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Adorni, Pichetto y Pagano

Para formular análisis, argumentaciones y propuestas consistentes, los personajes y acontecimientos políticos no deben considerarse aislados, para convertirse en el corto tiempo en meras anécdotas, sino dentro de un marco ordenador en el que los actores y hechos en consideración, sino convencen, puedan reemplazarse por otros, y eventualmente arribar a distintas conclusiones. Lo importante es reflexionar con un cerebro que Maquiavelo llamaba “bueno”, intermedio entre “excelente” e “inútil”, y evitar que, tras 42 años ininterrumpidos de democracia, las dirigencias sigan considerando a los ciudadanos más crédulos que inteligentes, a través de eslogans y discursos prefabricados vacíos de contenido basados en la hipocresía, que el diccionario define como “el fingimiento de cualidades, sentimientos o normas morales contrarias a las que se tienen y practican, con el fin de engañar, aparentar virtud o buscar aprobación”. Para ejemplificar este recurso se eligieron a los tres apellidos mencionados en el título.  

Adorni no es citado por las acusaciones de enriquecimiento que se encuentra en instancia judicial y a la fecha sin procesamiento, sino por haber comprometido como vocero presidencial en conferencia de prensa, con tono firme y mirando fijamente a los presentes, que en el gobierno se terminarían las prebendas y encubrimientos, en una sobreactuación innecesaria, pues evitarlo no depende de la buena fe de algunos, sino de normas y leyes que los políticos evitan implementar, o simulan ignorar (tema de próximas reflexiones). El hecho repite la hipocresía del ex presidente Alberto Fernández, cuando al inicio de la pandemia anunció por cadena nacional el aislamiento social estricto, y mirando fijamente a la cámara expresó: “Conmigo los vivos se terminaron”.

Pichetto, diputado nacional de 75 años, de personalidad atildada y alejado de escándalos mediáticos, ilustra a las hipocresías desde la óptica de una generación que ocupa cargos políticos durante décadas, y mantiene una estrategia que ha demostrado ser nefasta para el país, consistente en reiterar clásicos rejuntes electorales que acumulan otrora enemigos y permanentes oportunistas, bajo la óptica de “unirnos y perdonarnos en contra de (en este caso Milei), para alcanzar el poder”. En su patriada, Pichetto convoca entre otros, a Cristina Kirchner, no por ser penalmente inocente sino por contar según él con el 30% de los votos, a Massa, Moreno y Grabois, a los volubles Monzó y Massot, pide perdón al “Gringo” Castro del Movimiento Evita por mencionarlo como manipulador de pobres, y posterga sus críticas a la Iglesia Católica por avalar la doctrina del “pobrismo”. En su acopio olvida al ex presidente Alberto Fernández. Esta estrategia produce dos constataciones 1) bajo el principio de que un apoyo político equivale a un cargo, se crean estructuras burocráticas inútiles o sobredimensionadas, que se expanden luego en cargos menores y nepotismos. (tema para una próxima reflexión). 2) según muestran los antecedentes de los acuerdistas de ocasión, en los rejuntes las categorizaciones de derecha, centro e izquierda no entran en debate. 

Marcela Pagano, legisladora y periodista de 40 años, es ejemplo de que una renovación generacional, por sí misma no asegura cambios de usos y costumbres políticas, y menos aún estructurales, en especial en un país con fuertes nepotismos. Pagano ingresó a la banca por la Libertad Avanza, y se transformó en una feroz opositora al gobierno, a través de operaciones y denuncias contra los principales funcionarios que rodean a Milei, apelando a la hipocresía al decir que lo hace para proteger al presidente. Como suele suceder entre mafias, las denuncias invocan combatir a la corrupción, pero solo la del enemigo. Ello se demostró en la operación de repatriación del gendarme Nahuel Gallo que mediáticamente encabezara Pagano, que contó con el apoyo logístico de transporte aéreo nada menos que del presidente y “honesto administrador de la AFA”, Claudio Tapia. El caso replantea a futuro el desgastado debate respecto a quien pertenece las bancas cuando se accede por listas sábana, y se abandona la representación surgida del voto popular. 

En estos ejemplos no se habla de moral y ética, porque en estas condiciones sería pecar de hipócrita. Nuevamente habrá que recurrir a Maquiavelo para definir perfiles, con su definición de mercenarios: “son ambiciosos, desleales, no tienen disciplina, como no tienen temor de Dios ni buena fe con los hombres”. En el entrenamiento para detectar incongruencias y falacias en el discurso político, también deberá incluirse a los mercenarios electorales.

Buenos Aires, 22 de abril 2026

Rusos, periodistas y legisladora

Para que sean ilustrativos, los análisis políticos no pueden considerar los hechos y escándalos individualmente encapsulados, sino formando parte de tramas más extendidas que permitan arribar a conclusiones racionales y consistentes que promuevan reformas institucionales virtuosas. Bajo esta óptica vale comentar la campaña de desacreditación del gobierno de Milei través de medios, plataformas y periodistas, mediante la propalación de mensajes falsos o capciosos, encuestas, y reportajes a políticos, analistas y economistas, financiadas por el gobierno ruso. Ello se detectó por filtración de informes de un grupo de espionaje conocido como La Compañía, obtenidos por un consorcio internacional de medios de investigación, que en nuestro país dio a conocer el periodista argentino Santiago O`Donnell, que integra dicho consorcio.

En primer lugar, sorprende la escasa cobertura periodística local para detallar a los involucrados, la forma de captación y pago de los servicios, considerando la intervención extranjera en nuestro país, pese a lo cual, periodistas banalizaron el hecho, señalando que esta práctica existe a nivel internacional, lo que es verdad; pero también existe la corrupción política, curas pedófilos, etc., y no por ello dejan de merecer investigaciones periodísticas acordes. El interés de Putin al respecto pareciera claro: desacreditar a un gobierno que rechazó la invasión rusa a Ucrania. Pero en cuanto a nuestros partícipes criollos, cabe establecer si actuaron solo por dinero, o existen nexos más peligrosos. Otro caso reciente lo protagonizó la periodista y legisladora Marcela Pagano en la operación para repatriar al gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido por más de 400 días por el autócrata gobierno venezolano, que contó con el apoyo logístico de transporte aéreo a cargo del presidente de la AFA Claudio Tapia, epítome de transparencia administrativa en el manejo de un organismo “sin fines de lucro”. Reporteada por la periodista Luciana Vázquez, Pagano afirmó haber enviado una carta al presidente del Consejo de Ministros de Venezuela, Rodríguez, que le fue respondida. Consultada si informó al gobierno de su gestión, respondió negativamente, por haber aplicado “la poco conocida diplomacia legislativa”, que no existe, pues la diplomacia como tal con gobiernos extranjeros, se reserva al presidente, cancillería y diplomáticos. Fuera de este circuito institucional, pueden compartirse internacionalmente diversos temas públicos y/o privados, incluidos espionajes y operaciones.    

Conocer el hecho revaloriza al periodismo, que en un ámbito de libertad de prensa y opinión, semeja al rol de libro de texto popular, que debidamente utilizado, facilita conocer y ejemplificar falacias y contradicciones dialécticas, para luego formular argumentaciones e hipótesis. Teniendo en cuenta que, en un país fuertemente corporativo en lo político, empresarial y sindical, el periodismo, sin cercenar su potestad de actuar, opinar y editorializar con total libertad, es una corporación más, que no en vano es mundialmente considerada como “cuarto poder”. Por ello debe aceptar someterse a escrutinios, que lamentablemente incluyen agravios. Pero también debe investigarse a sí mismo como en este caso, porque no es lo mismo periodistas que pueden cobrar extras de determinados sectores corporativos argentinos para propalar campañas prediseñadas, que hacerlo recibiendo contraprestaciones de gobiernos extranjeros para engañar y desinformar, a fin de afectar institucionalmente a un gobierno democrático. 

Ante este suceso se destacan dos actitudes. La del Gobierno, su inhabilidad o necedad al impedir el acceso de periodistas sospechados a conferencias de prensa oficiales, promoviendo el recurso marketinero del “escándalo”, que mezcla verdad con falsedad, e información con desinformación, lo que facilita que un elefante puede esconderse entre muchos elefantes, cuando los responsables deben ser identificados, no cancelados convirtiéndolos en víctimas, igualando a sospechosos con culpables. En lo que respecta a los periodistas, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), no puede remitirse a señalar la obviedad “de que las campañas ilegítimas afectan la confianza pública de los medios políticos”, sino poner en marcha las capacidades investigativas de sus miembros, para poner al descubierto a los responsables. Tarea que le compete, atendiendo a que el derecho a la información con rigor profesional es uno de sus postulados, y que además dicta cursos referidos a la desinformación.  

Buenos Aires, 15 de abril 2026

Poder judicial al desnudo

La enseñanza educativa básica parte de simples métodos de aplicación general. Para aprender palabras, se apela a la coordinación entre palabra (ejemplo, perro), imagen (de un perro) y características de los perros. Para explicar la corrupción con esta simpleza didáctica, surgió un hecho que, alejado de complejidades como lavados de dinero, sociedades fantasmas y operaciones financieras, posibilita entenderla: la aparición de la mansión de Villa Rosa en Pilar, con helipuerto, caballerizas y decenas de autos de alta gama, entre otros lujos,  relacionada con autoridades del fútbol profesional argentino (AFA), actividad que reúne a todos los sectores políticos, institucionales, empresariales, sindicales y delictivos, sin diferencias ideológicas o partidarias. Como dueños aparecen el monotributista Pantano y su madre jubilada Ana Conte, ante lo cual, el desafío es evitar la recurrente impunidad. La tarea la inicia el poder judicial, con una secuencia de actuaciones que exhiben un sorprendente juego de movimientos incluso en período de feria, que posiblemente no registre antecedentes. Para seguir su instructivo desarrollo y no viciarlo de subjetivismos, las actuaciones desarrolladas hasta el momento se detallan cronológicamente, sin ningún tipo de adjetivaciones.

1.- El caso de la mansión en Pilar se inicia a principio de diciembre de 2025, por una denuncia de la Coalición Cívica. Se designó a cargo de la investigación al juez federal Daniel Rafecas, que se declaró incompetente, y envió el expediente al juez Biscayart del fuero penal económico, quien también se declaró incompetente, y devolvió el expediente a Rafecas.

2.- Rafecas el 08 de diciembre dispuso vigilancia policial ante movimientos en el predio denunciados por vecinos, decidió una batería de medidas a través del fiscal Ramiro González, y el viernes 12 se allanó la mansión.

3.- A mediados de diciembre el camarista Bruglia le sacó la causa a Rafecas, para trasladarla al juez penal económico Marcelo Aguinsky y fiscal Navas Rial, quienes continuaron con los allanamientos, y citaron a declarar a los dueños Pantano y su madre Ana Conte.

4.- El defensor del Pantano pidió la suspensión de las declaratorias, y que la causa pasara al juzgado federal de Zárate-Campana, a cargo del juez federal Adríán González Charvay, quien aceptó, pese al rechazo de su fiscal Bringas, y pidió al juez Aguinsky que se inhibiera de seguir investigando, a lo que Aguinsky se negó.

5.- El 02 de enero de 2026, el juez Walter Saetone, del Departamento Judicial de San Isidro con asiento en Pilar, con el fiscal Camafreita, realizaron un allanamiento en el domicilio de Matías Yofre, perteneciente a la Coalición Cívica, y uno de los denunciantes de la mansión. 

6.- El 20 de enero Alberto Lugones, camarista federal de San Martín, ordenó que el expediente pasara al juez Charvay. Dado que esta Cámara le denegó un recurso extraordinario que cuestiona la competencia del juez de Campana, el fiscal Carlos Cearras presentó un recurso en queja ante la Cámara Federal de Casación, integrada por los jueces Carlos Mahiques, Daniel Petrone y Daniel Carbajo, para resolver definitivamente la competencia.

7.- Días después, aduciendo incompatibilidades, renunciaron los camaristas Mahiques en enero, y Petrone el 03 de marzo, siendo reemplazados por la jueza Angela Ledesma y Borinsky respectivamente. Con su nueva composición, la Cámara convocó a una audiencia para el 30 de marzo, a fin de que el defensor de los supuestos dueños y la fiscalía, argumenten porqué la causa debe quedarse en Campana.

8.- El fiscal de Cámara Mario Villar, advirtió en su dictamen que en Campana no existía una causa previa, sino un correo electrónico cursado a dicho juzgado por la defensa de Pantano, el mismo día en que éste debía declarar ante el juez Aguinsky. Villar afirma que, ““no hay una actuación o prevención policial, no es un requerimiento de instrucción y no es una denuncia. No puede existir una cuestión de competencia entre una causa y una no causa”.

9.- El 20 de marzo el juez Charvay ordenó allanamientos en la sede de la AFA en la calle Viamonte (pues en Pilar hay un baldío), y en el predio de Ezeiza.

10.- El 30 de marzo los jueces Borinsky y Carbajo suspendieron la audiencia prevista para que las partes fundamentaran sus posturas.

Al día de hoy, a 129 días de iniciada la causa, y con la participación de cuatro jueces federales, siete camaristas (incluye a los dos excusados), y cinco fiscales, no se resolvió la competencia definitiva, y el monotributista y su madre jubilada lograron no declarar. Excelente caso para los estudiantes de derecho. Solo resta decir …. continuará.

Buenos Aires, 08 de abril de 2026

Pagni, la niebla que clarifica

En los niveles de educación pública primarios, medios y superiores el rol que cumplen las bibliografías, a nivel de información masiva, lo proveen los medios de comunicación, que al carecer de una matriz formativa común, pueden aportar veracidad y conocimientos, o ser vehículos de campañas mediáticas tendenciosas y maliciosas. Pero producto del desarrollo digital, la histórica relación unidireccional entre emisor (el medio), y receptor (el usuario), se transformó en multidireccional, en donde se debe competir en un ágora ciudadana multitudinaria. Ello genera vías comunicacionales y formativas casi personalizadas, generando un cambio que bien sintetizara el experto en educación Alberto Taquini (h), en una columna periodística reciente, al decir: “En el siglo XX el sistema educativo organizó la enseñanza. El del siglo XXI comienza a organizar el aprendizaje”.

Es por ello que para interpretar el desarrollo de los hechos políticos de modo sencillo y al alcance de la mayoría de los ciudadanos, en lugar de opinar para convencer, será más útil ejercitarse en detectar omisiones, contradicciones y falacias en el discurso político, partiendo del hecho de que toda opinión que no se apoye en datos reales y verificables, que incluye encuestas, pasa a ser una verbalización subjetiva, y en muchos casos manipulada. La tarea exige un pequeño esfuerzo mental, acorde a las alternativas que Maquiavelo destacaba para elegir a los colaboradores de un príncipe: “Hay tres clases de cerebros: el primero discierne por sí; el segundo entiende lo que otros disciernen, y el tercero no discierne ni entiende los que otros disciernen. El primero es excelente, el segundo bueno y el tercero inútil”. El objetivo es alcanzar el nivel bueno, que ya es difícil para muchos políticos.

Reconocida la indudable importancia que tienen los medios de comunicación masivos, potenciada en nuestro país por un sistema democrático, que pese a su baja calidad institucional, posee libertad de prensa y de opinión, no se debe hablar de periodismo en forma genérica, sino basados en nombres propios de medios y periodistas, destacando sus perfiles y características. Es en este marco que coexisten medios tradicionales de esencia exclusiva periodística, los que diversifican el periodismo con otros negocios empresariales, los que surgieron y se mantienen con recursos públicos o sindicales, los que para sostenerse presionan por pauta estatal, los que priorizan el debate formativo o los propensos al escándalo, los que coaccionan a través de tapas de semanarios durante meses en modo campaña de desprestigio (Umberto Eco escribió una breve sátira al respecto titulada “Número Cero”), periodistas tradicionales de redacción florida reacios a los insultos, los ensobrados e independientes, y las fuentes de redes sociales y plataformas, donde compiten verdades y falsedades, nombres conocidos con identidades falsas. En esta amplia ágora pública, vale comenzar un ejercicio con un periodista profesional de vasta experiencia, cultural y profesionalmente formado, y que en sus columnas gráficas y televisivas aporta datos políticos relevantes: Carlos Pagni.  

En general sus columnas no se centran en un único tema de actualidad sino en varios simultáneamente. No es un periodista de investigación con equipos al efecto, por lo que no transcribe documentación relevante a certificarse judicialmente, si bien supone tener amplios contactos en altos niveles como fuentes reservadas. Se caracteriza por interrelacionar a lo largo del tiempo a personajes políticos, judiciales, empresariales, sindicales y privados conocidos, asociados en hechos presentes y pasados directa o indirectamente relacionados con el Estado, sea en negocios o negociados. Describe nepotismos, internismos, gestión de prebendas, sociedades y posibles corrupciones. Sus opiniones no son sesgadas (no es un mero propagador) pero son interesadas. Las consecuencias de sus comentarios las diluye al colocarlos entre signos de interrogación, citar que cercanías personales “salpican”, o cerrar un párrafo diciendo que son “habladurías”. Pero su gran mérito es que los personajes y relaciones citadas sin acusaciones concretas, son fidedignas, mostrando de modo nada abstracto lo que significa “casta” en nuestro país, que en las últimas décadas son peligrosamente apolíticas y fluctuantemente partidarias. Dato a tener en cuenta, en momentos que muchos beneficiarios del Estado, ya están pensando como subsistir en las elecciones nacionales del próximo año.

En cuanto a hechos, vale destacar al periodismo de investigación profesional (no confundir con operaciones), mucho más eficaz que organismos estatales destinados a combatir la corrupción. El caso AFA y la mansión en Pilar, por ejemplo, muestra una asombrosa e inédita movilidad judicial, con feria incluida, en la que compiten camaristas, jueces y fiscales para diluir la causa  unos, o avanzar a fondo otros, ratificando que para negociados, política y fútbol profesional coinciden. Por lo didáctico y popular, el caso vale seguirlo cronológicamente

Buenos Aires, 01 de abril 2026

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Mafias estatales en acción

El término “mafioso” suele ser aplicado por la clase política local contra quienes afectan sus patrimonios, intereses personales o de grupo. El último ejemplo lo protagonizó la ex presidenta Cristina Kirchner en el juicio oral por la causa conocida como Cuadernos, acusando de mafiosos a un juez y un fiscal. Pero sería un error considerar el uso del término como un exabrupto metafórico al que es afecto el discurso político, porque hay que aprovechar el conocimiento popular del que gozan las clásicas mafias criminales a través de películas y bibliografías que las describen fielmente, para constatar que nuestras mafias políticas replican sus estrategias, prácticas, usos y costumbres, salvo la práctica de “sangre y fuego”.  

La organización y ganancias de las mafias criminales tradicionales, se sustentaban en negocios clandestinos privados (juego, contrabando, prostitución, drogas), cuya complicidad estatal se resumía a que, con sobornos o amenazas mediante, funcionarios públicos “dejaran hacer”. Las mafias estatales por su parte, se diferencian en que son conducidas desde el Estado por funcionarios políticos asociados a cómplices privados, siendo las ganancias producto del saqueo de presupuestos públicos, mediante sobrecostos en la contratación de obras, bienes y servicios, y desvíos de partidas destinadas a beneficiarios sociales. Clarificada la diferencia estructural, comienzan las semejanzas operativas: amenazas, incluso en juicios (caso testigos en el juicio oral de la causa Cuadernos), espionajes solo para coaccionar y desprestigiar, campañas mediáticas que no apelan a la información sino a la confusión y tergiversación, y la tradicional “omertá”, como se observa con los presidentes de clubes de fútbol en el caso AFA. Lo expuesto no es novedoso, dados algunos antecedentes políticos al respecto, como la falsa denuncia contra el fallecido Olivera, candidato a intendente de CABA por la Coalición Cívica; la tarjeta Banelco para anular la reforma laboral, y el conocido “operativo Puff” para hacer caer la causa Cuadernos, entre las más conocidas. Todas operaciones en cabeza de grupos organizados, no de “lobos solitarios”. El desarrollo tecnológico perfeccionó la calidad de instrumentos documentales, como fotografías, filmaciones y grabaciones, sumado al uso de inteligencia artificial, pero no modificó lo humano en cuanto a estrategias, asumiendo que las Operaciones carecen de fines éticos y morales, que sus promotores suelen invocar hipócritamente para simular virtud. Se detallan cuatro prácticas.

1) Instalación de las denuncias. Suelen presentarse como “escándalos”. Para detectar contradicciones, se debe presuponer que tanto la Operación como la Corrupción denunciada, son posibles y pueden coexistir (caso Agencia de Discapacidad y su ex director Spagnuolo). De no encararlo así, el prejuzgamiento parcial invalida todo análisis posterior. 2) Inmediatez en los objetivos. Dado que las Operaciones tienen el objetivo de generar crisis, y de ser posible, forzar destituciones institucionales, el esclarecimiento no puede esperar a los tiempos judiciales, siendo la inmediatez de resultados esencial. Un condenado puede ser candidato a un cargo público, pero un sospechado debe renunciar. 3) Sustento de las denuncias. Consisten en supuestas pruebas escritas, grabadas o filmadas de origen anónimo, difundidas a través de legisladores, empleados o periodistas, incluso del mundo del espectáculo, que no certifican legitimidad, invocando la lógica reserva de fuentes. Las grabaciones y mails utilizan mensajes que presuponen diálogos comprometedores con el político a perjudicar, pero sin la contraparte verbal o escrita de éste. Los diálogos son crípticos, como “órdenes de arriba”, apodos, nombres sin apellidos, para no comprometerse penalmente. No se acusa con claridad probatoria; se echan sombras. 4) Fechas de producción de las supuestas pruebas. Este dato es relevante, porque es habitual observar que los documentos gráficos, grabaciones y mails dados a conocimiento público, tuvieron origen en varias semanas, meses e incluso años previos a su difusión (caso reciente del árbitro Lobo Medina con mails que refieren a un partido de fútbol del año 2021, entre Tigre y Mitre de Santiago del Estero). Ello indica que se esperan momentos oportunos para su difusión. Las Operaciones no son solo entre mafias y gobierno, sino también entre mafias.

Resta comentar el rol de los medios de comunicación, que oficiarán de bibliografía escolar para un aprendizaje básico y de comprensión masiva, sabiendo que tienen una valoración política dual según su utilidad circunstancial: pueden ser valiosas fuentes informativas y educativas, o vehiculizar maliciosas campañas mediáticas.  

Buenos Aires, 25 de marzo 2026

Política sin inteligencia artificial

En un mundo donde la inteligencia artificial se expande a gran velocidad, como muestra la tecnología militar en el actual conflicto bélico en Medio Oriente, y que en su versión más básica permite procesar y actualizar millones de datos en forma permanente, la política local y empresarial en cuanto a comunicación pública, usa solo la inteligencia natural, en donde lo discursivo intenta validarse con datos dispersos, de veracidad incomprobable y eventualmente mal intencionados. En el campo estatal el gobierno debe implementar una base con datos concretos de la organización institucional de los tres poderes del Estado, indicando organigramas internos de la administración central, entes descentralizados y empresas estatales, cantidad de personal en cada uno de ellos, subdivididos en cargos políticos sin estabilidad, personal de planta y contratado, con sus remuneraciones brutas, presupuestos anuales y erogaciones mensuales. De igual modo, el sector privado a través de las Cámaras pertinentes, deben indicar empresas afiliadas y/o relevadas con sus altas y bajas de personal, balances anuales certificados, y eventuales convocatorias. Esta información elemental, veraz y unívoca de acceso público obtenible con un simple click vía Internet, debe replicarse con los presupuestos provinciales y municipales en todo el país. El sistema permite que datos sospechados de falaces o equivocados, sean objetados y clarificados, y los ciudadanos comunes dejarán de tener que elegir entre distintas datos contradictorios y parcializados, donde la verdad compite con la desinformación. Cuando un dirigente, consultor o periodista diga “cerraron tantas pymes”, ello debe verificarse en la base de datos de la Cámara empresarial correspondiente, detallando zonificaciones nacionales, provinciales y municipales, para identificar áreas críticas, y desentrañar posibles causas de crisis.

Hasta que ello no suceda, de la relación datos-discurso cabe centrarse en el discurso, pues a diferencia de la matemática, en la que el orden de los factores no altera el producto ((3×4 o 4×3 da 12), cuando se opina o argumenta en base a datos, deben preceder a lo discursivo. Pero si los datos no son veraces, los números se transforman en meras palabras, fenómeno muy usual en la propaganda. Ello lo observó Lenin, quien inició las bases de la propaganda política moderna, cuando decía que la lucha económica por sí sola no crea conciencia política, sino que debe complementarse con cosas simples y visibles. Por ejemplo, si la cantidad de peluquerías disminuía, no era porque eran demasiado numerosas, sino porque las personas no tienen más que el dinero necesario para sus necesidades vitales (Jean-Marie Domenach – París, 1950). Aplicado a nuestra realidad, el interrogante puede ser si la falta de competitividad de determinadas grandes empresas es producto de importaciones tipo “dumping”, o bien porque ganan más y más fácil, siendo protegidas y subsidiadas.

Para comenzar con la evaluación de mensajes políticos, cabe considerar dos aspectos: 1) en cuanto a los emisores, la tarea se facilita porque prácticamente no rige el principio de Maquiavelo, que reza: “en general, los hombres juzgan más con los ojos que con las manos, porque todos ven lo que pareces ser, más pocos saben lo que eres”.La gran mayoría de nuestros dirigentes, vigentes desde hace décadas, son vastamente conocidos. 2) para detectar omisiones, contradicciones y falacias, cabe tener presente el factor hipocresía, que el diccionario define como “fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan”. Este aspecto es clave, porque en temas de corrupción los objetivos no suelen ser morales, sino los de ocultar, amenazar, demorar, igualar o coaccionar. Para potenciarlos, participan en su propagación personajes aptos para todo servicio, como el abogado Dalbón o la diputada y periodista Pagano.

El primer mensaje a considerar es recurrente: “La gente no llega a fin de mes”. Al decir “la gente”, se apela a la regla propagandística llamada de Unanimidad, basada en que la presión de mayorías, psicológicamente condiciona la opinión individual. Contra esta estrategia, cabe preguntarse si el presidente, vice, gobernadores, legisladores, intendentes, concejales, cargos políticos, jueces y diplomáticos de todo el país, “no llegan a fin de mes”. Porque de ellos depende el funcionamiento integral del Estado, y cobran por los impuestos que aportan los ciudadanos, incluidos los que no llegan a fin de mes.

Buenos Aires, 18 de marzo 2026

P.D.: para los que juegan a ser detectives en el campo judicial, tener presente que en el caso “AFA – Mansión en Pilar”, a más de noventa días de iniciada la causa, los “dueños” Pantano y su madre jubilada aún no fueron citados a declarar.

Autos chocadores judiciales

Las popularmente conocidas como “Causas en la AFA”, presenta una oportunidad didáctica para analizar prácticas corruptas activas o pasivas, porque al referirse al mundo del fútbol, no solo se cuenta con un conocimiento popular de base, sino permite observar interrelaciones entre múltiples actores de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, gobernadores, intendentes, sindicalistas, empresarios, testaferros, financistas y escribanos, sin que tal diversidad genere “grietas” ideológicas o partidarias. El desafío es entonces procesar adecuadamente el alud informativo de distintas calidades e intereses, para formular hipótesis coherentes respecto al desarrollo futuro de los hechos.

Las fuentes de información para hacer comprensible por la inmensa mayoría ciudadana un tema inicialmente complejo, serán las que proveen los medios públicos de comunicación masivos, que por actuar en un marco de ibertad de expresión, pueden educar, informar, desinformar, confundir, manipular o promover la reflexión. En esta oportunidad se priorizará el periodismo de investigación, que se apoya en datos y documentación pública y privada concreta y explícita, cuya veracidad final quedará a cargo del poder judicial. Ello no invalida al amplio campo de la opinión esencialmente subjetiva, que por carecer de documentación propia, suele ser más útil para detectar contradicciones. La presente reflexión por ejemplo, al sustentarse en información ajena se transforma en opinión, que solo busca formular una propuesta analítica comprensible y viable, que puede sustituirse por otra. Y por ser opinión, se obviará el juramento de decir la verdad, pues si la intención es engañar o manipular, no se confesaría. La duda en general, y en política y corrupción en especial, es un primer paso saludable.

Se partirá del accionar de los integrantes del poder judicial (jueces, fiscales y camaristas), como hilo conductor de los acontecimientos, pues tienen una responsabilidad y conocimientos para esclarecer los hechos. Como ordenamiento temporal, se considera como inicio común de las causas al 20 de noviembre de 2025, cuando la AFA otorgó a Rosario Central el título de campeón 2025, inexistente en el calendario anual. También se evitará el uso de adjetivos, sean o no ofensivos, pues ello implica prejuzgamientos que distorsionan los análisis, como así también usar lo que en propaganda se conoce como “enemigo único” sobre el que concentrar críticas. Por ello la causa AFA no se asimilará a “Chiqui Tapia y Toviggino”, dado que silencios y adhesiones masivas aconseja llamarla “dirigencia de la AFA y de los clubes”.

Debido a la intención de lograr una simplicidad explicativa de las causas, cabe detenerse en la físicamente reconocible, llamada “Mansión Villa Rosa en Pilar”, que comienza con un hecho judicial inédito, más aún en época de feria. Para explicarlo se utilizará como metáfora a los clásicos autos chocadores de los viejos parques de diversiones, que tiene su versión moderna en el entretenimiento digital. Imaginemos que cada integrante judicial partícipe a la fecha es un auto chocador, juego en los que unos intentan mostrarse hábiles para evitar choques, y otros buscan provocarlos, siendo el resultado final el caos. Por orden cronológico, desde diciembre de 2025, intervinieron los siguientes autos chocadores judiciales, considerando que un juez y su fiscal comparten el mismo auto, salvo el fiscal de Casación. Hasta el momento están jugando once autos chocadores, según el siguiente detalle cronológico:

Juez federal Daniel Rafecas y fiscal Ramiro González – juez penal económico López Biscayart – camarista Leopoldo Bruglia – juez penal económico Marcelo Aguinsky y fiscal Navas Rial – camarista Alberto Lugones – juez federal Gonzáles Charvay y fiscal Bringas – juez Walter Saetone y fiscal Camafreita – fiscal de Cámara Carlos Cearras – Cámara de Casación integrada por  Carlos Mahiques (se inhibió y lo reemplazó Angela Ledesma); Daniel Petrone (se inhibió y lo reemplazó Mariano Borinsky), y Javier Carbajo, quienes deberán resolver si la causa “Mansión en Pilar” corresponde al juez Aguinsky o al juez Charvay.

El juego despertó tal entusiasmo, que hasta el momento los supuestos “dueños” de la Mansión en Pilar, Pantano y su madre, no declararon.

Buenos Aires, 11 de marzo 2026

El helicóptero: ¿cuál de ellos?

Algunos hechos políticos actuales facilitan entender el principio del eslogan, instrumento básico de la propaganda, consistente en frases breves que sean fácilmente asimilables por todos los estamentos socio-culturales. Para lograr este impacto y ser eficaz, el mensaje debe presentar credibilidad social. Lo expresado puede ejemplificarse en el caso AFA, con la política inserta en el fútbol, y en declaraciones recientes, con la política institucional inserta en roles golpistas.

En el caso AFA, con dirigentes al frente de “entidades sin fines de lucro” que realizan costosos viajes en aviones privados, pretendiendo ocultar mansiones, autos de lujo, caballos de raza, balances, hace que su reciente comunicado planteando el eslogan textual “El fútbol argentino es el pueblo. Y el pueblo no se vende”, carezca de toda verosimilitud, y solo obre como un recurso ocultista. Pero cuando un eslogan se distorsiona y consolida a través de los años como instrumento de golpismo institucional, adquiere características extremadamente peligrosas. Tal el caso de las referencias políticas al “helicóptero”, asociándolo solo a la crisis del 2001, omitiendo al 2002. En primer término, cabe aclarar que en cuanto a realidades históricas, helicópteros asociados a golpes contra la democracia que partieron de Casa de Gobierno  hay dos: el que transportó a la derrocada presidenta Isabel Perón en el golpe militar de marzo de 1976, y en el que se retiró De la Rúa tras el golpe institucional planificado en diciembre de 2001. Como es este último el que promueven algunos políticos, legisladores, sindicalistas y el gobernador Quintela, quien señaló que los 39 muertos de entonces era una consecuencia indeseada, sin aclarar que entre los mismos no había dirigentes, vale citar algunos mojones de la crisis 2001-2002, a ser eventualmente verificados y ampliados por el lector a través de bibliografías, Internet y lectura de páginas de los diarios de la época.  

De la Rúa asumió en alianza con el justicialismo disidente, con Carlos Alvarez de vice, tras 10 años del gobierno justicialista de Menem (no se dirá peronismo por respeto a Perón, muerto en 1974). Regía la convertibilidad, en la que un peso valía un dólar, que nadie se atrevía a desarmar. La fuga de capitales era creciente. En agosto de 2001, ante el acelerado retiro de depósitos bancarios por temor, los legisladores aprobaron una redundante ley que aseguraba la Intangibilidad de los depósitos. Se instaló luego el “corralito” que limitaba la extracción de los mismos. En provincia de Buenos Aires se implementó la “cuasi moneda” llamada Patacón. En el conurbano se iniciaron saqueos de supermercados, e intendentes de esos distritos transportaron agitadores a Plaza de Mayo. El 20 de diciembre De la Rúa partió en helicóptero desde la casa Rosada. En medio del caos, asumió como presidente interino Rodríguez Saa, quien el 1° de enero de 2002 anunció la suspensión de pagos de la deuda pública por más de u$s 140.000 millones, con aplausos eufóricos de los mismos legisladores que habían asegurado la intangibilidad de los depósitos ciudadanos cuatro meses atrás. Tras la renuncia de Rodríguez Saa (se aclara que se retiró en automóvil), la Asamblea Legislativa eligió presidente a Duhalde, quien el día 7 decretó el fin de la convertibilidad, y procedió a la incautación de ahorros en pesos y dólares de los ahorristas, aduciendo que los bancos no podían devolverlos a la gente. En realidad, los que no podían eran los bancos públicos nacionales y provinciales, plagados de préstamos políticos irrecuperables, no así los extranjeros, por quienes respondían sus casas matrices. La desocupación superó el 23%, y la pobreza el 57,5% según el Indec. Nacieron los subsidios a servicios públicos, aún vigentes, aplicables a ricos y pobres por igual. Se realizó la mayor devaluación de la historia, llegando el dólar a una relación de 1 a 3 pesos, ante lo cual surgió el temido eslogan hoy vigente, que se utiliza en acuerdos entre funcionarios y empresarios prebendarios: “hay que cuidar el trabajo de los argentinos”. A requerimiento de grandes empresas endeudadas en dólares, con Mendiguren como gestor principal, se diseñó la pesificación asimétrica, por la que el Estado pesificó parte de esas deudas en dólares, licuando pasivos de varias corporaciones, por un monto estimado de 10.000 millones de dólares. Repitiendo la estatización que en 1982 llevó a cabo el gobierno militar del general Brignone, por la que se transfirió unos 15.000 millones de dólares de deuda externa corporativa, muchas fraudulentas, al Estado. Por lo tanto, quien añore o amenace con otro 2001, no está pensando “en el pueblo trabajador”, sino en cooptar poder político y salvar grandes patrimonios. No se citan nombres de corporaciones y financieras beneficiadas para no ser parcial, pero figuran en publicaciones de la época.

Actualmente en estado fantasmal, el caso AFA podría incorporar a la historia política argentina un tercer helicóptero. Es el o los que aterrizaban en la mansión sin reales dueños conocidos de Pilar, sin pasajeros, o pasajeros también desconocidos.

Buenos Aires, 04 de marzo 2026

Círculo rojo desteñido

Las transformaciones democráticas presentan una etapa en la que coexisten la  identificación de vicios del pasado, con un diseño pretendidamente virtuoso del futuro. A fin de lograr consensos sólidos y comprensibles para todos los sectores socio-culturales, las argumentaciones y análisis deben ser didácticos y basados en datos esenciales, veraces y verificables, relegando los escándalos, frivolidades discursivas y amenazas directas, como se observara en las recientes sesiones legislativas en diputados, al espectáculo farandulero.

Como las reglas de la propaganda política creadas en las primeras décadas del siglo XX permanecen vigentes, cabe recordar algunas de ellas: el uso del eslogan, frase breve que pretende un impacto masivo por repetición; la mimetización de un grupo con simbologías y personajes históricos; falacias persuasivas, y concentrar los ataques en enemigos únicos, para no diluir sus efectos (Kirchner, Milei, FMI). Sin embargo, el problema que afronta la clase dirigente argentina es haber vulnerado un principio clave de toda propaganda: los mismos personajes que llevaron al empobrecimiento de una enorme mayoría social no pueden mantenerse en el tiempo repitiendo las mismas políticas y los mismos mensajes, salvo en dictaduras. Es por ello que las polémicas y quejas desatadas por la reforma y/o modernización laboral, asoció públicamente a personajes que hasta ahora se suponían con intereses divergentes. Entre otros, a Paolo Rocca y Madanes Quintanilla en el mundo empresario; Moyano, Barrionuevo, Martínez y Rodríguez en el mundo sindical, y para citar a un peronista auténtico y racional, Pichetto en el mundo político. El hecho de que todos ellos superan los 70 años, lleva a trabajar sobre una hipótesis a ser verificada a futuro, basada en que existe una dirigencia generacional activa desde hace más de tres décadas, que atravesó una etapa de degradación económico-social sin menoscabo para sus patrimonios, enriquecimientos y privilegios. De ser así, los beneficiarios repiten un interrogante de validez universal: si estamos bien en lo económico y usufructo de privilegios, ¿para qué cambiar?

Como toda hipótesis exige demostración, vale detenerse en aspectos propagandísticos manipuladores de la opinión pública, que han perdido eficacia. Tal el recurso de la “grieta”, que según el diccionario es “una hendidura o abertura alargada en la estructura de un cuerpo sólido”, pues los problemas pasados y futuras soluciones no dependen de dos sectores divididos, sino de tres por igual: empresarios, sindicalistas y políticos, quienes asumen la responsabilidad de acordar transformaciones en pos del interés común. Tampoco sirve el ocultista uso de abstracciones, como indica la aparición en queja de los relevantes empresarios industriales Rocca y Madanes Quintanilla, dando una saludable voz y encarnadura a la mística abstracción Círculo Rojo. Y menos aún, como mostró el vergonzoso debate legislativo por la ley laboral, políticos mimetizándose a los gritos con las memorias de Alem, Yrigoyen y Perón, reduciéndolos a simbologías que disimulen las malas praxis y corrupciones de quienes gobiernan desde hace más de tres décadas, en las que existieron formidables avances tecnológicos y se atravesaron crisis locales e internacionales, pese a lo cual, para justificar incompetencias y enriquecimientos, se continúa culpando a los “malévolos” chinos, “yankees”, o enemigos de ocasión.  

Para argumentar sobre la hipótesis generacional empobrecedora, se fija a las décadas del 60/70 como punto de partida arbitrario, con la revolución militar de Onganía que derrocó a Illía, y consolidó el principio mussoliniano del corporativismo, al lograr adhesiones gremiales con el otorgamiento de Obras Sociales y la vigente Ley Laboral. En paralelo se promovió geopolíticamente el desarrollo patagónico, que se plasmó en 1971 con el ya mencionado Parque Textil Trelew (Chubut), y en 1972 la promoción de la industria electrónica fueguina, aún vigente. A esta época se remonta los ancestros de Madanes Quintanilla, cuando en 1971 tras una compulsa internacional, el entonces presidente militar Lanusse adjudicó por decreto una planta productora de aluminio instalada en Puerto Madryn (Chubut), a la firma italiana Aluar, en cabeza entonces de Manuel Madanes, tío del actual presidente de la empresa. Las obras se contrataron con las empresas italianas Impresit e Italipianti, que inclusive importaron cemento y hierros de construcción desde Italia (verificar este dato). En 1974 se produjo la primera colada de aluminio, con la habilitación de parte del total de 92 cubas electrolíticas. Al ser consumidora de gran energía eléctrica, una Sociedad del Estado construyó la presa hidroeléctrica Futaleufú en la cordillera, y una red de alta tensión de 600 kilómetros hasta la planta, que se habilitó totalmente en 1978. El estado nacional por su parte, construyó un muelle de aguas profundas en el Golfo Nuevo para exportar el aluminio. Carece de sentido profundizar hoy sobre las polémicas provocadas por la adjudicación. Lo relevante es que la industria es exitosa y exportadora, pero asociada a enormes inversiones del Estado. Cabe preguntarse: ¿considera Madanes que su cancha quedó nivelada? No; siempre solicita nuevas prebendas.

Transformar, informar y formar a la ciudadanía en forma clara, no lo lograrán grupos fascistas en el recinto legislativo, troskistas en la calle, y empresarios ocultos en Círculos Rojos.

Buenos Aires, 25 de febrero 2026

Del papelito a la burocracia judicial

Cabe retomar al desarrollo de las causas judiciales en trámite, con base en la llamada “Mansión Pilar” relacionada con la AFA, porque tiene una fecha de inicio definida (noviembre de 2025), derivaciones que se interrelacionan con otras causas, complicidades multisectoriales, y la intervención de una sorprendente cantidad de camaristas, jueces y fiscales en menos de tres meses, lo que la convierte en un didáctico ejemplo para analizar estrategias, procedimientos y eventuales impunidades judiciales. En las argumentaciones no se utilizará la abstracción JUSTICIA, sino se identificará por sus nombres a los funcionarios actuantes, con sus antecedentes verificables de ser necesario, sin adosar adjetivaciones, que solo generan polémicas que no esclarecen.  

La estrategia de la grieta en la llamada “familia judicial” nació en su propio seno, con la creación de la asociación civil Justicia Legítima en el año 2013, que hizo suponer que no existía en el país una justicia unívoca. Pero ante el accionar de sus propios miembros surgieron incongruencias en cuanto a objetivos declamados. Por ejemplo, Garrigós de Rébori a cargo del Sistema Penitenciario, facilitó el “home office” en las cárceles; Cristina Caamaño, directora de la AFI, reveló nombres de espías argentinos en el exterior, y Alejandro Ramos Padilla intentó hacer caer la causa Cuadernos. Es por ello que ante la necesidad de producir cambios estructurales que saquen al país de la decadencia, los análisis priorizarán la simpleza verificable para que sean masivamente comprensibles, apelando en algunas circunstancias al diccionario, usado en la escolaridad básica como instrumento unificador de conceptos. Ello permite, por ejemplo, asumir que es incorrecto decir que poderes del Estado y organismos estatales son independientes, pues el diccionario indica que tal condición la cumplen quienes “no dependen de otro”, que no es el caso, por lo que son interdependientes. Pero es en el Poder Judicial que se observa una mayor dependencia del poder político, cuyo interés en las designaciones se centra en posibles futuros fallos judiciales en causas de corrupción, antes que en la idoneidad profesional. Ello se manifiesta en las pujas para designar integrantes de la Corte Suprema, y cubrir más del 40% de vacantes en juzgados. Para disimular esta realidad, se crean estructuras como el Consejo de la Magistratura, cuya ineficacia y politización nos retrotrae a una vieja anécdota de mayo de 2002, cuando durante un trámite de pliegos de jueces, el entonces senador Raúl Alfonsín fue fotografiado leyendo un papel que decía “el juez que hay que cajonear es Antelo”, entonces secretario de la Corte Suprema. Como es usual en el cine clásico político, se produjo gran escándalo y denuncias, para concluir que nadie sabía quién había alcanzado el papel, y menos aún quien lo había escrito. Desde entonces nada cambió en el metafórico intercambio de papelitos entre senadores, que finalmente son quienes deciden. Es en este contexto judicial que cobra valor el caso “Mansión en Pilar”, observándolo a través de su secuencia cronológica, actualmente en la etapa investigativa.

Noviembre 2025: la causa se inicia con una denuncia de la Coalición Cívica. Es sorteado el juez federal Rafecas, quien se declaró incompetente, pasando el expediente al juez penal-económico Aguinsky, quien también rechazó intervenir.  Diciembre 2025: Ante la denuncia de vecinos en cuanto a movimientos en la mansión, Rafecas ordenó varios allanamientos. En pleno desarrollo de los mismos, el camarista Bruglia resolvió que el caso lo tramite el juez Aguinsky, quien inició nuevas medidas de prueba. Enero 2026: el día 2, el juez Saettone, de San Isidro, a pedido del fiscal Camafreitas, dispuso el allanamiento de la vivienda de Matías Yofre, uno de los denunciantes en la causa. El juez Aguinsky citó a declarar a los “dueños sin recursos económicos” de la mansión, Pantano y Ana Conte. De inmediato, el abogado defensor solicitó que la causa pase al juez federal de Campana, González Charvay, a lo que accedió el camarista Alberto Lugones. Febrero 2026: El fiscal Cearras se opuso a la competencia de Campana, y acudió en queja ante la Cámara Federal de San Martín, que confirmó a Gonzáles Charvay, quien de inmediato inició actuaciones. Ante ello Cearras planteó un recurso extraordinario ante la Cámara Federal de Casación, integrada por Petrone, Carbajo y Mahiques, quienes definirán la controversia. Hasta el momento se observa un esquema habitual de los abogados defensores en causas de corrupción: demorar discutiendo competencias y excusaciones. Es así como a casi tres meses de iniciada la causa, los supuestos dueños Pantano y Conte aún no declararon. Ello plantea ante la ciudadanía un interrogante esencial, relativo a si las leyes penales permiten que el Estado pueda incautar, decomisar o confiscar a la brevedad y sin condena previa bienes en manos de testaferros, para ingresarlos al erario público. Un beneficio subsidiario, sería el de hacer menos rentables los artilugios judiciales dilatorios.

Otro aspecto a clarificar es el de si las leyes son pasibles de “interpretación”, pues el diccionario define al término “interpretar” como una “comprensión personal de la realidad”. Por lo tanto, si una ley es interpretable, o está mal redactada, o no se le puede exigir a un ciudadano que no pueda invocar desconocerla.  

Buenos Aires,  18 de febrero 2026