Las castas nunca pagan

Hay dos términos interrelacionados y contrapuestos: crédito y deuda. Obtener y devolver, opciones que definen a cumplidores e insolventes. Estos últimos pueden sacrificar bienes propios para cumplir, o bien invocar excusas para no pagar, haciendo de la insolvencia una forma de vida, vicio que en el campo político presenta un denominador histórico: las castas hereditarias recaudan, gastan, pero no devuelven; sus saldos siempre son negativos. Al respecto Argentina ofrece una recurrencia internacional inédita, considerando que su insolvencia se remonta al empréstito tomado en 1824 con la Banca Baring para financiar obras públicas. Pasemos a la actualidad.   

El 22 de diciembre del 2001 el designado presidente interino Rodríguez Saá en un mensaje histórico, anunciaba la suspensión del pago de la deuda externa, aduciendo “que ese dinero lo utilizaremos para los planes de creación de fuentes de trabajo y progreso social” (textual). La grabación de la escena con la mayoría de los legisladores estallando en vítores, es ubicable en Internet. La inflación era del 1,1 % negativa (convertibilidad), y la pobreza el 29,3%. Tras diez días como presidente, Rodríguez Saá fue reemplazado por Duhalde, que el 2 de enero resolvió entre otras medidas, confiscar los ahorros particulares, canjeándolos por opciones financieras diversas de largo plazo, mientras los grandes deudores licuaban sus deudas. La sociedad comprendió entonces que el festejo legislativo no respondía a un supuesto progreso social futuro sino a la sobrevivencia de los privilegios políticos, provocando el reclamo popular “que se vayan todos”. Veinte años más tarde, con muchos de los responsables políticos de entonces vigentes, 40% de inflación y casi 50% de pobreza, se repiten procedimientos, discursos y el objetivo de mantener privilegios.   

El reciente pronunciamiento ”25 de mayo” reclamando el no pago de la deuda con el FMI y Club de París, es un ejemplo. La mayoría de sus avaladores, sean como funcionarios, proveedores o prestadores de servicios, son beneficiarios de recursos estatales. Como por ejemplo el ex juez Zaffaroni, con una jubilación de $ 853.000 mensuales; el ex vicepresidente Boudou condenado por corrupción y una pensión de $ 320.000 mensuales, y el abogado constitucionalista Barcesat, con un contrato de asesor en el Ministerio de Agricultura, que oficia de Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para castas políticas. Evitando prometer que lo no pagado se destinará “al progreso social” como en el 2001, se utilizó el abarcador concepto de proteger al “pueblo argentino”, que tiene la virtud de incluir a las castas políticas. Ante estos antecedentes cabe resaltar viejas falacias conceptuales y engaños discursivos que se mantienen inmutables, para entender los daños presentes y futuros. 

Asumiendo la obviedad que las deudas y sus vencimientos vigentes son impagables, el desafío inmediato consiste en definir como negociar, no como pagar. Así sucedió con las crisis de deudas que años atrás afrontaran países como México, Rusia, Portugal y Grecia. En cuanto a lo que las propagandas políticas distorsionan, se debe tener presente que cuando se reclama “no pagar al FMI”, en realidad se plantea no pagar a los países que lo integran y aportaron el capital. El FMI es un organismo técnico creado para asistir a países en crisis con recursos de los países integrantes, encargado de elaborar un preacuerdo con el país en crisis, y una vez aprobado, realizar el seguimiento del cumplimiento de las acciones establecidas. Peculiar es el caso del Club de París, formado en 1956 por países europeos, cuya primera tarea fue la de renegociar la deuda que con muchos de ellos tenía la Argentina. La última renegociación la realizó en el 2014 el entonces ministro de Economía Axel Kicillof por una deuda en default de u$s 5.000 millones, que tras la negociación se transformó en u$s 9.600 millones, entre capital, intereses y punitorios.

Las deudas no son de Menem, Kirchner o Macri, sino del Estado argentino. Pero en nuestro caso, lo que preocupa es que su resolución estará en mano de las mismas castas políticas que en las sucesivas crisis, y en especial a partir de la del 2001-2002, no solo se mantuvieron económicamente indemnes, sino incrementaron sus privilegios, las estructuras burocráticas ineficientes de sostén, y la corrupción estatal-privada. Es en este punto donde las castas apelan a la estrategia de las falacias discursivas y altisonantes que intentan montar espectáculos que encubran las propias responsabilidades. La habitual es denunciar penalmente supuestas deudas ilegítimas y fuga de capitales, o constituir comisiones investigadoras legislativas para tal fin. Para ejemplificar el engaño, en la próxima newsletter se recordará una Comisión legislativa integrada para investigar la fuga de divisas en el período 2001-2002 a través de instituciones financieras. El nombre de sus integrantes y conclusiones serán indicativos no solo de que estas denuncias buscan distraer en lugar de esclarecer, sino la real existencia de castas políticas.  

Buenos Aires, 02 de mayo 2021