Secretos divulgados
En su discurso de cierre de la campaña electoral de las PASO, el presidente Fernández afirmó textualmente: “En este gobierno ya no tenemos más espías al servicio de los jueces ni espiando a los argentinos, ni operadores oficiales metidos en los despachos comprando jueces y voluntades”. Como las relaciones entre política, justicia y espionaje son inevitables en lo administrativo y operativo, lo relevante es establecer profesionalidad y honestidad. En tal sentido, lo único que se modificó producto de las urgencias provocadas por los avances en procesos por corrupción y la ineptitud de la Agencia Federal de Investigaciones, es que el habitual secretismo que rodea a estas relaciones se trasladó a la esfera pública, sin modificar el trasfondo de impunidad.
Los llamados “operadores oficiales”, que actúan ante los magistrados convenciendo, amenazando o sobornando, fueron sustituidos por altos funcionarios de gobierno amenazando públicamente a jueces y fiscales que avanzan en las causas de corrupción estatal-privada. Tarea en la que colaboran integrantes del poder judicial y del Consejo de la Magistratura. La ofensiva contra los camaristas Gustavo Hornos y Mariano Borinsky a fin de afectar sus dictámenes judiciales, acusándolos de haberse reunido con el ex presidente Macri, contó con el aporte de la jueza Servini de Cubría, que en plena internación por estar afectada por Covid, se tomó el trabajo de enviar el 19 de abril una carta pública al camarista Hornos, pidiéndole que renuncie al cargo en aras del bien de la República. Invocación ética que ingresó en un cono de sombras, al ser designado simultáneamente su hijo Juan Carlos en el Consejo de la Magistratura, con aval del gobierno. Las presiones alcanzaron a la propia Corte Suprema, con declaraciones como las del legislador Moreau, o el camarista Juan Ramos Padilla propiciando por redes sociales el 05 de diciembre del 2020 un juicio político a la Corte, por haber confirmado la condena a Amado Boudou. El politizado e ineficiente Consejo de la Magistratura por su parte, ante la decisión de la Corte de que concursen sus cargos decenas de jueces cuyas designaciones o traslados de juzgados se realizaron sin acuerdos de Senado, (situación de la propia jueza Cubría), solo se abocó a concursar los que ocupan Castelli, Bertuzzi y Bruglia, a los que el gobierno intenta remover por sus fallos. Con respecto a la “compra de jueces y voluntades” que el presidente no identifica, dicho Consejo jamás actuó y/o condenó a magistrados denunciados por enriquecimiento ilícito. Con estos antecedentes, no son necesarios operadores subrepticios.
En cuanto a los espías, el panorama es más patético. En la AFI parecieran abundar espías, pero no agentes de inteligencia que procesen la información recolectada para detectar riesgos que conspiren contra la seguridad exterior e interior de la Nación (Artículo 2° de la Ley de Inteligencia). La fiscal Caamaño, designada interventora de la AFI, logró un hecho inédito en el mundo del espionaje: involucrar y exponer al personal de inteligencia en diversas causas tramitadas simultáneamente en cinco juzgados federales: Luis Rodríguez, Martínez de Giorgi y Servini de Cubría (Comodoro Py); Federico Villena (Lomas de Zamora), y Martín Bava (Dolores). Al juez Villena la interventora Caamaño le envió documentación sensible con datos de más de 100 espías, algunos destinados en el extranjero que debieron ser repatriados. Y en la causa Nisman, cuando el fiscal Taiano citó a declarar a 89 agentes de inteligencia activos el día de su muerte, Caamaño informó que 64 de ellos ya no trabajaban en el organismo, exhibiendo una rotación de personal más comparable a vendedores puerta a puerta que a un organismo de inteligencia. Ni al libretista de la vieja serie “Superagente 86” se le hubiera ocurrido tantos disparates.
Una base para conjeturar el destino de estas causas la brinda la tramitada en el 2019 por el juez Ramos Padilla en el juzgado de Dolores, conocida como operación “puf” de la causa cuadernos, en la que intervienen espías activos, ex espías, policías, fiscales, abogados, funcionarios y empresarios, en su mayoría partícipes en otras causas judiciales y operaciones políticas relacionadas con corrupción. Por lo que es razonable aventurar que esta causa ya cerrada sin haber logrado el objetivo originalmente buscado, jamás se elevará a juicio oral y público. Es lo que sucedió con el reciente fallo del Tribunal Oral Federal n°8 en la causa por la firma del Memorándum con Irán, que pareciera haberse basado en evitar las declaraciones públicas de los testigos involucrados. Por ello el discurso presidencial presenta veracidades pero no virtudes. Las amenazas a jueces y fiscales permanecen, pero pasaron a ser públicas. De igual modo se mantiene inmutable la escasa profesionalidad de los organismos de inteligencia, en cuya conducción rotan políticos, magistrados y empresarios.
Buenos Aires, 13 de octubre 2021