De Menem a Tailhade

Dos hechos independientes presentan aspectos que debidamente asociados, permiten entender las estrategias empleadas para mantener por décadas la impunidad en causas de corrupción. Deben analizarse en un marco dentro del cual no solo son culpables quienes lo parecen, sino también quienes simulan ser inocentes y prebendas mediante, dejan hacer o votan para encubrir.

Casi en simultáneo con el deceso del ex presidente Menem, el diputado oficialista Tailhade denunció al diputado Fernando Iglesias y al ex funcionario De Andreis, ambos de Cambiemos, por presunto enriquecimiento ilícito. Para no caer en la trampa ocultista de la “grieta”, en lugar de desacreditar las denuncias  acusando a Tailhade de operador político o denunciador serial, es relevante utilizarlas para formular análisis más creativos que permitan desnudar estrategias para lograr impunidad. Más aun cuando como nunca antes desde la recuperación de la democracia en 1983, la lucha entre protectores y desactivadores de impunidades es pública y notoria. Ambas denuncias, que recayeron en el juzgado federal de Sebastián Casanello y el fiscal Di Lello, apuntan a la única figura penal en que la inocencia debe ser probada por los acusados, quienes deberán aportar la documental que justifique su incremento patrimonial, y en tiempos que se suponen acotados, la justicia certifique su veracidad con peritaje incluido de ser necesario, y emita dictamen. A partir de esta simplicidad enunciativa surgen las irregularidades y/o complicidades, que incluyen al Consejo de la Magistratura. Los antecedentes sancionatorios en este delito básico son prácticamente inexistentes. Por el contrario, existen absoluciones escandalosas, o “cajoneo” de expedientes para que las causas caigan en el olvido o cierren con prescripciones.

El reciente deceso del ex presidente Menem resulta paradigmático al respecto. En el año 2000 fue denunciado por enriquecimiento ilícito por orden del entonces vicepresidente de la Alianza Carlos Alvarez, recayendo la causa en el juzgado del juez Oyarbide, hoy ocupado por la jueza Capuchetti. Transcurridos casi 22 años, el caso no solo no tiene sentencia, sino como en una broma macabra, a la fecha la jueza está esperando que la pericia contable le sea entregada. Esta situación se replica en centenares de investigaciones por enriquecimiento ilícito de funcionarios, con recordadas excepciones condenatorias, como la aplicada a María Julia Alsogaray. Surge entonces la evidencia que muchas denuncias lejos de perseguir un fin moral de justicia, con eventual sanción y resarcimiento, son clásicas estrategias de apriete y encubrimiento para negociar impunidades. No es un fenómeno nuevo. El difundido accionar del crimen organizado en EE.UU. a partir de la década del 20 se basaba no solo en el crimen, sino en el apriete, el miedo, el silencio, la complicidad, con la imprescindible cobertura política, judicial y policial. Pero cuando las luchas llegaban a la instancia de poner en riesgo sus negocios, para mantenerlos los jefes de las principales bandas formaban consejos que acordaban repartirse territorios de influencia. Salvo el crimen, usado excepcionalmente, en la corrupción política actual el resto de los instrumentos siguen vigentes.

No es entonces contradictorio que quienes desacreditan y amenazan a miembros de la justicia por actuar y sancionar hechos de corrupción política, presenten ante la misma justicia denuncias por corrupción contra adversarios, pretendiendo  masificar responsabilidades y negociar impunidad. Para practicar este juego perverso, las castas políticas legislaron para sí privilegios que envidiarían los delincuentes de antaño, por los que procesados y condenados pueden legislar y ocupar cargos públicos, lo que les permite utilizar las denuncias cruzadas sin costo alguno. Por ello la sociedad no se debe dejar engañar con la grieta y el abstracto “lawfare”, y en este caso como en todos los que se presenten, exigir que los integrantes de Cambiemos o de cualquier agrupación demuestren su inocencia, y la justicia cumpla con los plazos procesales establecidos.

La cita de Menem arroja otra enseñanza. El ex presidente, muchas veces vituperado por propios y extraños, asumió en 1989 y murió como senador. Su denunciante y ex vicepresidente Carlos Alvarez, uno de los grandes responsables de la crisis 2001-2002, permanece premiado con diversos cargos diplomáticos. Esta asombrosa perdurabilidad se repite con muchos otros funcionarios que no ocupan las primeras planas periodísticas (especialmente en destinos diplomáticos y en miles de asesorías), cuyas ideologías maleables les permitieron permanecer por décadas en cargos públicos privilegiados de distintos gobiernos. Esto es lo que se conoce como castas políticas, que no tienen “grietas” para negociar prebendas.

Buenos Aires, 24 de febrero 2021