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Fernández, arquetipo político criollo

En esta primera reflexión política del 2022, cabe detenerse en un claro arquetipo de quienes gobiernan al país desde hace más de tres décadas: el presidente. Detectar sus características permitirá tener una visión razonablemente aproximada de los actuales y próximos cursos de acción del gobierno, no así de sus consecuencias finales.

Arquetipo es un término de origen griego que establece determinados patrones, que en el campo político democrático identifica personalidades, actitudes y creencias de quienes pretenden posicionarse como líderes y/o conductores de sociedades a través del discurso, persuasión y acción. En tal sentido el presidente transparenta la ausencia de estos atributos por carecer de estructura partidaria y votos propios, por haber obtenido la presidencia ungido por decisión exclusiva de la vicepresidenta. Por el contrario, su arquetipo conjuga verborragias, contradicciones e insustancialidades conceptuales, que en gran parte no difieren de quienes actúan en ámbitos de poder desde hace décadas, tal como recientemente se ratificó en las habituales urgencias parlamentarias de fin de año, que expusieron las enormes distancias existentes entre las distendidas opiniones formuladas en ámbitos periodísticos, con las acciones concretadas al momento de votar leyes o adoptar decisiones de gobierno. Por ello antes que solazarse en la crítica fácil e irónica, el arquetipo Fernández debiera servir para detectar y neutralizar falacias comunicacionales, que cual ritos la vieja política mantiene inmutables. Y preguntarnos cómo es posible que las mismas dirigencias continúen subsistiendo con los mismos engaños.  Al respecto Fernández brinda una pista.

Ante la confrontación de sus declaraciones actuales con las vertidas anteriormente respecto a hechos que mantienen los mismos contextos y actores, suele criticársele sus “cambios de opinión”. Pero cambiarla en ámbitos de debate en los que prima un raciocinio coherente y fundado, es aceptable. No así cuando “se carece de opinión”, la que es emitida en función de oportunismos y/o presiones de coyuntura. Detectada esta última opción, los análisis para interpretar los hechos políticos cambian sustancialmente, como así las conclusiones. Por ejemplo, los referidos a las negociaciones con el FMI, las operaciones de espionaje (mal llamadas de inteligencia), o el armado de gravosas e ineficaces cortes (perdón, administraciones públicas), destinadas solo a mantener privilegios de clanes familiares políticos, con noviazgos incluidos. Todo ello bajo el engañoso ropaje discursivo cuasi sacerdotal, de defender a los más necesitados.

Por otra parte el presidente, se ignora si por convicción o autoprotección, blanqueó otra característica de las castas políticas beneficiarias de la mediocridad y ocultamientos, al afirmar descreer de las planificaciones y de la meritocracia, lo que preanuncia el oscuro destino que aguarda al “querido pueblo argentino”, con o sin acuerdo con el FMI. Gobernar, intrínsecamente implica hacerlo en una dirección determinada, en base a estrategias cronológicas interrelacionadas, con evaluaciones y ajustes secuenciales que no cambien el objetivo final, sino permita alcanzarlo en plazos cercanos a lo previsto. A la incapacidad de nuestra clase política conservadora de privilegios de encarar una creatividad disruptiva que nos provea de un horizonte, se agrega una inédita anomalía institucional en la cúpula del poder que ya describiera Maquiavelo en “El príncipe”, cuando se refería a los modos de acceder a los principados: “Cuando uno alcanza el poder por gracia de quien lo cede, lo consigue con poca fatiga, pero todas las dificultades surgen una vez instalado”.

Maquiavelo formuló esta advertencia cuando en las pujas palaciegas de entonces el pueblo era un mero observador. Lo sorprendente es que quinientos años más tarde y tras las recientes elecciones, en nuestro país las acciones legislativas y ejecutivas recientes, que incluyen traspasos entre principados oficialistas y opositores, parecieran someter al ciudadano  al mismo rol pasivo de antaño.

Buenos Aires, 26 de enero 2022

El hartazgo de los gobernados

Los conflictos históricos que provocaron grandes transformaciones políticas (caída del imperio romano, revolución francesa y rusa entre otros hitos) tuvieron un denominador común: la degradación de los gobernantes y el hambre de los gobernados. En la antigüedad llegar al estallido podía llevar siglos, pero en la modernidad pocos años o décadas. Nuestro país exhibe una peculiaridad que registra escasos antecedentes a nivel mundial, y es que pese a la decadencia económico-social de décadas, se mantienen en esferas del poder las mismas castas políticas y corporativas responsables. Recordando la histórica relación entre degradación de los gobiernos y hambre de los gobernados, cabe preguntarse si las transformaciones virtuosas surgirán de modo racional y consensuado, o por estallidos inicialmente incontrolables.

Las últimas elecciones y reacciones políticas resultantes muestran una incipiente y saludable “grieta”, ya no ideológico-partidaria, sino entre castas políticas y el electorado. En este tránsito pierde eficacia el recurso de manipular y captar voluntades de los ciudadanos tras opciones basadas en abstracciones tales como peronismo / no peronismo; neoliberalismo / populismo o derecha / izquierda,  cuando son los propios políticos quienes saltan de un partido a otro con privilegios bajo el brazo (último caso la diputada Sánchez Jáuregui  que pasó de Juntos al Frente de Todos en provincia de Buenos Aires), y cual ancestrales cortes monárquicas, se reparten los cargos políticos entre esposos, hermanos, hijos, primos y amigos del poder (últimos casos el hijo de Bielsa y la hija de Sabatella). De este modo mientras el monarca de turno reparte graciosamente entre “el sufrido pueblo” bonos, dádivas y servicios de remises para votar, funcionarios con excelente nivel de vida en lugar de sostener a sus hijos desocupados con sus propios recursos, los ubican en un cargo público bien remunerado. No es casual entonces que en plena crisis económica, debate presupuestario y negociación con los malvados del FMI, ni el oficialismo ni la oposición planteen racionalizar una sobredimensionada, ineficaz y costosa estructura burocrática sostenida con impuestos, ya no para solucionar de por sí el déficit fiscal, sino para dar una señal de ejemplaridad que otorgue autoridad moral para adoptar medidas dolorosas para la población.  

Ante este conservadurismo de castas, la mayor evolución está surgiendo de los estratos sociales más postergados, que están dejando de ser electoralmente cautivos de los demagogos que generan pobreza, avalan la corrupción, y desde 1983 sumergieron al país en tres graves crisis: hiperinflación en 1989 (con réplicas en 1991); la del 2001-2002 con salida de la convertibilidad, y la actual, que es la que urge solucionar. Sin embargo, las castas repiten fracasadas políticas, se solazan en irrelevantes añoranzas del pasado, y proclaman necias autocomplacencias.

Para consolidar esta etapa social emergente, los análisis debieran destinar un espacio a la docencia política no partidaria, clarificando conceptos básicos que sean igualmente entendibles por todos los ciudadanos sin menospreciar a los menos formados, más aun considerando el bajo nivel del discurso político casi que se transmite en los actos partidarios. Para los neófitos interesados en consolidar fundamentos teóricos atemporales, hay tres libros breves y esclarecedores siempre vigentes: “El príncipe” de Maquiavelo, publicado hace más de 500 años en la Florencia renacentista, que describe las actitudes humanas en las luchas para alcanzar el poder y mantenerlo. “La propaganda política” del sociólogo Jean Marie Domenech, y el del mismo título del psicólogo inglés Bartlett, ambos publicados en la década del 50, que describen la propaganda política nacida con los totalitarismos bolcheviques, fascistas y nacional socialista en la primera mitad del siglo XX, cuyas reglas se mantienen vigentes,

Asimismo es válido utilizar ejemplos populares para entender debates más complejos. En el caso del presupuesto nacional, es oportuno asimilarlo a los balances anuales de los clubes de fútbol, en general deficitarios o fundidos. En los pasivos, si no se falsean datos, las deudas detalladas incluyen jugadores mediocres por los que se pagaron injustificados montos en dólares. Como contrapartida, en los activos patrimoniales se estiman cotizaciones irreales de jugadores propios, para que el resultado final exhiba equilibrios o pérdidas menores que oculten la situación ruinosa del club. También es válido apelar a las llamadas “preguntas estúpidas”, método que no discrimina entre niveles intelectuales, y que de ser acertadas tienen difícil respuesta por parte de “quienes saben”. En el caso del presupuesto oficial presentado, la pregunta estúpida aún no respondida es: está acordado con el FMI, o será reformulado ante un eventual próximo acuerdo con el organismo internacional?

Para cerrar el año y considerando las delirantes juras de legisladores, para no aparecer como un ciudadano retardatario y anacrónico se obviarán los formales saludos de fin de año. Solo cabe desear que tengamos un adecuado desenchufe espiritual y psicológico para afrontar el presente y lo que se viene.

Buenos Aires, 22 de diciembre 2021

Próxima newsletter el miércoles 26 de enero del 2022

Entre bloquistas y mutantes

Finalizada una elección legislativa, los resultados se reflejan en cuadros que indican cuantitativa y porcentualmente la distribución de votos que a nivel nacional definen la distribución de bancas de diputados y senadores. Sobre esta base se proyectan posibles escenarios políticos según se trate de lograr quórum u obtener mayorías simples y especiales, en los que se repite un fenómeno recurrente que distorsiona el mandato expresado en las urnas: la existencia de políticos que sufren una mutación, como se define biológicamente al cambio espontáneo y súbito en la secuencia del ADN del individuo, producto de una recombinación de genes. En política este fenómeno lo causan la soberbia individualista, o el oportunismo para conformar interbloques que nadie votó, para negociar privilegios con el poder de turno.

Las consecuencias de los mutantes no se agota en una crítica ético-moral, sino explica una secuencia conformada por un sistema electoral plagado de vicios, una estructura burocrática estatal onerosa e ineficaz en permanente crecimiento y funcionarios carentes de las capacidades necesarias para cumplir con las responsabilidades que asumen, lo que redunda en una grave distorsión de los circuitos burocráticos de toma de decisiones que afectan a la eficacia de un gobierno. Este cuadro se observa claramente en el actual gobierno, impedido de tener un plan sustentable por carecer de una coherencia ideológica, programática e instrumental. En este contexto,  se crean organismos irrelevantes solo para responder a compromisos políticos que canjean adhesión por cargos, y cuyos sectores internos se “lotean” entre distintas facciones. Sirvan como ejemplos la creación del Inadi en favor de Victoria Donda; el Ministerio de Género para Gómez Alcorta, o el ex radical Ricardo Alfonsín designado embajador en España. Este vicio se extiende a las oposiciones de turno, lo que explica la resistencia a transformar la desmesurada y nepotista estructura burocrática estatal política. Pese a lo cual, aún hay quienes se sorprenden que en una misma coalición coexistan rancias derechas con cerradas izquierdas.

Esta práctica adquiere especial gravedad cuando afecta a algunos de los 257 diputados y 72 senadores, quienes deben representar a quienes los votaron, pues el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. Hecha la salvedad que constitucionalmente los senadores representan a sus provincias y se identifican claramente en las boletas, mientras que los diputados, que representan al conjunto de la sociedad, son elegidos a través de extensas listas sábana o cerradas. Por ello no es suficiente señalar que las dos expresiones mayoritarias conformadas por el Frente de Todos y Juntos por el Cambio reunieron el 75,54% de los votos emitidos, para avizorar posibles políticas acuerdistas mayoritarias. Los mandatos electorales se ven vulneradas ante la presencia de peligrosos mutantes que recombinan genes para armar sub bloques internos, o se apartan de la lista que les permitió acceder a la banca, para con otros mutantes conformar nuevos interbloques legislativos que nadie votó, y que suelen favorecer intereses cercanos al poder, que tiene los recursos para ofrecer contraprestaciones materiales en busca de adhesión, evitando someterse a enriquecedores debates para acordar políticas virtuosas. Se llega al punto que legisladores voten en perjuicio de sus propias jurisdicciones, como sucediera con quienes en representación de la ciudad de Buenos Aires avalaran la quita compulsiva de su coparticipación. Estas distorsiones deberán corregirse en la próxima elección eliminando las listas sábanas, o bien estableciendo que la banca pertenece al partido, y no al legislador que pretenda abandonar su bloque.

El diputado José Luis Ramón por ejemplo, que ingresó por un partido provincialista mendocino, ganó visibilidad armando un interbloque integrado por ocho diputados, entre los cuales se encontraban tres que habían ingresado por la lista del PRO. Bajo el paraguas de “federal” (todos se autodenominan federales), facilitó quórums y aportaron los votos necesarios para la aprobación de proyectos oficialistas.  Al no renovar su banca y en agradecimiento por los servicios prestados, Massa le prometió a Ramón crearle la Procuraduría de Defensa del Consumidor, siguiendo una matriz clásica: oportunismo personal / vulneración de la voluntad popular / creación de organismo burocrático inútil como contraprestación / aumento de impuestos.  

Por ello, las gestiones políticas destinadas a “ampliar coaliciones” no debieran significar que los costos de los políticos mutantes y mediocres los afronte una sociedad empobrecida, mientras las castas aseguran su futuro. Sabido es que oportunismos y privilegios mata ideologías y pruritos morales.

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2021

Ajuste, FMI y espiritismo

La primera instancia educativa socialmente igualadora es la de aprender a leer y escribir. Se comienza relacionando letras con imagen para armar sustantivos simples que conceptualmente no dejan lugar a dudas: mamá, papá, mesa, silla. La combinación con otros sustantivos, adjetivos y pronombres forman frases más complejas, que exigen un incipiente proceso de comprensión y/o interpretación, para finalmente ejercitar lo que, aún con poblaciones mayormente analfabetas desarrollara en la antigüedad Sócrates, entre otros filósofos: la capacidad de razonar por sí mismo.

Esta supuesta simplicidad analítica lejos de suponer superficialidad, deberán ejercitarla los ciudadanos para encarar el desafío de detectar falacias y verdades en los múltiples mensajes emitidos por avezados políticos y sus entornos respecto al eventual acuerdo con el FMI. Pese al uso de términos rituales aislados tales como FMI, ajuste, hambre, déficit y crecimiento, sin propuestas concretas conocidas, extrañamente dan lugar a innumerables reuniones públicas entre funcionarios y dirigencias diversas que simulan convergencias, lo que nos instala en un ambiente de prácticas espiritistas, en el que el objeto de deseo es invocado sin que aparezca. Esto hace dudar acerca de si las castas responsables de la decadencia (funcionarios, gobernadores, intendentes, gremialistas, empresarios), muchos de los cuales integraron asociaciones político-privadas para saquear recursos públicos con cobertura judicial, intentarán engañar nuevamente a la población negociando su propia salvaguarda, como sucediera en la crisis 2001-02. O por el contrario, están dispuestas a generar una profunda transformación económica, legal y burocrática basada en esfuerzos equitativos que eliminen prebendas y privilegios, que permita avizorar un desarrollo factible y sostenible. Muchos de los negociadores o avaladores de un acuerdo hacen temer por los resultados, pues los organismos financieros internacionales pretenden un saneamiento económico para poder cobrar sus acreencias, no un saneamiento moral. 

Como las sesiones espiritistas y oscurantistas las convocan quienes hace dos años ejercen la responsabilidad de gobernar, y sus mensajes presentan manifiestas contradicciones, es momento entonces de intentar el ejercicio de razonar, a partir de las simples palabras emitidas.

1.- “Acuerdo con el FMI y/o acuerdo político”. El debate virtual se centra solo en el acuerdo con el FMI, cuyos términos serán estrictamente económicos (plazos de amortización, tasas de interés, déficit fiscal, balanza de pagos, política cambiaria), pero nada se dice de acuerdos políticos internos transformadores, con cambios estructurales, legales e institucionales que optimicen el funcionamiento del Estado, para que las metas económicas sean cumplibles. 

2.- “La sombra de Cristina y la lapicera del presidente”. La lapicera mágica es mencionada por la vicepresidenta en su carta del 28 de noviembre pasado, que aporta un dato del mundo real, al señalar que la ley 27.612 obliga a que lo acordado con el FMI, cuya negociación recae en el Poder Ejecutivo, requerirá de una ley del Congreso de la Nación. Ello significa que la propuesta de acuerdo deberá contar obviamente con un consenso interno previo en el gobierno, para luego someterlo al conocimiento y debate de los legisladores. En esta instancia no caben místicos “silencios”, abstenciones o ausencias legislativas para eludir responsabilidades. Tampoco aprobaciones a “paquete cerrado”, lo que quitaría la condición de acuerdo.

3.- “No se ajustará con el hambre del pueblo”, expresó el presidente. Ajustar es un verbo que significa adaptar, juntar, encajar, una cosa con otra. En principio no pareciera de por sí ser una acción criticable; inclusive podría ser virtuosa. Pero el término “pueblo” no distingue entre hambrientos y sectores privilegiados (sean privados o públicos), pues los primeros y trabajadores en general ya están y seguirán ajustados. Lo que hace sospechar que una vez más se intenta mantener indemnes a quienes gozan de privilegios a costa de recursos públicos, lo que incluye la corrupción estatal-privada.  

4.- “Crecimiento sin ajuste fiscal”. Esta frase es formulada por médiums del gobierno sin más detalles, en declaraciones y sesiones espiritistas públicas con empresarios (UIA), sindicalistas (CGT), y dirigentes de movimientos sociales intermediadores de la pobreza. Vele decir que a la imposibilidad de ajustar a quienes tienen hambre y afrontan pobreza, se le agrega la intención de no ajustar las sobredimensionadas estructuras burocráticas y corporativas que usufructúan solo las castas políticas y sus asociados. Ante ello, cabe preguntarse cómo se hará para crecer y cambiar la matriz de la decadencia.  

En base a lo señalado y terminada la etapa espiritista, cómo se corporizará el acuerdo?  

Buenos Aires, 08 de diciembre 2021

Dos jueces audaces

Se define como audaz a quien es capaz de emprender acciones poco comunes sin temer las dificultades o el riesgo que implican, con independencia de que el objetivo de la audacia sea loable o malicioso. Comenzar la reflexión caracterizando de audaces a los jueces Daniel Obligado y Adrián Grünberg, que sobreseyeron sin juicio oral a los dieciséis imputados en la causa de los complejos hoteleros Hotesur y Los Sauces, inicialmente evita utilizar el preconcepto “escandaloso”.

Es sabido que la Justicia no se configura a través de caprichosas elaboraciones jurídicas y procesales aplicables a una sociedad, sino es ésta la que impone un ordenamiento legal acorde a sus necesidades, usos y costumbres, las que no debieran ser distorsionadas con argucias por parte de quienes lo elaboran y aplican. Principio básico que ya se respetaba en los más antiguos códigos conocidos, como el del rey babilónico Hammurabi de hace 3.750 años, tallado en piedra. El fallo Obligado-Grünberg expone una serie de anomalías vigentes desde hace décadas, que deberán ser corregidas con urgencia, a fin de que los próximos acuerdos políticos, sean internacionales o locales, que inevitablemente exigirán mayores sacrificios a todos los ciudadanos que no gocen de privilegios, ostenten una legitimidad y equidad que no pueden ofrecer los corruptos y promotores de impunidad. Cabe mencionar algunos aspectos emergentes de este y otros fallos:

1.- La perdurabilidad de castas políticas y corporativas sostenidas en nepotismos que obligan a sobredimensionar estructuras burocráticas para negociar privilegios e impunidades, hace que la independencia de poderes sea declamatoria. Lo confirma los habituales intercambios de roles entre miembros de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, por lo que la existencia de las llamadas “mesas judiciales” y sus consecuencias resultan obvias: una impunidad histórica. En el período 2015-19 avances judiciales que demostraron que eran posible realizar investigaciones complejas y elevar las causas a juicio oral y público en tiempos razonables, parecieron revertir las políticas de impunidad. 

2.- Sin embargo, con las castas políticas legislando que procesados e incluso condenados por delitos de corrupción puedan gobernar y ocupar altos cargos políticos, permite que quienes ejerzan poder político sean juez y parte y actúen en su propia defensa e interés. Las misteriosas “mesas judiciales” abandonaron las sombras para mostrarse a la luz pública, con amenazas realizadas sin subterfugios por el presidente, su vice, ministros y legisladores a magistrados intervinientes en causas de corrupción, complementadas con un acompañamiento coral de complicidad, que intentaba confundir la persecución del delito estatal con persecución política, y licuar pruebas tangibles mediante la abstracta teoría del “lawfare”.

3.- Esta estrategia incorporó una novedad: los designados en un Tribunal Oral y Público para juzgar a imputados en causas que habían transitado la compleja etapa investigativa de recolección de pruebas y declaración de testigos, con intervención de fiscales, jueces y camaristas ante eventuales apelaciones, pueden resolver “per se” que todos ellos estaban equivocados, y sobreseer a los imputados sin someterlos a consideración pública en un juicio oral. Es lo que hicieron los jueces Obligado y Grunberg, pese a que la tercera integrante, la jueza Adriana Pallioti, dictaminara que no se presentó prueba nueva alguna que justificara la decisión de extinguir la acción penal, como indica la ley. Ante lo cual se abren dos únicas posibilidades: o el nivel profesional de los magistrados actuantes precedentemente es preocupantemente bajo, con errores que detectaron y corrigieron Obligado y Grunberg, o la impunidad judicial alcanzó niveles explícitos inéditos. Dichas opciones son de una gravedad institucional manifiesta, por lo que la ciudadanía merece una aclaración unívoca por parte del poder judicial y de quienes legislan.

4.- A futuro y en condición de ciudadanos comunes, es importante identificar explícitamente a los actores de hechos políticos, legislativos y judiciales, evitando opinar y/o juzgar en base a generalidades que no esclarecen, tales como “la Justicia”; “el Tribunal Oral 5 sobreseyó…”, u obviedades como “hay fiscales y jueces honestos y otros que no lo son”. En este caso los actores preponderantes son los jueces Obligado y Grunberg, no Cristina Kirchner. Que sin duda, son jueces audaces.

Buenos Aires, 01 de diciembre 2021

Castas militantes

La propaganda política moderna nació con Lenin, Trotsky, Mussolini y Hitler, quienes establecieron conceptos y reglas básicas hoy vigentes. Mientras Mussolini decía que “el hombre moderno está asombrosamente dispuesto a creer”, Hitler observó que las reacciones de masas son determinadas más por la emoción que por la reflexión, por lo que el verbalismo debía ser acompañado de actos monumentales, recurso que en cuanto a imagen, ya se practicaba en la antigüedad. Lo señalado servirá para interpretar lo sucedido en el acto por la militancia del miércoles 17 de noviembre, en el que se aplicaron reglas de propaganda clásica para distorsionar la realidad y enmascarar intenciones.  

El militantismo, término de raíz latina invocado para convocar al acto, remite a la formación de milicias, lo que supone formación y espíritu de cuerpo en sus integrantes. En la actualidad define a una persona o grupo de personas que comparten ideas dentro de una organización con conducción activa. Para entender el desarrollo del acto se deben interrelacionar los siguientes conceptos: organización (gobierno); contexto (resultado eleccionario); escenificación (convocatoria multitudinaria), y mensaje (discurso presidencial).

Para la organización y escenificación se utilizó la regla propagandística de “unanimidad y contagio”, basada en que la presión de un grupo predomina por sobre la opinión individual, principio que explica actos multitudinarios que generan estados de exaltación contagiosos y sin disonancias. La escenificación aportó a este objetivo, con un palco monumental como soporte de un único orador solitario para realzar su poder, y en el llano, ciento de miles de entusiastas militantes. Para el contexto eleccionario se empleó la regla llamada de “desfiguración”, basada en el uso de datos o citas desvinculadas de la realidad, y “orquestación”, consistente en la repetición constante de un mensaje por diversos actores. La “desfiguración” la aplicó el presidente cuando al cierre de la votación llamó a una convocatoria militante en Plaza de Mayo “para festejar el triunfo electoral”; tras lo cual diversos funcionarios iniciaron la “orquestación”, hablando de “empates técnicos” y “triunfo en la derrota”. Conocer estas estrategias usadas inclusive para explicar una elección cuyos resultados se definen de modo matemático por cantidad de votos obtenidos, servirá para analizar cómo se presentarán próximamente ante la sociedad las consecuencias económico-sociales de las próximas decisiones políticas, con o sin acuerdos.

La primera disonancia se observó cuando los militantes, que como tales debieran tener “espíritu de cuerpo”, fueron organizados y conducidos en tres sectores independientes claramente identificados: gremialistas e intendentes, organizaciones sociales y el sector político La Cámpora, lo que hace suponer que los reales militantes eran las dirigencias políticas, gremiales y de organizaciones sociales, interesadas en mantener o acrecentar espacios de poder relacionados con el manejo de recursos públicos. La multitud solo cumplía un rol escenográfico de supuesta adhesión.

Finalmente se arriba al objetivo final planificado: el mensaje del líder; en este caso el presidente Fernández. Su línea argumental confirmó que el acto estaba destinado a la militancia política rentada, y no a las necesidades sociales en general y de los miles de concurrentes en particular, a quienes solo les dedicó renovadas promesas de una indefinida mejora futura, y la de no negociar acuerdos a costa “del hambre de los argentinos”, omitiendo que el 42% de pobres son consecuencia de las mismas castas y corporaciones gobernando desde hace décadas. Ya instalado en la interna política, expresó su objetivo de triunfar en la elección presidencial del 2023, y comprometió elecciones internas para elegir candidatos, pese a que en el 2019 ningún gobernador, intendente, gremialista y político objetara que Fernández fuera elegido como candidato presidencial a través de un tweet de Cristina Kirchner.

Al mencionar el ya fantasmal acuerdo político, echó mano a la regla de propaganda política llamada de “simplificación y enemigo único”, consistente en concentrar odios en una sola persona, pues es más fácil rivalizar con personas visibles y conocidas, que con ideas o partidos. Cuando se convence a la masa que el verdadero enemigo no es una oposición genérica sino el jefe de esa oposición, se mata dos pájaros de un tiro: degradar al jefe, e intentar captar algunos opositores engañados por el mal conductor. Ello explica que aunque no sea funcionario o candidato, Fernández mencionara una vez más a Macri, excluyéndolo de cualquier diálogo, para “que se quede haciendo negocios con sus amigos”. A esta última regla deberá prestársele atención en el corto plazo, con un interrogante: será usada internamente contra Cristina Kirchner? Y será Fernández el mascarón de proa? Las castas políticas suelen sacrificar pastores para que el rebaño, siempre inocente, continúe sobreviviendo.

Buenos Aires, 24 de noviembre 2021

Políticos al desnudo

Conocidos los resultados de la elección legislativa, cabe destacar aspectos a considerar en la acción política que se avecina. Uno se ellos, es que la incipiente evolución democrática no proviene de la clase política, sino de la sociedad sin distingo de clases. Los reveses electorales que sorprendieron a los oficialismos de turno en las elecciones del 2019 y la actual, muestran que disminuye el voto cautivo y se incrementa el voto castigo. Y con independencia de afinidades partidarias, se unifican los reclamos sociales por la calidad de la educación, salud, seguridad, justicia sin corrupción, trabajo digno y progreso. En contraposición, la política continuó apelando sin pudor a la práctica de viejos caudillos y patrones de estancia, que para lograr votos o adhesiones no ofrecían progreso y dignidad, sino dinero y dádivas de coyuntura, en este caso financiadas con recursos estatales. Actitudes que ratifican que la coincidencia ideológica existente entre castas políticas, corporaciones gremiales y empresarias es el conservadurismo, que incluye la complacencia del juez y del comisario, como relatara el Martín Fierro.

Que el usufructo permanente de privilegios genere egocentrismos disociados de la realidad, como que el presidente convoque a Plaza de Mayo para festejar “el triunfo electoral” o que derrotados expresen que “ganaron perdiendo”, no se agota en la anécdota, sino responde a una de las reglas básicas de propaganda política llamada “desfiguración” de los hechos, a la que habrá que prestar mucha atención cuando se presenten eventuales acuerdos políticos.  Por ello importa que en los mismos participen no solo los máximos responsables institucionales, sino también una ciudadanía activa, sea vía convocatorias o intermediación de organizaciones no gubernamentales, que aseguren protección del interés común y otorguen legitimidad. Caso contrario, se repetirá el conocido recurso de “cambiar para que nada cambie”, como sucediera con el acuerdo de cúpulas del 2002, por el que se incautaron los ahorros de ciudadanos comunes, pese a que los legisladores pocos meses antes habían votado que los depósitos eran intangibles, en tanto el Estado se hacía cargo de gran parte de la deuda en dólares de grandes empresas con la llamada “pesificación asimétrica”, invocando un vieja excusa para encubrir negociados: cuidar el empleo de los trabajadores.

En el debate se deberá obviar la falacia estéril de “más o menos Estado”, cuando es el Estado el que define el perfil de un país: planifica, legisla, ejecuta, protege, castiga y formula el proyecto nacional. Pero para tener éxito son necesarios actores que ofrezcan ejemplaridad y capacidad, activos escasos en nuestras corporaciones conservadoras. Los pasos iniciales para plantear un acuerdo no son alentadores, por dos circunstancias. En primer lugar, se lo plantea de modo superficial y casi fantasmal a través de diversos voceros, sin indicar sus bases, metodología de elaboración, quienes lo suscribirán y cómo se garantizará su seguimiento.

En segundo término y más preocupante, es que solo se hable de un eventual acuerdo internacional con el FMI, que es una negociación de carácter estrictamente económico-financiera con indicadores macroeconómicos, y se omita la necesidad de un imprescindible acuerdo nacional interno y político, que generen profundas y virtuosas transformaciones institucionales. Como ejemplo, el FMI pedirá bajar el déficit en prestaciones jubilatorias, pero no exigirá abolir las jubilaciones de privilegio. En el acuerdo político pueden citarse algunos temas: 1) Racionalización administrativa que elimine ministerios, institutos e infinidad de cargos políticos manifiestamente injustificados e improductivos, cuyos costos no debiera absorber la sociedad; 2) Cumplir con la obligación de diseñar un sistema de coparticipación federal estable y acorde a la época, incumplida desde la reforma constitucional de 1994; 3) Implementación plena del nuevo Código Procesal Penal Federal; 4) Iniciar los juicios por corrupción estatal-privada que tienen Tribunales designados, y desactivar todas las acciones políticas y judiciales en favor de la impunidad.

De circunscribirse a lo económico obviando lo político e institucional, se asistirá a un nuevo simulacro de acuerdo entre castas, de cuyo engaño no será responsable el Fondo Monetario Internacional.

Buenos Aires, 17 de noviembre 2021

Puntos…a votar

En cada acto electoral viene a la memoria una escena del “Tercer hombre”, un clásico policial del año 1949 desarrollado en la Viena de posguerra con guion del escritor Graham Green, que sirve como adecuada y vigente metáfora para señalar la distancia que existe entre los políticos y los votantes. Harry Lime, interpretado por Orson Wells, ofrece a su amigo de la infancia Martins, desocupado en Estados Unidos, que trabaje con él en Viena. A su arribo Martins es informado que Lime acababa de morir atropellado por un auto, y se dirige presuroso a su entierro. Policías presentes en la ceremonia lo interrogan respecto a su relación con Lime, y le informan que traficaba en el mercado negro penicilina adulterada, causando centenares de muertes, en especial niños. Días más tarde Martins descubre que Lime había simulado su muerte para evitar ser detenido, y consigue contactarlo para reunirse con él en el Prater, el parque de atracciones más viejo del mundo. Para conversar a solas suben a una de las  cabinas de la famosa rueda giratoria Noria Grande, y al reprocharle Martins las víctimas inocentes de su negocio, Lime, a 70 metros de altura de quienes circulaban por el parque, le responde: Víctimas? Mira ahí abajo; de verdad sentirías pena si un punto de esos dejara de moverse para siempre?  

A diferencia de la filmografía clásica, que se goza como espectadores, en la cabina de nuestra realidad política igualmente clásica desde hace décadas, permanecen los mismos personajes políticos, mientras los ciudadanos anónimos que se mueven cual puntos sobre el terreno, se reproducen en cantidad y pobreza. Cabe preguntarse cuánto tiempo más los “puntos” aceptarán repetir esta escena hasta el hartazgo, cuando quienes ejercen la dirección de esta inacabada película argentina, presentan una atomizada estructura política carente de formación profesional, y sin un plan que a manera de libreto indique a millones de ciudadanos como actuar coordinadamente. Esta anomalía quedó expuesta en el proceso electoral, que ratificó un principio publicitario que indica que no se puede asegurar por mucho tiempo el éxito de un mal producto, por lo que el marketing político abundó en frivolidades, infantilismos y sobreactuaciones. En defensa de los asesores y publicitarios de campaña, no es fácil entusiasmar cuando no existen soportes de identidad (partido), imagen (candidatos) y mensaje (ideas). La identidad está diluida en coaliciones que fluctúan en cada turno electoral, las imágenes muestran a viejos políticos o a sus apadrinados incluidos en listas sábana, y las ideas se redujeron a repetir acciones que concluyeron en fracasos estruendosos.

Tras esta mediocridad, expertos extranjeros en campañas electorales como el catalán Gutiérrez Rubí, para ordenar lo gráfico y discursivo, deslumbra explicando la valoración positiva del “sí” en relación al “no”. Pero sin soportes conceptuales sólidos, el resultado es una insustancialidad que ejemplifica el presidente en un párrafo de su discurso en la Cámara de la Construcción, cuando expresa “a escuchar y gobernar yo le digo que sí; y le digo que no a la idea de encerrarnos, a la idea de creer que debemos gobernar sin escuchar al otro…”. Vale decir, opiniones que no se practican, sin concreciones. Sin embargo, de la mediocridad política y comunicacional, pueden extraerse dos elementos a considerar a partir del 15 de noviembre. El primero surgido durante la pandemia, es la burbuja, consistente en encierros delimitados como protección social sanitaria. Durante la campaña se potenció algo habitual entre castas, que es priorizar comunicacionalmente polémicas entre burbujas integradas por políticos, en la que los ciudadanos son meros espectadores, antes que la relación entre candidato-ciudadano para comprometer propuestas. Las burbujas más conocidas son “ahh…pero Macri” y “ahh…pero Cristina”, a las que se suman otras burbujas integradas por funcionarios y políticos privilegiados que opinan y acusan sin asumir responsabilidades.

El segundo elemento se transparenta en los actos electorales, al observar a quienes se encuentran en palcos y escenarios. Salvo en lo dialéctico, al amparo de recursos estatales otorgados discrecionalmente se congregan derechas, izquierdas, neoliberales, populistas, peronistas, kirchneristas y radicales. Lo que los unifica ideológicamente es el conservadurismo, tanto del poder como de sus privilegios. No es casual entonces que apelen a viejas políticas de congelamientos; utilicen impuestos para auto promocionarse en lugar de aplicarlos a educación, salud y seguridad; se resistan  a cambiar la estructura del Estado y las leyes laborales; defiendan la impunidad y tiendan a aislarse del mundo. O que intendentes del sufrido conurbano vivan en Puerto Madero. Piensan como conservadores: si en el poder vivimos bien, para qué cambiar?

Con estos antecedentes, en lugar de plantear recurrentemente “grandes acuerdos”, el primer paso es definir los temas y propuestas, y quiénes lo suscribirán. Lo evidente en lo inmediato, es que en la versión argentina del célebre policial del 49, a partir del lunes 15 “los puntos” deberán estar alertas.

Buenos Aires, 10 de noviembre 2021

Política, administración y déficit

La pandemia asociada a la crisis económico-social transparentaron en la presente campaña electoral los principales vicios de las castas políticas, sea en cuanto a responsabilidades públicas como en estrategias comunicacionales. Si bien un número creciente de ciudadanos se resistieron a ser identificados con el humillante mote de “votos cautivos”, ello no es suficiente para aventurar cambios, pues ante el reclamo de que “se vayan todos” en la crisis 2001-2002, se quedaron casi todos los que hoy son responsables de la decadencia argentina. En lo inmediato, la crisis de representación de quienes deben deliberar y gobernar en nombre del pueblo, hace necesaria una participación ciudadana más directa, activa y orgánica en la elaboración de propuestas que integren un acuerdo político sustentable, muchas de los cuales no serán del agrado de las castas. Dichas propuestas deberán propagarse a todos los niveles sociales de modo comprensible, pues no en vano la enseñanza educativa más igualadora y similar para todos, es la de aprender a leer y escribir.

Para un acuerdo político se podría partir de tres capítulos básicos: política, administración y déficit. La política refiere al factor humano, por el cual los actores intervinientes debieran poseer ética, capacidad intelectual y honestidad planificadora, para que el proyecto nacional cumpla con los principios democráticos de equidad e igualdad de oportunidades. En tal sentido, para exigir sacrificios a los ciudadanos con cierta autoridad moral, prioritariamente deberían derogarse los innumerables privilegios políticos, que no pueden disfrazarse de derechos adquiridos, más aún cuando los de los ciudadanos comunes son permanentemente vulnerados: incautación de ahorros, manipulación de jubilaciones, educación desigual, etc.

El factor administración, que considera la estructura física y operativa del Estado en sus tres poderes, llegó a tal nivel de sobredimensionamiento e ineficacia, que inicialmente impacta más en la calidad institucional y de prestación de servicios que en lo económico. Para evitar que ante un planteo de racionalidad administrativa los políticos y gremialistas beneficiarios apelen al conocido ardid de denunciar despidos masivos de trabajadores, se actuará explícitamente sobre los organismos y niveles jerárquicos innecesarios, creados solo para cubrir compromisos políticos y familiares, sin con ello afectar a los legítimos derechos de empleados de planta permanente. La actualidad brinda una oportunidad para concretarlo, porque como nunca antes se transparentaron los perjuicios sociales que provocan una estructura estatal atomizada, improductiva y jerárquicamente inmanejable, con salarios y beneficios disociados de la realidad económica de las actividades privadas en general.   

Tras lo humano (responsables políticos), y lo físico (estructura administrativa), emerge el tercer factor clave, de índole económica: el déficit, que no debe confundirse con deuda, que de por sí no es mala. Cuando un ciudadano común saca un crédito para un emprendimiento, vivienda o vehículo contrae una deuda, que se supone analizó quien la otorga, y planificó su amortización quien la asume. Pero si los gastos del beneficiario superan mes a mes a los ingresos, tendrá un déficit que le impedirá amortizar la deuda, en cuyo caso o planificó mal, o generó conscientemente la insolvencia, vía gastos excesivos destinados a privilegios legalizados o corruptos. Así como en el campo de los ciudadanos comunes abundan reconocidos deudores morosos con excelentes niveles de vida que para no pagar utilizan excusas banales, en el campo político la diferencia estriba en que las excusas son más sofisticadas: fuga de capitales, cuentas “offshore”, créditos de la banca pública ruinosos, evasiones fiscales, hasta arribar a la habitual proclama pronunciada por los políticos responsables: “no pagaremos las deudas con el hambre del pueblo”.

El problema político hasta ahora no resuelto, es que estos términos los usan quienes están en el poder desde hace décadas, favorecieron la corrupción y son morosos con un excelente nivel de vida. Pero institucionalmente la exigencia de hoy no es “qué se vayan todos”, sino qué acuerdos se establecerán para que el país avizore una transformación virtuosa y definitiva de mediano y largo plazo. De ahí la importancia de una participación ciudadana activa.

Buenos Aires, 03 de noviembre 2021

Política, administración y déficit

La pandemia asociada a la crisis económico-social transparentaron en la presente campaña electoral los principales vicios de las castas políticas, sea en cuanto a responsabilidades públicas como en estrategias comunicacionales. Si bien un número creciente de ciudadanos se resistieron a ser identificados con el humillante mote de “votos cautivos”, ello no es suficiente para aventurar cambios, pues ante el reclamo de que “se vayan todos” en la crisis 2001-2002, se quedaron casi todos los que hoy son responsables de la decadencia argentina. En lo inmediato, la crisis de representación de quienes deben deliberar y gobernar en nombre del pueblo, hace necesaria una participación ciudadana más directa, activa y orgánica en la elaboración de propuestas que integren un acuerdo político sustentable, muchas de los cuales no serán del agrado de las castas. Dichas propuestas deberán propagarse a todos los niveles sociales de modo comprensible, pues no en vano la enseñanza educativa más igualadora y similar para todos, es la de aprender a leer y escribir.

Para un acuerdo político se podría partir de tres capítulos básicos: política, administración y déficit. La política refiere al factor humano, por el cual los actores intervinientes debieran poseer ética, capacidad intelectual y honestidad planificadora, para que el proyecto nacional cumpla con los principios democráticos de equidad e igualdad de oportunidades. En tal sentido, para exigir sacrificios a los ciudadanos con cierta autoridad moral, prioritariamente deberían derogarse los innumerables privilegios políticos, que no pueden disfrazarse de derechos adquiridos, más aún cuando los de los ciudadanos comunes son permanentemente vulnerados: incautación de ahorros, manipulación de jubilaciones, educación desigual, etc.

El factor administración, que considera la estructura física y operativa del Estado en sus tres poderes, llegó a tal nivel de sobredimensionamiento e ineficacia, que inicialmente impacta más en la calidad institucional y de prestación de servicios que en lo económico. Para evitar que ante un planteo de racionalidad administrativa los políticos y gremialistas beneficiarios apelen al conocido ardid de denunciar despidos masivos de trabajadores, se actuará explícitamente sobre los organismos y niveles jerárquicos innecesarios, creados solo para cubrir compromisos políticos y familiares, sin con ello afectar a los legítimos derechos de empleados de planta permanente. La actualidad brinda una oportunidad para concretarlo, porque como nunca antes se transparentaron los perjuicios sociales que provocan una estructura estatal atomizada, improductiva y jerárquicamente inmanejable, con salarios y beneficios disociados de la realidad económica de las actividades privadas en general.   

Tras lo humano (responsables políticos), y lo físico (estructura administrativa), emerge el tercer factor clave, de índole económica: el déficit, que no debe confundirse con deuda, que de por sí no es mala. Cuando un ciudadano común saca un crédito para un emprendimiento, vivienda o vehículo contrae una deuda, que se supone analizó quien la otorga, y planificó su amortización quien la asume. Pero si los gastos del beneficiario superan mes a mes a los ingresos, tendrá un déficit que le impedirá amortizar la deuda, en cuyo caso o planificó mal, o generó conscientemente la insolvencia, vía gastos excesivos destinados a privilegios legalizados o corruptos. Así como en el campo de los ciudadanos comunes abundan reconocidos deudores morosos con excelentes niveles de vida que para no pagar utilizan excusas banales, en el campo político la diferencia estriba en que las excusas son más sofisticadas: fuga de capitales, cuentas “offshore”, créditos de la banca pública ruinosos, evasiones fiscales, hasta arribar a la habitual proclama pronunciada por los políticos responsables: “no pagaremos las deudas con el hambre del pueblo”.

El problema político hasta ahora no resuelto, es que estos términos los usan quienes están en el poder desde hace décadas, favorecieron la corrupción y son morosos con un excelente nivel de vida. Pero institucionalmente la exigencia de hoy no es “qué se vayan todos”, sino qué acuerdos se establecerán para que el país avizore una transformación virtuosa y definitiva de mediano y largo plazo. De ahí la importancia de una participación ciudadana activa.

Buenos Aires, 03 de noviembre 2021