 el gobierno democrático asumió con ocho: 1) Economía; 2) Interior; Relaciones Exteriores; 4) Defensa; 5) Justicia y Educación; 6) Trabajo; 7) Salud y Acción Social; 8) Obras y Servicios Públicos, como pilares de las obligaciones del gobierno. El descontrol comienza con la reforma constitucional de 1994, nacida no con un objetivo político modernizador sino personalista: la reelección de Menem. Se negoció la creación de innumerables organismos que daban lugar a “nuevas fuentes laborales políticas”, con grandilocuencias dialécticas que invocaban protección de derechos del pueblo y humanos, de jubilados, la niñez, la mujer, contra la discriminación, contra la corrupción, mejora de la justicia (Consejo de la Magistratura), y mejor representatividad en el Senado (se incrementaron en un tercio sus miembros). Ante lo perentorio de aprobar la reelección, se prorrogó en poco más de un año el tema más importante para el país: acordar un nuevo sistema de coparticipación federal, obligación que jamás se cumplió.

Con el transcurso del tiempo se constató que a mayor cantidad de ministerios, institutos de similar rango, variadas defensorías y representaciones internacionales, mayor fue el subdesarrollo, desempleo y pobreza. Los declamados derechos constitucionales quedaron arrasados por la realidad, pero no así las estructuras que supuestamente los protegían. Tampoco la sociedad tuvo acceso a los cargos estatales a través de concursos públicos, los que son distribuidos entre parientes, amigos y militantes, en una secuencia que carece de “grietas” ideológicas. Cambiemos alcanzó los 21 ministerios, reducidos por fuerza mayor a 11 al final del mandato. El Frente de Todos tiene 20 ministerios, algunos manifiestamente testimoniales como Equidad y Género, o el INADI, ambos carentes de atribuciones ejecutivas y beneficios sociales. Esta multiplicación burocrática se expandió a los organismos de control, sociedades del estado, poderes legislativos y judicial, cuyos integrantes, cínicamente, justifican incapacidades o malas praxis aduciendo carecer de presupuesto y/o personal suficiente.

El problema de esta desmesura es que cuando la “cantidad” no surge de la “necesidad” destruye la “calidad”, trasladándose los sobrecostos a los gobernados a través de impuestos o artilugios presupuestarios, presentados bajo rótulos rimbombantes como Patria, Solidaridad, Riqueza. En la presente pandemia quedó evidenciada la relación virtuosa entre cantidad y necesidad en los casos de médicos, enfermeras, transportistas, policías y docentes al frente de alumnos. Como así también se transparentaron ociosidades prescindibles de miles de coordinadores o creaciones similares, o los 4.500 asesores legislativos. Por ello las estructuras administrativas no deben ser analizadas inicialmente bajo ópticas económicas sino de “calidad” institucional, considerando su racionalidad instrumental, capacidad operativa, eficacia de resultados y equidad social. De no reformular al Estado bajo estos parámetros, se repetirán políticas que se reflejan en las pirámides jubilatorias y burocráticas, en las que los responsables de los fracasos ubicados en el extremo superior, implementan ahorros a costa de los ubicados en los niveles inferiores.

Un modo de abordar la utilidad de organismos y cargos es prestar atención a sus denominaciones, que cuanto más extensas sean a fin de explicar su función, más innecesaria será su existencia. Por ejemplo, el funcionario Fernando “Chino” Navarro del Movimiento Evita, tiene el cargo de Secretario de Relaciones Parlamentarias Institucionales y con la Sociedad Civil de la Jefatura de Gabinete.  

Buenos Aires, 02 de diciembre 2020