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Ajuste, FMI y espiritismo

La primera instancia educativa socialmente igualadora es la de aprender a leer y escribir. Se comienza relacionando letras con imagen para armar sustantivos simples que conceptualmente no dejan lugar a dudas: mamá, papá, mesa, silla. La combinación con otros sustantivos, adjetivos y pronombres forman frases más complejas, que exigen un incipiente proceso de comprensión y/o interpretación, para finalmente ejercitar lo que, aún con poblaciones mayormente analfabetas desarrollara en la antigüedad Sócrates, entre otros filósofos: la capacidad de razonar por sí mismo.

Esta supuesta simplicidad analítica lejos de suponer superficialidad, deberán ejercitarla los ciudadanos para encarar el desafío de detectar falacias y verdades en los múltiples mensajes emitidos por avezados políticos y sus entornos respecto al eventual acuerdo con el FMI. Pese al uso de términos rituales aislados tales como FMI, ajuste, hambre, déficit y crecimiento, sin propuestas concretas conocidas, extrañamente dan lugar a innumerables reuniones públicas entre funcionarios y dirigencias diversas que simulan convergencias, lo que nos instala en un ambiente de prácticas espiritistas, en el que el objeto de deseo es invocado sin que aparezca. Esto hace dudar acerca de si las castas responsables de la decadencia (funcionarios, gobernadores, intendentes, gremialistas, empresarios), muchos de los cuales integraron asociaciones político-privadas para saquear recursos públicos con cobertura judicial, intentarán engañar nuevamente a la población negociando su propia salvaguarda, como sucediera en la crisis 2001-02. O por el contrario, están dispuestas a generar una profunda transformación económica, legal y burocrática basada en esfuerzos equitativos que eliminen prebendas y privilegios, que permita avizorar un desarrollo factible y sostenible. Muchos de los negociadores o avaladores de un acuerdo hacen temer por los resultados, pues los organismos financieros internacionales pretenden un saneamiento económico para poder cobrar sus acreencias, no un saneamiento moral. 

Como las sesiones espiritistas y oscurantistas las convocan quienes hace dos años ejercen la responsabilidad de gobernar, y sus mensajes presentan manifiestas contradicciones, es momento entonces de intentar el ejercicio de razonar, a partir de las simples palabras emitidas.

1.- “Acuerdo con el FMI y/o acuerdo político”. El debate virtual se centra solo en el acuerdo con el FMI, cuyos términos serán estrictamente económicos (plazos de amortización, tasas de interés, déficit fiscal, balanza de pagos, política cambiaria), pero nada se dice de acuerdos políticos internos transformadores, con cambios estructurales, legales e institucionales que optimicen el funcionamiento del Estado, para que las metas económicas sean cumplibles. 

2.- “La sombra de Cristina y la lapicera del presidente”. La lapicera mágica es mencionada por la vicepresidenta en su carta del 28 de noviembre pasado, que aporta un dato del mundo real, al señalar que la ley 27.612 obliga a que lo acordado con el FMI, cuya negociación recae en el Poder Ejecutivo, requerirá de una ley del Congreso de la Nación. Ello significa que la propuesta de acuerdo deberá contar obviamente con un consenso interno previo en el gobierno, para luego someterlo al conocimiento y debate de los legisladores. En esta instancia no caben místicos “silencios”, abstenciones o ausencias legislativas para eludir responsabilidades. Tampoco aprobaciones a “paquete cerrado”, lo que quitaría la condición de acuerdo.

3.- “No se ajustará con el hambre del pueblo”, expresó el presidente. Ajustar es un verbo que significa adaptar, juntar, encajar, una cosa con otra. En principio no pareciera de por sí ser una acción criticable; inclusive podría ser virtuosa. Pero el término “pueblo” no distingue entre hambrientos y sectores privilegiados (sean privados o públicos), pues los primeros y trabajadores en general ya están y seguirán ajustados. Lo que hace sospechar que una vez más se intenta mantener indemnes a quienes gozan de privilegios a costa de recursos públicos, lo que incluye la corrupción estatal-privada.  

4.- “Crecimiento sin ajuste fiscal”. Esta frase es formulada por médiums del gobierno sin más detalles, en declaraciones y sesiones espiritistas públicas con empresarios (UIA), sindicalistas (CGT), y dirigentes de movimientos sociales intermediadores de la pobreza. Vele decir que a la imposibilidad de ajustar a quienes tienen hambre y afrontan pobreza, se le agrega la intención de no ajustar las sobredimensionadas estructuras burocráticas y corporativas que usufructúan solo las castas políticas y sus asociados. Ante ello, cabe preguntarse cómo se hará para crecer y cambiar la matriz de la decadencia.  

En base a lo señalado y terminada la etapa espiritista, cómo se corporizará el acuerdo?  

Buenos Aires, 08 de diciembre 2021

Dos jueces audaces

Se define como audaz a quien es capaz de emprender acciones poco comunes sin temer las dificultades o el riesgo que implican, con independencia de que el objetivo de la audacia sea loable o malicioso. Comenzar la reflexión caracterizando de audaces a los jueces Daniel Obligado y Adrián Grünberg, que sobreseyeron sin juicio oral a los dieciséis imputados en la causa de los complejos hoteleros Hotesur y Los Sauces, inicialmente evita utilizar el preconcepto “escandaloso”.

Es sabido que la Justicia no se configura a través de caprichosas elaboraciones jurídicas y procesales aplicables a una sociedad, sino es ésta la que impone un ordenamiento legal acorde a sus necesidades, usos y costumbres, las que no debieran ser distorsionadas con argucias por parte de quienes lo elaboran y aplican. Principio básico que ya se respetaba en los más antiguos códigos conocidos, como el del rey babilónico Hammurabi de hace 3.750 años, tallado en piedra. El fallo Obligado-Grünberg expone una serie de anomalías vigentes desde hace décadas, que deberán ser corregidas con urgencia, a fin de que los próximos acuerdos políticos, sean internacionales o locales, que inevitablemente exigirán mayores sacrificios a todos los ciudadanos que no gocen de privilegios, ostenten una legitimidad y equidad que no pueden ofrecer los corruptos y promotores de impunidad. Cabe mencionar algunos aspectos emergentes de este y otros fallos:

1.- La perdurabilidad de castas políticas y corporativas sostenidas en nepotismos que obligan a sobredimensionar estructuras burocráticas para negociar privilegios e impunidades, hace que la independencia de poderes sea declamatoria. Lo confirma los habituales intercambios de roles entre miembros de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, por lo que la existencia de las llamadas “mesas judiciales” y sus consecuencias resultan obvias: una impunidad histórica. En el período 2015-19 avances judiciales que demostraron que eran posible realizar investigaciones complejas y elevar las causas a juicio oral y público en tiempos razonables, parecieron revertir las políticas de impunidad. 

2.- Sin embargo, con las castas políticas legislando que procesados e incluso condenados por delitos de corrupción puedan gobernar y ocupar altos cargos políticos, permite que quienes ejerzan poder político sean juez y parte y actúen en su propia defensa e interés. Las misteriosas “mesas judiciales” abandonaron las sombras para mostrarse a la luz pública, con amenazas realizadas sin subterfugios por el presidente, su vice, ministros y legisladores a magistrados intervinientes en causas de corrupción, complementadas con un acompañamiento coral de complicidad, que intentaba confundir la persecución del delito estatal con persecución política, y licuar pruebas tangibles mediante la abstracta teoría del “lawfare”.

3.- Esta estrategia incorporó una novedad: los designados en un Tribunal Oral y Público para juzgar a imputados en causas que habían transitado la compleja etapa investigativa de recolección de pruebas y declaración de testigos, con intervención de fiscales, jueces y camaristas ante eventuales apelaciones, pueden resolver “per se” que todos ellos estaban equivocados, y sobreseer a los imputados sin someterlos a consideración pública en un juicio oral. Es lo que hicieron los jueces Obligado y Grunberg, pese a que la tercera integrante, la jueza Adriana Pallioti, dictaminara que no se presentó prueba nueva alguna que justificara la decisión de extinguir la acción penal, como indica la ley. Ante lo cual se abren dos únicas posibilidades: o el nivel profesional de los magistrados actuantes precedentemente es preocupantemente bajo, con errores que detectaron y corrigieron Obligado y Grunberg, o la impunidad judicial alcanzó niveles explícitos inéditos. Dichas opciones son de una gravedad institucional manifiesta, por lo que la ciudadanía merece una aclaración unívoca por parte del poder judicial y de quienes legislan.

4.- A futuro y en condición de ciudadanos comunes, es importante identificar explícitamente a los actores de hechos políticos, legislativos y judiciales, evitando opinar y/o juzgar en base a generalidades que no esclarecen, tales como “la Justicia”; “el Tribunal Oral 5 sobreseyó…”, u obviedades como “hay fiscales y jueces honestos y otros que no lo son”. En este caso los actores preponderantes son los jueces Obligado y Grunberg, no Cristina Kirchner. Que sin duda, son jueces audaces.

Buenos Aires, 01 de diciembre 2021

Castas militantes

La propaganda política moderna nació con Lenin, Trotsky, Mussolini y Hitler, quienes establecieron conceptos y reglas básicas hoy vigentes. Mientras Mussolini decía que “el hombre moderno está asombrosamente dispuesto a creer”, Hitler observó que las reacciones de masas son determinadas más por la emoción que por la reflexión, por lo que el verbalismo debía ser acompañado de actos monumentales, recurso que en cuanto a imagen, ya se practicaba en la antigüedad. Lo señalado servirá para interpretar lo sucedido en el acto por la militancia del miércoles 17 de noviembre, en el que se aplicaron reglas de propaganda clásica para distorsionar la realidad y enmascarar intenciones.  

El militantismo, término de raíz latina invocado para convocar al acto, remite a la formación de milicias, lo que supone formación y espíritu de cuerpo en sus integrantes. En la actualidad define a una persona o grupo de personas que comparten ideas dentro de una organización con conducción activa. Para entender el desarrollo del acto se deben interrelacionar los siguientes conceptos: organización (gobierno); contexto (resultado eleccionario); escenificación (convocatoria multitudinaria), y mensaje (discurso presidencial).

Para la organización y escenificación se utilizó la regla propagandística de “unanimidad y contagio”, basada en que la presión de un grupo predomina por sobre la opinión individual, principio que explica actos multitudinarios que generan estados de exaltación contagiosos y sin disonancias. La escenificación aportó a este objetivo, con un palco monumental como soporte de un único orador solitario para realzar su poder, y en el llano, ciento de miles de entusiastas militantes. Para el contexto eleccionario se empleó la regla llamada de “desfiguración”, basada en el uso de datos o citas desvinculadas de la realidad, y “orquestación”, consistente en la repetición constante de un mensaje por diversos actores. La “desfiguración” la aplicó el presidente cuando al cierre de la votación llamó a una convocatoria militante en Plaza de Mayo “para festejar el triunfo electoral”; tras lo cual diversos funcionarios iniciaron la “orquestación”, hablando de “empates técnicos” y “triunfo en la derrota”. Conocer estas estrategias usadas inclusive para explicar una elección cuyos resultados se definen de modo matemático por cantidad de votos obtenidos, servirá para analizar cómo se presentarán próximamente ante la sociedad las consecuencias económico-sociales de las próximas decisiones políticas, con o sin acuerdos.

La primera disonancia se observó cuando los militantes, que como tales debieran tener “espíritu de cuerpo”, fueron organizados y conducidos en tres sectores independientes claramente identificados: gremialistas e intendentes, organizaciones sociales y el sector político La Cámpora, lo que hace suponer que los reales militantes eran las dirigencias políticas, gremiales y de organizaciones sociales, interesadas en mantener o acrecentar espacios de poder relacionados con el manejo de recursos públicos. La multitud solo cumplía un rol escenográfico de supuesta adhesión.

Finalmente se arriba al objetivo final planificado: el mensaje del líder; en este caso el presidente Fernández. Su línea argumental confirmó que el acto estaba destinado a la militancia política rentada, y no a las necesidades sociales en general y de los miles de concurrentes en particular, a quienes solo les dedicó renovadas promesas de una indefinida mejora futura, y la de no negociar acuerdos a costa “del hambre de los argentinos”, omitiendo que el 42% de pobres son consecuencia de las mismas castas y corporaciones gobernando desde hace décadas. Ya instalado en la interna política, expresó su objetivo de triunfar en la elección presidencial del 2023, y comprometió elecciones internas para elegir candidatos, pese a que en el 2019 ningún gobernador, intendente, gremialista y político objetara que Fernández fuera elegido como candidato presidencial a través de un tweet de Cristina Kirchner.

Al mencionar el ya fantasmal acuerdo político, echó mano a la regla de propaganda política llamada de “simplificación y enemigo único”, consistente en concentrar odios en una sola persona, pues es más fácil rivalizar con personas visibles y conocidas, que con ideas o partidos. Cuando se convence a la masa que el verdadero enemigo no es una oposición genérica sino el jefe de esa oposición, se mata dos pájaros de un tiro: degradar al jefe, e intentar captar algunos opositores engañados por el mal conductor. Ello explica que aunque no sea funcionario o candidato, Fernández mencionara una vez más a Macri, excluyéndolo de cualquier diálogo, para “que se quede haciendo negocios con sus amigos”. A esta última regla deberá prestársele atención en el corto plazo, con un interrogante: será usada internamente contra Cristina Kirchner? Y será Fernández el mascarón de proa? Las castas políticas suelen sacrificar pastores para que el rebaño, siempre inocente, continúe sobreviviendo.

Buenos Aires, 24 de noviembre 2021

Políticos al desnudo

Conocidos los resultados de la elección legislativa, cabe destacar aspectos a considerar en la acción política que se avecina. Uno se ellos, es que la incipiente evolución democrática no proviene de la clase política, sino de la sociedad sin distingo de clases. Los reveses electorales que sorprendieron a los oficialismos de turno en las elecciones del 2019 y la actual, muestran que disminuye el voto cautivo y se incrementa el voto castigo. Y con independencia de afinidades partidarias, se unifican los reclamos sociales por la calidad de la educación, salud, seguridad, justicia sin corrupción, trabajo digno y progreso. En contraposición, la política continuó apelando sin pudor a la práctica de viejos caudillos y patrones de estancia, que para lograr votos o adhesiones no ofrecían progreso y dignidad, sino dinero y dádivas de coyuntura, en este caso financiadas con recursos estatales. Actitudes que ratifican que la coincidencia ideológica existente entre castas políticas, corporaciones gremiales y empresarias es el conservadurismo, que incluye la complacencia del juez y del comisario, como relatara el Martín Fierro.

Que el usufructo permanente de privilegios genere egocentrismos disociados de la realidad, como que el presidente convoque a Plaza de Mayo para festejar “el triunfo electoral” o que derrotados expresen que “ganaron perdiendo”, no se agota en la anécdota, sino responde a una de las reglas básicas de propaganda política llamada “desfiguración” de los hechos, a la que habrá que prestar mucha atención cuando se presenten eventuales acuerdos políticos.  Por ello importa que en los mismos participen no solo los máximos responsables institucionales, sino también una ciudadanía activa, sea vía convocatorias o intermediación de organizaciones no gubernamentales, que aseguren protección del interés común y otorguen legitimidad. Caso contrario, se repetirá el conocido recurso de “cambiar para que nada cambie”, como sucediera con el acuerdo de cúpulas del 2002, por el que se incautaron los ahorros de ciudadanos comunes, pese a que los legisladores pocos meses antes habían votado que los depósitos eran intangibles, en tanto el Estado se hacía cargo de gran parte de la deuda en dólares de grandes empresas con la llamada “pesificación asimétrica”, invocando un vieja excusa para encubrir negociados: cuidar el empleo de los trabajadores.

En el debate se deberá obviar la falacia estéril de “más o menos Estado”, cuando es el Estado el que define el perfil de un país: planifica, legisla, ejecuta, protege, castiga y formula el proyecto nacional. Pero para tener éxito son necesarios actores que ofrezcan ejemplaridad y capacidad, activos escasos en nuestras corporaciones conservadoras. Los pasos iniciales para plantear un acuerdo no son alentadores, por dos circunstancias. En primer lugar, se lo plantea de modo superficial y casi fantasmal a través de diversos voceros, sin indicar sus bases, metodología de elaboración, quienes lo suscribirán y cómo se garantizará su seguimiento.

En segundo término y más preocupante, es que solo se hable de un eventual acuerdo internacional con el FMI, que es una negociación de carácter estrictamente económico-financiera con indicadores macroeconómicos, y se omita la necesidad de un imprescindible acuerdo nacional interno y político, que generen profundas y virtuosas transformaciones institucionales. Como ejemplo, el FMI pedirá bajar el déficit en prestaciones jubilatorias, pero no exigirá abolir las jubilaciones de privilegio. En el acuerdo político pueden citarse algunos temas: 1) Racionalización administrativa que elimine ministerios, institutos e infinidad de cargos políticos manifiestamente injustificados e improductivos, cuyos costos no debiera absorber la sociedad; 2) Cumplir con la obligación de diseñar un sistema de coparticipación federal estable y acorde a la época, incumplida desde la reforma constitucional de 1994; 3) Implementación plena del nuevo Código Procesal Penal Federal; 4) Iniciar los juicios por corrupción estatal-privada que tienen Tribunales designados, y desactivar todas las acciones políticas y judiciales en favor de la impunidad.

De circunscribirse a lo económico obviando lo político e institucional, se asistirá a un nuevo simulacro de acuerdo entre castas, de cuyo engaño no será responsable el Fondo Monetario Internacional.

Buenos Aires, 17 de noviembre 2021

Puntos…a votar

En cada acto electoral viene a la memoria una escena del “Tercer hombre”, un clásico policial del año 1949 desarrollado en la Viena de posguerra con guion del escritor Graham Green, que sirve como adecuada y vigente metáfora para señalar la distancia que existe entre los políticos y los votantes. Harry Lime, interpretado por Orson Wells, ofrece a su amigo de la infancia Martins, desocupado en Estados Unidos, que trabaje con él en Viena. A su arribo Martins es informado que Lime acababa de morir atropellado por un auto, y se dirige presuroso a su entierro. Policías presentes en la ceremonia lo interrogan respecto a su relación con Lime, y le informan que traficaba en el mercado negro penicilina adulterada, causando centenares de muertes, en especial niños. Días más tarde Martins descubre que Lime había simulado su muerte para evitar ser detenido, y consigue contactarlo para reunirse con él en el Prater, el parque de atracciones más viejo del mundo. Para conversar a solas suben a una de las  cabinas de la famosa rueda giratoria Noria Grande, y al reprocharle Martins las víctimas inocentes de su negocio, Lime, a 70 metros de altura de quienes circulaban por el parque, le responde: Víctimas? Mira ahí abajo; de verdad sentirías pena si un punto de esos dejara de moverse para siempre?  

A diferencia de la filmografía clásica, que se goza como espectadores, en la cabina de nuestra realidad política igualmente clásica desde hace décadas, permanecen los mismos personajes políticos, mientras los ciudadanos anónimos que se mueven cual puntos sobre el terreno, se reproducen en cantidad y pobreza. Cabe preguntarse cuánto tiempo más los “puntos” aceptarán repetir esta escena hasta el hartazgo, cuando quienes ejercen la dirección de esta inacabada película argentina, presentan una atomizada estructura política carente de formación profesional, y sin un plan que a manera de libreto indique a millones de ciudadanos como actuar coordinadamente. Esta anomalía quedó expuesta en el proceso electoral, que ratificó un principio publicitario que indica que no se puede asegurar por mucho tiempo el éxito de un mal producto, por lo que el marketing político abundó en frivolidades, infantilismos y sobreactuaciones. En defensa de los asesores y publicitarios de campaña, no es fácil entusiasmar cuando no existen soportes de identidad (partido), imagen (candidatos) y mensaje (ideas). La identidad está diluida en coaliciones que fluctúan en cada turno electoral, las imágenes muestran a viejos políticos o a sus apadrinados incluidos en listas sábana, y las ideas se redujeron a repetir acciones que concluyeron en fracasos estruendosos.

Tras esta mediocridad, expertos extranjeros en campañas electorales como el catalán Gutiérrez Rubí, para ordenar lo gráfico y discursivo, deslumbra explicando la valoración positiva del “sí” en relación al “no”. Pero sin soportes conceptuales sólidos, el resultado es una insustancialidad que ejemplifica el presidente en un párrafo de su discurso en la Cámara de la Construcción, cuando expresa “a escuchar y gobernar yo le digo que sí; y le digo que no a la idea de encerrarnos, a la idea de creer que debemos gobernar sin escuchar al otro…”. Vale decir, opiniones que no se practican, sin concreciones. Sin embargo, de la mediocridad política y comunicacional, pueden extraerse dos elementos a considerar a partir del 15 de noviembre. El primero surgido durante la pandemia, es la burbuja, consistente en encierros delimitados como protección social sanitaria. Durante la campaña se potenció algo habitual entre castas, que es priorizar comunicacionalmente polémicas entre burbujas integradas por políticos, en la que los ciudadanos son meros espectadores, antes que la relación entre candidato-ciudadano para comprometer propuestas. Las burbujas más conocidas son “ahh…pero Macri” y “ahh…pero Cristina”, a las que se suman otras burbujas integradas por funcionarios y políticos privilegiados que opinan y acusan sin asumir responsabilidades.

El segundo elemento se transparenta en los actos electorales, al observar a quienes se encuentran en palcos y escenarios. Salvo en lo dialéctico, al amparo de recursos estatales otorgados discrecionalmente se congregan derechas, izquierdas, neoliberales, populistas, peronistas, kirchneristas y radicales. Lo que los unifica ideológicamente es el conservadurismo, tanto del poder como de sus privilegios. No es casual entonces que apelen a viejas políticas de congelamientos; utilicen impuestos para auto promocionarse en lugar de aplicarlos a educación, salud y seguridad; se resistan  a cambiar la estructura del Estado y las leyes laborales; defiendan la impunidad y tiendan a aislarse del mundo. O que intendentes del sufrido conurbano vivan en Puerto Madero. Piensan como conservadores: si en el poder vivimos bien, para qué cambiar?

Con estos antecedentes, en lugar de plantear recurrentemente “grandes acuerdos”, el primer paso es definir los temas y propuestas, y quiénes lo suscribirán. Lo evidente en lo inmediato, es que en la versión argentina del célebre policial del 49, a partir del lunes 15 “los puntos” deberán estar alertas.

Buenos Aires, 10 de noviembre 2021

Política, administración y déficit

La pandemia asociada a la crisis económico-social transparentaron en la presente campaña electoral los principales vicios de las castas políticas, sea en cuanto a responsabilidades públicas como en estrategias comunicacionales. Si bien un número creciente de ciudadanos se resistieron a ser identificados con el humillante mote de “votos cautivos”, ello no es suficiente para aventurar cambios, pues ante el reclamo de que “se vayan todos” en la crisis 2001-2002, se quedaron casi todos los que hoy son responsables de la decadencia argentina. En lo inmediato, la crisis de representación de quienes deben deliberar y gobernar en nombre del pueblo, hace necesaria una participación ciudadana más directa, activa y orgánica en la elaboración de propuestas que integren un acuerdo político sustentable, muchas de los cuales no serán del agrado de las castas. Dichas propuestas deberán propagarse a todos los niveles sociales de modo comprensible, pues no en vano la enseñanza educativa más igualadora y similar para todos, es la de aprender a leer y escribir.

Para un acuerdo político se podría partir de tres capítulos básicos: política, administración y déficit. La política refiere al factor humano, por el cual los actores intervinientes debieran poseer ética, capacidad intelectual y honestidad planificadora, para que el proyecto nacional cumpla con los principios democráticos de equidad e igualdad de oportunidades. En tal sentido, para exigir sacrificios a los ciudadanos con cierta autoridad moral, prioritariamente deberían derogarse los innumerables privilegios políticos, que no pueden disfrazarse de derechos adquiridos, más aún cuando los de los ciudadanos comunes son permanentemente vulnerados: incautación de ahorros, manipulación de jubilaciones, educación desigual, etc.

El factor administración, que considera la estructura física y operativa del Estado en sus tres poderes, llegó a tal nivel de sobredimensionamiento e ineficacia, que inicialmente impacta más en la calidad institucional y de prestación de servicios que en lo económico. Para evitar que ante un planteo de racionalidad administrativa los políticos y gremialistas beneficiarios apelen al conocido ardid de denunciar despidos masivos de trabajadores, se actuará explícitamente sobre los organismos y niveles jerárquicos innecesarios, creados solo para cubrir compromisos políticos y familiares, sin con ello afectar a los legítimos derechos de empleados de planta permanente. La actualidad brinda una oportunidad para concretarlo, porque como nunca antes se transparentaron los perjuicios sociales que provocan una estructura estatal atomizada, improductiva y jerárquicamente inmanejable, con salarios y beneficios disociados de la realidad económica de las actividades privadas en general.   

Tras lo humano (responsables políticos), y lo físico (estructura administrativa), emerge el tercer factor clave, de índole económica: el déficit, que no debe confundirse con deuda, que de por sí no es mala. Cuando un ciudadano común saca un crédito para un emprendimiento, vivienda o vehículo contrae una deuda, que se supone analizó quien la otorga, y planificó su amortización quien la asume. Pero si los gastos del beneficiario superan mes a mes a los ingresos, tendrá un déficit que le impedirá amortizar la deuda, en cuyo caso o planificó mal, o generó conscientemente la insolvencia, vía gastos excesivos destinados a privilegios legalizados o corruptos. Así como en el campo de los ciudadanos comunes abundan reconocidos deudores morosos con excelentes niveles de vida que para no pagar utilizan excusas banales, en el campo político la diferencia estriba en que las excusas son más sofisticadas: fuga de capitales, cuentas “offshore”, créditos de la banca pública ruinosos, evasiones fiscales, hasta arribar a la habitual proclama pronunciada por los políticos responsables: “no pagaremos las deudas con el hambre del pueblo”.

El problema político hasta ahora no resuelto, es que estos términos los usan quienes están en el poder desde hace décadas, favorecieron la corrupción y son morosos con un excelente nivel de vida. Pero institucionalmente la exigencia de hoy no es “qué se vayan todos”, sino qué acuerdos se establecerán para que el país avizore una transformación virtuosa y definitiva de mediano y largo plazo. De ahí la importancia de una participación ciudadana activa.

Buenos Aires, 03 de noviembre 2021

Política, administración y déficit

La pandemia asociada a la crisis económico-social transparentaron en la presente campaña electoral los principales vicios de las castas políticas, sea en cuanto a responsabilidades públicas como en estrategias comunicacionales. Si bien un número creciente de ciudadanos se resistieron a ser identificados con el humillante mote de “votos cautivos”, ello no es suficiente para aventurar cambios, pues ante el reclamo de que “se vayan todos” en la crisis 2001-2002, se quedaron casi todos los que hoy son responsables de la decadencia argentina. En lo inmediato, la crisis de representación de quienes deben deliberar y gobernar en nombre del pueblo, hace necesaria una participación ciudadana más directa, activa y orgánica en la elaboración de propuestas que integren un acuerdo político sustentable, muchas de los cuales no serán del agrado de las castas. Dichas propuestas deberán propagarse a todos los niveles sociales de modo comprensible, pues no en vano la enseñanza educativa más igualadora y similar para todos, es la de aprender a leer y escribir.

Para un acuerdo político se podría partir de tres capítulos básicos: política, administración y déficit. La política refiere al factor humano, por el cual los actores intervinientes debieran poseer ética, capacidad intelectual y honestidad planificadora, para que el proyecto nacional cumpla con los principios democráticos de equidad e igualdad de oportunidades. En tal sentido, para exigir sacrificios a los ciudadanos con cierta autoridad moral, prioritariamente deberían derogarse los innumerables privilegios políticos, que no pueden disfrazarse de derechos adquiridos, más aún cuando los de los ciudadanos comunes son permanentemente vulnerados: incautación de ahorros, manipulación de jubilaciones, educación desigual, etc.

El factor administración, que considera la estructura física y operativa del Estado en sus tres poderes, llegó a tal nivel de sobredimensionamiento e ineficacia, que inicialmente impacta más en la calidad institucional y de prestación de servicios que en lo económico. Para evitar que ante un planteo de racionalidad administrativa los políticos y gremialistas beneficiarios apelen al conocido ardid de denunciar despidos masivos de trabajadores, se actuará explícitamente sobre los organismos y niveles jerárquicos innecesarios, creados solo para cubrir compromisos políticos y familiares, sin con ello afectar a los legítimos derechos de empleados de planta permanente. La actualidad brinda una oportunidad para concretarlo, porque como nunca antes se transparentaron los perjuicios sociales que provocan una estructura estatal atomizada, improductiva y jerárquicamente inmanejable, con salarios y beneficios disociados de la realidad económica de las actividades privadas en general.   

Tras lo humano (responsables políticos), y lo físico (estructura administrativa), emerge el tercer factor clave, de índole económica: el déficit, que no debe confundirse con deuda, que de por sí no es mala. Cuando un ciudadano común saca un crédito para un emprendimiento, vivienda o vehículo contrae una deuda, que se supone analizó quien la otorga, y planificó su amortización quien la asume. Pero si los gastos del beneficiario superan mes a mes a los ingresos, tendrá un déficit que le impedirá amortizar la deuda, en cuyo caso o planificó mal, o generó conscientemente la insolvencia, vía gastos excesivos destinados a privilegios legalizados o corruptos. Así como en el campo de los ciudadanos comunes abundan reconocidos deudores morosos con excelentes niveles de vida que para no pagar utilizan excusas banales, en el campo político la diferencia estriba en que las excusas son más sofisticadas: fuga de capitales, cuentas “offshore”, créditos de la banca pública ruinosos, evasiones fiscales, hasta arribar a la habitual proclama pronunciada por los políticos responsables: “no pagaremos las deudas con el hambre del pueblo”.

El problema político hasta ahora no resuelto, es que estos términos los usan quienes están en el poder desde hace décadas, favorecieron la corrupción y son morosos con un excelente nivel de vida. Pero institucionalmente la exigencia de hoy no es “qué se vayan todos”, sino qué acuerdos se establecerán para que el país avizore una transformación virtuosa y definitiva de mediano y largo plazo. De ahí la importancia de una participación ciudadana activa.

Buenos Aires, 03 de noviembre 2021

Perón es inocente

Ante crisis sociales extremas, la Argentina está plagada de invocaciones a diálogos y acuerdos incumplidos, utilizados como recurso de emergencia por las castas corporativas para lograr su supervivencia en un marco de nepotismo, corrupción y mediocridad conductiva. Pero como un nuevo intento de acuerdo político-institucional, económico y social surge como imprescindible, es oportuno identificar vicios y falacias que derivaron en los repetidos fracasos.  

Como todo análisis necesita un punto de partida sólido basado en realidades, el peronismo puede cumplir este requisito, no desde un debate historicista, sino en base a una actualidad que presenta cinco elementos concurrentes: 1) una pandemia cuya prolongada cuarentena transparentó desigualdades económicas, laborales y educativas; 2) una coalición de gobierno con un presidente designado por su vicepresidenta, conformada entre enemigos para derrotar a otros enemigos; 3) un poder ejecutivo sin objetivos definidos, parcelado en todas sus áreas, y que se enorgullece de carecer de un plan y descreer del mérito; 4) una deuda externa en dólares e interna en pesos, impagables en el corto y mediano plazo; 5) una ausencia de identidad ideológica en un gobierno que se dice peronista, como reflejó la conmemoración del 17 de octubre a través de tres actos en días sucesivos, con representaciones oficiales divergentes. Esta última anomia fáctica que no se condice con las invocaciones discursivas, hace pensar que la memoria de Perón, fallecido hace ya 46 años, podría brindar un aporte póstumo para encauzar la actual crisis, y marcar un camino que posibilite un acuerdo institucional, económico y social viable y virtuoso de corto, mediano y largo plazo. La posibilidad surge del propio Perón, cuando en la conferencia de prensa que brindara en 1972 a su regreso al país, señalara como fuerzas políticas activas a los radicales, socialistas y conservadores, entre otras. Al mencionársele la omisión del peronismo, respondió con su habitual ironía: “es que peronistas somos todos”.

La frase, pronunciada en una época de fuertes enfrentamientos, incluso armados, hacía referencia no solo a que su primer gobierno había impregnado la cultura política argentina, sino también al uso de su nombre e imagen para otros intereses. Bajo este planteo, deberían ser peronistas quienes integran y/o apoyan al gobierno, como el presidente Fernández, Guzmán, Kicillof, Moyano, Daer, Barrionuevo, Donda, Carlotto, Massa, Boudou, De Narváez, Brito, Mendiguren, Moreau, Ricardo Alfonsín, Zannini, entre otros. Incluso la propia vicepresidenta debió recordar en su discurso del 17 de octubre que era peronista. Del mismo modo en la oposición cabe citar a peronistas como Pichetto, Rodríguez Larreta, Santilli, Ritondo, De la Torre, Monzó, Amadeo, entre tantos otros. Sin embargo, el paso del tiempo puede convertir convicciones sentidas del pasado en hipócritas oportunismos presentes, con consecuencias sociales ruinosas.  A Evita la hubiera sorprendido que sus queridos “grasitas” de entonces se multiplicaran, y sean utilizados hoy por otros “grasitas” más vivos para intermediar recursos públicos. O que Perón comprobara que la columna vertebral del movimiento la integran gremialistas enriquecidos, manejando “holdings” de medios de comunicación, correo, empresas constructoras, aseguradoras, entre otros negocios familiares. O que el partido Justicialista se diluyera en distintos nombres de fantasía en cada instancia electoral; que miembros del partido Radical no solo pueden romperse, sino cargos mediante, también pueden doblarse; y que los revolucionarios de antaño son los conservadores de hoy.   

Es momento entonces que previo a establecer temarios y estrategias de un acuerdo nacional integral y sostenible, aceptar circunstancialmente ante la emergencia y como recurso aglutinador que “somos todos peronistas”, o por el contrario, reconocer que como bien expresara textualmente un peronista histórico como Julio Bárbaro, “desde la muerte de Perón, el peronismo se convirtió en un recuerdo que da votos”.

Sea cual fuere la decisión, llegó la hora de que las castas políticas y corporativas dejen de justificar oportunismos, malas praxis, corrupciones y degradaciones institucionales, utilizando la memoria de Perón. Y se asuma que con la democracia como abstracción, no “se come, se educa y se cura”. Lograrlo requiere de una clase política formada, capaz y honesta, en lugar de burócratas enriquecidos clamando desde los palcos que “con el hambre del pueblo no se juega”. Definida una base de partida común, surge el verdadero desafío, consistente en establecer una estrategia operativa y participativa, que evite que el acuerdo quede solo en manos de las mismas castas y corporaciones responsables de la decadencia argentina, lo que aseguraría un nuevo fracaso.

Buenos Aires, 27 de octubre 2021

Jueces al aire libre

Las alternancias entre gobiernos de distinto signo político, tienen dos efectos inmediatos: la pérdida de poder por parte de quienes lo usufructúan, y más importante, afectan a las estructuras de corrupción estatal-privada que se conforman durante ejercicios prolongados del poder. No en vano solo quienes lo ejercen reclaman “necesitar veinte años de gobierno para producir cambios”. Nuestro país, cuya decadencia económico-social está asociada a castas políticas y corporativas perennes, confirma la teoría.

La alternancia producida en el 2015, sumó al habitual juego de denuncias e impunidades hechos emblemáticos, como José López ocultando un bolso en un convento con nueve millones de dólares; integrantes del grupo Lázaro Báez filmados contando millones de dólares, y aparición de “fotocopias” de ocho cuadernos del chofer Centeno detallando los circuitos recaudatorios de coimas. En paralelo se aprobó la ley llamada del “arrepentido”, y la sociedad pudo comprobar que investigaciones complejas como la causa cuadernos se pueden realizar en menos de dos años, y que es posible llegar a juicios orales y públicos en plazos razonables. El propio poder judicial había producido un aporte esclarecedor, al confesar que no existe una única justicia, sino dos: una autoproclamada “legítima”, y por oposición, otra que no lo es. Respecto a esta anomalía, el ex juez de la Corte Antonio Boggiano señaló que un juez no está habilitado a realizar una superación de la ley, por lo que la justicia “legítima” es una justicia de partido, en donde no hay verdad sino intereses. Las castas por su parte, mantuvieron la legislación que permite a procesados y condenados gobernar, y poner a sus abogados defensores en organismos de control o cargos judiciales. En este contexto, el retorno en el 2019 de quienes gobernaran hasta el 2015 no debe entenderse como un retroceso en la búsqueda de un saneamiento institucional, sino inserta en una secuencia temporal inevitable y necesaria para arribar a cambios de fondo definitivos. En democracia, a diferencia de las revoluciones o dictaduras, las transformaciones no son instantáneas; se producen por efectos de saturación, descomposición o hartazgo social.

Por ello en cuanto a corrupción, la atención pública deberá centrarse en el poder judicial, entendido no como una abstracción global, sino identificando a peritos oficiales, fiscales y jueces intervinientes en cada caso, evaluándolos no solo por sus fallos, sino por sus antecedentes y tiempos procesales. Para evitar evaluaciones subjetivas, sería oportuno diseñar una ficha síntesis de cada causa distribuidas a través de medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales, con la siguiente información de base: 1) Fecha de inicio de la causa, con juez y fiscal actuante; 2) tiempo de investigación y resolución final, sea de desestimación o elevación a juicio oral; 3) en caso de juicio oral, integrantes del tribunal, fechas de inicio y de sentencia. Informaciones más detalladas pueden obtenerse a través de portales web específicos. Cabe ejemplificar con algunos casos recientes.  

1) El juez Daniel Obligado denegó a Boudou en diciembre de 2020 un pedido de prisión domiciliaria. Entrevistado de inmediato por sus defensores Peñafort y Rúa, Obligado modificó su decisión. Condenado a cinco años y diez meses, Boudou cumplió escasos meses en prisión.

2) En el año 2007 se inició en el juzgado de Servini de Cubría una causa por fraude a la administración pública contra la ex Secretaria de Medio Ambiente Romina Picolotti. Quince años más tarde, el tribunal oral conformado por los jueces Sabrina Namer, Giménez Uriburu y Guillemo Costabel, e intervención del fiscal Luciani, la condenó a tres años de prisión en suspenso y a devolver siete millones de pesos.

3) En noviembre de 2016 el fallecido juez Bonadío elevó a juicio oral la causa por defraudación conocida como Plan Qunita. En septiembre de este año el tribunal oral integrado por Grunberg, Michilini y Basílico, por recomendación de la fiscal Gabriela Baigún y peritos de la Corte, sobreseyó a los 18 acusados.  

4) En la causa por encubrimiento en la firma del Memorándum con Irán iniciada en el juzgado del fallecido juez Bonadío, el tribunal oral integrado por los jueces José Michilini, Graciela López Iñíguez y Daniel Obligado sobreseyeron en octubre a todos los acusados sin citar a juicio, por entender que no hubo delito.

Cabe recordar la frase del legislador ateniense Solón en el año 594 a. C.: ““Las leyes son como las telarañas. Atrapan a los más débiles, pero los más fuertes pueden escapar”

Buenos Aires, 20 de octubre 2021

Secretos divulgados

En su discurso de cierre de la campaña electoral de las PASO, el presidente Fernández afirmó textualmente: “En este gobierno ya no tenemos más espías al servicio de los jueces ni espiando a los argentinos, ni operadores oficiales metidos en los despachos comprando jueces y voluntades”. Como las relaciones entre política, justicia y espionaje son inevitables en lo administrativo y operativo, lo relevante es establecer profesionalidad y honestidad. En tal sentido, lo único que se modificó producto de las urgencias provocadas por los avances en procesos por corrupción y la ineptitud de la Agencia Federal de Investigaciones, es que el habitual secretismo que rodea a estas relaciones se trasladó a la esfera pública, sin modificar el trasfondo de impunidad. 

Los llamados “operadores oficiales”, que actúan ante los magistrados convenciendo, amenazando o sobornando, fueron sustituidos por altos funcionarios de gobierno amenazando públicamente a jueces y fiscales que avanzan en las causas de corrupción estatal-privada. Tarea en la que colaboran integrantes del poder judicial y del Consejo de la Magistratura. La ofensiva contra los camaristas Gustavo Hornos y Mariano Borinsky a fin de afectar sus dictámenes judiciales, acusándolos de haberse reunido con el ex presidente Macri, contó con el aporte de la jueza Servini de Cubría, que en plena internación por estar afectada por Covid, se tomó el trabajo de enviar el 19 de abril una carta pública al camarista Hornos, pidiéndole que renuncie al cargo en aras del bien de la República. Invocación ética que ingresó en un cono de sombras, al ser designado simultáneamente su hijo Juan Carlos en el Consejo de la Magistratura, con aval del gobierno. Las presiones alcanzaron a la propia Corte Suprema, con declaraciones como las del legislador Moreau, o el camarista Juan Ramos Padilla propiciando por redes sociales el 05 de diciembre del 2020 un juicio político a la Corte, por haber confirmado la condena a Amado Boudou. El politizado e ineficiente Consejo de la Magistratura por su parte, ante la decisión de la Corte de que concursen sus cargos decenas de jueces cuyas designaciones o traslados de juzgados se realizaron sin acuerdos de Senado, (situación de la propia jueza Cubría), solo se abocó a concursar los que ocupan Castelli, Bertuzzi y Bruglia, a los que el gobierno intenta remover por sus fallos. Con respecto a la “compra de jueces y voluntades” que el presidente no identifica, dicho Consejo jamás actuó y/o condenó a magistrados denunciados por enriquecimiento ilícito. Con estos antecedentes, no son necesarios operadores subrepticios.

En cuanto a los espías, el panorama es más patético. En la AFI parecieran abundar espías, pero no agentes de inteligencia que procesen la información recolectada para detectar riesgos que conspiren contra la seguridad exterior e interior de la Nación (Artículo 2° de la Ley de Inteligencia). La fiscal Caamaño, designada interventora de la AFI, logró un hecho inédito en el mundo del espionaje: involucrar y exponer al personal de inteligencia en diversas causas tramitadas simultáneamente en cinco juzgados federales: Luis Rodríguez, Martínez de Giorgi y Servini de Cubría (Comodoro Py); Federico Villena (Lomas de Zamora), y Martín Bava (Dolores). Al juez Villena la interventora Caamaño le envió documentación sensible con datos de más de 100 espías, algunos destinados en el extranjero que debieron ser repatriados. Y en la causa Nisman, cuando el fiscal Taiano citó a declarar a 89 agentes de inteligencia activos el día de su muerte, Caamaño informó que 64 de ellos ya no trabajaban en el organismo, exhibiendo una rotación de personal más comparable a vendedores puerta a puerta que a un organismo de inteligencia. Ni al libretista de la vieja serie “Superagente 86” se le hubiera ocurrido tantos disparates.

Una base para conjeturar el destino de estas causas la brinda la tramitada en el 2019 por el juez Ramos Padilla en el juzgado de Dolores, conocida como operación “puf” de la causa cuadernos, en la que intervienen espías activos, ex espías, policías, fiscales, abogados, funcionarios y empresarios, en su mayoría  partícipes en otras causas judiciales y operaciones políticas relacionadas con corrupción. Por lo que es razonable aventurar que esta causa ya cerrada sin haber logrado el objetivo originalmente buscado, jamás se elevará a juicio oral y público. Es lo que sucedió con el reciente fallo del Tribunal Oral Federal n°8 en la causa por la firma del Memorándum con Irán, que pareciera haberse basado en evitar las declaraciones públicas de los testigos involucrados. Por ello el discurso presidencial presenta veracidades pero no virtudes. Las amenazas a jueces y fiscales permanecen, pero pasaron a ser públicas. De igual modo se mantiene inmutable la escasa profesionalidad de los organismos de inteligencia, en cuya conducción rotan políticos, magistrados y empresarios.    

Buenos Aires, 13 de octubre 2021