Webmaster Política en Borrador

El título pareciera contradictorio, pero no lo es. Aristóteles señalaba que las asociaciones tienden a un fin determinado. Cuando ese fin comprende a todos los demás, la asociación se llama política, o más precisamente Estado. El término “política”, de origen griego, significa “relacionado con los ciudadanos”. “Político” por su parte, es quien interviene en la toma de decisiones que afectan a determinados grupos de ciudadanos. En el áspero campo del ejercicio del poder público, en el que se intermedia entre conflictos de intereses, no siempre prevalece el abstracto idealismo del “interés común”. Pero “hacer política” muchas veces excede los marcos institucionales, y las sociedades sorprenden con mensajes claros y contundentes no previstos.

La movilización ciudadana en la tarde-noche del pasado sábado con epicentro en Plaza de Mayo y principales ciudades del país, sorprendió por su masividad. Convocada vía redes sociales por desconocidos, no solo careció de apoyo político, sino fue expresamente desaconsejada por dirigentes del radicalismo y Coalición Cívica. La difusión fue escasa, y los periódicos del día señalaban al Obelisco como punto de encuentro, en lugar de Plaza de Mayo. Las columnas de ciudadanos de a pie respetaban los semáforos, permitiendo circular a los vehículos, muchos de los cuales apoyaban con bocinazos. Bares y restaurantes, en lugar de bajar persianas trabajaron más de lo habitual. Los traslados en colectivos contratados, fueron reemplazados por una confesión:”vine con la SUBE”. No hubo banderías políticas sino banderas argentinas, y los estribillos se pronunciaban a viva voz, sin micrófonos. Existieron referencias al gobierno anterior y al actual, pero la consigna predominante era la defensa de la democracia. Los concurrentes también debían pagar aumentos de tarifas y transportes; trabajar para sostener sus comercios, pequeñas empresas y actividades; sufrir la educación de sus hijos. La pregunta entonces es: qué pasó?

En principio, no debiera sorprender que genuinas convocatorias ciudadanas superen a las político-gremiales planificadas. Sucedió con el reclamo de seguridad por el caso Bloomberg, también un 1° de abril pero del 2004, y en febrero del 2015 por la muerte del fiscal Nisman, bajo una lluvia torrencial. Pero el trasfondo de la marcha del pasado sábado debiera compararse con las secuencias traumáticas provocadas por la caída del gobierno democrático de la Alianza en diciembre del 2001, que precisamente los organizadores del acto del 24 de marzo se solazaron en recordar, a través de la imagen “del helicóptero”. Omitieron que esos días aciagos con muertos y saqueos, no concluyeron días más tarde con el habitual y cómodo reemplazo de quienes “no saben gobernar por quienes sí saben”. Para sorpresa de muchos, con cacerolas como única arma, la ciudadanía hizo tronar el reclamo aún latente: “Que se vayan todos!!!”. Es verdad que la mayoría de los políticos, llamados “profesionales” por su capacidad de permanencia, se quedaron casi todos, incluido Carlos “Chacho” Alvarez. Pero se licuaron los partidos.

Por ello esta sorprendente convocatoria debería relacionársela con el acto que tan solo nueve días antes, en lugar de recordar el golpe militar de 1976, se utilizó para denunciar “la dictadura del gobierno de Macri”. Plantear que personajes como Bonafini, Baradel, Yasky, Micheli, Esteche, Espinosa, entre otros, alegremente puede calificárselos de marginales o inimputables, es una ingenuidad. Conocen el peso de sus palabras y acciones, y saben cómo y cuándo usarlas. Pero sus gritos debieran preocupar tanto como los silencios. Ningún representante de partidos de oposición o entidades civiles emitió opinión, ni siquiera por twitter. No lo hicieron Gioja, Scioli, Massa, Stolbizer, entre muchos otros. El único que sin subterfugios, definió la intención de las expresiones de quienes encabezaron el acto que usufructuó el pasado para encubrir intenciones presentes, fue Marcos Aguinis. Los llamó golpistas. Nueve días más tarde, la “mayoría silenciosa” en todo el país, salió a manifestar lo que vastos sectores dirigenciales no se atrevieron.

Buenos Aires, 05 de abril 2017

Si existe un tema en el que no hubo ni habrá “grieta”, es el referido a la corrupción estatal-privada. Es un fenómeno mundial. La tentación es enorme: el dinero a sustraer es “el de los impuestos de todos”, vale decir, dinero sin dueños identificables. Todo comienza con el armado de una logística de sustracción e impunidad, de la que participan funcionarios, empresarios asociados, testaferros, gremialistas, organismos de control, jueces y fiscales. Las ideologías son irrelevantes: intervendrán peronistas, radicales, progresistas, apolíticos, derechas, izquierdas, y hasta algún integrante del clero. En los controles administrativos y judiciales se aplica un principio de la economía liberal: “Dejar hacer; dejar pasar”.

Este circuito consolidado desde hace décadas, tambaleó al asumir un gobierno de distinto signo político en diciembre del 2015. Pero si bien se reemplazaron las cúpulas de organismos del Ejecutivo, legislativamente el oficialismo es minoría. Y obviamente, se mantuvieron las estructuras judiciales, gremiales y empresariales. En este contexto la red de impunidad lucha denodadamente para sobrevivir. Una de las estrategias apela a la propaganda política, cuya esencia consiste en influenciar y direccionar a la opinión pública a través de estudiados mensajes breves y contundentes. No se debe decir “Cambiemos es la derecha”, sino “Macri es la derecha”. Contra lo que se cree, estos mensajes “simples” no se destinan solo a los sectores más postergados económica y culturalmente, sino a todas las franjas sociales. En paralelo, existen mensajes más sofisticados dirigidos a sectores llamados dirigenciales o de poder. La brevedad del eslogan es reemplazada por textos, conceptos, declaraciones en “off” y cifras nunca certificadas. También difiere el léxico empleado. Mientras en el debate político predomina el agravio, la insustancialidad y denuncias cruzadas, en las esferas privadas y judiciales desaparecen las adjetivaciones rotundas: no hay jueces o fiscales corruptos, sino “lentos”. No hay empresarios visibles que pretenden mantener prebendas, sino misteriosos “círculos rojos”. Como voceros suelen utilizar a terceros que actúan a modo de oráculos de la antigüedad, en los que sacerdotes o pitonisas interpretaban a los dioses o anunciaban sucesos a través de señales físicas o simbólicas.

Vaya como ejemplo el artículo de Marcelo Bonelli publicado en Clarín el día 17 pasado, titulado “Presidente: ¿porqué no va presa Cristina Kirchner?”. Se inicia con un fenómeno parasicológico, al hacer referencia a una conversación que mantuvieran el ex Jefe del Gobierno español Felipe González y Mauricio Macri “a solas” (el micrófono estaba escondido en el florero?). La supuesta inquietud del español residía en saber “si Cristina irá presa”. La pregunta en realidad es recurrente en medios de comunicación, con resultados igualmente recurrentes: favorecer una vez más la impunidad. Su eventual detención generaría debates estériles, sin determinar inocencias y culpabilidades. Esa trampa ya se usó con Menem, que fuera detenido por corto tiempo, y pese a estar condenado ejerce como senador. No debiera sorprender que esta exitosa estrategia se use también con Lázaro Báez y José López, liberándolos cuando cumplan dos años de detenidos, mientras jueces y fiscales continúan lentificando las investigaciones. La pregunta correcta debiera formularse al Poder Judicial: “Cuándo serán elevadas las causas a juicio oral y público, con fecha establecida?” Otro interrogante no menos importante debiera responderlo los integrantes del Poder Legislativo: cuándo aprobarán la ley de Extinción de Dominio, que permitiría la incautación por parte del Estado de parte de los fondos sustraídos? Por ejemplo, los nueve millones de dólares de José López. Mientras no haya respuestas, dejemos a Cristina en el Calafate enviando tweets contra el gobierno.

La parte final del artículo de Bonelli abandona las inquietudes morales de inversores extranjeros, para transmitir inquietudes más mundanas del “círculo rojo” criollo: transparentar los precios paralizó las ventas, y el negocio financiero de las tarjetas de crédito cayó en picada; el Banco Central interviene para sostener el dólar; la apertura de importaciones; la caída de consumo (no de precios). Un párrafo del artículo expresa que “Muchos empresarios locales resolvieron postergar decisiones económicas hasta que se aclare si la ex Presidente tiene reales chances electorales”. Dado que el Estado jamás recuperó el dinero que le fuera sustraído, se debería clarificar si las dudas consisten en establecer si la corrupción continuará, o será desactivada y deberán competir sin la lecha materna del Estado.

Buenos Aires, 28 de marzo 2017

Suele afirmarse que cometer los mismos errores arroja las mismas consecuencias. Lo que no termina de dilucidarse, es porqué los dirigentes que los cometen pueden mantenerse por décadas. Surge un interrogante: esas eternas permanencias aplicaron políticas supuestamente distintas?. Previo a responder, establezcamos si el término “distinto” se aplica al envase o al contenido. El filósofo y sociólogo francés Jean Baudrillard, crítico de la sociedad de consumo, señalaba en la década del 70 que la publicidad constituía “un mundo inútil, inesencial”. No solo porque trata del consumo, sino porque la misma publicidad se convierte en objeto de consumo. Aplicado el concepto a la política, el envase es el dirigente. Muchos de los que actuaron en la época de Menem, lo hicieron en la de Kirchner, y continúan hoy. Los contenidos son las políticas aplicadas. Fueron distintos el “neoliberalismo” privatizador de Menem, y el “populismo” reestatizador de Kirchner?. En ambos casos coincidieron necesidades recaudatorias del Estado, vaciado de recursos. También fueron similares los contextos: éxitos electorales, empresarios con prebendas, gremialistas complacientes, justicia cómplice y oposición laxa, que derivaron en una desaforada corrupción estatal-privada. No debiera sorprendernos entonces que los mismos que privatizaron años más tarde reestatizaron.

Asegurar impunidad en una democracia implica una sólida trama de complicidad entre los partícipes necesarios políticos, empresarios, gremiales y judiciales. Reemplazar parte de estos eslabones pone en riesgo esta compleja red (ejemplo Aduana). Por ello, tras los justos reclamos sociales de las víctimas del saqueo al Estado, actuarán quienes pretenden salvar sus libertades y patrimonios. Ejemplifiquemos lo planteado con casos de añejos “envases” pertenecientes a bodegas políticas, empresarias y judiciales, que intentarán cambiar de etiqueta, pero no de contenido, apelando al recurso psicológico de la “doble personalidad”. Consiste en sufrir amnesia por los pecados pasados (lado malo), mientras se rediseñan las “etiquetas” de los viejos discursos incumplidos, con esperanzadoras promesas de futuro (lado bueno).

Como ejemplo político mencionaremos a Alberto Fernández, de buena formación intelectual y trato respetuoso, que pretende ser legislador por el Frente Renovador. Habitual asistente a programas de opinión, es crítico del actual gobierno. Cuando se lo interroga respecto a la corrupción del kirchnerismo, responde: “mientras yo estuve como Jefe de Gabinete entre mayo del 2003 y julio del 2008, salvo Skanska y Antonini Wilson, no vi corrupción”. Sin embargo, el propio Fernández se enorgullece de su rol en el Grupo Calafate, creado hace 20 años, que sirviera de soporte para la candidatura y acceso a la presidencia de Néstor Kirchner. Época en la que se conformó la matriz de negocios públicos-privados que se trasladó posteriormente a la Nación. Fernández pudo observar la estructura política feudal de Santa Cruz, y compartir múltiples reuniones con los funcionarios provinciales Julio De Vido, Ricardo Jaime y José López, entre otros. Desde entonces observó solo dos casos de corrupción? De ser así, su capacidad perceptiva y autocrítica es muy limitada.

En el ejemplo industrial, José de Mendiguren fue Ministro de Producción de Duhalde en el 2002, promoviendo una fuerte devaluación y estatización parcial de deudas privadas en dólares. Actualmente es diputado por el Frente Renovador. Declaró que “las importaciones, dólar bajo y presión impositiva aumentan los problemas de competitividad de la industria”. Lo dijo en el 2002 o en el 2017? Mendiguren es persistente: hace 15 años y ahora.

En el campo judicial, el juez Casanello y el fiscal Marijuán, tras eludir durante tres años investigar al empresario Lázaro Báez, al difundirse el video con su hijo y allegados contando millones de dólares en Puerto Madero, comenzaron a moverse. Pese a la espectacularidad de algunas diligencias, recientemente los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah dictaminaron que en nada avanzaron para vincular los fondos manejados por Báez, con el irregular otorgamiento de obras públicas a sus empresas, y sus relaciones con lo más alto del poder. La justicia también es persistente. Continúa tan lenta y evasiva como siempre.

En la próxima opinión comentaremos un artículo de Marcelo Bonelli titulado “Presidente: ¿porqué no va presa Cristina Kirchner?”, publicado en Clarín el 17 de marzo pasado. Refleja el juego entre política, empresas y justicia.

Buenos Aires, 22 de marzo 2017

Desactivar la matriz de la corrupción estatal-privada instalada en el país desde hace al menos 25 años (una generación), no será nada fácil. La sólida trama delictiva conformada por políticos, empresarios, gremialistas e integrantes del poder judicial, ha desplegado una estrategia de confusión y ocultamiento hasta ahora exitosa, destinada a mantener libertades y patrimonios mal habidos. Existen elementos que lo manifiestan.

Contra lo que se pretende hacer creer, la Justicia no modificó su actitud indolente en cuanto a tiempos, tramitaciones, y demoras increíbles para iniciar juicios orales y públicos. No debiera asombrarnos: los mismos jueces y fiscales que mantuvieron paralizadas las causas, hoy simulan activarlas tras lentas y publicitadas rondas de declaraciones de imputados o procesados, que en la práctica se reduce a presentar escritos sin responder preguntas. Solo compararnos con Brasil nos humilla. En el caso Lava Autos, iniciada hace menos de cuatro años por una investigación menor en Curitiba por el juez local Moro, se comprobó una enorme red de sobornos local e internacional en cabeza de empresas con Petrobras y Odebrecht. Hoy altos funcionarios y empresarios han sido juzgados y condenados. La única verdad es la realidad. En Brasil, el poderoso empresario Odebrecht está condenado y preso. En Argentina, el condenado senador Menem legisla.

Varios legisladores por su parte, priorizan luchar para renovar en la próxima elección sus mandatos vencidos. Ni hablar de los políticos de a pié que pretenden acceder a la condición de “representante del pueblo”, manteniendo fueros no previstos en la Constitución, que los protejan en caso de delitos comunes. La ley de Extinción de Dominio se encuentra paralizada en el Senado. La Ley del Arrepentido se promulgó en octubre del 2016, seis meses más tarde que el fiscal Raúl Pleé escribiera un artículo señalando que la ley ya existía, y solo debía ser ampliada. Tras esta nota, Fariña declaró bajo la figura del arrepentido. El Consejo de la Magistratura mantiene su inoperancia. Pese a todo, hay quienes en campaña electoral pretenden entretenernos con modificaciones al Código de Ética.

Los mensajes “todos somos ladrones” se suceden. En las causas que involucran a altos funcionarios por el cobro de coimas, éstos interrogan capciosamente: porqué no investigan a los empresarios, en especial a familiares y amigos de Macri? El ex Jefe de Gabinete Aníbal Fernández afirmó en defensa de José López, que “una coima no es robarle al Estado”. Demos respuesta a esta falsedad, sin caer en la trampa del debate ideológico. Para ello ejemplifiquemos con dos contratistas antagónicos: Lázaro Báez, amigo de la familia Kirchner, y Ángelo Calcaterra, amigo del presidente Macri. No solo en Argentina sino en el mundo, las coimas de contratistas del Estado surgen de sobreprecios acordados previamente entre funcionarios y empresarios. Vale decir, son recursos públicos, no privados. Inclusive en los países más pobres las coimas son más altas. Al recibir el empresario el primer pago estatal, la coima se “retorna” a los funcionarios por vías privadas, pagándoles alquileres, servicios no prestados, etc. Es de suponer que tanto Báez como Calcaterra aportaron el correspondiente diezmo.

Surge entonces la pregunta: la investigación debería comenzar por el empresario o por el funcionario? Este último presenta dos debilidades: 1) haber autorizado el sobrecosto de la obra; 2) casi seguramente, exhibir un enriquecimiento patrimonial injustificado. Ambos aspectos no deberían tener mayor complejidad investigativa y probatoria, mediante peritajes correctos. Solo ante pruebas concretas, podrían producirse arrepentimientos “judiciales” de los acusados, prestando además colaboración para desactivar la trama delictiva, en búsqueda de disminuir sus penas. La otra alternativa sería un arrepentimiento “religioso”, que nace de la convicción íntima de retomar la senda moral del cumplimiento de los mandamientos de Dios. No creemos que Báez, Calcaterra u otros empresarios, alcancen este estado espiritual y místico. Cabe entonces preguntarse: están jueces y fiscales recolectando las pruebas necesarias para dar lugar a los más mundanos arrepentimientos judiciales?

Buenos Aires, 08 de marzo 2017

Continuando con las repercusiones causadas por el acuerdo Gobierno-Correo Argentino, intentaremos la disección de algunos de los cerebros políticos opinantes sobre el tema, para encuadrarlos según los tipos descriptos por Maquiavelo: excelentes, buenos o inútiles.

Es importante evaluarlos, porque en sus roles ejecutivos, legislativos y judiciales, sean oficialismo u oposición, determinan el nivel de desarrollo y calidad democrática de un país. Si bien son poderes independientes en cuanto a obligaciones específicas, son interdependientes para el logro de resultados institucionales coherentes. Por ello, es lógico Incluir al poder judicial en el campo de los cerebros políticos. Para comprender el genérico término “político”, es conveniente compararlo inicialmente con el de estadista, que define al arquetipo político que aspira a lograr objetivos superiores de largo plazo, a partir de la realidad en la que convive. La definición de político es más sucinta y concreta: “es quien se dedica a la política”. No agrega exigencias complementarias de tipo ético-morales, bondad o capacidad intelectual. Esta diversidad obliga a que los partidos con aspiraciones de poder o que lo ejerzan, deban contar con quienes a los requisitos de capacidad, honestidad y actitud que se supone deberían cumplir quienes ocupan cargos públicos, no fáciles de lograr simultáneamente, le agreguen la condición de “hábil político”, para mediar entre intereses superiores, intereses sectoriales y eventuales juegos políticos de coacción. Este perfil destinado a conciliar objetivos de gobierno con posibilidades de implementación y oportunidad, puede describirse a través de una frase popular y entendible: “alguien que sepa meter los pies en el barro”. No en vano, en política es más habitual el término “negociar” que “acordar”. Más aún en nuestro país, en donde los acuerdos muchas veces encubrieron intereses personales y/o espúreos. Los antecedentes de las últimas décadas hacen necesario aclarar que este perfil político no excluye la honestidad.

En el caso Correo Argentino, comenzaremos con las disecciones de los cerebros de los funcionarios del Ejecutivo, que sabiendo que el acuerdo involucraba indefectiblemente al presidente Macri, por estar el grupo ex concesionario litigante encabezado por su padre Franco, fallaron notablemente en el manejo político. Se debería haber brindado la mayor información pública posible sobre los antecedentes, alternativas de acuerdo posibles y tratativas en curso, destinadas a cerrar un conflicto de larga data. No sucedió, por lo que los cerebros de los funcionarios intervinientes deberían ser catalogados como inútiles. Pero se les presenta una oportunidad.

Una vez más a través del periodismo serio, por notas propias o reportajes a especialistas, la sociedad pudo conocer y/o recordar detalles concretos del caso irresuelto desde hace más de 12 años. Como consecuencia, quedaron planteados interrogantes cuyas respuestas no debieran demorarse. El dictamen de la fiscal Boquin deberá desmenuzarse para establecer su solidez y legalidad. Los expertos tendrán que definir si el concurso de acreedores congela o no los intereses de deuda, y evaluar los efectos de una eventual quiebra del Correo. Es en esta actualizada etapa administrativa y judicial, que los funcionarios tendrán la oportunidad de actuar con profesionalidad y claridad ante la opinión pública, para que sus cerebros asciendan a la categoría de buenos.

Los cerebros inútiles también abundaron entre los opositores, que a falta de informar, se dedicaron a twittear eslógans irrelevantes y oportunistas. El senador Solanas, por ejemplo, afirmó que “el Gobierno perdonó 70.000 millones de pesos”. La diputada Donda no se quedó atrás, cuando con calculadora en mano, afirmó que “el acuerdo con el Correo equivale a siete bolsos de José López”.

La mayor coherencia la exhibió el justicialismo kirchnerista, al utilizar el caso para sostener su estrategia exculpatoria por hechos de corrupción, basada en que en realidad “todos somos corruptos”. El más demostrativo fue el diputado Recalde, quien con alegría afirmó que “con el acuerdo, el delito se consumó”. Por claridad de objetivos, merecen que sus cerebros se consideren buenos.

Buenos Aires, 02 de marzo 2017

Expresaba Maquiavelo en su obra “El príncipe”, hace casi 500 años: “Hay tres clases de cerebros; el primero discierne por sí mismo, el segundo entiende lo que otros disciernen y el tercero no discierne ni entiende lo que otros disciernen. El primero es excelente, el segundo bueno y el tercero inútil”.

Estas tipificaciones relacionadas con el intelecto y el entendimiento, Maquiavelo las aplicaba a quienes integraban los ámbitos de poder, sin diferenciar entre tipos de reinados o grupos en conflicto, que hoy asimilaríamos a los denominados oficialismos y oposiciones. Cuando nos han acostumbrado a que “un año electoral” habilita todo tipo de mensajes oportunistas y/o falaces que aportan al ocultamiento y a la confusión, es oportuno bucear sobre nuestros cerebros políticos vernáculos. Un caso testigo excelente para este ejercicio, es la polémica desatada por la propuesta de acuerdo suscrita en junio del año pasado entre el Gobierno y el Correo Argentino. Básicamente, porque exhibe aspectos ilustrativos de las políticas contradictorias aplicadas durante las últimas décadas por los mismos dirigentes políticos, gremialistas y empresarios, hoy vigentes. No debiera sorprender entonces, que más allá de los disfraces ideológicos de ocasión, el resultado final sea siempre el mismo: arcas del Estado vaciadas, con funcionarios, intervinientes judiciales y empresarios asociados, enriquecidos.

Breve síntesis cronológica. 1) Privatización en 1997 del Correo Argentino por el ex presidente Menem (hoy senador, que pese a estar condenado por contrabando, puede legislar); 2) Cesación de pagos de la empresa en el 2001, entrando en concurso de acreedores; 3) Reestatización de la empresa en el 2003 por parte del fallecido ex presidente Kirchner; 4) Con un bagaje de 102 cuerpos de expedientes con más de 22.000 fojas, en junio del 2016 se elabora una propuesta de acuerdo entre Gobierno y empresa. Hasta este punto, una secuencia repetida en el juego ruinoso de privatizaciones y posteriores reestatizaciones. Pero a mediados de este mes, el caso adquiere un matiz especial: la fiscal en lo Comercial Gabriela Boquin denunció al convenio por abusivo. Tras ellos, distintos cerebros se pusieron en funcionamiento, recordando que Franco Macri, quien encabeza el grupo empresario litigante, es padre del actual presidente Mauricio Macri.

Previo a intentar la disección de algunos cerebros tras la sintética cronología del litigio, es importante instalarnos en el contexto actual. Con pretensiones de gobernar existen tres agrupamientos: 1) Cambiemos, en ejercicio del poder; 2) Frente Renovador, deseando alcanzarlo a futuro; 3) Frente para la Victoria, que gobernara durante 12 años entre el 2003 y 2015, y cuya preocupación inmediata es sortear responsabilidades penales por los casos de corrupción estatal-privada durante su gestión. Entre los tres Frentes, fluctúan repetidos políticos que sin estructuras partidarias elementales y bajo la autoproclamada condición de “progresista”, en instancias electorales buscan acoplarse a listas sábanas con posibilidades electorales, para de este modo continuar usufructuando cargos legislativos con actuaciones puramente dialécticas.

Otro aspecto a resaltar es el objetivo final pretendido del análisis del caso Correo: conocer con precisión la vía adecuada para arribar a una solución definitiva que minimicen costos para el Estado, que por la prolongación del conflicto en el tiempo serán inevitables. Para lograrlo, deberemos evitar el juego del oportunismo político, las frases falaces o de la desinformación cómplice. Si realmente queremos cambiar, el juego del “pro Macri o anti Macri” nos retrotraerá a viejos eslógans encubridores, tales como “pro Menem o anti Menem”, o “pro Kirchner o anti Kirchner”, mientras la matriz de corrupción, tras décadas de plena actividad, goza aún de buena salud.

Dicho esto, preparemos nuestros bisturíes para iniciar en la próxima opinión la disección de algunos cerebros. Como corresponde por orden de responsabilidad jerárquica, comenzaremos por los que integran el gobierno.

Buenos Aires, 22 de febrero 2017

El título no está referido a conocidos casos de gremialistas que utilizan su condición para conformar empresas propias relacionadas con la actividad que representan, como servicios logísticos, aseguradoras, salud, sino apunta a su rol específico de defender los intereses laborales y salariales de sus afiliados. Hablaremos solo del gremialismo relacionado con la actividad privada, pues el estatal posee matices propios que se analizarán a futuro. La tercera pata del trípode del mercado laboral, la conforman los Estados nacional y provinciales, con su responsabilidad superior de defensa del interés general.

Porqué planteamos “gremialista igual a empresario”, y no a la inversa? Es cada vez más habitual que en las pujas de distribución del ingreso entre el capital (empresarios), y salarios (trabajadores), el rol de portavoz de reclamos empresariales para obtener concesiones y/o beneficios por parte del Estado, lo asuman casi en exclusividad los gremialistas. Lo grave es el elemento de coacción utilizado: despidos o amenazas de despido de trabajadores.

Recordemos dos ejemplos recientes. En febrero de 2016 Pablo Moyano, del gremio camioneros, encabezó una protesta ante el Banco Central aduciendo que la no distribución de los resúmenes bancarios en papel, significaba la pérdida de 4.000 puestos de trabajo en la distribuidora OCA. Patricio Farcuh, presidente del grupo controlante de la empresa, se mantuvo en silencio. Posteriormente se conoció que OCA tenía una millonaria deuda por aportes patronales y con la AFIP. El gremio lo sabía? En la misma época se produjo un conflicto en Cerro Dragón, principal yacimiento de petróleo del país, ante la baja del precio internacional del crudo. Las caras visibles del reclamo de soluciones ante el gobierno nacional, representado por el ministro Aranguren, fueron el sindicalista Jorge Ávila y el gobernador de Chubut. Públicamente no participaron los concesionarios privados (grupo Bulgheroni, Tecpetrol de Techint y la china Cnooc). Sus aportes en el acuerdo se redujeron a “no echar gente”?

Este rol gremial de “vocero oficioso” de intereses patronales no explícitos, que pretenden subsidios y/o aportes del Estado con bajo o nulo riesgo empresarial, explica en gran parte la creciente desocupación, precariedad laboral, trabajo en negro y baja competitividad. El sistema político argentino de las últimas décadas, bajo etiquetas de progresismo, populismo, neoliberalismo, pero con los mismos políticos, dirigentes y empresarios, mantuvo una práctica recurrente: hasta la siguiente crisis económica, siempre el que paga es el Estado. Paga subsidios que mantienen pobres a los pobres, paga subsidios y prebendas promocionales a ricos, paga sobrecostos en obras públicas, acepta descapitalizaciones en las concesiones de servicios, crea o mantiene onerosos e inútiles organismos de control que no controlan o apañan. La contrapartida es la baja calidad de los servicios estatales de educación, salud y seguridad pública, y presión impositiva creciente. Para transformar esta realidad que lleva décadas (ver calendario de crisis económicas-sociales), deberemos evitar embarcarnos una vez más en falsos e intrascendentes debates ideológicos. Con corrupción y negociados, la ideología es una pantalla. Lograrlo, dependerá tanto del oficialismo como de la oposición.

Alcanzar transformaciones saludables y estables en las relaciones laborales entre Estado, capital y trabajo, es posible con los instrumentos existentes. En primer término, aunque sabemos que la Constitución nacional se aplica según convenga, está en el párrafo del artículo 14 bis, que incluye entre los derechos del trabajador su “participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección”. Recordarlo, al menos debería servir para cumplir con dos acciones posibles en lo inmediato: 1) transparentar las estructuras de costos sectoriales, que indiquen incidencias salariales, beneficios empresariales, aportes directos o indirectos del Estado si los hubiere, y cargas impositivas. Esta información es la que desde hace años, con expresión enigmática, los funcionarios llaman “determinar la cadena de valor”, y otros denominan “el costo argentino”; 2) utilizar como únicos indicadores de referencia los hoy confiables del Indec, por representar el interés general. Ningún país puede desarrollar políticas coherentes con índices oficiales ocultados o falseados.

Invocar actos de justicia ante la sociedad, debe sustentarse en datos ciertos y concretos, no en grandilocuencias verbales o coacciones.

Buenos Aires, 15 de febrero 2017

Transcurrido el primer año de gobierno nacional de la coalición Cambiemos, y de ejecutivos provinciales y municipales que tuvieron renovaciones generacionales en unos casos, o ratificaciones de conducciones casi feudales en otros, es oportuno reflexionar sobre transformaciones necesarias para que no se reiteren políticas pendulares recurrentes, que catalogadas como neoliberales o populistas, arrojaron un único resultado: políticos y empresarios enriquecidos, con población empobrecida. Los extremos del péndulo se repiten desde hace décadas. Se adoptan decisiones meramente recaudatorias y/o confiscatorias ante emergencias económicas terminales, para que años más tarde, los mismos actores retomen un festival de gastos públicos irresponsables y corruptos. Sirvan de ejemplo las privatizaciones y reestatizaciones de YPF, Aerolíneas y sistema jubilatorio.

Se entiende como lenguaje político los mensajes propalados a través de diversos medios de comunicación en busca de adhesión, presentando a la opinión como si fuera información. Con el surgimiento de los regímenes totalitarios del siglo XX, y el simultáneo desarrollo tecnológico que permitió comunicar masivamente a grandes distancias, surgieron las reglas de propaganda política hoy vigentes, direccionadas a lo emocional antes que a lo racional. La posterior aparición de Internet y redes sociales, si bien expandieron el fenómeno, no modificó la esencia de las reglas originales. Por lo tanto, informarnos requiere el mismo esfuerzo que afrontábamos en las clásicas bibliotecas: buscar las fuentes relacionadas con el tema en cuestión, procesar datos y formar nuestra opinión.

Pero esta evolución comunicacional produjo una consecuencia en los actores políticos aún no debidamente mensurada. Se manifiesta principalmente en el sector legislativo, por su responsabilidad primaria de establecer leyes y normativas de los temas en debate (controles públicos, sanciones administrativas y penales, minoridad, leyes sociales, etc.). Mientras los ciudadanos incrementaron sus niveles de interacción y espíritu crítico, los legisladores, obligados a tener presencia activa en redes sociales y como panelistas en programas de opinión, desnudan preocupantes contradicciones, desconocimientos y oportunismos. Se mantienen en el esquema de opinar, pero no de informar y/o formar.

Ejemplifiquemos con un tema de actualidad: la baja de imputabilidad de menores de 16 a 14 años. La legisladora “Doña Margarita” twitea que se opone, y el legislador “Don Raúl” que aprueba. Pero ninguno de ellos nos expresa cuáles son sus propuestas y las de sus bloques al respecto; cuándo las presentarán, y si atenderán integralmente la problemática, o serán parches acordes sucedan los hechos y repercutan en la sociedad. Aún con su limitación de caracteres y espacios, las propias redes sociales permiten brindar información. Solo se debe incluir el “link” que una vez abierto, permita conocer en detalle sus propuestas y proyectos de ley.

Paralelamente, este contexto digital brinda al ciudadano común una herramienta aún no usufructuada de modo adecuado. Consiste en no limitarnos a mantener el rol de usuarios pasivos característico de los medios clásicos (lector, oyente, espectador), pulsando “me gusta / no me gusta” o “seguir”, sino transformarnos en actores activos, exigiendo al legislador o funcionario propalador de mensajes sintéticos, respuesta a nuestros pedidos de información. Deberá ser una tarea persistente, porque políticos, empresarios y gremialistas no están preparados para responder, sino para convencer unilateralmente a receptores masivos, en base a frases hechas, verdades a medias o incomprobables. En la próxima opinión analizaremos algunos ejemplos de actualidad con frases o conceptos altisonantes que se viralizan, pero que nada aportan en la búsqueda de la verdad, o peor aún, la ocultan.

Buenos Aires, 25 de enero de 2017

En un país con alta corrupción y pasividad judicial, cuya única estrategia defensiva de los funcionarios acusados es denunciar “persecución política”, resulta preocupante los reiterados y oportunistas pedidos de renuncia de integrantes del ejecutivo por parte de legisladores, basados en meros trascendidos periodísticos o delitos no comprobados. Pero es inadmisible que esos mismos “indignados” legislen para que un senador condenado y legisladores procesados por delitos comunes, puedan continuar ejerciendo sus funciones, o en esa condición presentarse como candidatos en las elecciones legislativas. Tales actitudes entran en el campo de la ética cínica, que permite el juego de la confusión para favorecer la impunidad. El cinismo es una escuela filosófica originada en la Grecia clásica, que con el tiempo adquirió su actual sentido peyorativo. Consiste en mentir para ocultar y/o defender acciones condenables con argumentos convincentes.

En este contexto, podría sospecharse que el abusivo uso del término ética no es casual. Pero desnuda una paradoja. Los que legislan leyes que los amparen para permanecer en sus funciones en caso de ser procesados, son los mismos que pretenden exhibir autoridad moral para reclamar renunciamientos éticos a funcionarios de otros poderes, a los que no están obligados por ley. Esta dicotomía explica el viejo juego político del “todo vale”. Para proteger corruptos se acude al principio de inocencia; para atacar adversarios, en nombre de la ética se apela al principio de sospecha. Ante esta dualidad, emerge una duda inquietante: cómo podemos detectar si el cinismo de ciertos legisladores se aplica solo como mera especulación política, actitud de por sí dañina, o como estrategia planificada para mantener estructuras delictivas consolidadas? El reciente caso Gómez Centurión en la Aduana, actualiza este interrogante. La táctica de la sospecha y el desprestigio es un instrumento con diversas utilidades. Suele aplicarse sin disimulo, de forma persistente y simultánea, pues importa más instalar la duda que convencer. El ataque comunicacional para enlodar al fiscal Nisman a horas de su muerte, es un ejemplo cercano.

A diferencia del periodismo en su acepción general, que actúa como vehículo transmisor de información de origen variado sin certificar verosimilitud, el de investigación se caracteriza por una complejidad que requiere adecuada formación y soporte económico. Hugo Alconada Mon y Daniel Santoro, por citar dos prestigiosos ejemplos, detectan fuentes, identifican circuitos de dinero, cuentas bancarias y estructuras empresarias, cotejan datos, y transparentan tramas. Si el trabajo es profesional, se evitan selectividades políticas. Más allá de sus obvios impactos periodísticos, estas investigaciones tienen como naturales destinatarios a jueces y fiscales, que son quienes deben certificar autenticidad y peso probatorio de los elementos brindados a la opinión pública. Fue el periodismo de investigación el que desnudó la manifiesta morosidad de las tramitaciones judiciales ante tan valiosos aportes.

Si bien nada impide que legisladores formulen denuncias utilizando trabajos periodísticos, sus obligaciones primigenias son las de legislar para definir delitos, y establecer normativas de control y sanción. Son los responsables de minimizar la práctica de la ética cínica, legislando que ningún funcionario del ejecutivo (salvo los que deben ser removidos por juicio político), legislativo y judicial, pueden desempeñar sus cargos en condición de procesados por delitos comunes. Ello no implica presunción de culpabilidad, sino un requisito ético del cargo con fuerza de ley. De no actuarse de este modo, las denuncias serán utilizadas tanto por oportunistas políticos, como por delincuentes vinculados a la corrupción público-privada para proteger sus redes de impunidad y enriquecimientos ilícitos. No es casual que en la Argentina los saqueadores de recursos del Estado, en lugar de fundamentar su inocencia, recurran al argumento “todos somos corruptos”. Para esta estrategia, la ética cínica es invalorable.

Buenos Aires, 18 de enero 2017

En el siglo XVIII, Jean-Jaques Rousseau expresaba: “El pueblo inglés solo es libre mientras dura la elección de los miembros del parlamento. En cuanto esos miembros son elegidos, el pueblo vuelve a convertirse en nada”. 270 años más tarde, la vida política evolucionó acorde al desarrollo industrial, tecnológico, y la aparición de las sociedades de masas. Pero las pugnas y ambiciones humanas para alcanzar y mantener escaños de poder, se mantuvieron inmutables.

Las elecciones legislativas nacionales del 2017 nos permitirá ese momento de libertad, pero con limitantes: un sistema electoral restrictivo y manipulable que facilita asombrosas continuidades dirigenciales, y alternativas partidarias atomizadas y oscilantes. Pero como la política y el sistema democrático son los instrumentos más adecuados para el progreso de las sociedades, proponemos un juego playero que además de colaborar con unas relajadas vacaciones, cumpla un rol formativo para afrontar los próximos bombardeos de campaña. Consiste en acertar los nombres de quienes encabezarán las listas de las principales agrupaciones para alcanzar o renovar bancas legislativas en las Cámaras de diputados y senadores de la Nación. Como en todo juego, es necesario conocer previamente sus reglas.

Se priorizarán historias electorales de los candidatos, por sobre proclamas oportunistas tales como derecha, izquierda, peronista, radical o progresista. Los objetivos serán individuales y terrenales, con mutaciones de personalidad. El fenómeno se transparentó en las fórmulas presidenciales De la Rúa-Carlos Alvarez en 1999; Cristina Fernández-Julio Cobos y Roberto Lavagna-Gerardo Morales, ambas en el 2007. Las contradicciones se incrementan en las elecciones legislativas. Felipe Solá alcanzó sus diputaciones en listas encabezadas sucesivamente por Kirchner, De Narváez y Massa. El caso de la diputada Mónica López en el 2015 es inolvidable. Tras embanderarse con el Frente Renovador durante toda la campaña del 2015, y criticar duramente a la gestión Scioli por la inundación de la provincia de Buenos Aires, a días de la primera vuelta electoral anunció su apoyo a Scioli. Recientemente, el caudillo conservador puntano “el Alberto”, hermano “del Adolfo”, decidió militar en defensa de Milagro Sala. Las siglas partidarias como PJ, UCR, PRO, FR, FAP, GEN y otras, no son determinantes. Ni siquiera existe certeza que el FPV participe con esta sigla en la próxima elección. Otro factor a considerar son los llamados “heridos”, como se denominan a quienes quedan fuera de las negociaciones del armado de listas, que usualmente se realizan en quinchos familiares. Se deberá especular con sus eventuales traspasos curativos de último momento, justificados bajo el pomposo paraguas de haber acordado “denominadores comunes”, o sea, “conseguí ubicarme”.

Vayamos ahora a las piezas del juego. Se deberán completar dos colectivos. Uno de 127 plazas para diputados, y otro de 24 plazas para senadores. Por la sobreabundancia de candidatos en adquirir pasajes, el juego se dividirá en distritos. El más complejo está en la caja denominada Ciudad y provincia de Buenos Aires. En este caso, se deberá acertar los nombres de los primeros seis lugares para diputados, y los dos correspondientes a senadores.

Como base previa de análisis, se tomará en cuenta que en diputados terminan mandatos entre otros, Alfonsín, Argumedo, Barletta, Binner, Brizuela del Moral, Cabandié, Carrió, Carrizo Carla, Ciciliani, Conti, Costa Eduardo, Daer, De mendiguren, Di Tullio, Giustozzi, Heller, Kunkel, Laspina, Massa, Mendoza Sandra, Plaini, Recalde, Sánchez Fernando, Sola y Stolbizer. En el Senado, finalizan Abal Medina, Fellner Liliana, García Virginia, Linares, Menem, Negre de Alonso, Naidenoff y Rodríguez Saa Adolfo. Será fundamental considerar a quienes ansiosamente pretenden acceder desde el llano, como Kirchner Cristina, Scioli, Yoma Jorge, Fernández Alberto, Randazo, Lozano, Filmus y Artaza Nito.

Cada jugador enviará sus predicciones en sobre cerrado a la Cámara Nacional Electoral, cinco días hábiles antes del cierre de listas o de pases, según se prefiera. Días más tarde se realizará apertura de sobres ante escribano público. El ganador encabezará una importante lista sábana en la elección nacional del 2019.

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2016