El huevo de la serpiente

El sistema de gobierno, la calidad de su estructura burocrática operativa (incluye a los poderes legislativo y judicial) y la profesionalidad de quienes deciden y conducen, definen el desarrollo de una sociedad. No se puede tener éxito con administraciones sobredimensionadas, jerárquicamente descoordinadas carentes de gestión, sin seguimiento de resultados en tiempo real, y con empleados capacitados obligados a convivir con mediocres acomodados políticos. Por ello las alternativas son dos: o se producen transformaciones dolorosas pero equitativas, o se continúa repitiendo ajustes igualmente dolorosos para mantener privilegios y prebendas, sin expectativas de futuro. Lamentablemente, el gobierno, la principal oposición y el Fondo Monetario Internacional coinciden en mantener indemne al huevo de la serpiente burocrática que alimenta continuidades políticas y corporativas causantes de las crisis argentinas.  

La referencia al FMI tiende a clarificar responsabilidades. El organismo no es un Banco privado, sino una institución financiera que con el aporte de países centrales (Estados Unidos, Japón, Francia, China), fue creado para socorrer a países que soliciten su apoyo para afrontar crisis económicas extremas, provocadas usualmente por malas praxis de los propios gobiernos. Para revertirlas, se acuerdan indicadores macro, como aumentar reservas, disminuir hasta extinguir déficits fiscales y normalizar la inflación, pero no incluyen modernizaciones estructurales, eliminación de privilegios para pocos elegidos  o cláusulas contra la corrupción. La única molestia que el FMI causa a los políticos respecto de otras fuentes crediticias internacionales es el control del organismo de las pautas acordadas, pese a que el acuerdo vigente no exige al actual gobierno desembolsos durante su gestión, le entrega aportes extras, y tiene una actitud condescendiente con los incumplimientos,. Queda claro entonces que las reformas institucionales estructurales imprescindibles para un desarrollo sostenible es responsabilidad exclusiva de los políticos argentinos oficialistas y opositores, beneficiarios directos de las malas praxis, sobredimensionamientos burocráticos y distorsiones jurídicas. 

Dados los antecedentes en cuanto a que las reformas estructurales se anuncian pero no se cumplen, un nuevo intento debe prever la resistencia de los beneficiarios del sistema, que será dura y hasta violenta, usando a conocidos gremialistas como fachada. Por ello es esencial comunicar a la sociedad una línea de acción clara que explicite que el objetivo prioritario no es el gasto público global, sino el político en particular, imprescindible para promover un Estado equitativo y eficaz, no sometido a estructuras y plantas políticas sobredimensionadas, ineptas y familiares. Respecto al personal estable, solo se verán afectados quienes no trabajen o cumplan con los requisitos legales para el cargo, siendo reemplazados por quienes sí los cumplan (principio de equidad).

Para no diluir el enfoque en anécdotas parcializadas, cabe comenzar actuando sobre la estructura administrativa nacional, cuyos excesos y deformaciones se replican en provincias y municipios. La etapa democrática se inició en 1983 con 8 ministerios, con roles trascendentes y definidos. En la actualidad existen 20, sin que lo justifiquen sus atribuciones y resultados.  Por ejemplo, Alemania tiene 14 y Estados Unidos 15. De estas puntas de iceberg, ante la ausencia de relevamientos oficiales completos, se estima que se desprenden 110 secretarías de Estado; 180 subsecretarías, 687 direcciones nacionales y generales; 122 institutos, 138 entes descentralizados, indefinidas subsecretarías “adjuntas” carentes de toda interrelación funcional, y 40 empresas estatales “patrióticas” pero a pérdida. Muchos de los organismos creados solo para lograr adhesiones políticas y sumar militantes, que en nada favorecen a los ciudadanos comunes, inmersos en el subdesarrollo, más de 40% de pobreza y 90% de inflación.

Cuando de los organigramas se pasa a los cargos políticos, muchas veces cubiertos por quienes carecen de formación específica, los estudiosos los estiman en más de 10.000 solo en el ámbito nacional. Resulta una obviedad que con estas estructuras públicas resulta imposible planificar un futuro con objetivos compartidos, y tener conducciones profesionalizadas, situación que como nunca desde 1983 transparenta el actual gobierno, que transitará su período completo de gestión al amparo del “vamos viendo”, pero sin cambiar. Por lo que urge que el gobierno y oposiciones expliciten una propuesta de reformulación profesional, eficaz y virtuosa de la estructura estatal, sea en lo inmediato, y/o con miras al 2023. Lograrlo implica un ajuste, pero político. O sea de los que más tienen, pero succionando recursos públicos sin brindar servicios de calidad o generar desarrollo.

Buenos Aires, 16 de noviembre 2022

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