Mensajes presidenciales

Como última reflexión política del 2020, es adecuado detenerse en mensajes personales del presidente, al que el sistema republicano le otorga la autoridad máxima para transmitir a la ciudadanía, sin intermediarios comunicacionales que los distorsionen, el derrotero que intentará seguir su gobierno.

Existen diversos tipos de mensajes: subjetivos (no proveen información); narrativos (describen hechos reales o imaginarios); descriptivos (mencionan hechos sin adjetivarlos); argumentativos (intentan convencer). Los de tipo político expresan propuestas y/o acciones, que para convencer debieran tener una secuencia de veracidad y coherencia en el tiempo. De no ser así, el emisor perderá credibilidad, y generará escepticismo y enojo. Pero paradójicamente, es en este campo donde la verdad suele sucumbir a través de la propaganda política que en el siglo XIX se desarrolló para manipular multitudes, utilizando argumentaciones persuasivas pero falsas llamadas falacias, con mayor intensidad cuanto peor sea la calidad institucional del país.  

De los mensajes presidenciales se destacan dos: 1) su crítica a la meritocracia, que relaciona al mérito con el talento y esfuerzo y no con razones de apellido, riqueza, o nepotismo, señalando que “el más inteligente de los pobres tiene menos oportunidades que el más tonto de los ricos”. Ello explicaría que un ingeniero agrónomo que no habla inglés sea canciller, y una antropóloga sea ministra de Seguridad nacional, con los obvios resultados conocidos. 2) afirmó descreer de los planes de gobierno, cuando planificar significa formular objetivos claros y diseñar alternativas posibles para cumplirlos. Justo es reconocer que ambas opiniones, visto el atraso permanente del país y ausencia de horizontes mediatos, son compartidas por vastos sectores políticos.

Pero lo institucionalmente preocupante no ya desde lo discursivo sino desde lo fáctico, son los mensajes presidenciales acoplados a la campaña para lograr la impunidad de funcionarios y cómplices juzgados o procesados por corrupción. La campaña cumple con tres reglas básicas de la propaganda política: 1) la Simplificación, cuya base es el eslogan, que consiste en emitir mensajes inequívocos, breves y simples, que actúen sobre todas las franjas sociales por igual, con independencia de su nivel intelectual. En este caso se emplean los términos “lawfare” y “presos políticos”. 2) la Orquestación, consistente en la repetición incesante por parte de diversos emisores políticos, sociales y culturales del mensaje/eslogan diseñado, que jamás mencionará el término “inocente” o hará referencia a elementos tangibles de prueba. 3) la Unanimidad para propagarlo e instalarlo, sustentada en que la presión de un grupo predomina sobre la opinión individual, y la cantidad otorga veracidad. Por lo que tiene igual valor la opinión de un funcionario, un abogado o simples ciudadanos que no tengan idea de lo que significa “lawfare”. Esta trilogía con fuertes contenidos psicológicos, busca incidir a través de la presión, miedo, negociación o adhesión, sobre actores judiciales y políticos para que en forma activa (actuar), o pasiva (dejar hacer), permita lograr las impunidades buscadas. No en vano las reglas básicas de la propaganda política moderna la desarrollaron el bolcheviquismo, fascismo y nazismo.

El riesgo institucional se incrementa cuando es el propio presidente quien se suma a esta campaña coral en busca de impunidad, (que involucra a integrantes de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y Consejo de la Magistratura), y presiona públicamente a la Corte y jueces, cuestiona la legalidad de la ley del arrepentido, o mimetiza presos políticos con corruptos. En una democracia la inocencia de quienes tienen en juego sus libertades y patrimonios debe surgir de juicios orales y públicos, no de evitarlos. Para seguir la evolución de los acontecimientos se deberán evitar distracciones respecto a “quién manda”; el poder legitimado por el votante lo conforman Fernández en el Ejecutivo, Cristina Kirchner conduciendo el Senado y Sergio Massa la Cámara de Diputados. La atención, en un contexto en el que para lograr objetivos se negociarán privilegios compensatorios, deberá volcarse en el accionar de actores institucionales secundarios necesarios para el objetivo de impunidad, en especial los que se autodefinen como opositores o independientes. Y saber que a los jueces y fiscales que se mantengan firmes en la defensa de los principios de justicia, sin un fuerte apoyo social que los respalde les será difícil contrarrestar el declarado objetivo de impunidad. 

Debidamente interpretados, los mensajes permiten detectar las prioridades de un gobierno. Mientras los de búsqueda de impunidad siguen una estrategia clásica planificada, coherente y consistente en el tiempo, los destinados a informar la política sanitaria de vacunación contra la pandemia son confusos, dispersos y contradictorios. Sin embargo, los estrategas comunicacionales son los mismos.

Buenos Aires, 23 de diciembre 2020

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