El soporte del poder

Los responsables políticos de la degradación económico-social del país,  pretenden encapsular el debate para superar la crisis solo en un eventual acuerdo con el FMI, ignorando u omitiendo las profundas reformas internas necesarias para superarla. Es por ello oportuno reflexionar sobre la estructura administrativa estatal, que junto al sistema político y recursos humanos conforman el trípode que define a un gobierno. Este aspecto es clave, ya que si bien se supone diseñada para cumplir con eficacia y profesionalidad las obligaciones indelegables del Estado destinadas al interés general, al ser también un soporte fundamental de poder, lo general (el ciudadano), suele ser afectado por el interés particular (político y/o corporativo). Este es el huevo de la serpiente que explica el empobrecimiento nacional y los privilegios de castas, que incluye a toda la clase política, sin diferencias ideológicas o partidarias.

La importancia de profundizar el análisis de la estructura administrativa reside en que interrelaciona aspectos concomitantes y simultáneos, tales como las crisis económico-sociales recurrentes, déficits fiscales, baja calidad institucional con alta corrupción y la permanencia de castas políticas. Por ello preocupa la falacia discursiva de que se podrá crecer sin ajustes ni reformas estructurales, que es un modo de decir que los privilegios políticos y las estructuras que los alimentan no se tocarán. No en vano en plena crisis, abundan los autoproclamados candidatos presidenciales para el 2023. El objetivo inicial de una reformulación burocrática no debiera ser el de disminuir el costo fiscal, sino lograr una administración profesional eficaz y socialmente equitativa, por lo que las transformaciones se deben concentrar en los organismos y cargos políticos en la administración central, entes descentralizados, empresas públicas, institutos, agencias, entre otras. Lo que también evita que los políticos y sindicalistas beneficiarios de lo público boicoteen toda reforma denunciando el despido de “miles de trabajadores” de planta. Para evaluar la escala de una estructura burocrática, inicialmente cabe preguntarse si a través de las últimas gestiones presidenciales los organismos y cargos políticos se insertan en una estructura administrativa racional consolidada preexistente, o por el contrario, va creciendo permanentemente en los sucesivos períodos de gobierno. Vale recordar que los crecimientos demográficos no implican nuevos organismos y cargos, sino mayor personal operativo de ser necesario, en especial de los que se consideraron trabajadores “esenciales” durante la pandemia

En una configuración administrativa jerárquica en principio piramidal, como primera anomalía se observa que no necesariamente es congruente con responsabilidades y salarios. La recuperación de la democracia en 1983 se inició con 8 ministerios, hasta que la reforma constitucional de 1994 generó una multiplicación de organismos con unánimes consensos políticos: se crearon defensorías que no defienden, Jefatura de Gabinete que no actúa como tal, Consejo de la Magistratura que no sanciona jueces, organismos de derechos humanos politizados que defienden victimarios y no víctimas. Paradójicamente, se incumplió con el objetivo nacional más relevante: establecer un nuevo sistema de coparticipación entre Nación y provincias. A partir de este hito, cada gobierno dibujó su propia ley de ministerios, creó entes descentralizados y multiplicó casilleros jerárquicos, llamados en la jerga “ravioles”. Durante los gobiernos de Cristina Kirchner se llegó a tener 17 Ministerios con 40% más de empleados públicos. Al asumir, Mauricio Macri aumentó la cantidad de Ministerios a 23. El gobierno actual tiene 21, con 87 secretarías de Estado; 207 subsecretarías; 687 direcciones nacionales y generales; 122 institutos y organismos, que suman más de 3.000 funcionarios políticos. Si se agregan organismos descentralizados, empresas con presencia estatal y cargos diplomáticos se estima que se llegan a 8.000 cargos políticos solo nacionales.

Va de suyo que esta estructura elefantiásica e ineficaz plagada de nepotismos y amiguismos con escasa formación y nula capacidad ejecutiva, en un gobierno que además se define como “fuertemente presidencialista”, es incapaz de formular y aplicar un proyecto nacional serio de mediano y largo plazo. Este es el verdadero costo fiscal. Las consecuencias las describe con precisión el estudioso de la intrincada dinámica estatal Oscar Oszlak, quien expresa: “Cuando no hay planificación, no hay futuro, es puro presente, y presente continuo, que no se armoniza. Y tampoco hay pasado: no hay seguimiento, control de gestión, evaluación de resultados. Hay una tendencia a decidir a medida que los problemas se presentan, no anticipándolos o imaginando a lo que se quiere arribar”.

Buenos Aires, 09 de febrero 2022

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