Un Estado familiar
Previo a incursionar en ejemplos concretos de las ineficaces y sobredimensionadas estructuras estatales, que afectan el buen uso social de los recursos públicos, cabe identificar un motivo clave de tal degradación: haber transformado un Estado de bienestar, como se denomina al que brinda mejores condiciones socio-económicas a la población, en un Estado “familiar”. Término que no se emplea como metáfora, sino en sus reales acepciones: parentesco, clan, grupo, linaje, casta. Si crecen las “familias” asociadas al Estado, crecen los organismos estatales. En tal contexto, y ante la ausencia de partidos políticos activos, el presidente, príncipe o patriarca de turno, en countries, quinchos u oficinas privadas. negocia entre “familias” como repartir cargos públicos entre allegados y redistribuir el dinero de otros.
Una imagen reciente avala la hipótesis mencionada. El lunes 02 de marzo, el diario La Nación publicó diversas fotos de asistentes al discurso presidencial de apertura de sesiones legislativas del día anterior, con reconocidas figuras congregadas según su rol de legisladores, gobernadores, sindicalistas y empresarios. Salvo excepciones y naturales envejecimientos, las mismas fotos podrían haberse utilizado en las aperturas legislativas de los últimos veinte años. Esta realidad explica la imposibilidad de lograr acuerdos virtuosos para una transformación del corpus institucional y jurídico del Estado, y en simultáneo, definición de políticas económicas virtuosas estables. En su lugar, los mismos personajes repiten discursos y metodologías fracasadas desde hace décadas. Con un agravante criollo. Las “familias” acordaron que en Argentina, los procesados y condenados por delitos comunes y económicos contra el Estado, pueden ocupar cargos ejecutivos y legislar. Ante esta difícil coyuntura, a los simples ciudadanos solo nos cabe detectar incongruencias del discurso “familiar”, que remite a viejas monarquías que para mantener a sus aristocracias, agobiaban a pueblos empobrecidos con impuestos.
Usualmente, la longitud y/o grandilocuencia de la denominación de un organismo suele ser inversamente proporcional a su utilidad. Históricamente los ciudadanos tenían claro los roles de los ministerios de Economía, Finanzas, Acción Social, Educación y Salud, que son áreas medulares de todo Estado. Pero a partir de la inconclusa reforma constitucional de 1994, llevada a cabo por el deseo “familiar” de Menem de ser reelecto, proliferaron organismos a los que no se accede por concurso, y cuyo único fin es el de atender el crecimiento biológico de las “familias” políticas. Sirva como ejemplo el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, que coexiste con el Instituto Nacional de Mujeres, y con la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes. A lo que se suma la creación de la Dirección de la Mujer y Asuntos de Género en la Cancillería. Todos ellos sin poder de decisión, y en el mejor de los casos, solo de gestión e intermediación. Por lo cual, “en el terreno” como les gusta decir a los políticos, los beneficios concretos sobre las problemáticas de mujeres, niños, niñas y adolescentes afectados, son casi nulos. Dado que “organismo público” implica costos de personal, gastos edilicios, operativos y de mantenimiento, viajes, viáticos, etc., dichos recursos podrían optimizarse en centros con atención las 24 horas del día los siete días de la semana estratégicamente distribuidos, en lugar que las “familias” políticas atiendan con altos cargos en el microcentro, días hábiles y en horario administrativo.
Otro ejemplo hoy vigente de quienes siempre tienen “la heladera llena”, es la Defensoría de la Tercera Edad. Carente de facultades decisorias, ante perjuicios jubilatorios su titular se remite a presentar una cautelar, que históricamente la justicia rechaza, y recorrer medios de comunicación para informar lo que ya fue ampliamente difundido. Es sabido que todos los complejos y extensos juicios previsionales exitosos para los damnificados (caso Badaro), lo llevaron adelante estudios especializados privados.
Asumida la permanencia de “clanes familiares” políticos como clave para entender la decadencia institucional y económica del país, es momento de interrelacionar lo discursivo con lo estructural. Para ello se utilizarán expresiones de altos niveles políticos (que suelen ser breves y rotundas pues actúan como eslogan), transcriptas textualmente. No es el fin refutarlas por carecer de los conocimientos específicos para ello, pero sí resaltar incongruencias que debieran ser clarificadas en los debates políticos y legislativos. Al respecto, la próxima reflexión comenzará con una frase reciente del presidente Fernández, que involucra a las dos máximas autoridades públicas de un país: “Un juez de la Corte gana 3 o 4 veces más de lo que gana el Presidente de la Nación”.
Buenos Aires, 11 de marzo de 2020
Infantilismos saludables
La infancia se caracteriza por la capacidad de absorber conocimientos, y cuando se convive con quienes brindan respuestas, la avidez para plantear interrogantes. Hace décadas, un padre con buena formación y posiblemente en un mal día, le dijo a su hijo preguntón que cualquiera puede plantear dudas que cinco sabios no podrían responder. El recuerdo, en un contexto de una recurrente crisis por el no pago de deudas, aflora para formular una pregunta: suponiendo que el FMI y deudores privados se apiaden de nuestro país eternamente “emergente” y no exijan desembolsos durante los próximos dos o tres años, qué reformas estructurales se harán para lograr un Estado eficaz en lugar de generador de pobreza subsidiada, con enormes gastos improductivos en beneficio de pocos? Como se obtendrá capital privado genuino para crecer, y cambiar la matriz del atraso? Cómo se generarán excedentes para pagar los futuros vencimientos de deuda?
Quizás ese padre, para hacerlo pensar, le diga al preguntón que en principio intente responderse a sí mismo, para lo cual debería establecer ciertos supuestos como puntos de partida, tales como: 1) Arribar a una respuesta no dependerá de decisiones basadas en artificiales “grietas” ideológicas, sino de pujas de intereses y privilegios en cúpulas de poder. 2) No influirán identidades partidarias, más aún cuando radicalismo y peronismo son recuerdos usados como túnicas para encubrir oportunistas que, con cargo bajo el brazo, pasan de un partido a otro con una facilidad asombrosa. Ni ajados debates entre izquierdas y derechas; que la reciente foto del sindicalista Pablo Moyano abrazado a Nicolás Maduro en Venezuela, mostró que carece de sentido establecer diferencias entre extrema izquierda y extrema derecha. 3) Carecerá de sentido diluir culpabilidades sectoriales entre funcionarios, empresarios y sindicalistas, muchos de los cuales desempeñan dos o tres de dichos roles simultáneamente. Tras 37 años de continuidad democrática, todos son partícipes necesarios del estancamiento del país. Aclarando que “todos” no es aplicable al abstracto pueblo (millones), sino a identificables dirigentes (miles). Todos ellos actuando al amparo del concepto Gobierno, conformado por quienes dirigen, controlan y administran las instituciones del Estado, y definen el perfil de un país. Que en el caso argentino, exhibe estructuras institucionales fuertemente corporativas, y con continuidades de conducción que mimetizan lo estatal con lo privado, como resumió la causa de corrupción conocida como “cuadernos”.
Lo esencial será discutir la modificación profunda de la costosa, elitista e ineficaz estructura estatal, que usufructúan sectores públicos y privados asociados a través de privilegios, prebendas y corrupción, disfrazados de protección a los que “menos tienen”, que solo reciben dádivas. En este debate de corto plazo convergerán las dirigencias que integran la parte más alta de la pirámide económico-social, que parafraseando un simpático eslogan reciente, siempre tienen “la heladera llena”. Dirigencias sostenidas por sistemas electorales cerrados y excluyentes, en el que los representantes se representan a sí mismos o a los líderes de turno. Lo que genera una paradoja inevitable: muchos de quienes debieran cambiar la matriz de privilegios y corrupción estatal-privada, son los mismos que la instalaron y protegen. Al momento, las medidas adoptadas repiten el fracasado pasado: aumentar impuestos y en paralelo implementar moratorias; ahorrar en jubilaciones intermedias en forma inmediata, mientras las de privilegio “serán motivo de estudio”; subsidiar tarifas a pobres y ricos por igual, y sin aclarar que parte del costo se subsidia. Lograr romper esta matriz conservadora y establecer políticas sostenibles en el tiempo, solo será posible con acuerdos virtuosos (no confundir con transacción de cargos públicos), plasmados entre oficialistas y opositores esclarecidos que posean honestidad intelectual y moral.
Un comentario final merece las especulaciones sobre un doble comando en el gobierno. Al momento no lo hay, pues el acuerdo que posibilitó la conformación de la alianza gobernante se está cumpliendo. Se sustentó en un trípode explícito que impedía a Cristina Kirchner ser cabeza de fórmula: 1) ganar la elección (hábil estrategia); 2) desactivar causas de corrupción propias y de algunos allegados; 3) negociar con los acreedores externos. El presidente Fernández, con variado éxito, está cumpliendo su rol. El problema se presenta en el manejo de los tiempos, que motiva otra pregunta: es oportuno encarar la escalada a favor de la impunidad de procesados y/o condenados por actos de corrupción en plena negociación con acreedores externos, en declarada situación de emergencia, y sin plan económico-social definido? Esta pregunta, podría responderla el padre a su hijo preguntón?
Buenos Aires, 26 de febrero de 2020
Proteger al pueblo
“No negociaremos a costa del pueblo”. Esta icónica frase política utilizada para negociar con acreedores el pago de deudas, al igual que en el tema jubilaciones, responde a una estructura piramidal: en el vértice “nosotros” (negociaremos), y en la base “pueblo”. Lo engañoso del eslogan es el intento de mimetizar a la anónima base “pueblo” con los responsables políticos, empresariales y sindicales ubicados en el vértice, para mantener la ineficaz, costosa e inequitativa estructura estatal, cuando no corrupta, mientras a los pobres se los contiene con subsidios. Los actores no varían. A modo de ejemplo, Carlos Alvarez, uno de los principales responsables de la crisis del 2001, fue designado embajador en Perú; el portador de apellido e imagen Ricardo Alfonsín, embajador en España; Ignacio De Mendiguren, ministro de Duhalde y emblema del empresariado devaluador y prebendario, legislador desde hace años. Del sindicalismo, no es necesario mencionar ejemplos.
“Pueblo”, o sus variantes más sofisticadas Nación y País, son términos grandilocuentes de carácter popular, habituales para lograr adhesiones emocionales masivas. La palabra Reino, vigente durante milenios, quedó desactualizada con la desaparición de las monarquías, aunque presenta variantes telúricas llamadas caudillajes. Este nuevo intento de que nada cambie, no es preocupante para el FMI o acreedores foráneos, sino para el desarrollo futuro del “pueblo” argentino. Hace más de 500 años, Maquiavelo señalaba al príncipe la importancia de apoyarse en una estructura estatal racional y eficaz, al decirle: ”Los males que nacen en el Estado, cuando se los descubre a tiempo, lo que solo es dado al hombre sagaz, se los cura pronto; pero ya no tienen remedio cuando, por no haberlos advertido, se los deja crecer hasta el punto de que todo el mundo los ve”
Quizás sorprendería a Maquiavelo que en Argentina los problemas estatales y sus beneficiarios privados, pese a que “todo el mundo los ve”, mantiene inmutable el vértice privilegiado de la pirámide desde hace décadas. Esta situación registra innumerables antecedentes históricos a nivel mundial, que desencadenaron reacciones populares descontroladas y sangrientas. Quedarnos en “desde hace décadas” nos sumerge en el vicio del eslogan vacío e inconducente. Será más ejemplificador que en lugar de mencionar cuántos bonos emitieron o deudas pagaron De la Rúa, Duhalde, Néstor/ Cristina Kirchner y Macri, recordemos hitos que explican nuestro atraso como país:
1) “Argentina se declara en default”. No se refiere al proclamado por Rodríguez Saa en el 2001, en medio de la ovación de los legisladores, sino al de 1890 durante la presidencia de Roca, considerado el primer default argentino.
2) “Cuando anuncié el plan económico, la Argentina afrontaba extraordinarias dificultades., a las que se sumó la pérdida de nuestra cosecha, y por lo tanto nuestro potencial de exportación”. No lo dijo Macri refiriéndose a la sequía de 2018, sino Juan Perón en febrero de 1952.
3) “Los laboratorios deberán presentarnos una declaración jurada que informe cuál es la calidad de sus medicamentos y composición de sus costos de producción. Con esa documentación hablamos”. No lo dijeron Alfonsín, Menem, De la Rúa, matrimonio Kirchner, Macri o Alberto Fernández, sino Illia en 1964, tras la aprobación de una ley regulatoria de medicamentos, que se supone una de las causales de su derrocamiento. Casi 60 años más tarde, es más fácil poner cepos al dólar que lograr que los laboratorios presenten sus costos de producción.
4) “Les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo”. No lo dijo el ministro Guzmán tras su reunión con la directora del FMI Kristalina Giorgeva y otros funcionarios en el Vaticano, sino Juan Carlos Pugliese en febrero de 1989, entonces ministro de Economía de Alfonsín, refiriéndose a su encuentro con exportadores y empresarios argentinos, en medio de una corrida cambiaria que agudizaría una crisis que terminaría en una hiperinflación.
Esta arbitraria secuencia temporal (1890, 1952, 1964 y 1989), centrada en nombres que representan poder político, exhibe una perenne matriz conservadora corporativa, sean en sectores estatales o privados, ubicados ineludiblemente en la parte más alta de la pirámide. Por ende, los debates que se avecinan no serán entre las líquidas categorizaciones de oficialismo u oposición, estatal o privado, sino entre sostenedores de privilegios y partidarios de evolucionar con equidad. Quiénes tendrán más votos?
Buenos Aires, 19 de febrero de 2020
Achatar pirámides
La actividad política se desarrolla en dos campos usualmente no concordantes: el discursivo y el pragmático. En campañas electorales predomina el discursivo basado en la promesa, que en ejercicio del poder muta en propagandístico en apoyo de las acciones pragmáticas de gobierno. En nuestra actualidad política, esta secuencia queda expuesta debido a la cercanía temporal entre la promesa (pasado) y el pragmatismo (presente), en un país cuyas estructuras institucionales y corporativas, sumados sus principales actores, se mantienen inmutables desde hace décadas.
Por ello los ciudadanos comunes, carentes de información privilegiada, deberán detectar contradicciones o falacias en los eslogans del discurso político, diseñados para cumplir con una regla propagandística llamada de orquestación, consistente en la repetición incesante del concepto que se desea imponer. Este ejercicio será imprescindible para entender los debates políticos que se avecinan, en los que confrontarán desarrollo y conservadorismo; equidad y privilegios, honestidad y corrupción. Un inicio oportuno será reflexionar sobre un tema de gran impacto desde lo social y económico: las jubilaciones. Las medidas adoptadas hasta el momento invocando emergencia, no difieren de lo histórico: cortoplacistas, selectivas y destinadas a que nada cambie. La mal llamada ley de solidaridad desactivó el régimen de actualizaciones, congeló las jubilaciones intermedias, y mantuvo los privilegios. El eslogan oficial utilizado fue “hay que achatar la pirámide”. Si bien cumple con la condición de ser breve y entendible, cabe preguntarse: debiera ser tranquilizador?
En su definición más simple, una pirámide es un cuerpo geométrico de base cuadrada, cuyas cuatro caras se unen en un punto superior llamado vértice. Excluidas las connotaciones místicas, permite una adecuada representación visual de estructuras organizacionales: pocos en el vértice, y muchos en la base. Además existe una relación estructural y numérica entre el sistema jubilatorio y la organización político-institucional-burocrática del país, que generan los mismos interrogantes: son racionales, equitativas y sustentables? Por lo que ambas problemáticas debieran asociarse. Retomando la jubilatoria, debemos entender que “achatar la pirámide”, implica disminuir su altura. Al respecto, la jubilación mínima (muchos) es de $ 14.068, y las máximas ubicadas próximas al vértice (pocos), promedian $ 336.000. O sea, una diferencia de 24 veces entre ambas. Este indicador diferencial entre salarios/jubilaciones mínimas y máximas, no mide la riqueza como el PBI interno, sino la equidad del Estado. Cuando supera las 15 veces, expresa inequidad estatal. Ello se observa al compararlo con los costos políticos de los países social y económicamente más desarrollados. A partir de estas consideraciones geométricas (pirámide) y numéricas (ingresos), surgen innumerables contradicciones, falacias o cinismos, según corresponda.
Aduciendo emergencia, en diciembre de 2019 quedó sin efecto la actualización aprobada en diciembre de 2017, que con lluvia de piedras incluida, implementó un índice de ajuste automático integrado por la evolución de la inflación (70%) y salarios (30%), de los dos trimestres anteriores. En su lugar se decidió otorgar una suma fija a los que cobran la mínima, se congeló a la base intermedia de $ 20.000 en adelante, y si bien congeladas, se mantuvieron las inequidades de las jubilaciones de privilegio. Estas últimas bajo el paraguas de una falacia: los privilegios son derechos adquiridos. Cabe preguntarse entonces: cambiar una vez más el sistema de actualización jubilatoria no afecta derechos adquiridos?
De ahí la expectativa respecto a si en la elaboración de un sistema jubilatorio definitivo y sustentable, se anularán los sistemas de privilegio y/o especiales; se establecerá una relación común entre requisitos jubilatorios y de haberes entre activos y pasivos, todo bajo un único índice de actualización, y aspecto no menor, se “achatarán” las diferencias salariales estatales privilegiadas de activos ubicados próximos al vértice de la pirámide. Y en lo político, terminar con el uso fraudulento de recursos jubilatorios para otros fines. El escepticismo nace en que estas medidas deberán aprobarlas e implementarlas quienes integran la pequeña pirámide superior en contacto con el vértice, integradas por quienes ejecutan, legislan y juzgan, no controlan evasiones impositivas ni trabajo en negro, y aumentan impuestos para mantener sus privilegios. En síntesis, los que proclaman preocuparse por “los pobres”. De ahí la importancia de estar atentos a las políticas que se avecinan, y recordar que las vacunas contra las grandilocuencias y falacias políticas son de aplicación trimestral. En mayo de 2002, cuando aún resonaba el que “se vayan todos”, ambas cámaras legislativas derogaron las jubilaciones de privilegio “futuras”. Pero el 17 de noviembre el presidente Duhalde vetó la ley casi en su totalidad.
Buenos Aires, 12 de febrero de 2020
Prometo no hacerlo más
Una nueva renegociación por el pago de deudas externas que los responsables políticos suelen catalogar de “impagables”, nos retrotrae a recuerdos de la infancia, cuando ante alguna travesura y para evitar penitencias, prometíamos a nuestros padres “no hacerlo más”, o bien intentábamos el embuste “yo no fui”. Lo preocupante de este recuerdo, es verificar la persistencia de estos balbuceos exculpatorios infantiles en nuestros políticos adultos.
Analizar la compleja problemática económico-crediticia repitiendo indicadores habitualmente divergentes cuando no falaces (montos de deudas, PBI, tipos de cambio, multiplicidad de bonos, etc.), sería sumarnos a polémicas inconducentes que no van al fondo de la cuestión. Un ejemplo es la reciente amenaza del gobernador Kicillof de no pagar un bono de 250 millones de dólares de capital vencido en enero de este año, adjudicando la responsabilidad a la anterior gobernadora Vidal. Se aclaró posteriormente que el vencimiento correspondía a la segunda de tres cuotas de capital del bono BP 21, emitido en enero de 2011 por el entonces gobernador Scioli bajo ley de Nueva York, por un total u$s 750 millones a una tasa de 10,87%. Este ejemplo, por lo sencillo y próximo, nos permite sospechar que el origen de nuestra decadencia y crisis económicas no se entenderá desde lo numérico, que solo es una consecuencia de la permanencia de estructuras institucionales y burocráticas ineptas. Destaquemos algunos aspectos.
1) En el ejemplo mencionado, la deuda es de Scioli-Kirchner o de Vidal-Macri? Con lógica, internacionalmente será considerada del gobierno argentino. Pero en las diversas alternativas de negociación, el acreedor indagará sobre los antecedentes del deudor: tuvo crisis puntuales y superadas definitivamente (México, Rusia, Irlanda, Grecia, Portugal, etc.), o recurrentes (Argentina)? Y se preguntará: los que se presentan como negociadores pertenecen a una clase política renovada, o son viejos conocidos acostumbrados a insolventarse, prometiendo nuevamente que “no lo van a hacer más”?
2) “No pagaremos la deuda externa con el hambre de los argentinos”, expresó recientemente el presidente Fernández. En realidad, repite un eslogan discursivo utilizado en las innumerables crisis anteriores. Analizado más racionalmente, encierra una contradicción manifiesta: los argentinos con hambre, que son millones, no solo no pueden pagarla; tampoco la usufructuaron. Al reclamo social de identificar responsables, el viejo político retoma el balbuceo infantil, con matices cínicos: “Yo no fui. Fueron los amigos de…” (el lector puede poner los nombres que le plazca). Ante este ocultismo, debemos seguir buscando las causales de la decadencia.
3) Una cuestión no casual, es centrar el debate político solo sobre la deuda externa en dólares (haciendo hincapié en los buitres externos, sin mencionar a los depredadores criollos que dejan la carroña para alimentarlos), omitiendo hablar de la deuda interna en pesos, que tiene mayor impacto en el “hambre de los argentinos”. Por ejemplo los préstamos de la Anses al Estado a tasas ruinosas para los jubilados; créditos irrecuperables otorgados por el Banco Central al Tesoro (administración pública); préstamos a pérdida del Banco Nación y otros bancos públicos al Estado y empresas amigas; evasiones multimillonarias con la Afip (Oil Combustibles, Oca), refinanciadas en condiciones lesivas para el Estado; sobrecostos multimillonarios de obras por corrupción, etc.
4) Esta desinformación oficial recurrente y concordante respecto a las políticas crediticias en moneda extranjera y nacional, así como su manejo, condiciones, destinatarios y amortizaciones, ocultándola tras verborragias políticas grandilocuentes, nos da un indicio de las causas de nuestra decadencia. Es imposible que en sucesivos gobiernos democráticos plagados de organismos de control, con poderes ejecutivo, legislativo y judicial integrados por quienes desarrollan sus tareas públicas desde hace décadas, se desconozcan manejos presupuestarios, y se apele al cínico “yo no fui”. Existe una extendida complicidad que se sustenta en una estructura política-institucional-burocrática caduca y nociva basada en privilegios, que se resiste a ser modificada, bajo una ideología común que también nos retrotrae en el tiempo: conservadora. E integrada por quienes no tienen hambre, sino “hablan” de los que tienen hambre. O bien ejercen la “resistencia” montados en privilegios estatales. Profundizaremos el tema sin “grietas”, porque a priori no hay inocentes. Y menos aún “solidaridad”.
Buenos Aires, 05 de febrero de 2020