Política, administración y déficit

La pandemia asociada a la crisis económico-social transparentaron en la presente campaña electoral los principales vicios de las castas políticas, sea en cuanto a responsabilidades públicas como en estrategias comunicacionales. Si bien un número creciente de ciudadanos se resistieron a ser identificados con el humillante mote de “votos cautivos”, ello no es suficiente para aventurar cambios, pues ante el reclamo de que “se vayan todos” en la crisis 2001-2002, se quedaron casi todos los que hoy son responsables de la decadencia argentina. En lo inmediato, la crisis de representación de quienes deben deliberar y gobernar en nombre del pueblo, hace necesaria una participación ciudadana más directa, activa y orgánica en la elaboración de propuestas que integren un acuerdo político sustentable, muchas de los cuales no serán del agrado de las castas. Dichas propuestas deberán propagarse a todos los niveles sociales de modo comprensible, pues no en vano la enseñanza educativa más igualadora y similar para todos, es la de aprender a leer y escribir.

Para un acuerdo político se podría partir de tres capítulos básicos: política, administración y déficit. La política refiere al factor humano, por el cual los actores intervinientes debieran poseer ética, capacidad intelectual y honestidad planificadora, para que el proyecto nacional cumpla con los principios democráticos de equidad e igualdad de oportunidades. En tal sentido, para exigir sacrificios a los ciudadanos con cierta autoridad moral, prioritariamente deberían derogarse los innumerables privilegios políticos, que no pueden disfrazarse de derechos adquiridos, más aún cuando los de los ciudadanos comunes son permanentemente vulnerados: incautación de ahorros, manipulación de jubilaciones, educación desigual, etc.

El factor administración, que considera la estructura física y operativa del Estado en sus tres poderes, llegó a tal nivel de sobredimensionamiento e ineficacia, que inicialmente impacta más en la calidad institucional y de prestación de servicios que en lo económico. Para evitar que ante un planteo de racionalidad administrativa los políticos y gremialistas beneficiarios apelen al conocido ardid de denunciar despidos masivos de trabajadores, se actuará explícitamente sobre los organismos y niveles jerárquicos innecesarios, creados solo para cubrir compromisos políticos y familiares, sin con ello afectar a los legítimos derechos de empleados de planta permanente. La actualidad brinda una oportunidad para concretarlo, porque como nunca antes se transparentaron los perjuicios sociales que provocan una estructura estatal atomizada, improductiva y jerárquicamente inmanejable, con salarios y beneficios disociados de la realidad económica de las actividades privadas en general.   

Tras lo humano (responsables políticos), y lo físico (estructura administrativa), emerge el tercer factor clave, de índole económica: el déficit, que no debe confundirse con deuda, que de por sí no es mala. Cuando un ciudadano común saca un crédito para un emprendimiento, vivienda o vehículo contrae una deuda, que se supone analizó quien la otorga, y planificó su amortización quien la asume. Pero si los gastos del beneficiario superan mes a mes a los ingresos, tendrá un déficit que le impedirá amortizar la deuda, en cuyo caso o planificó mal, o generó conscientemente la insolvencia, vía gastos excesivos destinados a privilegios legalizados o corruptos. Así como en el campo de los ciudadanos comunes abundan reconocidos deudores morosos con excelentes niveles de vida que para no pagar utilizan excusas banales, en el campo político la diferencia estriba en que las excusas son más sofisticadas: fuga de capitales, cuentas “offshore”, créditos de la banca pública ruinosos, evasiones fiscales, hasta arribar a la habitual proclama pronunciada por los políticos responsables: “no pagaremos las deudas con el hambre del pueblo”.

El problema político hasta ahora no resuelto, es que estos términos los usan quienes están en el poder desde hace décadas, favorecieron la corrupción y son morosos con un excelente nivel de vida. Pero institucionalmente la exigencia de hoy no es “qué se vayan todos”, sino qué acuerdos se establecerán para que el país avizore una transformación virtuosa y definitiva de mediano y largo plazo. De ahí la importancia de una participación ciudadana activa.

Buenos Aires, 03 de noviembre 2021