Inútiles y sus chupetes

Si bien las continuidades políticas, liquideces ideológicas y mafias entroncadas en altos niveles institucionales no podrán corregirse durante el proceso electoral y en el mediano plazo, será imprescindible que las propuestas de gobierno planteen una reformulación de la sobredimensionada e ineficaz estructura administrativa, y se elimine la posibilidad de que inútiles ocupen cargos políticos. Si bien las estructuras burocráticas suponen mayor permanencia en el tiempo, al subordinarse su diseño a compromisos políticos y nepotismos familiares, se comenzará por analizar las consecuencias de la inserción de inútiles todoterreno en cargos políticos, porque al ser visibles y entendibles por gran parte de la sociedad los daños que provocan, facilitará comprender luego las distorsiones estructurales más complejas, comenzando por los ministerios.

El término inútil define a persona u objeto que no produce provecho, servicio o beneficio, y en sí mismo no es degradante. Todos somos inútiles para desempeñar tareas para la que no estamos formados o carecemos de aptitudes. No ser inútil en el desempeño de cargos políticos es esencial considerando que solo a nivel nacional se estiman en alrededor de 10.000, y que los políticos presuponen que son aptos para todo servicio. El planteo no parte de lo meramente económico como engañosamente se pregona para que nada cambie (costo organismo e inútil x cantidad de organismos e inútiles), sino de una racionalidad virtuosa que permita lograr un Estado moderno y eficaz que genere desarrollo y bienestar general, en lugar de beneficiar a inútiles. Si se analiza la organización institucional desde 1983 a la fecha, se constata que el crecimiento exponencial de organismos públicos y cargos políticos desde entonces tiene su correlato en peor funcionamiento estatal, creciente empobrecimiento social y corrupción. Llegando al absurdo que cuando beneficiarios de cargos políticos deben abandonarlos por inútiles u otras razones, de inmediato se los designan en otro cargo político, muchas veces creado para la ocasión, como en el reciente caso de Victoria Donda, que echada del intrascendente Inadi, recaló en la provincia de Buenos Aires en una creativa Subsecretaria de Análisis y Seguimiento Político Estratégico.

En cuanto a lo discursivo, y sabiendo que los políticos practican la locuacidad, la capacidad argumentativa de los inútiles es pobre, por lo que suelen aplicar en sus manifestaciones la técnica del chupete, cuya utilidad reside en que el bebé pueda satisfacer la necesidad de succionar más allá de la lactancia materna o toma de biberón. El chupete lo tranquiliza y adormece, situación que el político intenta replicar en los ciudadanos, hablando de corrido repitiendo obviedades usualmente exculpatorias, con datos inconexos cuando no falaces, sin informar y/o responder adecuadamente acerca del fondo de las cuestiones planteadas. Un ejemplo lamentable lo brindó el manejo de la problemática por los cortes de luz, principalmente por la empresa Edesur.

Ante los permanentes y prolongados cortes en diversas zonas de la ciudad y provincia, solo ante el hartazgo de los usuarios, acciones directas de protesta y coberturas periodísticas, tardíamente el gobierno y el Enre apelaron al chupete para tranquilizar a los quejosos, anunciando tres medidas: 1) denuncia penal contra Edesur; 2) presentación en 90 días una auditoría para evaluar la calidad de prestación de servicio; 3) evaluar la posible caducidad del servicio. Ninguna de ellas resuelve la problemática de los afectados, ni establece una metodología de reparación económica. Pero lo más grave es lo que no se explica. El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre) es un organismo descentralizado en el ámbito del Ministerio de Economía, creado en el año 1992 con motivo de las privatizaciones, para regular las concesiones de transporte y distribución de energía eléctrica en el país. Posee un Directorio de cinco miembros, encabezado por Walter Martello como interventor, quien carece de formación en el rubro energético. Pero que el Enre necesite 90 días para presentar una auditoría de la empresa, revela que no realizó ningún seguimiento contractual en tiempo y forma, pese a que en diciembre del 2022 en Acta suscrita entre Energía, Cammesa y el Enre, se disminuyó en $ 47.000 millones la deuda de Edesur con el Estado. Surge entonces un interrogante nunca respondido: la tarifa que subsidia el Estado a Edesur y Edenor, incluye los costos de mantenimiento y de nuevas obras? Según la respuesta, se estaría configurando un engaño estatal o bien una estafa privada, por lo que el debate no debería ser “más o menos Estado”, sino “mejor o peor Estado”.

Buenos Aires, 22 de marzo 2023