No es el FMI, estúpido

Un 24 de diciembre de hace 21 años, el presidente interino Adolfo Rodríguez Saá, invocando a la Argentina, la Patria y el Pueblo, anunciaba ante la Asamblea Legislativa y con la ovación que brindaron de pie la mayoría de los legisladores presentes, la suspensión de pagos de deuda externa por más de 100.000 millones de dólares. Esta escena de júbilo no acorde con la grave crisis social de entonces, vale rememorarse por Internet. Cuando lo discursivo se tradujo en hechos, quedó en claro que los políticos festejaban su supervivencia y la de un sistema conservador de privilegios: se incautaron ahorros privados, se estatizaron deudas empresarias en dólares, una fuerte devaluación multiplicó el desempleo y la pobreza, surgieron los primeros planes de auxilio social, y las amenazas de investigar la “deuda inmoral” no superaron el marketing, El default concluiría 15 años más tarde.

El recuerdo no es banal, considerando que la mayoría de los actores políticos, sindicales y empresarios de entonces se encuentran vigentes, y pretenden repetir hoy su estrategia de sobrevivir sin que nada cambie. No en vano otro caudillo Rodríguez Saá, “el Alberto”, con una verborragia que incluía al indio Atahualpa, San Martín, Rosas y Bolívar, propuso en la reunión de gobernadores no pagar la deuda.  Para evitar la reedición de engaños, es necesario poner bajo la lupa preconceptos supuestamente consagrados, que se intentan instalar a través de mensajes confusos y/o falaces alrededor del aún hoy fantasmal acuerdo con el FMI. Organismo creado en 1944 por urgencias de posguerra e inicio de la llamada “guerra fría”, y que con el transcurso del tiempo cambió objetivos hasta concentrarse en acordar acciones que corrijan los desequilibrios de países asociados en crisis que soliciten asistencia crediticia y/o refinanciación de deudas, siendo los más gravitantes según sus aportes, Estados Unidos, Japón, China, Alemania y Francia, en ese orden. Argentina ingresó en 1956, y a partir de 1958 se firmaron 21 acuerdos de asistencia incumplidos, lo que muestra que las morosidades e incumplimientos del país son recurrentes, como también sucede con los acuerdos fiscales que internamente se suscribieron entre Nación y provincias, el último de ellos en el 2017.

Como lo discursivo antecede a toda acción política, cabe alertar acerca de la histórica promesa de que no se ajustará “a costa del hambre del pueblo”; falacia conceptual que transparenta el 42% de pobreza, el 50% de inflación y 8,5 % de desempleo, por lo que es obvio que el pueblo sufre permanentes y crecientes ajustes, que jamás afrontaron las enriquecidas dirigencias políticas, sindicales y empresarias responsables. Lo que lleva a suponer que la obsesiva promesa de “no ajustar”, encubre la intención de las castas dirigentes beneficiarias, incapaces de formular un proyecto nacional creativo de largo plazo, ya no para el FMI sino para los argentinos, de mantener sus privilegios y una estructura burocrática estatal ineficaz y onerosa para la ciudadanía. No es casual entonces que transitados 24 meses de gestión de gobierno, se intente distraer a la población con crisis casi familiares, rumores incomprobables, reuniones político-corporativas solo para la foto, y cifras dispersas no oficializadas que no se acompañan con un plan que indique acciones y tiempos previstos para alcanzar las distintas metas.

En este contexto, ante una nueva posibilidad de concretar un acuerdo de largo plazo, tarea en la que comparten responsabilidades el gobierno, las oposiciones, sectores corporativos y el FMI, cabe recordar que este organismo se concentra en aspectos económicos macro, tales como el déficit fiscal causante de las deudas, su financiamiento, política de acumulación de reservas (tener dólares para pagar), y reformas estructurales para cumplir con dichos objetivos. Pero el FMI no exigirá terminar con jubilaciones de privilegio, rediseñar una estructura estatal de baja calidad de servicios públicos plagada de nepotismos y mediocridad, o incluir cláusulas contra una corrupción institucional que impacta en los presupuestos públicos, más aún cuando altos niveles políticos y judiciales libran una desembozada lucha para mantener impunidades y patrimonios mal habidos. Corregir estas graves anomalías institucionales recae exclusivamente en la clase política, por lo que será importante prestar atención sobre quienes recaerán los inevitables ajustes, para no repetir la algarabía legislativa del 2001.     

Buenos Aires, 02 de febrero 2022

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