Salario Social Político

La demagógica propuesta de establecer un Salario Básico Universal que promueven intermediadores de recursos públicos, carece de un estudio de factibilidad que explique tipos de trabajos, selección de candidatos, cargas horarias, quiénes los controlan, compatibilidad individual de los beneficiarios con otros planes sociales, quiénes realizan el seguimiento de altas, bajas y cumplimiento de contraprestaciones, y como se financia. Pero la idea, adecuadamente reformulada, podría facilitar una profunda transformación de la sobredimensionada, elitista e ineficaz estructura burocrática argentina, plagada de malas praxis y corrupción, a través de un Salario Social Político.

Toda propuesta debe explicitar objetivos, contexto y factibilidad. El objetivo es lograr la mencionada modernización del aparato estatal, en base a principios de equidad, idoneidad, eficacia y continuidad, que permita una viabilidad operativa razonable de las políticas que se adopten, y lograr mejores prestaciones públicas, considerando que los vicios estructurales burocráticos aumentaron tras las crisis del 1989/90 y 2001/02, con el consecuente subdesarrollo y pobreza. Por lo que las acciones se centrarán en el Gobierno como encargado de llevar a cabo las funciones indelegables del Estado, cuya organización la Constitución define como representativa, republicana y federal.

El contexto es paradójicamente favorable para esta transformación, ante una confluencia inédita de tres factores: 1) Un triunvirato conductor que transparenta las insustancialidades ideológicas, que asocian a Fernández con el centro, Cristina Kirchner con la izquierda y Massa con la derecha, pero que al momento de gobernar manifiestan al unísono la incapacidad de elaborar un plan de gobierno, y con sus permanentes desacuerdos internos mantienen a la sociedad dentro de un clima espasmódico y sin proyección de futuro. 2) Tal anormalidad desnuda las falencias de los circuitos administrativos, con superposición de organismos irrelevantes y particionados en divergentes intereses políticos internos, que derivan en relaciones jerárquicas caóticas, al punto que un ministro no puede deshacerse de un secretario. 3) El hecho que la tarea de optimización administrativa comprometa a la corporación política en su conjunto (oficialismo y oposiciones), por ser igualmente responsables y beneficiarios de las desmesuras institucionales, debería evitar debates paralizantes basados en supuestas “grietas”. La presente urgencia económico-social exige que las reformas se implementen previo a las próximas elecciones presidenciales, permitiendo que la sociedad evalúe hechos concretos en lugar de discursos con promesas. En un naufragio, las normas indican que el capitán y los oficiales deben ser los últimos en abandonar la nave, y concluido el siniestro, estudiar las fallas constructivas y conductivas que lo produjeron para no repetirlas. Por el contrario, nuestras dirigencias siempre sobreviven, incrementan las estructuras fallidas, y mantienen las mismas conducciones e intereses. Recientemente los “capitanes” Cristina Kirchner y Massa otorgaron un aumento del 69% a los integrantes del Poder Legislativo. Hasta el momento, no lo rechazó ni la izquierda dura.

El punto álgido es la factibilidad. Para que nada cambie, históricamente se recurre a que gremialistas estatales reclamen por pérdidas de fuentes de trabajo y los recurrentes “contratos basura”. Para desactivar esta estrategia, debe quedar en claro que se actuará exclusivamente sobre las estructuras y cargos políticos, y no sobre el personal de planta. Salir de la crisis necesitará de gobiernos con conducciones coherentes, honestas y capacitadas, no de titubeantes funcionarios incapaces de definir un criterio de segmentación tarifaria después de décadas de subsidios a ricos y pobres por igual.  Es en este contexto que surge la propuesta de un Salario Social Político, consistente en otorgar por única vez a los políticos afectados por la eliminación de cargos y/u organismos innecesarios, un monto único equivalente al cargo de director por un plazo de uno o dos años, siempre y cuando no encuentre trabajo antes. De este modo se recortarán importantes gastos superfluos sin pérdidas laborales inmediatas, y se evitarán casos como los de Victoria Donda, por ejemplo, que para lograr su adhesión al Gobierno se le creara el irrelevante INADI, con su secuencia de sueldos de cientos de allegados, costos operativos y gastos corrientes. Explicitada la filosofía, se comenzará un análisis más detallado partiendo del vértice de la pirámide estatal: los Ministerios.

Buenos Aires, 20 de julio 2022