Políticos al desnudo

Conocidos los resultados de la elección legislativa, cabe destacar aspectos a considerar en la acción política que se avecina. Uno se ellos, es que la incipiente evolución democrática no proviene de la clase política, sino de la sociedad sin distingo de clases. Los reveses electorales que sorprendieron a los oficialismos de turno en las elecciones del 2019 y la actual, muestran que disminuye el voto cautivo y se incrementa el voto castigo. Y con independencia de afinidades partidarias, se unifican los reclamos sociales por la calidad de la educación, salud, seguridad, justicia sin corrupción, trabajo digno y progreso. En contraposición, la política continuó apelando sin pudor a la práctica de viejos caudillos y patrones de estancia, que para lograr votos o adhesiones no ofrecían progreso y dignidad, sino dinero y dádivas de coyuntura, en este caso financiadas con recursos estatales. Actitudes que ratifican que la coincidencia ideológica existente entre castas políticas, corporaciones gremiales y empresarias es el conservadurismo, que incluye la complacencia del juez y del comisario, como relatara el Martín Fierro.

Que el usufructo permanente de privilegios genere egocentrismos disociados de la realidad, como que el presidente convoque a Plaza de Mayo para festejar “el triunfo electoral” o que derrotados expresen que “ganaron perdiendo”, no se agota en la anécdota, sino responde a una de las reglas básicas de propaganda política llamada “desfiguración” de los hechos, a la que habrá que prestar mucha atención cuando se presenten eventuales acuerdos políticos.  Por ello importa que en los mismos participen no solo los máximos responsables institucionales, sino también una ciudadanía activa, sea vía convocatorias o intermediación de organizaciones no gubernamentales, que aseguren protección del interés común y otorguen legitimidad. Caso contrario, se repetirá el conocido recurso de “cambiar para que nada cambie”, como sucediera con el acuerdo de cúpulas del 2002, por el que se incautaron los ahorros de ciudadanos comunes, pese a que los legisladores pocos meses antes habían votado que los depósitos eran intangibles, en tanto el Estado se hacía cargo de gran parte de la deuda en dólares de grandes empresas con la llamada “pesificación asimétrica”, invocando un vieja excusa para encubrir negociados: cuidar el empleo de los trabajadores.

En el debate se deberá obviar la falacia estéril de “más o menos Estado”, cuando es el Estado el que define el perfil de un país: planifica, legisla, ejecuta, protege, castiga y formula el proyecto nacional. Pero para tener éxito son necesarios actores que ofrezcan ejemplaridad y capacidad, activos escasos en nuestras corporaciones conservadoras. Los pasos iniciales para plantear un acuerdo no son alentadores, por dos circunstancias. En primer lugar, se lo plantea de modo superficial y casi fantasmal a través de diversos voceros, sin indicar sus bases, metodología de elaboración, quienes lo suscribirán y cómo se garantizará su seguimiento.

En segundo término y más preocupante, es que solo se hable de un eventual acuerdo internacional con el FMI, que es una negociación de carácter estrictamente económico-financiera con indicadores macroeconómicos, y se omita la necesidad de un imprescindible acuerdo nacional interno y político, que generen profundas y virtuosas transformaciones institucionales. Como ejemplo, el FMI pedirá bajar el déficit en prestaciones jubilatorias, pero no exigirá abolir las jubilaciones de privilegio. En el acuerdo político pueden citarse algunos temas: 1) Racionalización administrativa que elimine ministerios, institutos e infinidad de cargos políticos manifiestamente injustificados e improductivos, cuyos costos no debiera absorber la sociedad; 2) Cumplir con la obligación de diseñar un sistema de coparticipación federal estable y acorde a la época, incumplida desde la reforma constitucional de 1994; 3) Implementación plena del nuevo Código Procesal Penal Federal; 4) Iniciar los juicios por corrupción estatal-privada que tienen Tribunales designados, y desactivar todas las acciones políticas y judiciales en favor de la impunidad.

De circunscribirse a lo económico obviando lo político e institucional, se asistirá a un nuevo simulacro de acuerdo entre castas, de cuyo engaño no será responsable el Fondo Monetario Internacional.

Buenos Aires, 17 de noviembre 2021