Engañar fingiendo virtud

Aceptada la hipótesis que la decadencia argentina es causada por castas políticas, gremiales y empresarias que carecen de grietas ideológicas y/o partidarias insalvables cuando en un marco de baja calidad institucional se negocia poder, cabe analizar el fenómeno de su permanencia por décadas, comenzando por la propaganda emitida a través del discurso político.  

La propaganda política moderna nació a inicios del siglo pasado en el seno de las tres dictaduras movilizadoras de masas: comunismo, fascismo y nazismo. Las tres comparten como instrumentos los avances tecnológicos (radio, cine, televisión), y las reglas básicas de la propaganda (simplificación, orquestación, unanimidad y contagio, etc.), diferenciándose en las metas proclamadas. Las de Lenin eran reales, aunque ocultaba las formas de lograrlas. Las de Goebbels no explicitaban metas ciertas, sino buscaban exaltar a las masas a través de promesas, mentiras, gritos o amenazas. Ambas opciones propagandísticas continúan vigentes en la modernidad, con independencia de que los gobiernos sean de derecha o izquierda. En nuestras castas vernáculas se combinan el ocultamiento de las metas con la exaltación y grandilocuencia discursiva. Lo curioso es que pese a los reiterados fracasos y promesas incumplidas, nuestras castas repiten esta estrategia sin variantes, lo que abre el interrogante respecto a alcanzar un peligroso punto de hartazgo en la sociedad. Un ejemplo reciente ante una nueva crisis de deudas externas (extrañamente nunca se habla de las internas, no menos graves), es repetir el recurso de anunciar la presentación de una denuncia penal contra el gobierno anterior y funcionarios del FMI como cómplices, por supuesta ilegitimidad de la deuda asumida.

El objetivo de estas denuncias es presentar a los denunciantes (gobierno) como víctimas de la crisis, y a su vez paladines de la honestidad en defensa de los intereses nacionales. En esta oportunidad, con la incongruencia de que un gobierno que encabeza una fuerte embestida contra el poder judicial para lograr impunidad de funcionarios y empresarios en casos de corrupción, pretenda otorgar a su denuncia fines virtuosos. Esta estrategia solo admisible tras una dictadura, es inaceptable en sucesiones democráticas en las que tanto oficialistas como opositores poseen todos los organismos e instrumentos de control de fuga de divisas y lavado de dinero, con la tecnología necesaria para lograr inmediatez en la información. Tal es así, que la justicia deberá pedir al Banco Central y Tesorería del Ministerio de Economía la documentación necesaria para determinar delitos si los hubiere. Ello augura que las denuncias no tendrán resultados concretos, pues las castas políticas las usan para simular virtud y/o coaccionar, no para proteger y/o recuperar patrimonios mal habidos.

Un claro ejemplo avala este supuesto. En el año 2001 se constituyó una Comisión Legislativa conformada por nueve diputados para Investigar la fuga de divisas y lavado de dinero. La documentación de base provino de una investigación realizada por el Senado de Estados Unidos, que a partir de un testigo reservado que trabajara con el fallecido banquero argentino Raúl Moneta, logró el levantamiento del secreto bancario en dicho país. La que involucraba a importantes políticos, empresarios y empresas argentinas, cuya base financiera de traslado de fondos se ubicó en Uruguay y Panamá, fue enviada en 18 cajas a nuestra Comisión vernácula purificadora. Un detalle a prestar atención es que las investigaciones probatorias que se inician en el exterior con involucrados argentinos (FIFA Gate; Panamá Papers; Paradise Papers, Odebrecht), se diluyen en nuestro país, probablemente porque los involucrados cubren todo el espectro político e ideológico sin grietas, por lo que investigar y sancionar es meramente escenográfico. Tras cuatro meses de trabajo, las conclusiones se dieron a conocer en agosto del 2001, en cuatro informes distintos. Léase bien: nueve diputados, cuatro informes. El suizo Giannakopoulos, director de la organización no gubernamental especializada en el estudio de redes criminales Inside Co. que actuó como asesor de los legisladores, criticó la falta de homogeneidad y consenso del informe, señalando que era un recurso político de manual para licuar su efectividad.

Los nombres de los legisladores intervinientes, agrupados por cada uno de los cuatro informes, es el siguiente: 1) Carrió y Ocaña (ARI), Gutiérrez (Demócrata de Mendoza) y Vitar (Frepaso); 2) Cristina Kirchner y el fallecido Soria, padre del actual Ministro de Justicia (PJ); 3) Stolbizer y Pernasetti (UCR), y 4) Scioli (PJ). Si quedan dudas respecto a las intenciones investigativas de las castas, nueves meses más tarde y en plena crisis del 2002, el Senado derogaba la ley de Subversión Económica entonces vigente, quitando a la justicia la principal herramienta para sancionar delitos financieros. Nombres casi todos vigentes, viejas siglas partidarias y los nulos resultados obtenidos, clarifican el daño que causan las castas políticas al patrimonio de los argentinos.    

Buenos Aires, 09 de junio 2021