Ideología y corrupción

Los términos ideología y corrupción, predominantes en los discursos y debates políticos, habitualmente no se los asocia para explicar la degradación socio-económica del país, y entender la permanencia de las dirigencias responsables que por acción (participar/facilitar) u omisión (dejar hacer), provocaron las crisis extremas de 1989, 2001/02, y la actual.

La ideología política es un conjunto de ideas que representan a una sociedad, y definen su forma de gobierno y sistema económico, que deben plasmarse en un programa político con continuidad en el tiempo. La corrupción política por su parte, refiere a los actos deshonestos o delictivos cometidos por autoridades y funcionarios públicos que “arrebatan” (significado de corrupción), para su enriquecimiento personal recursos económicos estatales y calidad de servicios. Cuando la corrupción deja de ser circunstancial para transformarse en recurrente, el país ingresa en un estado de corrupción permanente que en cabeza de la corporación política, involucra a dirigencias empresarias, sindicales y eclesiásticas, cuyos mensajes no casualmente, se centran en la problemática de los pobres omitiendo a la corrupción, como si la pobreza no fuera una natural consecuencia. En este sentido, el silencio de las cúpulas religiosas es llamativo.

La actualidad política hace oportuna esta reflexión, porque transparenta como nunca antes, que la acción de gobernar queda condicionada por la tóxica relación entre gobierno, dirigencias y corrupción, por lo que no sorprende que gran parte de la gestión pública estuvo, está y estará concentrada en lo judicial, para desactivar las innumerables causas de corrupción estatal-privada a través de extemporáneos proyectos legislativos, y amenazas privadas y públicas a integrantes de los estamentos judiciales que conspiren contra este objetivo. En paralelo amplios sectores políticos priorizan estrategias electorales que les permita mantener o recuperar poder en la elección del 2023, pero sin que nada cambie. Esto último lo explicitó la ministra Batakis en su conferencia de prensa, al prometer congelar ingresos a la planta estatal y controlar los gastos a través de una caja única de flujo de fondos, acciones que se plantean en situación de crisis y nunca se cumplen. Pero hablar de “congelar” y “controlar” en lugar de racionalizar, modernizar y transformar estructuras y desactivar privilegios, hace suponer que se mantendrá el principio conservador de no modificar aquéllas distorsiones e injusticias que han permitido la continuidad y enriquecimiento de gobernadores, intendentes, legisladores, y sus familias. Este rancio conservadurismo intenta encubrirse bajo ropajes dialécticos e ideológicos, pese a que dichos aspectos también carecen de coherencia: hay peronistas clásicos, republicanos, menemistas, kirchneristas, radicales históricos y conversos, socialistas, neoliberales, populistas, izquierda, centro izquierda, derecha, centro derecha, y un sector creciente identificado como “escucho ofertas”. Paradójicamente no hay comunistas, pues los que se presentan como tales, son en realidad oportunistas que intentan tomar su cuota-parte de los recursos públicos. No sorprende entonces que tras agitar la coctelera ideológica, aparezcan los mismos personajes conservadores, muchos de ellos envidiosos de las autocracias que permiten líderes “eternos”.

Queda claro que para promover transformaciones de fondo, que no se avizoran, se debe desarmar la nefasta convergencia entre poder político, falsas ideologías y corrupción. Los actos de corrupción privados los controla y castiga el Estado, pero cuando éste en lugar de controlarse y castigarse a sí mismo actúa como facilitador y encubridor de actos corruptos, cunde la pobreza y el subdesarrollo. La presente experiencia indica la necesidad de legislar que quienes se postulen y ejerzan las funciones de presidente y vice, no pueden estar siquiera procesados, evitando que en tal condición designen a cargo de organismos claves de control a sus propios abogados y/o adherentes para que faciliten sus impunidades. En lo que respecta a los limitados y abstractos debates ideológicos que saturan inútilmente lo discursivo, deben ser reemplazados por la presentación ante los ciudadanos de programas de gobierno concretos, cualitativa y cuantitativamente explicitados, que excluyan ineficaces estructuras burocráticas, muchas de ellas jactanciosamente llamadas empresas, pero a pérdidas permanentes que solo generan pobreza.  

Se suele decir que toda crisis ofrece una oportunidad, pero para lograr cambios virtuosos de fondo y permanentes a futuro, será necesaria una fuerte participación y/o presión social de carácter pacífico, esclarecedor y propositivo. Dado que el Estado es el que marca la condición y calidad económico-social de un país,  con poder de planificar, ejecutar, legislar y ejercer justicia, la tarea transformadora debe comenzar por el Estado, a fin de optimizarlo, y no de “congelarlo”.

Buenos Aires, 13 de diciembre 2022