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Meta versos numéricos

El objetivo de la propaganda política de influenciar para que los ciudadanos adopten determinadas decisiones a través de mensajes simples que lleguen a todos los sectores sociales, incluye referencias numéricas y económicas aisladas para otorgar solidez al discurso político. Para ello se utilizan falacias de evidencia, un tipo de meta verso verbal (no confundir con el metaverso de inteligencia artificial), consistente en interrelacionar solo las cifras que conviene al político partiendo de bases comparativas distintas. Esta argucia permite que se pueda expresar impávido que después de China somos el país que más creció en el mundo, u otras afirmaciones similares que dejan a los ciudadanos como bebes sin pañales en una cuna.  

Pero usados de modo didáctico y sin manipulaciones, los números pueden ser de gran utilidad para extender la comprensión de la realidad política a todos los ámbitos sociales. Para ello es imprescindible partir de bases ciertas, siendo responsabilidad del Estado, como cuerpo político de una sociedad responsable de conducir y definir el perfil de un país, brindar cuadros con datos relevantes y fidedignos actualizados mensualmente, de modo que  oficialismo y oposiciones debatan propuestas coherentes y posibles en lugar de discutir la veracidad de los números. Un ejemplo es el índice de inflación, masivamente comprensible por su continuidad mensual y repercusión concreta en la economía y calidad de vida de cada ciudadano. No en vano se llegó a falsear este dato durante más de siete años. El índice de pobreza por su parte, tiene una repercusión más sectorizada según niveles socio-económicos, lo que no impide que discursivamente todos se preocupen por los pobres.

Cabe reflexionar sobre dos conceptos habituales en el discurso político: distribución del ingreso y sectores vulnerables. Un indicador internacional reconocido es el PBI, que permite medir comparativamente la riqueza tangible de las naciones. Pero llevado al ingreso per cápita según cantidad de habitantes, se produce la distorsión ejemplificada por el semiólogo Umberto Eco: “en el arte de la estadística si un hombre come dos pollos y otro ninguno, el resultado da invariablemente un pollo por cabeza”.

Existe un índice internacional más preciso pícaramente obviado, que mide la política distributiva y equidad social en función de la pirámide salarial y jubilatoria estatal: cuanto mayor es la diferencia entre el vértice y la base, el país es más pobre. Si se toman las jubilaciones estatales argentinas, sean percibidas vía Anses o regímenes de privilegio, se observa que a valores de marzo/2023, la jubilación mínima será de $ 58.665 (no se consideran bonos otorgados por gracia del gobierno), y la máxima estimada es de $ 1.600.000 (no se considera eventuales pensiones agregadas a la jubilación) Entre el vértice (pocos) y la base (muchos), existe una diferencia de 28 jubilaciones mínimas. Otra distorsión surge cuando se presentan crecimientos globales en las tasas de empleo. Para tener una perspectiva correcta en cuanto a tipo y calidad de empleo, el Estado debiera presentar un cuadro laboral mensual que indique cantidad de asalariados privados, asalariados estatales, autónomos, monotributistas, cuentapropistas no registrados, y considerados ocupados por tener planes sociales. La sola palabra “crecimiento” no es suficiente.

Un tema recurrente es el referido a la deuda pública, que el discurso circunscribe al FMI, aunque en los últimos años comenzó a considerarse la incidencia de la deuda interna en pesos. Debiera existir un cuadro oficial mensual que indique montos actualizados de deuda en monedas extranjeras y en pesos. La información puede profundizarse vía Internet a través de un link, que despliegue el detalle de montos según acreedores, tasas de interés y desembolsos previstos. Por ejemplo, partiendo de noviembre del 2019, fin del gobierno anterior, se destacan el desembolso del FMI de u$s44.150 millones, y un saldo líquido de reservas de u$s 14.000 millones. En este gobierno, a octubre de 2022 el total de deuda pública a valor dólar alcanzó los u$s 384.104 millones, o sea u$s 83.000 millones más que en noviembre de 2019. Si del total dolarizado extraemos la deuda en pesos, esta alcanza los 24 billones, que vencen en 2023. Como estos datos son originados en analistas financieros, es necesaria una información oficial fehaciente al respecto. De este modo durante la campaña electoral en lugar de opinar irrelevancias como que la deuda es manejable o que es una bomba próxima a estallar, los candidatos con ayuda de los banqueros, debieran explicar cómo se refinanciará y pagará.   

Buenos Aires, 22 de febrero 2023

Mensajes enlatados

La propaganda es un instrumento comunicacional ineludible en una campaña electoral, que no puede confundirse con publicidad por perseguir un fin político y no comercial, ni tampoco con tener objetivos didácticos, pues su designio es convencer y subyugar. Sus principios básicos se crearon en las primeras décadas del siglo XX por representantes de totalitarismos, unos de izquierda (Lenin y Trotsky), y otros de derecha (Hitler y Goebbels). Por su alcance masivo, los mensajes aplican entre otras reglas, las de simplificación (deben ser breves y comprensibles), y de unanimidad (deben convencer que el líder o candidato piensa y actúa como desea o conviene a la mayoría). El psicólogo británico Bartlett, que en la década del 40 la estudió desde lo cognitivo, la definió “como una tentativa para ejercer influencia en la sociedad, de manera que las personas adopten una opinión y una conducta determinadas”.

Ante el comienzo del proceso electoral, es oportuno plantear algunas reflexiones. Si bien inicialmente las continuidades de nuestras perennes dirigencias políticas facilitan un análisis ciudadano crítico basado en el conocido eslogan de un supermercado “Yo te conozco”, suponen a su vez un gran desafío para quienes deban diseñar campañas coherentes y convincentes tanto para el oficialismo como para las oposiciones. Tal dificultad se reflejó en el spot presidencial de dos minutos de duración emitido a inicios de este año, que transparentó tal disociación con la realidad que ni siquiera puede ser tildado de manipulador. Comienza con un ombliguismo político habitual, en el que el presidente Fernández se refiere a una opinión del ex presidente Macri, tras lo cual se despliega un “collage” de imágenes que incluyen la frivolidad de su entorno familiar con perro incluido, mezcla épocas y personajes disímiles, intenta mimetizarse con méritos ajenos, abunda en abrazos, sonrisas y alegría, obviando toda referencia a las urgencias sociales, inflación y pobreza. El resultado es una falta de coherencia estructural que impide lograr un mensaje claro y potente recordable, que es el peor vicio de una propaganda política. La utilidad del video excede a sus particularidades, porque ejemplifica las dificultades que tendrán los candidatos para presentar campañas creíbles.

Tras la crítica corresponde incursionar en un campo propositivo acorde a la situación del país. La propaganda política se sustenta en un trípode soporte del candidato y/o partido, conformado por la pata visual, la discursiva y la programática, que debieran conformar un todo que contenga claridad, veracidad y coherencia. Como ejemplo vale recordar la campaña electoral de 1983, pues tras más de seis años de dictadura se desarrolló en un marco de estructuras partidarias en reconstrucción con escasos recursos económicos, y un entusiasmo político ciudadano en el que la esperanza suplía a las militancias rentadas. En este contexto de recursos escasos, en el que reconocidos publicistas argentinos debían extremar su creatividad, la campaña del candidato triunfante Alfonsín estuvo a cargo del prestigioso David Ratto, que trabajó ad honoren. Como soporte inicial invalorable tuvo la credibilidad que emanaba del candidato. El diseño del isologo (denominación que se da a una imagen de comunicación visual fácilmente recordable e identificable), fue un óvalo con los colores de la bandera nacional como fondo y las siglas RA en el centro, mimetizando las referencias República Argentina y Raúl Alfonsín, que subliminalmente asociaba al candidato con argentinidad, excluyendo referencias ideológicas o al pasado. En cuanto a la imagen, y sabiendo que los políticos en ámbitos públicos siempre saludan, aunque los insulten, se resolvió con el candidato uniendo sus dos manos volcadas a su izquierda a la altura del hombro. En los actos lo discursivo se cerraba con el recitado del preámbulo de la Constitución argentina, como claro símbolo de institucionalidad. Y como síntesis de la plataforma electoral, se realizó un armado con los denominados “100 medidas para que su vida cambie”, que permitía su publicación en medios gráficos a página completa, para ser leídas, entendidas y guardadas. Esta coherente integración entre candidato, gráfica, discurso y plataforma, hoy parecería imposible atento a las disoluciones partidarias y una grilla de candidatos plagados de fracasos. 

Pero pese a este marco de escepticismo el país reclama una oportunidad, que debiera nacer desde los propios ciudadanos antes que desde la oferta de candidatos. Para lograrlo se deberá extremar tanto el espíritu crítico para detectar falacias y contradicciones en el discurso político, como las exigencias para que se presenten compromisos programáticos con argumentaciones coherentes que demuestren que son de interés general y factibles. Nunca es tarde.

Buenos Aires, 15 de febrero 2023

De un tuit a un juicio político

Las crisis recurrentes deben analizarse en el marco de un contexto temporal definido, que incluya un pasado reciente generacionalmente conocido por gran parte de los ciudadanos, identifique causales de los males presentes, y obligue a definir un futuro cercano, dado que las anécdotas puntuales, aún valederas, no son sino secuencias de una forma de ejercer el poder público.  En consecuencia, para intentar entender cómo con una crisis económico-social inédita en los últimos 30 años, los debates se concentran en acusaciones entre funcionarios de integrar mafias estatales (en muchos casos reales), y encarar un extemporáneo juicio a los integrantes de la Corte, se considerará el período comprendido entre  el 18 de mayo de  2019 hasta diciembre del 2024, dado que el ciudadano con su voto no podrá evitar que muchos de sus responsables continúen actuando en el año 2024 y subsiguientes. En este ejercicio los antecedentes y hechos concretos deben primar por sobre promesas, propagandas banales y frivolidades discursivas.

En mayo de 2019 Cristina Kirchner anunció por tuit que la fórmula electoral de su Frente se conformaría con Alberto Fernández como precandidato a presidente y ella a vicepresidenta. Al no ser objetada la decisión por sus aliados, ratificó su rol de líder indiscutida de un espacio con aura de progresismo de izquierda rentada, y dejó expuesta la mediocridad de quienes la rodean, gobernadores inclusive, expectantes de contar con su bendición para ambiciones futuras.  Semanas más tarde, Fernández acordó con Massa su incorporación al Frente de Todos, que resultó triunfante en las elecciones presidenciales. En ese entonces la decisión de la vicepresidenta motivó una hipótesis: Fernández, carente de estructura para competir por espacios de poder y con experiencia administrativa, aportaba su condición de lobista judicial para lograr al menos la impunidad de la vicepresidenta y su entorno familiar; y Massa contribuía con su condición de lobista en círculos empresariales relacionados con negocios con el Estado. Pero más allá de esta hipótesis, ya entonces surgieron constataciones  y repercusiones partidarias inmediatas.  

Los antecedentes de centroderecha de Fernández y Massa, mostraron que como en las mafias, en los acuerdos para mantener poder y/o negocios las ideologías o viejos agravios no constituyen obstáculos, aunque encierran un riesgo latente que describiera Maquiavelo hace más de 500 años: la traición de los mercenarios. Asimismo en cuestión de horas, Cristina Kirchner al lograr la licuación del peronismo autoproclamado federal, con Massa saltando al kirchnerismo y Pichetto como vicepresidente de Macri, demostró que opciones serias de gobierno no pueden armarse en pocos meses, o con figuras emergentes disruptivas carentes de estructuras nacionales consolidadas. Pero la enseñanza más grave surgió una vez iniciada la gestión de gobierno: tampoco pueden ofrecer coherencia para gobernar, más aún cuando se carece de un programa de gobierno sólido, compartido y explicitado, espacios mayoritarios que incorporen a oportunistas que se suponen útiles para ganar, pero un lastre para gobernar. Transcurridos casi cuatro años de emitido el tuit y vistas las consecuencias, es importante debatir en la presente campaña electoral si es admisible que la legislación vigente permita que los integrantes de una fórmula presidencial estén procesados o condenados por delitos contra el Estado, considerando su potestad de elegir a todos los integrantes de organismos de control que deben defender los intereses del Estado, y no el de quienes los designan. Los daños institucionales quedaron actualmente expuestos con un gobierno que en defensa de prioridades personales, dedicó al menos la mitad de su gestión para operar sobre el campo judicial en busca de impunidad por actos de corrupción estatal-privada, en detrimento de lo que exige la situación económico-social.

Para evitar esta inconsistencia que entre otros efectos promueven campañas falaces como “Cristina (o quien fuere) está proscripta”, se debería debatir que, considerando antecedentes de países desarrollados, un procesado o condenado esté impedido de integrar cuanto menos una fórmula presidencial, para que sus integrantes y adherentes no puedan utilizar todas las estructuras ejecutivas, legislativas y judiciales disponibles para atacar, degradar o sustituir a quienes pretendan actuar eficazmente en causas de corrupción contra el Estado. La ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional, en su inciso c) del Artículo 5° señala que no podrá ingresar a la administración “el que tenga proceso penal pendiente que pueda dar lugar a condena por los delitos dolosos o contra la Administración Pública Nacional”. En esta reflexión no se menciona a la insulsa ley de Ética aplicable a quienes ejercen la función pública surgida por imposición de la Reforma constitucional de 1994, porque en las mafias el término ética es reemplazado por el término códigos.

Buenos Aires, 08 de febrero 2023

Entre mafias y elecciones

“Mafias” y “elecciones” son expresiones que marcarán el devenir político del presente año. En el primer caso, debido al invalorable aporte de gran parte de la clase política, que al catalogar en sus discursos y redes sociales como “mafiosos” a altos funcionarios oficialistas, opositores y judiciales, permite que mafia deje de utilizarse como metáfora para ajustarse a una realidad explícita, aspecto que no deberán obviar los análisis políticos. En cuanto a las elecciones, se presentan dos etapas: la que culmina el 24 de junio como fecha límite de presentación de listas de precandidatos, período durante el cual los políticos negocian apasionadamente intereses personales, mutaciones partidarias y ubicaciones en las listas sábana, para encarar luego la campaña electoral que definirá quienes conducirán el país a partir de diciembre. En este contexto, los ciudadanos deberán esforzarse en detectar los mensajes falaces, pero partiendo de considerar al sistema democrático de gobierno como el mejor entre los posibles, y que la frase “todos los políticos son iguales” no se utilice para encubrir corruptos.  

El inédito reconocimiento de la existencia de “mafias” políticas estatales, fue consecuencia de que muchos de sus partícipes al ver amenazados judicialmente sus negocios, patrimonios y libertades, se ven obligados a actuar como mafiosos cercados por la policía tratando de escapar a los tiros y a cara descubierta, disimulando sus objetivos de lograr impunidad tras engañosos debates constitucionales e ideológicos. Para esta estrategia cobran relevancia “personajes secundarios” poco conocidos públicamente, tales como jueces y fiscales federales en provincias, abogados todo terreno, burdos espías públicos carentes de inteligencia, y muchos gobernadores, legisladores, sindicalistas y empresarios que temen que si se acabara la mafia que simulan denunciar, la justicia podría ir por ellos. Lo que explica que la condena judicial a una vicepresidenta y sus partícipes necesarios genere tal descalabro institucional, en el que los acusados y/o condenados por corrupción, en cabeza nada más ni nada menos que del presidente, acusan y pretenden destituir y/o eliminar a quienes los juzgan y condenan,

Consolidar mafias estatales, y en especial en un sistema democrático, necesita de tiempo y complicidad de un amplio espectro político que vaya desvirtuando legislaciones virtuosas basadas en el interés ciudadano mayoritario, para sustituirlas por las que fomentan privilegios políticos elitistas, sean salariales, administrativos o penales. Por ello la irrelevancia de catalogar la acción de gobierno como “alejada del interés y urgencias de la gente”, cuando desde hace décadas estas agendas políticas han sido recurrentes: regímenes jubilatorios privilegiados, reformas electorales oportunistas para restringir el poder del votante a elegir, capciosas interpretaciones penales de los fueros legislativos, ejercitar el secreto de la información pública y en paralelo acudir al espionaje ilegal para coaccionar y no para castigar, promover reformas procesales que permitan que corruptos enriquecidos transiten su vida política siendo “inocentes hasta que no se pruebe lo contrario”, condonar millonarias deudas impositivas a amigos del poder. Hechos que una vez más, certifican que en el mundo de las mafias no hay derechas e izquierdas. 

En este contexto quienes pretenden presentarse como una opción de gobierno no pueden limitarse a expresar indignaciones y críticas inconducentes, colaborando con la estrategia de las grandilocuencias que eviten centrarse en aclarar y/o explicar corrupciones concretas,  pues resulta evidente que las causales para promover el juicio político de todos los integrantes de la Corte Suprema no son las de un régimen de coparticipación federal, cuya obligación constitucional de reformularlo está incumplida por los políticos desde 1996, ni una de las tantas modificaciones sufridas por el Consejo de la Magistratura, que entre paréntesis jamás sancionó a un juez y/o fiscal por corrupción, sino el de lograr impunidad judicial incluso por sobre el objetivo de mantener el poder.

Para fundamentar esta hipótesis, cabe preguntarse cómo se llegó a esta debacle, subyacente desde hace décadas tras cuarenta años de democracia. Será tema de la próxima reflexión, partiendo de una fecha clave no muy lejana: 18 de mayo de 2019.

Buenos Aires, 01 de febrero de 2023

Novelas de espías criollos

Para no perder la dinámica de las reflexiones políticas, y dado que las vacaciones predisponen a la lectura, las novelas de espionaje de autores reconocidos como Graham Green, Ian Fleming y John Le Carré son adecuadas, porque cruzan intereses nacionales con contextos geopolíticos, y la diferenciación entre personajes patriotas, oportunistas y traidores suele ser difusa. Pero nuestros espías criollos son especiales: omiten tareas de inteligencia, no protegen contra amenazas exteriores e interiores, repiten el recurso del anónimo, escuchas o denuncias de personajes secundarios sin aporte de pruebas, y promueven la impunidad judicial. Además, son públicamente conocidos y torpes, por abundar en políticos, legisladores, jueces, fiscales, empresarios o delincuentes todo servicio, al punto que actualmente desfilan por siete juzgados federales: Servini de Cubría; Martínez de Giorgi; Ercolini; Capuchetti; Martín Bava (Dolores); Kreplak (La Plata) y Catania (penal-comercial). Parece una parodia que recuerda al éxito televisivo de Superagente 86 en la década del 60, pero no lo es.

La conocida causa de sobornos en el Senado estableció una matriz hoy vigente. Tras la reforma laboral que fuera aprobada en el año 2000 con apoyo parcial de senadores justicialistas, el sindicalista Moyano declaró a la prensa que el Ministro de Trabajo Flamarique afirmó que para convencer a los senadores tenía la Banelco. Días más tarde un funcionario secundario “todo terreno” llamado Daniel Bravo, encontró un anónimo en un cajón del Senado, generándose un caldo de cultivo que derivó en la renuncia del vicepresidente Alvarez y la crisis 2001-2002. A mediados del 2003, con Néstor Kirchner recientemente asumido, apareció como arrepentido el secretario parlamentario radical Pontacuarto, afirmando haber participado en el pago de los sobornos, y que previo a la denuncia se había reunido con el Jefe de Gabinete de entonces, Alberto Fernández. La causa atravesó los juzgados de Liporace, Oyarbide, Canicoba Corral, y finalmente Rafecas, quien dispuso varios procesamientos encabezados por De la Rúa. En el año 2013, el Tribunal Oral Federal 3 (jueces Pons, Gordo y Ramírez), en un fallo de 3000 páginas, no solo absolvió a todos los acusados por no haber aportado los testigos pruebas del supuesto delito, sino destacó las inconsistencias y contradicciones de Pontaquarto, “la mendacidad” del testigo Aníbal Ibarra, y las “imprecisiones y vaguedades” de Bravo al intentar aclarar el motivo de la reunión de Pontaquarto con Fernández. También se señaló la parcialidad investigativa del juez Rafecas. En diciembre de 2015, a 12 años de presentada la denuncia, la Cámara Federal de Casación confirmó el fallo absolutorio. Lo ilustrativo del caso es que la absolución no asegura que no hubo sobornos, sino que los denunciantes y más de cien testigos no aportaron pruebas. Pero como en los actos mafiosos el objetivo no es la verdad, sino la obtención de réditos políticos subalternos inmediatos, a costa de crisis sociales si es necesario, lo importante es destacar una matriz que se mantiene vigente: 1) un denunciante sin pruebas (Moyano); 2) el uso de un anónimo (Bravo); 3) un tardío arrepentido (Pontaquarto); 4) la acción de promotores políticos (Fernández e Ibarra). Comparemos similitudes con ejemplos de actualidad:

1.- Muerte del fiscal Nisman. La matriz presenta cuatro instancias concomitantes: 1) neutralización de costos políticos: desprestigio inmediato de la víctima por parte del gobierno; 2) encubrimiento: cuando el fiscal Taiano solicitó este año a la AFI el listado de los 89 espías que registraron intercomunicaciones activas el día de la muerte de Nisman para citarlos a declarar, la entonces interventora Caamaño informó que 64 de ellos, como si fueran vendedores puerta a puerta rotativos, ya no pertenecían al Organismo y se desconocían sus paraderos; 3) impericia investigativa judicial; 4) impunidad.

2.-  Operativo “puff” de la causa Cuadernos. En enero de 2019 se presentó ante el juez Alejo Ramos Padilla en el Juzgado Federal de Dolores el empresario Etchebest, denunciando que el abogado D`Alessio intentó extorsionarlo en nombre de Stornelli, fiscal actuante en la causa Cuadernos, bajo amenaza de incluirlo en la misma pese a ser ajeno a ella. Matriz: 1) denunciante “secundario” desconocido, que estaría residiendo en el exterior; 2) elección de Juzgado: Dolores. 3) inmediatez en el impacto político: el 13 de marzo el juez Ramos Padilla realizó una presentación pública inusual en una Comisión de la Cámara de Diputados presidida por el diputado Moreau, brindando información reservada de una supuesta red de espionaje paraestatal; 4) demorar la elevación de la causa a juicio oral, para que no declaren Etchebest y cantidad de testigos secundarios que pululan ya no por los “sótanos de la democracia”, sino por los despachos de funcionarios.

3.- Atentado contra la vicepresidenta, causa a cargo de la jueza federal María Capuchetti. A más de un mes del intento de homicidio, se presentó como denunciante “secundario” Jorge Abello, afirmando haber oído en un bar al diputado Milman de Cambiemos, expresar días antes del atentado: “Cuando la maten yo estoy camino a la costa”. Frase que no escuchó quien lo acompañaba en la mesa, y que una verificación judicial mostró la imposibilidad de hacerlo dada la distancia con la mesa ocupada por Milman, por lo que Abello sería acusado de falso testimonio. Lo relevante es la matriz: 1) Denunciante “secundario” relacionado con la política (asesor en la Cámara de Diputados); 2) Denuncia tardía a más de 30 días del atentado; 3) Inmediatez en la propagación coral para dar por veraz el hecho. La diputada Osuna, por ejemplo, le gritó a Milman en el recinto: asesino!!

Como se observa, los servicios criollos de espionaje sin inteligencia son únicos en el mundo.

Buenos Aires, 27 de diciembre 2022

Tras un breve tratamiento de control emocional para afrontar los discursos de campaña y operaciones de espionaje, la próxima newsletter será el miércoles 01 de febrero de 2023.

Nuevo ejercicio político

En la newsletter del 7 de diciembre pasado, considerando un listado de 100 apellidos de políticos, economistas, sindicalistas y empresarios de relevante incidencia directa y/o indirecta en los gobiernos de los últimos 25 años, y ante la realidad de que permanecerán a partir del 2024 con independencia del resultado electoral, el interrogante era que expectativas tenía el ciudadano respecto a lograr transformaciones estructurales necesarias para generar un sostenido desarrollo nacional. Entre los apellidos mencionados, que en muchos casos albergan familiares, se destacaban Kirchner, Macri, Alberto y Aníbal Fernández, Massa, Manzur, Zannini, Parrilli, Pichetto, Negri, Rodríguez Larreta, Insaurralde, Espinoza, Berni, Moreau, Mussi, Secco, Rodríguez Saa, Gioja; Capitanich, Zamora, Soria, Schiaretti, Ricardo Alfonsín, Solá, Scioli, Ritondo, Bullrich, Carrió; Morales, Insfrán, Santilli, Pérsico, Granados, Descalzo. A nivel economistas, Lavagna, Prat Gay, Loustau, Redrado, Melconian, Kicillof y Nielsen. En cuanto a sindicalistas, Genta, Daer, Barrionuevo, Cavalieri, Lingeri, Moyano, Gerardo Martínez, Andrés Rodríguez, Piumato, Santa María, Maturano, Baradel, Yaski y Biró. Entre los empresarios, De Mendiguren, Bulgheroni; Eurnekian; Weiss, Werthein, Sigman; Eskenazzi, Chernakoski, Caputo, Manzano, Vila, Cristóbal López, Gerardo Ferreyra, De Narváez, Roemmers, Belocopit, Figueiras, Acevedo, Pérez Companc, Midlin y Madanes.

El presente ejercicio incursiona en lo ideológico, y el interrogante consiste en adjudicar entre las categorías políticas de izquierda, centro y derecha, la que se considera corresponde a cada uno de los mencionados en la lista. Pero como el discurso político les quita contenido, adquiriendo la superficialidad de los eslógans, el participante deberá indicar al menos tres características excluyentes de dichas categorías. Caben algunas observaciones previas: 1) A nivel de partidos, se considera como unidad electoral representativa a las coaliciones, siendo el radicalismo, peronismo, socialismo u otras expresiones, versiones líquidas que circunstancialmente confluyen en coaliciones fluctuantes, en base a cargos antes que en programas compartidos. 2) En lo político, cabe tener presente que nadie dudaría en ubicar a Stalin como representativo de la izquierda, y a Hitler de la derecha. Sin embargo, ambos fueron sangrientos dictadores, con economías concentradas, expansionistas territoriales, racistas y amantes de las monumentalidades. 3) En lo económico, los extremos estarían representados por Karl Marx, expresión del materialismo histórico de izquierda planteado en “El capital”, y en Adam Smith como epítome de la derecha liberal capitalista, formulada en la “Riqueza de la Naciones”. Lo relevante es que, en sus divergencias y convergencias, ambos desarrollaron posturas inteligentes que tuvieron gran influencia en el desarrollo de la economía moderna, por lo que los preconceptos vacíos planteados tipo “grieta” son engañosos. De todos modos, para cumplir con el objetivo de un aprendizaje comprensible para todas las franjas socio-culturales, es suficiente saber que el término economía proviene del griego y significa “administración de una casa”, tarea que todos los habitantes deben afrontar, lo que les permite entender conceptos básicos como ingresos, gastos, ahorros, préstamos, deudas, inflación y pobreza, para formarse una opinión. Cumplida la anotación de tres condiciones excluyentes que se supone caracterizan a la izquierda, centro y derecha, comienzan los interrogantes, tales como:

1.- Cuál de las tres categorías adjudicaría a Cristina Kirchner, Macri, Alberto Fernández, Massa; Larreta, Zamora, Insfrán, Moreau y Morales?

2.- Los Moyano y Berni son de derecha o izquierda? Para evitar escapismos, en este caso no se acepta la opción centro.

Último momento. Ayer, 20 de diciembre, se produjo una ejemplo práctico e inédito por su magnitud, para comprender el término POPULAR: multitudinaria autoconvocatoria de diversas generaciones, niveles sociales y tendencias políticas, para honrar el triunfo de un grupo de deportistas profesionales aunados en el esfuerzo y mérito de años, debidamente organizados y conducidos, y orgullosos de ejercer una representación nacional. Todo ello con la ausencia de políticos, sindicalistas, patoteros todo servicio, colectivos contratados y gestores de organizaciones sociales tomando asistencia a los subsidiados.

Buenos Aires, 21 de diciembre 2022

Todo tiene que ver

Conocido el fallo y las penas que el Tribunal aplicara por el caso denominado obras de Vialidad con epicentro en Santa Cruz, y más allá de las futuras apelaciones, es oportuno reflexionar sobre aspectos que adecuadamente evaluados, pueden generar un verdadero saneamiento institucional. La presente etapa puede describirse bajo la metáfora de que para curar al enfermo es necesario identificar la patología, para lo cual colaboran las recientes expresiones en el recinto del senador Parrilli, al afirmar que los jueces de la Corte “son unos mafiosos”, de altos funcionarios de gobierno replicando el término “mafia” para desacreditar a jueces, fiscales y periodistas, y el .senador Mayans sugiriendo “cambiar impunidad por paz social”. Ante estas concordancias, la palabra “mafia” dejó de ser un insulto circunstancial, para pasar a describir la enfermedad que el país sufre desde hace décadas, y explica su degradación económico-social: existe un Estado mafioso.

Ante este reconocimiento oficial, cabe identificar los patrones de conducta de los virus “mafiosos” políticos, que a diferencia de los clanes que competían por negocios privados, en las mafias estatales son los funcionarios quienes las encabezan y organizan las tramas para saquear recursos públicos. En ambos casos la conformación y consolidación de las estructuras mafiosas exige tiempo, requisito que cumplen nuestras dirigencias políticas y corporativas actuantes desde hace al menos 25 años. También son similares, con la salvedad del crimen, los métodos para conseguir objetivos: transacciones espúreas (coimas, privilegios), y coacciones directas (espionajes, amenazas, armado de situaciones comprometedores). El léxico mantiene una grandilocuencia amenazante, que en política se manifiesta en los términos proscripción, persecución, fusilamiento, golpe de estado, y similares. A nivel declarativo jamás se confiesa culpabilidad, y menos aún se explican las escandalosas fortunas obtenidas. En cuanto a repercusiones sociales, siempre existen grupos que, sea a mafiosos de antaño o corruptos modernos, se los justifica apelando al “roba pero defiende a los pobres”. En un contexto en que política y corrupción se imbrican es importante desentrañar los mensajes, por lo que vale destacar una frase pronunciada en redes sociales por la vicepresidenta para explicar el atentado contra su vida: “Todo tiene que ver con todo”. La frase presenta una dualidad oportuna para confundir: sirve tanto para armar relatos en donde con partes inconexas se intenta conformar un todo homogéneo falaz y persuasivo, o para lograr una sólida interrelación de partes veraces y verificables que permitan argumentaciones que justifiquen la toma de decisiones virtuosas. Un ejemplo de esta duplicidad lo brindó el presidente Fernández cuando descendió al “sótano de la democracia” para denunciar por cadena nacional una reunión de funcionarios, jueces y empresarios en el sur, basado en una escucha telefónica ilegal. Pero como entre los recursos mafiosos está el de operar, degradar, amenazar, igualar, pero sin llegar al juicio oral y público pues la verdad nunca es un objetivo, no se debe caer en la trampa de tomar partido inmediato ante denuncias, sino exigir el esclarecimiento judicial para comprobar inocencias y culpabilidades. Entender los métodos mafiosos es trascendente para lo que se avecina, pues se está transitando una muy dura etapa en la que coexisten una crisis económico social inédita, mafias sectoriales perennes que luchan para subsistir, oportunismos dialécticos carentes de políticas, y una oposición que pareciera repetir el error del actual gobierno en el 2019, que es armar acuerdos solo para triunfar.

Es importante también sacar a Cristina Kirchner como foco judicial excluyente (lo que era aceptable en la causa Vialidad por congregar a funcionarios políticos, empresarios y presupuestos con obras concentradas en Santa Cruz), para ampliar el espectro a otros personajes principales y secundarios nefastos, tal el caso del demorado juicio oral de la llamada causa Cuadernos. De la causa Vialidad cabe destacar un concepto con sentido exculpatorio hacia la vicepresidenta vertido por muchos de sus defensores, que sintetizara el ministro Massa en un tuit: “el veredicto es insostenible porque corta la cadena de responsabilidades administrativas”. El planteo, debidamente profundizado y clarificado por interrelacionar sistema político (presidencialista), estructura burocrática, circuitos administrativos y normas legales, transparentará las omisiones y contradicciones que posibilitan conformar una matriz de corrupción estatal-privada. Paradójicamente (o no?), en un Estado sobredimensionado.

Buenos Aires, 14 de diciembre 2022

Aprendizajes políticos básicos

La función de la educación pública básica es la de actuar como un igualador social que provea niveles básicos de entendimiento y análisis que permitan a cualquier ciudadano alcanzar la inteligencia que Maquiavelo denominaba “entender al menos lo que otros disciernen”. Virtud de la que carece la propaganda política moderna, que nacida a comienzos del siglo XX, no busca educar sino influir y dirigir la opinión pública con mensajes masivos que priorizan lo emocional antes que lo racional. Cuando el mensaje se sectoriza, se ingresa a las tareas de campo, como convencer a empresarios en un congreso, o a pobres del conurbano con la acción de punteros. Por ello es interesante decodificar la propaganda que se dirige a la sociedad en su conjunto, para lo cual hay que formar creativamente a los sectores sociales más postergados a fin de posibilitarles que formulen sus propios interrogantes, y detecten el sentido oculto y las contradicciones de los mensajes políticos, rompiendo con el preconcepto de que la adhesión de los pobres al kirchnerismo/peronismo es producto de su irracionalidad y/o bajo nivel cultural, cuando similar adhesión tienen vastos sectores corporativos, que a diferencia de los pobres, son muy ricos. Así como la escuela primaria nos igualaba para aprender a leer y escribir, similar criterio se debe aplicar para diseñar pautas analíticas que, comprensibles para todas las franjas socio/culturales, a modo de un entretenido juego plantee interrogantes personales trascendentes para la sociedad.

La palabra clave del juego para evitar preconceptos que impidan una visión general es equidad. En consecuencia, la problemática del delito común se debe tratar junto con la de la corrupción política; la de los planes mal llamados sociales con la de los planes de cargos políticos, y así sucesivamente. Superar esta crisis es y será duro, pero será imposible lograrlo sin desarmar privilegios y evitar saqueos a los recursos públicos. Menos aún gobernando a la manera de Don Corleone, negociando favores individuales y/o sectoriales con empresarios (léase dar dólares), o con grupos de presión piquetera (léase dar subsidios intermediados), para que la “familia” política mantenga el poder.

El primer ejercicio analítico básico consta de un listado de 100 políticos, economistas, sindicalistas y empresarios, relacionados con recursos, negocios y/o beneficios estatales, que tuvieron incidencia política relevante directa y/o indirecta durante los últimos 25 años, y muchos de los cuales desempeñan simultáneamente los roles de políticos, empresarios o sindicalistas. Como el ejercicio parte de un mismo valor de fichas, o sea de apellidos, no se incluyen valoraciones personales morales, éticas o intelectuales. El listado (se pueden armar otros similares), está conformado por los siguientes apellidos reconocibles:

A nivel político, Duhalde; Cristina Kirchner y familia; Macri; Alberto Fernández, Massa y familia Galmarini; Manzur; Zannini, Parrilli, Pichetto; Negri; Sanz; Naidenoff; Rossi; Rodríguez Larreta; Quintela y familia;Insaurralde, Katopopdis, Espinoza, Berni, Aníbal Fernández, Moreau y familia, Mussi y familia, Secco, hermanos Rodríguez Saa, hermanos Gioja; hermanos Capitanich, hermanos Urtubey, Gerardo Zamora y esposa, Soria y familia; Schiaretti y esposa, Ricardo Alfonsín, Felipe Solá, Scioli, Ritondo, Patricia Bullrich, Carrió; Gerardo Morales, Insfrán, Santilli, Donda, Carlos Alvarez, Raimundi, Basteiro, Eduardo Valdés, Vaca Narvaja y familia, Pérsico y esposa, Granados y familia y Descalzo. Como economistas Lavagna, Prat Gay, Loustau, Redrado, Batakis, Melconian, Kicillof y Nielsen. En cuanto a sindicalistas, Genta, Daer, Barrionuevo, Cavalieri, Lingeri, Moyano y familia, Gerardo Martínez, Andrés Rodríguez, Piumato, Santa María, Maturano, Baradel, Yaski, Biró, Palazzo y “Cachorro” Godoy. En el campo empresario De Mendiguren, Bulgheroni; Elsztain; Funes de Rioja; Eurnekian; Weiss, Werthein, Filiberti, Depresbiteris, Hugo Sigman; Eskenazzi y familia; Chernakoski, Caputo, Manzano, Vila, Cristóbal López, Gerardo Ferreyra, Coto, De Narváez, Braun, Roemmers, Belocopit, Marcelo Figueiras, Elsztain, Acevedo, Rocca, Pérez Companc, Midlin y Madanes.

Todos ellos, con independencia del resultado electoral mantendrán su presencia y/o influencia a partir de diciembre del 2023, por lo que el primer interrogante a plantear es el siguiente: ante este listado, cómo imagina el ciudadano que se puede producir un cambio profundo que derive en un sostenido desarrollo nacional, sin privilegios ni corrupciones?

Buenos Aires, 07 de diciembre 2022

Amnesia política selectiva

El actual gobierno presenta un fenómeno inédito en la política argentina, consistente en que quienes ejercen el poder omiten gran parte de su gestión simulando amnesias selectivas, pero sin poder evitar sufrir sus patologías: confusión y desorientación de ideas, recordar hechos pasados pero no presentes, e imaginar falsas confabulaciones. Este recurso plantea al marketing político el desafío de relacionar estas simulaciones con un diseño comunicacional electoral creíble y persuasivo.  Esta dificultad se transparentó en el acto realizado en el estadio único de La Plata para recordar el 50° aniversario del regreso de Perón al país, con Cristina Kirchner como única oradora.

Marketing es un concepto comercial relacionado con la promoción de productos, que aplicado al campo político promociona personas y mensajes. La diferencia estriba en que comercialmente un mal producto no puede sostenerse en el tiempo, pero políticamente es posible lograrlo con dinero público y manipulando leyes electorales que limiten el poder del  ciudadano. En sentido, en la campaña electoral los asesores de imagen y creativos publicitarios tendrán el desafío de promocionar a dirigencias fracasadas que se mantienen desde hace más de 25 años en posiciones de privilegio, muchas de ellas carentes de identidad e ideología, como fieles menemistas ayer que son sus feroces críticos hoy, o radicales que colaboraron con la caída de De la Rúa en el 2001 y mutaron en “radicales k” en el 2003, mientras el rebelde peronista Chacho Alvarez fuera premiado con un cargo diplomático. Estos acuerdos basados en “adhesión por cargos”, se observarán en las próximas negociaciones preelectorales. Pero el fenómeno nuevo a analizar, es el de funcionarios que en ejercicio de gobierno y manteniendo sus cargos políticos y privilegios, pretenden ser simultáneamente oficialismo y oposición, dificultándoles realizar una campaña electoral coherente con el contexto político-social. El acto en el estadio único de La Plata mostró claramente esta dificultad.  

En primer lugar, la envergadura de la convocatoria con la vicepresidenta como única oradora, revela que mantiene un poder de decisión excluyente en el Frente gobernante, y que por esta misma razón no puede desligarse de las responsabilidades asumidas en su gobierno. Pero también que con independencia de que Cristina Kirchner sea o no candidata a presidenta, será la que tome las decisiones más trascendentes. El resto de los que la acompañan están para quejarse, amenazar, negociar o ser bendecidos, pero no para liderar. En cuanto a la estética escenográfica y discursiva, ambas revelan actitudes manifiestamente conservadoras que se referencian siempre en el pasado. La escala monumental del escenario ocupado por una oradora única con adherentes enfervorizados en primer plano, remiten a totalitarismos de mediados del siglo XX, que hoy ofrecen los regímenes hereditarios de Cuba y Corea del Norte. En lo simbológico, una vez más se reutiliza a Perón, muerto hace 48 años, convirtiéndolo en un recuerdo al que se echa mano en épocas electorales o crisis extremas, y que incluyen oportunistas ovaciones de quienes lo combatieron o despreciaron. Más entusiasmo generan personajes contemporáneos como Néstor Kirchner, Hugo Chaves, Evo Morales y Rafael Correa, entre otros. A tamaña emocionalidad se pretende darle cierta consistencia citando cifras falaces o engañosas, como suele ser habitual en los discursos políticos.  

Los eslogan por su parte, intentan mimetizar el conocido “Perón vuelve” con “Cristina presidenta”, pero las distorsiones causadas por los efectos amnésicos comienzan a surgir cuando los mensajes pretenden instalarse en la actualidad, al plantear “el cambio somos nosotros” y “sí, se puede!!”, vociferados por  Máximo Kirchner. Pero lo más destacable es una frase de la vicepresidenta que marca una directriz comunicacional a futuro: “hacer lo que se tenga que hacer para que el pueblo recupere la alegría” (léase, cuando yo gobernaba). Pero una contradicción no deseada surgió cuando una imagen televisiva mostró al millonario heredero Máximo Kirchner y a la intendenta de Quilmes Mayra Mendoza saltando alegremente en la tribuna. Esta imagen excede al hecho puntual, porque muestra que en las últimas décadas abundan las dirigencias políticas y corporativas que jamás perdieron la alegría al calor de los recursos públicos. Lo que se pretende es mantenerla.

El análisis se centra inicialmente en el gobierno, dado que su estrategia de “amnesia selectiva” lo obliga a adelantar la campaña electoral fundamentalmente ante sus seguidores. Pero muchas de las observaciones formuladas serán aplicables a las diversas oposiciones y corporaciones. 

Buenos Aires, 30 de noviembre 2022

La serpiente en movimiento

La última reflexión se refirió a la cantidad de organismos y cargos políticos nacionales que configuran una organización burocrática sobredimensionada, conservadora y elitista que se la asimiló al “huevo de la serpiente”, destinado desde hace décadas a crear estructuras para mantener poder y privilegios que oficialismos , oposiciones y dirigencias enriquecidas pretenden mantener. La condición de elitista se expresa en la permanente creación de beneficios laborales, jubilatorios y salariales, de los que carecen empleados y ciudadanos comunes.

Es razonable estudiar a la serpiente estatal en movimiento a partir de 1997, mediados del último mandato de Menem, porque 25 años define a una generación, y el período alberga a la mayoría de las dirigencias que prevalecen hoy. Un certero diagnóstico de la actualidad, paradójicamente lo formuló hace más de medio siglo Juan Perón, a cuya memoria recurren personajes oportunistas y enriquecidos para encubrir delitos y malas praxis. En su libro “La hora de los pueblos”, escrito en 1968, señalaba: “Se habla de una crisis argentina porque su economía está en bancarrota, pero no se habla de una crisis mayor representada por una falta total de ética y honestidad que habiendo sido el comienzo, amenaza con ser también un final trágico de nuestros males. La crisis moral es el peor azote de la situación actual, con el agravante que ha sido provocada desde el poder, que se empeña con una contumacia incomprensible de mantenerla, y su solución ha de ser previa a toda solución”. Su precisión y actualidad exime de mayor comentario. Cabe citar ejemplos recientes de la serpiente en movimiento.

1.- Pese a que las políticas sociales públicas están a cargo de áreas específicas de Nación, provincias y municipios, para manejar sus recursos se insertó en la estructura estatal a líderes piqueteros, bajo el principio mafioso de canjear “paz social por dinero”, quienes a su vez financian sus propias subestructuras con dinero público. Ante un negocio tan lucrativo, más organizaciones pretenden ser beneficiarias, por lo que los piquetes continúan. La voracidad de la serpiente burocrática impulsó la realización en 30 días de una tardía auditoría de planes sociales. Vencido el plazo, surgió un igualmente tardío informe de la AFIP que detectó innumerables irregularidades, que en lugar de ser considerado positivo, se lo sospechó de “carpetazo”. La ministra Tolosa Paz señaló que las irregularidades alcanzan a solo el 0,3% del total de beneficiarios, dando de baja solo a 2.243 planes, que a $ 27.225 por cada uno, implica hasta el momento 61 millones de pesos por mes, los que sin seguimientos administrativos profesionalizados son deglutidos por la serpiente, debido a que la militancia rentada no brinda servicios públicos, sino autoservicios.

2.- Pasando al sofisticado campo empresarial, el ministro Massa presentó un nuevo plan de regulación de precios denominado “Justos”, sin que ningún funcionario o empresario supieran explicar a la sociedad que los convertía en justos, y con la presencia de Coto y De Narváez entre otros supermercadistas. A días del anuncio, el acuerdo basado en “paz de precios por entrega de dólares” no se había firmado, pues la serpiente burocrática no contaba con datos consistentes para definir productos, puntos de venta, distribución, y las contraprestaciones en dólares a los empresarios.

3.- En el campo judicial descolló el juez federal Martínez de Giorgi, quien sobreseyó al ex subsecretario legal y técnico de la Presidencia durante el kirchnerismo Carlos Liuzzi, acusado de enriquecimiento ilícito. Había ingresado a la función pública con 286.000 pesos declarados, y se retiró con departamentos en Puerto Madero, cocheras, empresas, autos BMW y una mansión en Marbella, en la que vive con su esposa. El juez de Giorgi se justificó en que no pudo determinarse si existió un incremento apreciable e injustificado de su patrimonio, debido a que un perito oficial presentó tarde y mal sus conclusiones. Pese a no aclarar porqué el supuestamente inepto perito oficial no fue sustituido en tiempo y forma, el juez de Giorgi no fue acusado hasta el momento de aplicar el “lawfare” en su fallo.

Estos e innumerables otros casos similares, demuestran que gran parte del “gasto público” no es en beneficio de los pobres, sino de la intencionalmente deformada estructura política de cargos ejecutivos, legislativos y judiciales, responsables de malas praxis, afectación de los recursos públicos, corrupciones e impunidades. Por ello, a la serpiente burocrática se la mantiene viva y engordando.

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2022