Jekyll y Hyde políticos

La historia está jalonada de guerras y pestes que teorías pretendidamente anticipatorias, plantearon que cambiarían el mundo. Obviando que con los vicios y virtudes que bien describiera Maquiavelo, serán nuestros perennes políticos y sus luchas de poder, quienes marcarán la realidad presente y futura, que hasta el momento no presenta atisbos de cambios cualitativos (estructuras estatales sobredimensionadas e ineficientes; privilegios legalizados; baja calidad institucional), ni cuantitativos (alta inflación sistémica, carencia de moneda, agobio impositivo, desempleo privado, alta pobreza, corrupción), indicadores que se agravarán de no implementarse reformas estructurales que las “familias políticas” eluden debatir.  

Las pestes, pasada la etapa de destrucción y muerte en la que los hechos priman sobre los discursos y las injusticias resaltan ante los privilegios, permitieron avances notables en infraestructuras y sistemas sanitarios, que en el caso argentino debieran manifestarse en profundas e innovadoras reformas político institucionales que desactive un sistema elitista y anacrónico. El principal obstáculo es que la corporación política y privada beneficiaria del sistema, invocando emergencias, pretende mantenerlo. En este contexto será la acción ciudadana expresada a través de la temida opinión pública, que rudimentariamente se expresa en cacerolazos o autoconvocatorias, la que deberá forzar dichas transformaciones. Esta disociación entre intereses particulares y ciudadanos se manifiesta en plena pandemia, cuando con poderes constitucionales y actividades privadas paralizadas o reducidas a su mínima expresión, importantes cúpulas políticas, judiciales y legislativas se mueven con celeridad y sin barbijos, para mantener la impunidad en los innumerables casos en trámite de corrupción estatal-privada.

Para no realizar análisis basados en preconceptos que deriven en la repetición de críticas inconducentes que nada cambien, previamente se debieran detectar las falacias de viejas estrategias discursivas y de acción política, estableciendo pautas reflexivas más creativas:

1.- Eludir la trampa de la “grieta” social, que es un instrumento ancestral de manejo de masas basado en dividir para gobernar, perfeccionado a principios del siglo XX con el surgimiento del bolcheviquismo y del fascismo.

2.- Evitar que las conclusiones se sustenten solo en abstracciones (justicia, derechos humanos), y personificaciones excluyentes (Perón, Alfonsín, Kirchner, Macri). El problema argentino es estructural, no circunstancial.

3.- Dado que los medios de comunicación son fuente informativa casi excluyente para el ciudadano común, asumir que en democracia ofrecen una diversidad ideológica no exenta de opiniones tendenciosas o falaces. Recae entonces en el receptor la responsabilidad de evaluar y detectar contradicciones en los mensajes políticos, que en muchos casos son solo eslógans, títulos de nota o noticias falsas, utilizándolos para formular nuestros propios  interrogantes en busca de nuevas respuestas.   

Preguntarnos por ejemplo, ante nombres paradigmáticos vigentes desde hace más de 30 años: qué no se dijo y denunció de Carlos Menem? Hoy condenado, es senador. Qué no se dijo y denunció de Cristina Kirchner? Hoy con múltiples procesos, es vicepresidenta de la Nación. Cómo es posible esta realidad inédita en países socialmente más desarrollados? Para obtener respuestas, más importante que centralizarnos en las figuras de Menem y Kirchner, es desentrañar las tramas político-institucionales que lo hace posible. Seguramente, se entenderían los fracasos, corrupción y pobreza.

Como los análisis se basarán en antecedentes y opiniones fehacientes de políticos y dirigentes a través de medios de comunicación, se deberá tener presente sus fluctuaciones dialécticas y oportunistas adhesiones partidarias. Para ello es oportuno citar como metáfora al personaje de la famosa novela “Doctor Jekyll y el señor Hyde”, escrita por Louis Stevenson en 1886. Jekyll es un científico que, para estudiar la doble personalidad, crea una bebida que separa la parte más humana del lado más maléfico de una persona. Cuando Jekyll la toma se convierte en Hyde, un sujeto capaz de cualquier atrocidad. Tras beberla nuevamente, recobra su personalidad más humana. Pasado el tiempo, desesperado por no conseguir los ingredientes con la pureza necesaria para lograr esta disociación de personalidades y poder gobernarlas, Jekyll se suicida, dejando una nota en la que confiesa el homicidio de Hyde.

La historia de más de 130 años merece adaptaciones a nuestro contexto. Los cambiantes mensajes políticos actuales no obedecen a una doble personalidad sino al uso consciente del cinismo, lo que explica que sus autores no se suiciden. El maléfico Hyde por su parte, de haber sido detenido en la actualidad, podría haber invocado ser un perseguido político.

Buenos Aires, 20 de mayo 2020

Complicidades explícitas

La historia argentina está jalonada de hechos de corrupción estatal resonantes y emblemáticos (sobreprecios en obras, servicios y compras, contrabandos, incumplimiento de concesiones de servicios, vaciamiento de organismos públicos crediticios y de fomento), que tienen como único afectado a los recursos públicos. La recurrente impunidad y no recuperación del dinero sustraído, insertó al país en una corrupción sistémica y permanente, que se transparentó a partir de 2016 por la sustitución de un gobierno de larga permanencia en el poder por otro de distinto signo político. En estas transiciones políticas, sea por pérdida de temor, búsqueda de justicia o producto de resentimientos, surgen denuncias, testigos, filmaciones, escuchas telefónicas, con jueces y fiscales expuestos por su inacción. Ante la multiplicidad de casos, el conocimiento de las “tramas” públicas-privadas armadas para el saqueo, se destacaron por sobre los “casos” individuales.  

Tras la exhibición pública de filmaciones con el grupo de Lázaro Báez y el ex Secretario José López contando y transportando millones de dólares, en el 2016 se aprobó la ley del arrepentido. A comienzos de 2018 surgió la llamada “causa de los cuadernos”, emblemática para comprender el alcance de las tramas delictivas en perjuicio del Estado. El alto nivel político y económico de sus integrantes (gobernantes, ministros, funcionarios varios, secretarios privados, empresarios, financistas, testaferros, jueces, fiscales), aunados sin desgastarse en debates ideológicos o “grietas” estériles, convertía en inevitable una contraofensiva feroz de igual nivel, para salvar patrimonios mal habidos y libertades personales. Pero la acumulación de evidencias y hartazgo social, obligó a que por primera vez los involucrados, en lugar de apelar a las clásicas operaciones subterráneas para negociar impunidad, debieran gestionar y amenazar a cara descubierta. Es en este contexto, agravado por la pandemia y una crisis económica estructural, que es necesario identificar paradigmas conceptuales y/o discursivos basados en falacias, para entender posibles escenarios inmediatos.

1.- El factor institucional más importante, inédito en otros países, es que producto de leyes aprobadas por las “familias políticas”, los procesados y condenados por delitos contra la administración pública pueden gobernar y legislar. Por ello como consecuencia de un nuevo cambio de gobierno nacional, retornaron altas autoridades nacionales y provinciales en dicha condición judicial, para cumplir simultáneamente los roles de representante público y parte acusada de delitos. Incongruencia que provocó la reciente crisis penitenciaria, con liberación desenfrenada de presos.

2.- En cuanto al ámbito judicial, dada la relevancia que tendrá en esta etapa de esclarecimiento y presiones políticas, es necesario clarificar preconceptos. Los poderes constitucionales no son asépticamente independientes, sino funcionalmente interdependientes. Como ejemplo, la designación y remoción de jueces, o que una misma persona pueda desempeñar roles en el ejecutivo, legislativo y judicial en distintas etapas. En el caso de los controvertidos jueces De Lázzari y Violini en la provincia de Buenos Aires, que encabezaron el operativo político de liberación masiva de presos, el primero fue Secretario de Seguridad de Duhalde, y el segundo precandidato a intendente de La Plata por el Justicialismo. Las intencionalidades políticas en muchos casos no se ocultan. Son conocidas las groseras intervenciones de jueces y fiscales en redes sociales y otros medios públicos, para denigrar a quienes no responden a sus preferencias políticas. El mismo Violini realizó duras críticas a la ex gobernadora Vidal por su intento de desactivar las bandas políticas-judiciales en la provincia, a lo que llamó “persecución judicial”. Recientemente la camarista Ana María Figueroa declaró haber sido presionada por un funcionario de Macri hace cuatro años, sin dar su nombre ni denunciarlo entonces ni ahora. En un sistema democrático el criterio de “independencia” debe aplicarse a la capacidad de decidir conforme a leyes y principios de justicia, asociada a la virtud de honestidad. Y no como la doctora Figueroa, adjudicar oportunistamente categorías políticas de gobierno malo (el que se fue), y gobierno bueno (el que está).

3.- Respecto a las estrategias comunicacionales públicas, para detectar operativos de confusión y lograr un cambio de fondo en las estructuras administrativas burocráticas, se deberá evitar la trampa del uso de abstracciones encubridoras de responsabilidades. En lugar de “poder judicial”, deberemos concentrarnos en nombres de jueces y fiscales actuantes en los distintos casos, con sus antecedentes y decisiones, lo que incluye a la Corte Suprema. En un contexto explícito de casos de corrupción estatal-privada, la puja no será doctrinaria sino ancestral: lucha entre honestos y deshonestos y/o acomodaticios. Es sabido que en estas circunstancias y conociendo nuestra historia, los embates del poder político se centrarán en los honestos.

Hace unos 2.600 años el legislador ateniense Solón, promotor de reformas para aliviar al campesinado asediado por la pobreza, afirmaba: “Las leyes son como las telarañas. Atrapan a los más débiles, pero los más fuertes pueden escapar”.

Buenos Aires, 13 de mayo de 2020

Virus político activo

Alberto Fernández se transformaba el pasado 27 de octubre en presidente de Argentina, con Cristina Kirchner como vicepresidenta. Hasta su asunción el 10 de diciembre, contaba con 43 días para conformar el equipo de funcionarios y presentar el plan de gobierno. No sucedió, y en su lugar se legislaron medidas que reiteraban viejos vicios invocando emergencia: delegar funciones en el ejecutivo para gobernar por decreto, congelar tarifas y diversos precios, crear más impuestos, afectar jubilaciones y mantener privilegios políticos y estructuras estatales ineficaces y económicamente insostenibles para la ciudadanía. Transcurridos a la fecha 190 días de elegido, el gobierno continúa sin presentar un plan nacional y presupuestario de gobierno. A fines de febrero surgieron las primeras noticias sobre un virus que asolaba a una lejana localidad china, que se extendió rápidamente a nivel mundial. El 20 de marzo se declaró en el país un aislamiento estricto aún vigente, que incluyó a los esenciales poderes legislativo y judicial. En ese letargo institucional, y asesorado por especialistas, el presidente se ponía entusiastamente al frente de las estrategias para minimizar daños de la pandemia. Pero, tras su estadía en Cuba, alguien decidió que ya era momento de reactivar la acción política: Cristina Kirchner.

En marzo, los diputados Heller y su hijo Máximo elaboraron un proyecto de impuesto a la riqueza; los defensores del condenado Boudou, doctores Rúa y Peñafort, lograron que el juez Daniel Obligado autorizara su detención domiciliaria, que el mismo juez rechazara una semana antes; los funcionarios del Ministerio de Justicia Pietragalla y Pryzbilski, entre otros, presionaron judicialmente para obtener la libertad de Ricardo Jaime, Martín Báez y Luis DElía, presos privilegiados sin hacinamiento, tras lo cual, coordinadamente se desató la fiebre liberadora de presos peligrosos; la vicepresidenta puso a trabajar a la Corte, solicitándole certidumbre sobre la validez de sesiones legislativas a distancia, y la funcionaria del Senado y defensora de Boudou, Graciana Peñafort, advirtió a sus miembros que “es la Corte Suprema quien tiene que decidir ahora si los argentinos vamos a escribir la historia con sangre o con razones». La Corte se expidió de inmediato. En la administración central, Vanoli, titular de la Anses (principal presupuesto estatal), fue relevado por la kirchnerista Raverta. El sutil canciller Solá, generaba permanentes conflictos con países vecinos.  

Las acciones políticas deben analizarse como secuencias interconectadas, no como impulsos coyunturales. En especial, cuando de ahora en más lo político predominará sobre lo sanitario, con independencia de la duración de la pandemia. Todo análisis debe explicitar las hipótesis sobre las que se sustenta. Se destacan tres: 1) ineficaz y costosa organización administrativa político-institucional, carente de partidos políticos creíbles y activos, que han sido sustituidos por “familias políticas perennes” cada vez más asociadas a la corrupción estatal-privada. 2) limitantes económicas propias del país desde hace décadas: carencia de moneda nacional, alta inflación sistémica, y cúpulas industriales y comerciales sin capital de riesgo propio y gestoras de prebendas políticas, que ahogan todo atisbo de modernización y competencia. 3) ausencia de liderazgos con visión de futuro y capacidad de implementación. Alfonsín tuvo honestidad y éxitos institucionales, pero dejó anticipadamente el gobierno con hiperinflación.

Merece atención el tema liderazgos, en un país que proclama líderes a quienes concentran recursos públicos y actúan como anacrónicos caudillos, para clarificar especulaciones inconducentes sobre quien manda en la fórmula presidencial. En la campaña, el presidente Fernández se presentó como “un hombre común”. Pésima estrategia. Las sociedades están plagadas de hombres y mujeres comunes, concepto que no excluye a esforzados trabajadores y empresarios exitosos. Lo que la política argentina demanda y no logra, es que a las virtudes de “hombre común” se le agregue la difícil condición de estadista, con un equipo de gobierno acorde. En 1913, José Ingenieros lo llamaba hombre superior, definiéndolo como capaz de concebir ideales que propongan un futuro por el cual luchar. Por el contrario, hoy políticos, jueces, fiscales, empresarios, todos ellos “comunes”, concentran esfuerzos en destruir las causas y juicios por corrupción, marco en el que se inserta la provocada crisis carcelaria.

Cabe preguntarse: si la vicepresidenta tampoco es una estadista, y solo líder de un grupo férreo y acotado, que la distingue del “común” Alberto Fernández? Maquiavelo, creador de la ciencia política moderna, en su tratado El príncipe afirmaba: “cada cual ve lo que el príncipe parece ser, pero pocos comprenden lo que es realmente”. Pero Cristina Kirchner, más allá de asesores de imagen, transmite lo que realmente es. Desinteresada por eventos sociales que excedan lo familiar, rechazo a los debates políticos presenciales, rencores explícitos, exigencia de adhesiones irrestrictas, planificadora de estrategias, opera, elige, decide, y será difícil traicionarla por quienes solicitaron su amparo. En este contexto de políticos “comunes”, es razonable establecer que Fernández propone y Cristina Kirchner dispone, lo que no implica un menoscabo para uno u otro. Simplemente los roles surgieron de un acuerdo de partes, aunque muchos de los involucrados y actores ajenos sueñen con dejarlo sin efecto.  

Buenos Aires, 06 de mayo de 2020

329 patriotas

329 corresponde al total de diputados y senadores nacionales que deberán decidir sobre la aplicación del impuesto bautizado Patria “a los que más tienen”. Los trascendidos periodísticos, con estimación de contribuyentes, montos patrimoniales alcanzados y alícuotas a aplicarse, son suficientes para formular interrogantes basados en discursos y hechos de los impulsores del proyecto, que al amparo del símbolo Patria deberán debatir los 329 diputados y senadores.   

La referencia global a 329 legisladores en lugar de diferenciar entre oficialismo y oposición, y priorizar el término “familias políticas” por sobre partidos políticos, merece una aclaración.  Los diputados no son elegidos individualmente por los votantes, sino por las “familias” que los incluyeron en las listas sábanas más votadas. Muchos de los cuales tras las elecciones y asumido el cargo, se convierten en formadores de interbloques que nadie votó, al solo fin de negociar votos en base a oportunismos de ocasión antes que de intereses ciudadanos. Negociaciones que el ex diputado de Cambiemos Monzó llamó “la rosca”, provocando en el recinto la ovación de los legisladores. Por ello, se ubica a los 329 legisladores en un pie de igualdad para debatir y clarificar el proyecto.  

En cuanto a lo discursivo, los mensajes políticos breves se diseñan según dos campos distintos: el electoral, y el de rotular objetivos. El electoral utiliza términos socialmente aglutinadores, como juntos, unidos, todos. El rotulado de objetivos, en especial los antipáticos o con afectaciones patrimoniales, se estructura según tres componentes: 1) el “simbólico”, que emplea abstracciones como Argentina, País, Patria. Los bonos que creara en 1962 el ministro Álvaro Alsogaray para pagar sueldos a estatales y jubilados, que al momento de comercializarse significara una pérdida del 30% de los salarios, fueron llamados “9 de julio”. 2) el de “excepcionalidad”, basado en promesas de aplicación por única vez o determinado plazo, que nunca se cumplen. 3) el de “dramatismo”, que invoca situaciones de emergencia extrema.  Clarificada la estrategia discursiva del proyecto (Patria, única vez y emergencia), es el campo de los hechos donde se generan interrogantes plenamente pertinentes, atento a que los sectores políticos institucionales suelen autoexcluirse de los “que más tienen”.

Las dudas comienzan con los autores del proyecto; el político de mandatos permanentes y banquero Carlos Heller, y el diputado Máximo Kirchner, juzgado junto a su familia por asociación ilícita en perjuicio del Estado. Esto último posible porque en nuestro país los procesados o condenados pueden ser funcionarios o legislar. Hasta el momento no se aclara qué criterio cuantitativo definirá a “los que más tienen”, antiguamente llamados multimillonarios: si el patrimonio total, o solo capital líquido y en acciones. Si los patrimonios se considerarán individuales, o del núcleo familiar directo (esposo/esposa; hijos/hijas). En cuanto a lo cualitativo, si el tributo diferenciará entre sectores rentistas, productivos y financieros. Si entre los alcanzados tributarán gobernadores, jueces, intendentes, legisladores, y funcionarios (ejemplos: senadores Rodríguez Saa y Urtubey, diputados Mendiguren, Heller y Máximo Kirchner), y cómo se actuará en los casos de funcionarios que no tienen las obligatorias declaraciones juradas patrimoniales presentadas.    

Ingresados al campo de las causas judiciales de corrupción en trámite y cerradas en primera instancia, y atento a que los legisladores se negaron a aprobar la ley de extinción de dominio, se debería explicitar qué prevé la ley respecto de los bienes detectados y/o embargados en las causas de corrupción. Por ejemplo, si tributarán los 8.000 millones de pesos (más de 80 millones de dólares al año 2015), en impuestos que como agente de retención el empresario Cristóbal López no reintegró a la Afip; los millones de dólares del empresario Lázaro Báez y familia; los de la familia del fallecido ex secretario Muñoz; los cuatro millones seiscientos mil dólares detectados en la caja de seguridad de Florencia Kirchner; los ocho millones de dólares en efectivo secuestrados al procesado Marcelo Balcedo, sindicalista del Soeme.  

En cuanto a lo operativo, se debe indicar los organismos que proveerán y certificarán la veracidad del listado de los hoy supuestos 12.000 aportantes, que debiera ser entregado a los legisladores para su análisis. Será sólo la Afip? Las respuestas a estos y otros interrogantes debieran asegurar que la ley cumpla con principios de equidad y justicia que justifique que el impuesto se llame Patria, y no contenga las habituales excepciones políticas antipatrióticas. En cuanto a los legisladores que a la fecha se presentan como opositores responsables, es momento que además de reclamar tratamientos y votaciones presenciales, analicen a fondo el proyecto, y fundamenten públicamente objeciones concretas y no declamatorias. No debiera preocupar que los acusen de proteger “a los que más tienen”, pues el costoso y privilegiado andamiaje político aún no hizo ningún ajuste. Hasta ahora, se decreta y/o legisla para que se ajusten otros.

Buenos Aires, 29 de abril de 2020

Detectar parásitos

El Estado, por ostentar el monopolio para decidir, ejecutar, legislar y juzgar, define el perfil de un país. Pero explicar nuestro atraso de décadas implica pasar de la abstracción Estado al tangible concepto de Gobierno, conformado por organismos, funcionarios políticos y empleados. A los gobiernos se los juzga por la calidad de vida económica, social e institucional que brinda sus ciudadanos, y luego por indicadores macroeconómicos. Determinada presión impositiva porcentual por ejemplo, puede ser razonable en países que brindan servicios públicos de calidad, o asfixiante si lo recaudado se diluye en gastos improductivos, privilegios burocráticos y corrupción. Al respecto, es recomendable el artículo del politólogo José Nun publicado en La Nación el 24 de febrero pasado, titulado “La alta presión impositiva es síntoma de la desigualdad”.

Es inevitable que a las argumentaciones racionales se le contrapongan las de mediocres demagogos, que llaman “parásitos” a quienes exhiben desarrollos creativos, maquinarias y tecnología, y no casualmente, excluyan de tal deshonor a burócratas y “familias políticas” que usufructúan recursos públicos multiplicando en su beneficio organismos intrascendentes, por lo que eluden debatir la reconfiguración de la estructura estatal. Lo que obliga a que este debate lo inicien ciudadanos comunes, analizando los mensajes políticos públicos y fehacientes, sin riesgo de tergiversaciones. Con dos prevenciones: 1) el concepto “familias políticas” no discrimina entre circunstanciales oficialismos y oposiciones, sino se basa en la continuidad temporal de sus integrantes. Las críticas no se dirigen entonces a determinado gobierno, sino a un sistema político estatal. 2) la mayoría de las frases políticas cortas y contundentes a considerar no suelen ser fidedignas, pues no pretenden informar, sino impresionar.

Por ser ejemplificador en varios aspectos, el ejercicio comenzará con un suceso reciente, que incluye una frase presidencial. El viernes 03 de abril, fecha de inicio de los anunciados pagos de haberes a jubilados, pensionados y prestaciones sociales sin tarjetas de débito, una multitud integrada por la población más vulnerable acudió a las entidades bancarias del país, siendo forzada a incumplir la consigna de aislamiento. Tras la descripción del hecho, el análisis. El Observatorio Social de la Universidad Católica, hecha la salvedad de la manipulación estadística que realizara cuando anunció el cierre del 2019 con un índice de pobreza del 40,2 %, mientras el confiable Indec que dejara el fallecido Todesca registró el 35,5%, publicó que la Anses informa mensualmente 14 millones de beneficiarios a través de entidades financieras oficiales y privadas, y que casi el 46% de los mayores de 60 años cobran por ventanilla. Vale decir, existía información disponible para organizar la mecánica de cobros. La primera reacción de los titulares involucrados de la Anses, Banco Central (entidades bancarias) y gremio bancario, fue de manual: negaron tener culpas. Conclusión: no trabajaron coordinados y predispuestos.

Ante los hechos, de inmediato se manifestó públicamente el presidente Fernández, señalando que “los responsables fueron los bancos, que ganaron mucho en los últimos cuatro años”. Análisis: debiera aclarar si dichas ganancias fueron ilegales o legales. En el primer supuesto efectuar la denuncia pertinente, que debiera incluir a los organismos de control. De ser legales, las ganancias se produjeron con motivo de normativas aprobadas por el parlamento. Sin olvidar que los mayores patrimonios y flujos de fondos pertenecen a los Bancos públicos. Conclusión: en la necesaria reformulación de las estructuras burocráticas, esta clarificación es imprescindible.

En situaciones de graves emergencias afloran egoísmos, inequidades e ineficacias en las conducciones estatales. Mientras franjas sociales públicas y privadas carentes de privilegios y con salarios medios y bajos actúan en frentes de riesgo ante la pandemia, los sectores públicos más favorecidos como son el bancario (incluye a los privados), judicial y legislativo (no así del ejecutivo en este caso), se mantienen impertérritos en cuarentena al amparo de sus dirigencias gremiales, que se presentan en las tribunas como adalides en la defensa de los pobres y lucha contra el poder económico. Ejemplifiquemos con el poder legislativo. Entre diputados y senadores suman 329 representantes, todos con residencia en Buenos Aires. Considerando a los que tienen alto nivel de ausentismo, existe una base de 300 legisladores para trabajar diariamente, con guardias mínimas de apoyo en secretariado, biblioteca, cafetería y seguridad. A los que estén en sus provincias, se los “repatriará” a su lugar de trabajo. De este modo, respetando normas de aislamiento y alejados de los ajetreos habituales que no invitan a la reflexión y toma de decisiones, se podrían tratar reformas y leyes trascendentes. Y cumplir con una frase que a los políticos desde hace décadas les encanta pronunciar en medios de comunicación: “nos debemos un amplio debate acerca del país que queremos”.

Buenos Aires, 25 de abril de 2020

Miserables: unos y otros

El discurso político suele abusar de adjetivos calificativos aplicados a personas o hechos, cuyos emisores suelen apelar a las complacencias personales o con el grupo de pertenencia, y a las denigraciones de adversarios o sectores críticos y opositores. En cuanto a los hechos, los cambios de gobierno y sus autoridades son ideales para visualizar las ineficacias y privilegios de nuestra estructura estatal, que una inédita pandemia transparenta como nunca antes. Hay ciudadanos con puestos laborales e ingresos asegurados aunque no trabajen, y otros que los pierden o no cobran si no trabajan. Hay trabajadores públicos y privados prestando diariamente servicios críticos en condiciones de riesgo, y sectores públicos privilegiados como legislativos, judiciales y bancarios, reacios a cumplir sus obligaciones esenciales en ámbitos y condiciones sanitarias restringidas y controladas, como aporte para paliar los efectos de la crisis.

En el campo discursivo cabe destacar la reciente interpelación del presidente Fernández al sector privado, llamando “miserables” a empresarios que transitan la pandemia vía despidos o precios abusivos. Lo ilustrativo de este caso, es que en simultáneo el Ministerio de Acción Social reconocía a empresarios privados la compra de alimentos esenciales destinados a los sectores más vulnerables con precios exorbitantes, y una situación similar en el Gobierno de la Ciudad en la compra de barbijos. Claros ejemplos para entender las distancias entre el discurso y los hechos, y ratificar que en materia de corrupción no existen grietas ni debates ideológicos. Dadas las diversas acepciones del término “miserable”, como desdichado, infeliz, insignificante, pobre, se debería aclarar que a los partícipes públicos y privados asociados para saquear los recursos estatales, llamados por los políticos “dinero de todos”, les corresponderían las calificaciones de despreciables, ruines y canallas. Y reclamarles a los amantes de los adjetivos discursivos impactantes, más precisión para definir circunstancias e intervinientes. Ejemplifiquemos recientes contradicciones entre hechos y discursos, que transparentan distorsiones estatales estructurales.    

1.- La nueva administración de Aerolíneascesanteó a 10 directores y 28 gerentes: 4 de gerencia comercial, 3 de gestión, 5 de económica financiera, 4 de abastecimiento y logística, 2 de asuntos legales, 4 de recursos humanos, 5 de sistemas y 1 de recursos técnicos y aeronáuticos. En su mejor época, Aerolíneas tenía seis gerencias: comercial, económico, operaciones, mantenimiento, legal y personal. De estos privilegios subsidiados, no son responsables sus empleados. Lo discursivo lo aportó el ministro de Transporte Mario Meoni, al aclarar que los despedidos no cobraron doble indemnización porque se trata de una empresa pública. Obviando el absurdo de legislar para que solo paguen empresas privadas, Meoni ignora u oculta que Aerolíneas es una sociedad de derecho privado.

2.- La nueva titular del PAMI, Luana Volnovich, como primera medida designó a su hermano en una función cuyo nombre indica su intrascendencia: coordinador. Reiterando la duda sobre si los familiares de funcionarios designados en cargos políticos estaban desocupados, o la actividad privada es menos rentable que la pública. De inmediato se decidió la cesación en sus cargos de más de cien empleados, planteando otra duda: si todos son cargos políticos innecesarios, o serán reemplazados por una cantidad similar o mayor, dado que los gremios no aceptan resignar aportes a sus cajas, y no formularon quejas.

3.- El escritor Juan Sasturain, recién asumido como director de la Biblioteca Nacional, declaró en un reportaje que encontró un presupuesto “solo para pagar sueldos”. Esta afirmación podría tomarse como referencia para evaluar las  administraciones nacionales, provinciales y municipales, relacionando presupuestos de salarios con los de servicios. Por ejemplo, que las intendencias informen a sus vecinos la relación porcentual existente entre recaudación anual de impuestos locales (excluyendo aportes nacionales), masa salarial (incluyendo a los concejos deliberantes, bonos y adicionales), y lo invertido en obras, maquinaria y mantenimiento. En diciembre último, mientras a nivel nacional se negociaba duramente entre funcionarios, empresarios y gremialistas un bono de fin de año entre $ 5.000 y $ 10.000, y en el Congreso se derogaba la actualización de los haberes jubilatorios, el intendente de La Matanza Fernando Espinoza, uno de los municipios más pobres y poblados del conurbano, autorizó por decreto un bono de $ 12.750 para los empleados municipales.  

Si esta evaluación basada en la relación costo salarial-servicios brindados se extendiera a todos los organismos (por ejemplo, en legislaturas salarios respecto a leyes aprobadas; en el Consejo de la Magistratura salarios respecto a jueces designados y sancionados; en los juzgados salarios respecto al número de causas elevadas a juicio oral), se comprobaría matemáticamente porque hay cada vez más pobres en el país. Transparentando la urgencia en desactivar una matriz político-institucional de décadas, basada en ineficacias, privilegios, corrupción y nepotismos entre familias políticas. Lograrlo no será responsabilidad de los privados que “más tienen”, sino exclusivamente de los políticos.  

Buenos Aires, 22 de abril de 2020

Grageas políticas

El desconcierto y ansiedades surgidas con motivo del ingreso de una pandemia en nuestro país, rompe con la cotidianeidad de los hechos sociales y políticos del país, que deberán visualizarse de manera aislada a manera de grageas, mencionando los que por su significación o personajes actuantes, recobrarán vigencia una vez superada la inédita situación de emergencia. Cabe mencionar algunos de ellos:

1.- El temor ante sucesos a gran escala de difícil manejo, en especial los provocados por un enemigo invisible, genera de manera genuina y no declamatoria, que políticamente se reclame la unión de todos los sectores en pos de un objetivo común. Es de esperar que tan saludable actitud, aunque sea parcialmente, se mantenga una vez superada la pandemia.

2.- Las situaciones sociales críticas transparentan a sectores, sean públicos o privados, esenciales para una comunidad: médicos, enfermeras, pilotos, azafatas, fuerzas de seguridad, choferes, transportistas, prestadores de servicios básicos, empleados en fábricas y comercios, entre otros. Actúan en lo que en guerras se llaman puestos de combate en el frente. En estos campos laborales, los políticos no suelen acomodar a familiares y amigos.

3.- El punto anterior debiera servir para asumir la urgente necesidad de modificar la sobredimensionada, ineficaz y costosa estructura burocrática estatal, que solo incrementa pobreza. La crisis señala un punto de partida: menos organismos, jefes, asesores, defensores de pobres, y más personal en puestos de combate.

4.- En medio de las crisis, las “familias políticas” no pudieron con su naturaleza. El 18 de marzo el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa, con acuerdo te todos los bloques (lo que es impensable para aprobar leyes), decidió otorgar de manera “excepcional y por única vez” la suma de $ 100.000 por legislador, para asistir a grupos de riesgo o entidades de la sociedad civil relacionadas con personas afectadas por la pandemia. Eludiendo el sencillo trámite de donar el total del monto implicado al Ministerio de Salud. Ni aún ante emergencias, las clásicas dirigencias abandonan formas mercantiles de hacer política.

5.- La pandemia barrió de la superficie a un virus instalado en el país desde hace meses llamado “lawfare”, cuyo efecto nocivo es el de barrer con las causas judiciales de corrupción estatal-privada. Pese a que sus agentes de transmisión son conocidos (políticos, jueces, empresarios, sindicalistas), aún no pudo ser derrotado. Concluida la pandemia, se estima que resurgirá con fuerza.

6.- El canciller Felipe Solá, aún no asentado en su cargo debido a su formación de agrónomo, se le ocurrió twitear criticando a empresas aéreas extranjeras por vender pasajes, y al perder rentabilidad los vuelos, dejar clavados a argentinos en el exterior. Por el mismo medio le respondió escuetamente Iberia: “es por una decisión de su gobierno, que nos impide viajar al país”.

7.- El showman Marcelo Tinelli es un optimista empedernido. Ante crisis y cambios de gobierno, siempre ve una oportunidad. Presidente del club San Lorenzo e integrante de la Mesa del Hambre con otros famosos (que se reúnen solo en el microcentro), la AFA encabezada por “Chiqui” Tapia, Moyano, Ameal, entre otros luchadores sociales, en plena pandemia lo designó presidente de la nueva Superliga, que manejará millones de dólares de clubes de fútbol profesional llamados “entidades sin fines de lucro”. La primera decisión fue la de continuar el fútbol a puertas cerradas a fin de entretener a los ciudadanos en cuarentena. Ante la observación que faltaría calor popular en las tribunas, respondieron los dirigentes con tono barrial: popular es lo que paga la televisión, gil. Lo que produjo la rebelión de los modernos gladiadores llamados futbolistas, derrotando a los modernos emperadores conocidos como dirigentes. Decepcionado, el 19 de marzo Tinelli partió con su familia en vuelo privado a Esquel, por considerar a esta localidad más segura que Buenos Aires.

8.- El mismo jueves, el sutil ideólogo Grabois, no pudiendo soportar el aislamiento, organizó una manifestación pública de manteros.

Visto el derrotero seguido por algunos de los luchadores contra el hambre, a los pobres solo cabe aconsejarles que se cuiden como mejor puedan.

Buenos Aires, 25 de marzo de 2020

Aislamiento y reflexión

La pandemia de coronavirus, en un principio lejana, llegó a nuestro país.  Su novedad y ausencia de tratamiento específico hace que las recomendaciones inmediatas se resuman en reglas sencillas de cumplir, y fundamentalmente, aislamiento. La velocidad de las epidemias provoca temor a lo desconocido y ansiedad. La situación que afrontamos no es inédita. En la antigüedad las epidemias se expandían a través de largas travesías en barcos, con fines comerciales o de conquista. Hoy se trasladan en aviones, con la participación de diversos estratos sociales y actividades. En esta situación de incertidumbre, no es oportuno sumergirnos en las habituales reflexiones semanales centradas en la problemática política argentina, que económica y socialmente presenta desde hace décadas condiciones particularmente adversas en relación al contexto regional e internacional.

Pero al aislamiento, que nos saca de la vertiginosidad de la vida diaria, podemos enriquecerlo con reflexión. No solo por parte de las clases dirigentes responsables, sino de la mayoría ciudadana que debe afrontar los efectos de las medidas adoptadas por quienes deciden. Las crisis masivas suelen obligar a encarar soluciones a problemas ocultados o ignorados. En 1871 en Argentina se produjo una epidemia de fiebre amarilla, con epicentro en la ciudad de Buenos Aires, con aproximadamente 187.000 habitantes. Las autoridades tomaron conciencia de la urgencia de establecer una solución integral al problema de obtención y distribución de agua potable, y a fines de ese año se iniciaron obras claves de saneamiento en toda la ciudad.

Superada la pandemia y efectuado el relevamiento de daños, se retomará la dinámica social y política, que incluirá críticas diversas. La expectativa será la de comprobar si la crisis y sus secuencias dejará en las clases dirigentes aprendizajes que generen cambios institucionales de fondo.

Buenos Aires, 18 de marzo de 2020

Un Estado familiar

Previo a incursionar en ejemplos concretos de las ineficaces y sobredimensionadas estructuras estatales,  que afectan el buen uso social de los recursos públicos, cabe identificar un motivo clave de tal degradación: haber transformado un Estado de bienestar, como se denomina al que brinda mejores condiciones socio-económicas a la población, en un Estado “familiar”. Término que no se emplea como metáfora, sino en sus reales acepciones: parentesco, clan, grupo, linaje, casta. Si crecen las “familias” asociadas al Estado, crecen los organismos estatales. En tal contexto, y ante la ausencia de partidos políticos activos, el presidente, príncipe o patriarca de turno, en countries, quinchos u oficinas privadas. negocia entre “familias” como repartir cargos públicos entre allegados y redistribuir el dinero de otros.

Una imagen reciente avala la hipótesis mencionada. El lunes 02 de marzo, el diario La Nación publicó diversas fotos de asistentes al discurso presidencial de apertura de sesiones legislativas del día anterior, con reconocidas figuras congregadas según su rol de legisladores, gobernadores, sindicalistas y empresarios. Salvo excepciones y naturales envejecimientos, las mismas fotos podrían haberse utilizado en las aperturas legislativas de los últimos veinte años. Esta realidad explica la imposibilidad de lograr acuerdos virtuosos para una transformación del corpus institucional y jurídico del Estado, y en simultáneo, definición de políticas económicas virtuosas estables. En su lugar, los mismos personajes repiten discursos y metodologías fracasadas  desde hace décadas. Con un agravante criollo. Las “familias” acordaron que en Argentina, los procesados y condenados por delitos comunes y económicos contra el Estado, pueden ocupar cargos ejecutivos y legislar. Ante esta difícil coyuntura, a los simples ciudadanos solo nos cabe detectar incongruencias del discurso “familiar”, que remite a viejas monarquías que para mantener a sus aristocracias, agobiaban a pueblos empobrecidos con impuestos.

Usualmente, la longitud y/o grandilocuencia de la denominación de un organismo suele ser inversamente proporcional a su utilidad. Históricamente los ciudadanos tenían claro los roles de los ministerios de Economía, Finanzas, Acción Social, Educación y Salud, que son  áreas medulares de todo Estado. Pero a partir de la inconclusa reforma constitucional de 1994, llevada a cabo por el deseo “familiar” de Menem de ser reelecto, proliferaron organismos a los que no se accede por concurso, y cuyo único fin es el de atender el  crecimiento biológico de las “familias” políticas. Sirva como ejemplo el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, que coexiste con el Instituto Nacional de Mujeres, y con la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes. A lo que se suma la creación de la Dirección de la Mujer y Asuntos de Género en la Cancillería. Todos ellos sin poder de decisión, y en el mejor de los casos, solo de gestión e intermediación. Por lo cual, “en el terreno” como les gusta decir a los políticos, los beneficios concretos sobre las problemáticas  de mujeres, niños, niñas y adolescentes afectados, son casi nulos. Dado que “organismo público” implica costos de personal, gastos edilicios, operativos y de mantenimiento, viajes, viáticos, etc., dichos recursos podrían optimizarse en centros con atención las 24 horas del día los siete días de la semana estratégicamente distribuidos, en lugar que las “familias” políticas atiendan con altos cargos en el microcentro, días hábiles y en horario administrativo.

Otro ejemplo hoy vigente de quienes siempre tienen “la heladera llena”, es la Defensoría de la Tercera Edad. Carente de facultades decisorias, ante perjuicios jubilatorios su titular se remite a presentar una cautelar, que históricamente la justicia rechaza, y recorrer medios de comunicación para informar lo que ya fue ampliamente difundido. Es sabido que todos los complejos y extensos juicios previsionales exitosos para los damnificados (caso Badaro), lo llevaron adelante estudios especializados privados.

Asumida la permanencia de “clanes familiares” políticos como clave para entender la decadencia institucional y económica del país, es momento de interrelacionar lo discursivo con lo estructural. Para ello se utilizarán expresiones de altos niveles políticos (que suelen ser breves y rotundas pues actúan como eslogan), transcriptas textualmente. No es el fin refutarlas por carecer de los conocimientos específicos para ello, pero sí resaltar incongruencias que debieran ser clarificadas en los debates políticos y legislativos. Al respecto, la próxima reflexión comenzará con una frase reciente del presidente Fernández, que involucra a las dos máximas autoridades públicas de un país: “Un juez de la Corte gana 3 o 4 veces más de lo que gana el Presidente de la Nación”.   

Buenos Aires, 11 de marzo de 2020

Infantilismos saludables

La infancia se caracteriza por la capacidad de absorber conocimientos, y cuando se convive con quienes brindan respuestas, la avidez para plantear interrogantes. Hace décadas, un padre con buena formación y posiblemente en un mal día, le dijo a su hijo preguntón que cualquiera puede plantear dudas que cinco sabios no podrían responder. El recuerdo, en un contexto de una recurrente crisis por el no pago de deudas, aflora para formular una pregunta: suponiendo que el FMI y deudores privados se apiaden de nuestro país eternamente “emergente” y no exijan desembolsos durante los próximos dos o tres años, qué reformas estructurales se harán para lograr un Estado eficaz en lugar de generador de pobreza subsidiada, con enormes gastos improductivos en beneficio de pocos? Como se obtendrá capital privado genuino para crecer, y cambiar la matriz del atraso? Cómo se generarán excedentes para pagar los futuros vencimientos de deuda?

Quizás ese padre, para hacerlo pensar, le diga al preguntón que en principio intente responderse a sí mismo, para lo cual debería establecer ciertos supuestos como puntos de partida, tales como: 1) Arribar a una respuesta no dependerá de decisiones basadas en artificiales “grietas” ideológicas, sino de pujas de intereses y privilegios en cúpulas de poder. 2) No influirán identidades partidarias, más aún cuando radicalismo y peronismo son recuerdos usados como túnicas para encubrir oportunistas que, con cargo bajo el brazo, pasan de un partido a otro con una facilidad asombrosa. Ni ajados debates entre izquierdas y derechas; que la reciente foto del sindicalista Pablo Moyano abrazado a Nicolás Maduro en Venezuela, mostró que carece de sentido establecer diferencias entre extrema izquierda y extrema derecha. 3) Carecerá de sentido diluir culpabilidades sectoriales entre funcionarios, empresarios y sindicalistas, muchos de los cuales desempeñan dos o tres de dichos roles simultáneamente. Tras 37 años de continuidad democrática, todos son partícipes necesarios del estancamiento del país. Aclarando que “todos” no es aplicable al abstracto pueblo (millones), sino a identificables dirigentes (miles). Todos ellos actuando al amparo del concepto Gobierno, conformado por quienes dirigen, controlan y administran las instituciones del Estado, y definen el perfil de un país. Que en el caso argentino, exhibe estructuras institucionales fuertemente corporativas, y con continuidades de conducción que mimetizan lo estatal con lo privado, como resumió la causa de corrupción conocida como “cuadernos”.

Lo esencial será discutir la modificación profunda de la costosa, elitista e ineficaz estructura estatal, que usufructúan sectores públicos y privados asociados a través de privilegios, prebendas y corrupción, disfrazados de protección a los que “menos tienen”, que solo reciben dádivas. En este debate de corto plazo convergerán las dirigencias que integran la parte más alta de la pirámide económico-social, que parafraseando un simpático eslogan reciente, siempre tienen “la heladera llena”. Dirigencias sostenidas por sistemas electorales cerrados y excluyentes, en el que los representantes se representan a sí mismos o a los líderes de turno. Lo que genera una paradoja inevitable: muchos de quienes debieran cambiar la matriz de privilegios y corrupción estatal-privada, son los mismos que la instalaron y protegen. Al momento, las medidas adoptadas repiten el fracasado pasado: aumentar impuestos y en paralelo implementar moratorias; ahorrar en jubilaciones intermedias en forma inmediata, mientras las de privilegio “serán motivo de estudio”; subsidiar tarifas a pobres y ricos por igual, y sin aclarar que parte del costo se subsidia. Lograr romper esta matriz conservadora y establecer políticas sostenibles en el tiempo, solo será posible con acuerdos virtuosos (no confundir con transacción de cargos públicos), plasmados entre oficialistas y opositores esclarecidos que posean honestidad intelectual y moral.  

Un comentario final merece las especulaciones sobre un doble comando en el gobierno. Al momento no lo hay, pues el acuerdo que posibilitó la conformación de la alianza gobernante se está cumpliendo. Se sustentó en un trípode explícito que impedía a Cristina Kirchner ser cabeza de fórmula: 1) ganar la elección (hábil estrategia); 2) desactivar causas de corrupción propias y de algunos allegados; 3) negociar con los acreedores externos. El presidente Fernández, con variado éxito, está cumpliendo su rol. El problema se presenta en el manejo de los tiempos, que motiva otra pregunta: es oportuno encarar la escalada a favor de la impunidad de procesados y/o condenados por actos de corrupción en plena negociación con acreedores externos, en declarada situación de emergencia, y sin plan económico-social definido? Esta pregunta, podría responderla el padre a su hijo preguntón?

Buenos Aires, 26 de febrero de 2020

Proteger al pueblo

“No negociaremos a costa del pueblo”. Esta icónica frase política utilizada para negociar con acreedores el pago de deudas, al igual que en el tema jubilaciones, responde a una estructura piramidal: en el vértice “nosotros” (negociaremos), y en la base “pueblo”. Lo engañoso del eslogan es el intento de mimetizar a la anónima base “pueblo” con los responsables políticos, empresariales y sindicales ubicados en el vértice, para mantener la  ineficaz, costosa e inequitativa estructura estatal, cuando no corrupta, mientras a los pobres se los contiene con subsidios. Los actores no varían. A modo de ejemplo, Carlos Alvarez, uno de los principales responsables de la crisis del 2001, fue designado embajador en Perú; el portador de apellido e imagen Ricardo Alfonsín, embajador en España; Ignacio De Mendiguren, ministro de Duhalde y emblema del empresariado devaluador y prebendario, legislador desde hace años. Del sindicalismo, no es necesario mencionar ejemplos.

“Pueblo”, o sus variantes más sofisticadas Nación y País, son términos grandilocuentes de carácter popular, habituales para lograr adhesiones emocionales masivas. La palabra Reino, vigente durante milenios, quedó desactualizada con la desaparición de las monarquías, aunque presenta variantes telúricas llamadas caudillajes. Este nuevo intento de que nada cambie, no es preocupante para el FMI o acreedores foráneos, sino para el desarrollo futuro del “pueblo” argentino. Hace más de 500 años, Maquiavelo señalaba al príncipe la importancia de apoyarse en una estructura estatal racional y eficaz, al decirle: ”Los males que nacen en el Estado, cuando se los descubre a tiempo, lo que solo es dado al hombre sagaz, se los cura pronto; pero ya no tienen remedio cuando, por no haberlos advertido, se los deja crecer hasta el punto de que todo el mundo los ve”

Quizás sorprendería a Maquiavelo que en Argentina los problemas estatales y sus beneficiarios privados, pese a que “todo el mundo los ve”, mantiene inmutable el vértice privilegiado de la pirámide desde hace décadas. Esta situación registra innumerables antecedentes históricos a nivel mundial, que desencadenaron reacciones populares descontroladas y sangrientas. Quedarnos en “desde hace décadas” nos sumerge en el vicio del eslogan vacío e inconducente. Será más ejemplificador que en lugar de mencionar cuántos bonos emitieron o deudas pagaron De la Rúa, Duhalde, Néstor/ Cristina Kirchner y Macri, recordemos hitos que explican nuestro atraso como país:

1) “Argentina se declara en default”. No se refiere al proclamado por Rodríguez Saa en el 2001, en medio de la ovación de los legisladores, sino al de 1890 durante la presidencia de Roca, considerado el primer default argentino.

2) “Cuando anuncié el plan económico, la Argentina afrontaba extraordinarias dificultades., a las que se sumó la pérdida de nuestra cosecha, y por lo tanto nuestro potencial de exportación”. No lo dijo Macri refiriéndose a la sequía de 2018, sino Juan Perón en febrero de 1952.

3) “Los laboratorios deberán presentarnos una declaración jurada que informe cuál es la calidad de sus medicamentos y composición de sus costos de producción. Con esa documentación hablamos”. No lo dijeron Alfonsín, Menem, De la Rúa, matrimonio Kirchner, Macri o Alberto Fernández, sino Illia en 1964, tras la aprobación de una ley regulatoria de medicamentos, que se supone una de las causales de su derrocamiento. Casi 60 años más tarde, es más fácil poner cepos al dólar que lograr que los laboratorios presenten sus costos de producción.

4) “Les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo”. No lo dijo el ministro Guzmán tras su reunión con la directora del FMI Kristalina Giorgeva y otros funcionarios en el Vaticano, sino Juan Carlos Pugliese en febrero de 1989, entonces ministro de Economía de Alfonsín, refiriéndose a su encuentro con exportadores y empresarios argentinos, en medio de una corrida cambiaria que agudizaría una crisis que terminaría en una hiperinflación.

Esta arbitraria secuencia temporal (1890, 1952, 1964 y 1989), centrada en nombres que representan poder político, exhibe una perenne matriz conservadora corporativa, sean en sectores estatales o privados, ubicados ineludiblemente en la parte más alta de la pirámide. Por ende, los debates que se avecinan no serán entre las líquidas categorizaciones de oficialismo u oposición, estatal o privado, sino entre sostenedores de privilegios y partidarios de evolucionar con equidad. Quiénes tendrán más votos?

Buenos Aires, 19 de febrero de 2020

Achatar pirámides

La actividad política se desarrolla en dos campos usualmente no concordantes: el discursivo y el pragmático. En campañas electorales predomina el discursivo basado en la promesa, que en ejercicio del poder muta en propagandístico en apoyo de las acciones pragmáticas de gobierno. En nuestra actualidad política, esta secuencia queda expuesta debido a la cercanía temporal entre la promesa (pasado) y el pragmatismo (presente), en un país cuyas estructuras institucionales y corporativas, sumados sus principales actores, se mantienen inmutables desde hace décadas.

Por ello los ciudadanos comunes, carentes de información privilegiada, deberán detectar contradicciones o falacias en los eslogans del discurso político, diseñados para cumplir con una regla propagandística llamada de orquestación, consistente en la repetición incesante del concepto que se desea imponer. Este ejercicio será imprescindible para entender los debates políticos que se avecinan, en los que confrontarán desarrollo y conservadorismo; equidad y privilegios, honestidad y corrupción. Un inicio oportuno será reflexionar sobre un tema de gran impacto desde lo social y económico: las jubilaciones. Las medidas adoptadas hasta el momento invocando emergencia, no difieren de lo histórico: cortoplacistas, selectivas y destinadas a que nada cambie. La mal llamada ley de solidaridad desactivó el régimen de actualizaciones, congeló las jubilaciones intermedias, y mantuvo los privilegios. El eslogan oficial utilizado fue “hay que achatar la pirámide”. Si bien cumple con la condición de ser breve y entendible, cabe preguntarse: debiera ser tranquilizador?

En su definición más simple, una pirámide es un cuerpo geométrico de base cuadrada, cuyas cuatro caras se unen en un punto superior llamado vértice. Excluidas las connotaciones místicas, permite una adecuada representación visual de estructuras organizacionales: pocos en el vértice, y muchos en la base. Además existe una relación estructural y numérica entre el sistema jubilatorio y la organización político-institucional-burocrática del país, que generan los mismos interrogantes: son racionales, equitativas y sustentables? Por lo que ambas problemáticas debieran asociarse. Retomando la jubilatoria, debemos entender que “achatar la pirámide”, implica disminuir su altura. Al respecto, la jubilación mínima (muchos) es de $ 14.068, y las máximas ubicadas próximas al vértice (pocos), promedian $ 336.000. O sea, una diferencia de 24 veces entre ambas. Este indicador diferencial entre salarios/jubilaciones mínimas y máximas, no mide la riqueza como el PBI interno, sino la equidad del Estado. Cuando supera las 15 veces, expresa inequidad estatal. Ello se observa al compararlo con los costos políticos de los países social y económicamente más desarrollados. A partir de estas consideraciones geométricas (pirámide) y numéricas (ingresos), surgen innumerables contradicciones, falacias o cinismos, según corresponda.

Aduciendo emergencia, en diciembre de 2019 quedó sin efecto la actualización aprobada en diciembre de 2017, que con lluvia de piedras incluida, implementó un índice de ajuste automático integrado por la evolución de la inflación (70%) y salarios (30%), de los dos trimestres anteriores. En su lugar se decidió otorgar  una suma fija a los que cobran la mínima, se congeló a la base intermedia de $ 20.000 en adelante, y si bien congeladas, se mantuvieron las inequidades de las jubilaciones de privilegio. Estas últimas bajo el paraguas de una falacia: los privilegios son derechos adquiridos. Cabe preguntarse entonces: cambiar una vez más el sistema de actualización jubilatoria no afecta derechos adquiridos?

De ahí la expectativa respecto a si en la elaboración de un sistema jubilatorio definitivo y sustentable, se anularán los sistemas de privilegio y/o especiales; se establecerá una relación común entre requisitos jubilatorios y de haberes entre activos y pasivos, todo bajo un único índice de actualización, y aspecto no menor, se “achatarán” las diferencias salariales estatales privilegiadas de activos ubicados próximos al vértice de la pirámide. Y en lo político, terminar con el uso fraudulento de recursos jubilatorios para otros fines. El escepticismo nace en que estas medidas deberán aprobarlas e implementarlas quienes integran la pequeña pirámide superior en contacto con el vértice, integradas por quienes ejecutan, legislan y juzgan, no controlan evasiones impositivas ni trabajo en negro, y aumentan impuestos para mantener sus privilegios. En síntesis, los que proclaman preocuparse por “los pobres”. De ahí la importancia de estar atentos a las políticas que se avecinan, y recordar que las vacunas contra las grandilocuencias y falacias políticas son de aplicación trimestral. En mayo de 2002, cuando aún resonaba el que “se vayan todos”, ambas cámaras legislativas derogaron las jubilaciones de privilegio “futuras”. Pero el 17 de noviembre el presidente Duhalde vetó la ley casi en su totalidad.

Buenos Aires, 12 de febrero de 2020

Prometo no hacerlo más

Una nueva renegociación por el pago de deudas externas que los responsables políticos suelen catalogar de “impagables”, nos retrotrae a recuerdos de la infancia, cuando ante alguna travesura y para evitar penitencias, prometíamos a nuestros padres “no hacerlo más”, o bien intentábamos el embuste “yo no fui”. Lo preocupante de este recuerdo, es verificar la persistencia de estos balbuceos exculpatorios infantiles en nuestros políticos adultos.  

Analizar la compleja problemática económico-crediticia repitiendo indicadores habitualmente divergentes cuando no falaces (montos de deudas, PBI, tipos de cambio, multiplicidad de bonos, etc.), sería sumarnos a polémicas inconducentes que no van al fondo de la cuestión. Un ejemplo es la reciente amenaza del gobernador Kicillof de no pagar un bono de 250 millones de dólares de capital vencido en enero de este año, adjudicando la responsabilidad a la anterior gobernadora Vidal. Se aclaró posteriormente que el vencimiento correspondía a la segunda de tres cuotas de capital del bono BP 21, emitido en enero de 2011 por el entonces gobernador Scioli bajo ley de Nueva York, por un total u$s 750 millones a una tasa de 10,87%. Este ejemplo, por lo sencillo y próximo, nos permite sospechar que el origen de nuestra decadencia y crisis económicas no se entenderá desde lo numérico, que solo es una consecuencia de la permanencia de estructuras institucionales y burocráticas ineptas. Destaquemos algunos aspectos.

1) En el ejemplo mencionado, la deuda es de Scioli-Kirchner o de Vidal-Macri? Con lógica, internacionalmente será considerada del gobierno argentino. Pero en las diversas alternativas de negociación, el acreedor indagará sobre los antecedentes del deudor: tuvo crisis puntuales y superadas definitivamente (México, Rusia, Irlanda, Grecia, Portugal, etc.), o recurrentes (Argentina)? Y se preguntará: los que se presentan como negociadores pertenecen a una clase política renovada, o son viejos conocidos acostumbrados a insolventarse, prometiendo nuevamente que “no lo van a hacer más”?  

2) “No pagaremos la deuda externa con el hambre de los argentinos”, expresó recientemente el presidente Fernández. En realidad, repite un eslogan discursivo utilizado en las innumerables crisis anteriores. Analizado más racionalmente, encierra una contradicción manifiesta: los argentinos con hambre, que son millones, no solo no pueden pagarla; tampoco la usufructuaron. Al reclamo social de identificar responsables, el viejo político retoma el balbuceo infantil, con matices cínicos: “Yo no fui. Fueron los amigos de…” (el lector puede poner los nombres que le plazca). Ante este ocultismo, debemos seguir buscando las causales de la decadencia.

3) Una cuestión no casual, es centrar el debate político solo sobre la deuda externa en dólares (haciendo hincapié en los buitres externos, sin mencionar a los depredadores criollos que dejan la carroña para alimentarlos), omitiendo hablar de la deuda interna en pesos, que tiene mayor impacto en el “hambre de los argentinos”. Por ejemplo los préstamos de la Anses al Estado a tasas ruinosas para los jubilados; créditos irrecuperables otorgados por el Banco Central al Tesoro (administración pública); préstamos a pérdida del Banco Nación y otros bancos públicos al Estado y empresas amigas; evasiones multimillonarias con la Afip (Oil Combustibles, Oca), refinanciadas en condiciones lesivas para el Estado; sobrecostos multimillonarios de obras por corrupción, etc.

4) Esta desinformación oficial recurrente y concordante respecto a las políticas crediticias en moneda extranjera y nacional, así como su manejo, condiciones, destinatarios y amortizaciones, ocultándola tras  verborragias políticas grandilocuentes, nos da un indicio de las causas de nuestra decadencia. Es imposible que en sucesivos gobiernos democráticos plagados de organismos de control, con poderes ejecutivo, legislativo y judicial integrados por quienes desarrollan sus tareas públicas desde hace décadas, se desconozcan manejos presupuestarios, y se apele al cínico “yo no fui”. Existe una extendida complicidad que se sustenta en una estructura política-institucional-burocrática caduca y nociva basada en privilegios, que se resiste a ser modificada, bajo una ideología común que también nos retrotrae en el tiempo: conservadora. E integrada por quienes no tienen hambre, sino “hablan” de los que tienen hambre. O bien ejercen la “resistencia” montados en privilegios estatales. Profundizaremos el tema sin “grietas”, porque a priori no hay inocentes. Y menos aún “solidaridad”.

Buenos Aires, 05 de febrero de 2020

De palotes a cuadernos

Tras los primeros balbuceos y dibujados los trazos básicos llamados “palotes” para aprender a hablar y escribir, se ingresa al aprendizaje formal, empleando para realizar las tareas escolares los conocidos cuadernos. Que en nuestros avatares políticos, asociamos a los de un desconocido chofer oficial llamado Centeno, que en lugar de ejercicios didácticos, contenían un detallado circuito recaudatorio de coimas con fechas, horarios y lugares, que interrelacionaban a funcionarios con empresarios.

Su trascendencia se acrecentó no solo por las constataciones judiciales, sino por las repercusiones políticas y sociales emergentes, que como nunca antes, obligaron a que las estrategias de ocultamiento e impunidad habituales ejercidas por altos niveles estatales y sus asociados externos, debieran desarrollarse a cara descubierta. Sin embargo la trascendencia del caso excede lo meramente delictivo, para incursionar en aspectos que incidirán en nuestro futuro institucional. Inicialmente se pueden mencionar tres:

1) Corrupción mata ideología. El caso “cuadernos” ratifica que en los delitos económicos, especialmente contra el Estado, no hay ideologías o diferencias sociales. Aunados para enriquecerse, participan de la trama funcionarios, empresarios, sindicalistas, poder judicial, entidades financieras, testaferros, oficialismos, oposiciones, revolucionarios de izquierda, malvados de derecha, secretarios privados, familiares, jardineros, cocineros, artistas, etc. Los partícipes pueden cumplir roles activos, usufructuando el dinero, o pasivos necesarios, como integrantes de organismos de control, que solo exigen cargos y prebendas para no ver y dejar hacer.

2) Escala de responsabilidades. En una etapa institucional en la que los máximos líderes políticos designan cientos de funcionarios en altos niveles jerárquicos, con el único argumento de ejercer su derecho de tener “gente de su confianza”, abre el interrogante sobre como podrán desligarse judicialmente de responsabilidades en casos de corrupción que involucren a sus designados, aduciendo desconocimiento. Aspecto interesante para prestarle atención con el desarrollo de los juicios.

3) Presión intensa sobre el poder judicial. La opinión pública, en cuanto a corrupción y salvo excepciones, tiene posiciones tomadas: están los convencidos del saqueo estatal-privado; quienes piensan que no existió, y finalmente, a quienes no les importa que los delitos se hayan cometido. Por lo que ante el avance de las causas e inicio de juicios orales, las recientes estrategias comunicacionales tienen como principal destinatario al Poder Judicial, oscilando entre amenazas explícitas a jueces que avanzan en las causas, como las proferidas por el presidente Fernández, o las apoyadas en supuestos debates jurídicos, como la crítica a las prisiones preventivas de políticos (pese a que desde hace años existen miles de presos sin condena), o la puesta en escena como novedad del enigmático término lawfare, que teoriza sobre una posibilidad conocida desde hace décadas, pero que en sí no invalida hechos y constataciones probatorias. Esta presión indisimulada sobre el Poder Judicial, que recuerda a la película Kramer vs. Kramer transformada en Estado vs. Estado, alcanza obviamente a la Corte Suprema, que tiene el recordado antecedente de haber intentado el pasado 14 de mayo una insólita maniobra para dilatar el inicio del juicio oral de la causa por corrupción en obras viales en Santa Cruz, actualmente en trámite.

Los mensajes de campaña pueden subdividirse en verdaderos, posibles, falsos o intrascendentes. En principio se deberá detectar intencionalidades: información, contradicción, persuasión, engaño, cinismo, hipocresía, falacia. Una primera prueba ácida para detectar verosimilitud o desinformación evitando preconceptos,  es confrontar el mensaje emitido con su alternativa opuesta, o bien, reacciones opuestas ante hechos similares. Citemos un ejemplo. Muchos de los que intentaron desacreditar como prueba a los cuadernos de Centeno aduciendo que eran fotocopias, avalaron en el año 2003 el inicio de la causa sobornos en el Senado a partir de un anónimo encontrado por Daniel Bravo, hijo del fallecido diputado  socialista. Dicho anónimo dio lugar a un juicio que duró nueve años entre el 2003 al 2012, y concluyó sin culpables, porque ninguno de los más de 200 testigos citados, entre ellos el ex vicepresidente Carlos Alvarez, el sindicalista Moyano y personal de la SIDE, que no aportaron pruebas fehacientes, o bien desconocieron  los hechos.

Buenos Aires, 29 de enero de 2020

Recordar los primeros palotes

Para poder analizar nuestras históricas desventuras políticas en un contexto hiperconectado en el que pujan información con desinformación, es oportuno retrotraernos a nuestros simples trazos verticales llamados “palotes” con los que aprendimos a escribir, y a los primeros balbuceos emitidos para hablar; usualmente “ma-má”, que se ampliaban rápidamente a “mi-ma-má-me-ama”. La eficacia del aprendizaje estriba en su naturalidad, fácil comprensión y validez general. Trasladado al discurso político, se detectaría que frases pretendidamente brillantes o sagaces, no pasarían el filtro de los balbuceos más primarios.

El año 2020 se inicia con un recambio de conducción política nacional que se agota en el nivel presidencial, tras el cual se encolumnan repetidos funcionarios, gobernadores, intendentes, sindicalistas, jueces, empresarios y familiares, eventualmente con roles y perfiles amigo/enemigo u oficialista/opositor, intercambiables. Esta plasticidad vernácula  desnuda la primera falacia: el tremendismo para describir herencias recibidas (ejemplo la película estilo Goebbels “Tierra arrasada”),  engañosamente se acota en lo temporal (cuatro años), en un gobierno (abstracción), y en un presidente (personificación). De tal modo que sacrificado el becerro de turno, lavan o esconden sus culpas los perennes responsables acomodados a las nuevas circunstancias.

Este cuadro a priori pesimista, ofrece como contrapartida posibilidades superadoras, pues dicha continuidad dirigencial en los campos político-institucional, sindical y corporativo, facilita detectar falacias y contradicciones en sus discursos y acciones. Asimismo, la tecnología que permite la rápida y simultánea difusión de mensajes propagandísticos “enlatados”, interconecta de modo igualmente veloz a millones de ciudadanos cada vez más críticos de estructuras políticas obsoletas y escasamente representativas, con reclamos que pueden ser económicos, institucionales y sociales. En este contexto, el ciudadano común deberá procesar racionalmente el alúd informativo, sorteando el instrumento político “grieta”, útil para manipulaciones masivas de opinión. En el pasado año electoral, se ratificó que en niveles de poder no hay “grietas”, sino “pujas”. No hay ideologías, sino intereses. Que en la reciente campaña electoral se plasmaron en sorprendentes acuerdos políticos y arrepentimientos vía intercambio de prebendas. En esta incipiente etapa se destacan tres aspectos:

1) Las multitudinarias y pacíficas concentraciones de campaña de las dos expresiones partidarias mayoritarias, mostraron que las acciones violentas surgen exclusivamente de grupos de choque integrados por grupos ideológicos extremos, sindicales y barras bravas todo terreno, adecuadamente planificadas y financiadas. Ello se ratificó con la reciente aprobación legislativa de la ley de emergencia “solidaria”, en especial con el congelamiento de las actualizaciones jubilatorias, cuya aprobación tan solo dos años atrás, provocara descontrolados desmanes frente al Congreso, con la participación activa de grupos de choque, entre quienes se encontraban las diputadas Donda y Mendoza, intentando correr vallas para permitir el ingreso de los violentos al recinto legislativo.

2) Las medidas adoptadas bajo la trillada invocación de emergencia, en principio por seis meses, repiten las que fracasaron desde hace décadas: afectaciones jubilatorias; congelamientos tarifarios (que incluye a ricos); subsidios caóticos, manipulaciones cambiarias, más impuestos. De igual modo, mantienen inmutables para los altos niveles estatales privilegios jubilatorios, impositivos y lucros anexos, con costos fiscales insostenibles para los ciudadanos. Las medidas solo varían en sus títulos según quienes las apliquen. Las opciones son “ajuste salvaje” o “aporte solidario”. 

3) Es de esperar que en este semestre se logren cambios estructurales virtuosos con continuidad en el tiempo. Ello no será posible a través de comisiones o consejos integrados con “figurettis”, o personas valiosas diluidas en la intrascendencia de comisiones. Los acuerdos deberán construirse y legalizarse entre los actores más lúcidos y representativos del oficialismo y la oposición que sumaron casi el 90% de los votos, y que en su mayoría son viejos conocidos con posibilidad de rehabilitarse, pues comparten culpas en nuestra decadencia. Tanto el presidente Fernández como los líderes opositores saben que los grupos de choque están expectantes para no perder negociados, pero también millones de pacíficos ciudadanos dispuestos a autoconvocarse.

Buenos Aires, 22 de enero de 2020

AFI: inteligencia o sátira?

El cierre de año y proximidad de meses vacacionales con actividad más distendida, facilita jugar al recontra espionaje basados en un clásico del espionaje argentino: los servicios de inteligencia, y en particular, la AFI. Esta introducción contiene las dos palabras claves de la actividad: espionaje e inteligencia. Espionaje es una actividad de campo consistente en obtener información. Inteligencia consiste en analizar dicha información para decidir líneas de acción. Conscientes que espionaje sobra, el misterio a develar será constatar si existe inteligencia. Para esta pesquisa es necesaria una autoevaluación previa, que nos sitúe en alguno de los tres tipos de cerebro descriptos por. Maquiavelo: el que discierne por sí (excelente); el que entiende los que otros disciernen (bueno), y el que no discierne ni entiende lo que otros disciernen (inútil).

En las novelas de espionaje de los clásicos John le Carré, Graham Green o Ian Fleming, quienes además fueron agentes de inteligencia, los jefes de los servicios eran expertos de carrera, con alta profesionalidad. Es inimaginable ver a responsables de servicios secretos serios desempeñando variados cargos políticos de ocasión. Por ejemplo el jefe de James Bond, agente del servicio británico MI 6 creado por Fleming, es llamado M. Nuestros “M” criollos fueron entre otros, el abogado Anzorreguy, condenado por la causa Amia (Menem); el banquero Santibañez (De la Rúa); el abogado Larcher (Néstor Kirchner); el diputado Parrilli, con un nombre clave ofensivo (Cristina Kirchner), el intermediario de futbolistas Arribas (Macri), y la fiscal Caamaño (Fernández). De igual modo, los enigmáticos “señor/a 5 y 8”, lo ocupan circunstancialmente abogados todo terreno, fiscales, empresarios o vecinos en countries. Emerge entonces la primera falacia discursiva, que debido quizás a los juicios por corrupción, pretende circunscribir el problema AFI a la relación entre justicia federal y espías. Como en cualquier país, la mayor responsabilidad es política. Lo que es ratificado por la inacción que sin “grietas”, acordaron las multipartidarias Comisiones Bicamerales legislativas creadas para fiscalizar a los servicios de inteligencia. Esta realidad genera interrogantes más complejos e inquietantes: quién conoce realmente las tareas de inteligencia en curso, sus objetivos y personal implicado?. Quiénes informan al presidente de turno?

Esta relación entre política-justicia-servicios que fluctúa entre lo patético, rudimentario y delictivo,  se transparenta en el caso D`Alessio, tramitado en el Juzgado Federal de Dolores. Plagado de chantajes, operativos “puf” y otras chapucerías, abunda en personajes con oscuros antecedentes y conexiones entre sí. Cuando la causa sea elevada a juicio oral, tal como lo solicitara recientemente la Cámara Federal, posiblemente las declaraciones confirmen que los supuestos servicios de inteligencia son simples bandas que lucran con la corrupción estatal-privada. Con métodos que hace 90 años, Al Capone y otros de su calaña manejaban sin tantos subterfugios; si querían coaccionar a un juez, lo fotografiaban con una prostituta contratada, y a los jurados los coimeaban. La tercera fase, el asesinato, en la actualidad se aplica esporádicamente.

Es necesario considerar antecedentes, en especial cuando en las últimas elecciones algunos oportunistas recordaron cantar la marcha peronista. En enero de 1944, en un contexto bélico mundial y pujas entre militares pro Eje y pro Aliados, se creó dentro de la Policía Federal como unidad de espionaje el área de Coordinación. En 1946, ya como presidente, el general Perón creó la Secretaría de Inteligencia (SI), que luego derivó en la SIDE y la AFI. Coordinación continuó en ese entonces con sus tareas de inteligencia apoyada en una condición que por su función, solo reúne la policía federal: tener naturales contactos con los sectores más bajos y más altos de la sociedad.

Se concluye en un repetido desafío: qué hacer con los servicios de inteligencia, que comprenden a sectores civiles, fuerzas de seguridad y militares? Cómo interrelacionar información, procesamiento, estrategia y acción? Finalizada la guerra fría, los objetivos cambiaron. Hoy, corrupción, narcotráfico, terrorismo, delitos financieros, informáticos y conflictos militares, constituyen una problemática unificada que no admite compartimentos estancos. El atentado contra las Torres Gemelas en Nueva York, desnudó la falta de intercambio de información entre la CIA y el FBI para detectar movimientos terroristas previos. Retornando a nuestros súper agentes vernáculos, recordar que estos sombríos  personajes lucran con la corrupción estatal-privada. Problema también político.

Buenos Aires, 27 de diciembre 2019

Enigma a resolver en el verano. En la Ley de Solidaridad Social aprobada en diciembre de 2019, quiénes se negaron a ser solidarios?  Hay cuatro opciones:

A: pobres; B: clase media; C: ejecutivo/legislativo/judicial; D: oligarcas.

Próxima newsletter: miércoles 22 de enero del 2020

Consenso…para qué fines?

Tras la asunción de un nuevo gobierno el pasado 10 de diciembre, es oportuno reflexionar sobre la palabra “consenso”, cuya reiterada invocación la transformó en una monocorde letanía. La imposibilidad de acordar políticas estructurales de interés nacional que tengan continuidad en el tiempo, y saquen a la Argentina del atraso de siete décadas, se explicaría por la incapacidad de nuestras perennes dirigencias políticas y corporativas. Sin embargo, esta descripción encierra una paradoja de origen: es posible la continuidad de dichas dirigencias responsables de los fracasos, sin que existan sólidos consensos encubiertos o explícitos entre ellas?

Los consensos se definen como acuerdos entre miembros de un grupo o grupos sociales diversos. Pero sus fines no necesariamente se deben suponer virtuosos. Pueden tener el objetivo de delinquir, engañar, concentrar y/o perdurar en el poder. No casualmente, la ausencia de consensos políticos virtuosos es acompañada de un sinnúmero de consensos viciosos, que como pocas veces, se transparentaron en este año electoral. Este contrasentido se produce en un contexto de licuación de identidades partidarias aglutinadoras de opinión, las que en cada elección son reemplazadas por innumerables siglas de ocasión, cada una de las cuales alberga a políticos justicialistas, radicales, socialistas, transfugistas o lo que fuere, siempre con cargo público bajo el brazo como condición de negociación. En este mercadeo entre dirigencias beneficiarias no hay “grietas”, al menos insalvables. Por ello no se deberá culpabilizar de estos vicios a los ciudadanos en general, bajo la engañosa etiqueta “la gente”. La crisis internacional de los sistemas de representación política y colapso de estructuras partidarias tradicionales, obliga a que nacionalmente sean afrontadas con andamiajes institucionales sólidos y dirigencias coherentes y creíbles; no con coaliciones electorales de ocasión tipo “black friday”, y cuyos integrantes infantilmente pretendan ser el jefe.

En la reciente elección, en pocos meses confluyeron en una misma coalición Alberto Fernández, Massa (ancha avenida del medio) y Cristina Kirchner. Asimismo, un justicialista reconocido como Pichetto, fue el vicepresidente de Macri. El publicitado Consenso Federal, solo alcanzó el nivel de barrial. Ni hablar de los escalones inferiores, en los que los trueques personales se producen a escala mayorista. Queda claro entonces que política y corporativamente no existen “grietas”, sino simplemente pujas de poder. Que tienen como contrapartida abundantes y sólidos consensos “viciosos”, como un sistema electoral restrictivo del derecho a elegir, fueros parlamentarios para delitos comunes, tramas institucionales de impunidad, soluciones a crisis y emergencias económicas repetidas hasta el hartazgo, inflaciones crónicas, no pagos de deudas igualmente crónicos, y empresarios enriquecidos a costa de prebendas públicas, quebranto del antiguo Banco Nacional de Desarrollo, y estatización de sus deudas privadas en dólares.

Ante estas continuidades de viejos políticos, con viejos discursos y viejas soluciones, a los ciudadanos comunes se nos abre la oportunidad de reflexionar y sacar nuestras propias conclusiones apelando a un conocido eslogan comercial: “Yo te conozco”. En este ejercicio se podrían utilizar tres puntos de apoyo analítico: 1) No juzgar en base a abstracciones genéricas grandilocuentes (pueblo, justicia, pobreza, riqueza) o conceptos instalados como valederos. Ejemplificar con nombres y antecedentes concretos; 2) Desentrañar los mensajes políticos de modo casi escolar, confrontándolos  con sus opuestos. 3) Ante versiones, rumores o suposiciones, partir de la situación fáctica existente. Ejemplo; ante especulaciones sobre quien manda en la fórmula presidencial, suponer que es el Presidente. Eso sí; verificarlo regularmente.

Ello nos permitirá decodificar anuncios supuestamente transformadores y fundacionales, que habitualmente encubren la conocida estrategia de “cambiar para que nada cambie”. Ejemplifiquemos con una frase actual tan repetida como falaz: “No pagaremos la deuda con el hambre del pueblo”. Resulta una obviedad que el pueblo no usufructuó la deuda ni podría o debería pagarla. Pero cabe preguntarse: los que recibieron sus beneficios a través de prebendas crediticias, inequidades jubilatorias, sobrecostos legislativos, defraudaciones impositivas y corrupción estatal, tampoco la pagarán?

Buenos Aires, 18 de diciembre 2019

Próxima newsletter, el viernes 27 de diciembre 2019

Cuando la historia no absuelve

La historia, palabra de origen griego cuyo significado es pesquisa o indagación, es una disciplina que estudia y expone hechos del pasado. Sin que ello impida que se generen polémicas, interpretaciones, adhesiones o rechazos. A partir de esta definición, cabe reflexionar acerca de la declaración de la ex presidenta Cristina Kirchner que en condición de acusada, realizara ante el Tribunal Oral que investiga la concentración de obras viales en el empresario santacruceño Lázaro Báez. Más allá de los innumerables comentarios que provocó su estrategia de monologar sin clarificar, cabe preguntarse: fue realmente una “defensa brillante”, o solo un habitual recurso distractivo?

En los delitos a gran escala en ámbitos de poder, sean privados o públicos, es habitual que los acusados se declaren inocentes o perseguidos. Y que en muchos casos, cuenten con adherentes y admiradores, sea por convicción, interés o temor. Nuestro interrogante se inserta en el contexto de una corrupción estatal planificada y sistémica, ejercida a través de asociaciones delictivas públicas-privadas con el fin de sustraer recursos públicos, que como tales, presentan la debilidad de ser de “todos”, pero de nadie en particular. La afectación de estos recursos determina el carácter de los delitos: exacciones, cohechos, enriquecimientos injustificados y asociaciones ilícitas. Lo que invalida la universal estrategia política de los acusados de intentar confundir delitos con ideología y enriquecimientos personales con virtudes políticas, invocando “persecuciones políticas”. Como además los involucrados son reacios a someterse a la justicia aplicable a todos los ciudadanos por igual, apelan a ser juzgados por abstracciones como “Dios y la Patria me lo demanden”, o el más generalizado “la Historia me juzgará”. En este plano, la ex presidenta Kirchner fue más allá, al expresar que “la Historia ya me juzgó”. Pero antes que detenernos en grandilocuencias verbales casi místicas, debemos analizar la estrategia defensiva, que es clásica y terrenal.

La revolución bolchevique primero y el fascismo luego, en la primera mitad del siglo pasado sentaron las bases de la propaganda política moderna. Con reglas no muy distintas, sus dos máximos representantes fueron Lenin, y el ministro de propaganda nazi Joseph Goebbels. Sus objetivos eran el manejo de la opinión pública a escala masiva, aún transnacional, por lo que las batallas se desarrollaban en el campo comunicacional. No es casual entonces el temor y ataques que históricamente sufren los medios de comunicación en las democracias, cuyas diversidades impiden opiniones excluyentes. Los principios o reglas básicas de la propaganda política nacidas en situaciones revolucionarias y bélicas, mantienen plena actualidad en las actuales sociedades. Dos publicaciones de mediados del siglo XX las explican con precisión: “Propaganda política”, del psicólogo inglés Frederic Bartlett, publicada en 1940, y “La propaganda política”, del politólogo Jean-Marie Domenach, publicada en París en 1950.

Domenach señala que el propagandista nunca debe contradecirse, y guardar silencio en aquéllos puntos en los que está débil. Silencio que eventualmente, puede acompañarse con ofensivas de distracción. Cita un ejemplo que recuerda la estrategia defensiva de la señora Kirchner: “Goebbels, que era diputado y periodista a la vez, atacaba violentamente a sus adversarios, resguardándose en la inmunidad parlamentaria. Cuando esta le fue levantada, se lo demandó por difamación, y como no podía negar los hechos, decidió contraatacar, lazando furiosas diatribas o insultando a jueces y fiscales. El tribunal, como hipnotizado, condenó a Goebbels por ultraje a pagar 200 marcos de multa, y olvidó el fondo del proceso” (página 69).

Es de esperar que nuestros jueces no queden hipnotizados. La Historia, si bien no puede emitir fallos de condena o absolutorios en vida de los acusados, puede brindar excelentes aprendizajes para comprender viejas estrategias destinadas a lograr impunidad y manipular a la opinión pública, presentadas como modernas y creativas. Pero estas analogías estructurales nunca deben utilizarse para desacreditar una argumentación en su conjunto. La mención de la señora Kirchner a las responsabilidades eventuales de un Jefe de Gabinete (se podría agregar de un Ministro, Secretario, y así sucesivamente), instala un debate fundamental que está siendo ignorado: en casos de corrupciones planificadas y sistemáticas, cómo se establecen penalmente las cadenas de responsabilidades? Clarificarlo en los juicios orales será esencial para el futuro.  

Buenos Aires, 11 de diciembre 2019