Todo tiene que ver

Conocido el fallo y las penas que el Tribunal aplicara por el caso denominado obras de Vialidad con epicentro en Santa Cruz, y más allá de las futuras apelaciones, es oportuno reflexionar sobre aspectos que adecuadamente evaluados, pueden generar un verdadero saneamiento institucional. La presente etapa puede describirse bajo la metáfora de que para curar al enfermo es necesario identificar la patología, para lo cual colaboran las recientes expresiones en el recinto del senador Parrilli, al afirmar que los jueces de la Corte “son unos mafiosos”, de altos funcionarios de gobierno replicando el término “mafia” para desacreditar a jueces, fiscales y periodistas, y el .senador Mayans sugiriendo “cambiar impunidad por paz social”. Ante estas concordancias, la palabra “mafia” dejó de ser un insulto circunstancial, para pasar a describir la enfermedad que el país sufre desde hace décadas, y explica su degradación económico-social: existe un Estado mafioso.

Ante este reconocimiento oficial, cabe identificar los patrones de conducta de los virus “mafiosos” políticos, que a diferencia de los clanes que competían por negocios privados, en las mafias estatales son los funcionarios quienes las encabezan y organizan las tramas para saquear recursos públicos. En ambos casos la conformación y consolidación de las estructuras mafiosas exige tiempo, requisito que cumplen nuestras dirigencias políticas y corporativas actuantes desde hace al menos 25 años. También son similares, con la salvedad del crimen, los métodos para conseguir objetivos: transacciones espúreas (coimas, privilegios), y coacciones directas (espionajes, amenazas, armado de situaciones comprometedores). El léxico mantiene una grandilocuencia amenazante, que en política se manifiesta en los términos proscripción, persecución, fusilamiento, golpe de estado, y similares. A nivel declarativo jamás se confiesa culpabilidad, y menos aún se explican las escandalosas fortunas obtenidas. En cuanto a repercusiones sociales, siempre existen grupos que, sea a mafiosos de antaño o corruptos modernos, se los justifica apelando al “roba pero defiende a los pobres”. En un contexto en que política y corrupción se imbrican es importante desentrañar los mensajes, por lo que vale destacar una frase pronunciada en redes sociales por la vicepresidenta para explicar el atentado contra su vida: “Todo tiene que ver con todo”. La frase presenta una dualidad oportuna para confundir: sirve tanto para armar relatos en donde con partes inconexas se intenta conformar un todo homogéneo falaz y persuasivo, o para lograr una sólida interrelación de partes veraces y verificables que permitan argumentaciones que justifiquen la toma de decisiones virtuosas. Un ejemplo de esta duplicidad lo brindó el presidente Fernández cuando descendió al “sótano de la democracia” para denunciar por cadena nacional una reunión de funcionarios, jueces y empresarios en el sur, basado en una escucha telefónica ilegal. Pero como entre los recursos mafiosos está el de operar, degradar, amenazar, igualar, pero sin llegar al juicio oral y público pues la verdad nunca es un objetivo, no se debe caer en la trampa de tomar partido inmediato ante denuncias, sino exigir el esclarecimiento judicial para comprobar inocencias y culpabilidades. Entender los métodos mafiosos es trascendente para lo que se avecina, pues se está transitando una muy dura etapa en la que coexisten una crisis económico social inédita, mafias sectoriales perennes que luchan para subsistir, oportunismos dialécticos carentes de políticas, y una oposición que pareciera repetir el error del actual gobierno en el 2019, que es armar acuerdos solo para triunfar.

Es importante también sacar a Cristina Kirchner como foco judicial excluyente (lo que era aceptable en la causa Vialidad por congregar a funcionarios políticos, empresarios y presupuestos con obras concentradas en Santa Cruz), para ampliar el espectro a otros personajes principales y secundarios nefastos, tal el caso del demorado juicio oral de la llamada causa Cuadernos. De la causa Vialidad cabe destacar un concepto con sentido exculpatorio hacia la vicepresidenta vertido por muchos de sus defensores, que sintetizara el ministro Massa en un tuit: “el veredicto es insostenible porque corta la cadena de responsabilidades administrativas”. El planteo, debidamente profundizado y clarificado por interrelacionar sistema político (presidencialista), estructura burocrática, circuitos administrativos y normas legales, transparentará las omisiones y contradicciones que posibilitan conformar una matriz de corrupción estatal-privada. Paradójicamente (o no?), en un Estado sobredimensionado.

Buenos Aires, 14 de diciembre 2022

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