Hipocresía contra escepticismo

Un domingo 27 de octubre, dentro de 595 días, se realizarán elecciones presidenciales. En un desfasaje temporal revelador, mientras los ciudadanos comunes se angustian por la indefinición del mañana, los políticos ya se encuentran en campaña y sobran candidatos para hacerse cargo de la “tierra arrasada” en diciembre del 2023. Durante este prolongado período las dialécticas cargadas de hipocresía, actitud consistente en fingir cualidades que no se posee y prometer acciones que no se cumplirán, deberán contrarrestarse mediante un saludable escepticismo popular, sometiendo a los anuncios, informaciones y opiniones a un escrutinio crítico, hasta encontrar elementos consistentes que las avalen. Como base informativa se tomará a la propia comunicación política, cuyos mensajes ya sean para informar o desinformar, para que sean entendidos  por todos los sectores sociales y culturales por igual, tienen una elaboración intelectual sencilla y compacta carente de fundamentaciones. Para esta tarea se evitarán preconceptos y/o prejuicios partidarios e ideológicos, más aún cuando la casi totalidad de las actuales dirigencias permanecerán durante el próximo gobierno.

El debate por la aprobación y/o rechazo de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, dadas sus consecuencias en todos los ámbitos sociales y suponer la necesidad de tener un programa de gobierno de al menos mediano plazo, es un buen inicio para ejercitar el escepticismo. Esta especie de juego de ajedrez reflexivo aconseja adoptar como regla que las piezas rey (Macri) y reina (Cristina) no se utilicen para justificar decisiones, debido a que con independencia de la duración de sus mandatos y mayorías legislativas, ambos se desenvolvieron con similares entornos, sean gobernadores, sindicalistas y empresarios, quienes permanecerán a partir del 2023 sea cual fuere el resultado electoral. Es momento entonces que asuman responsabilidades explícitas las torres, caballos, alfiles y peones del tablero, corresponsables en la decadencia argentina. La coyuntura lo facilita, considerando que el gobierno está proponiendo un nuevo crédito por el mismo monto otorgado a Macri en el 2018 con desembolsos de corto plazo impagables, reemplazándolo por uno con amortización a diez años y cuatro años de gracia. A quienes les gusta los eslógans, los u$s 44.500 millones de Macri, se convertirían en u$s 44.500 millones de Fernández-Kirchner.

Clarificado este punto, el trámite del acuerdo mantiene usos y costumbres políticas criollas. Tras 27 meses en ejercicio del poder, el gobierno presentó un acuerdo y anexos que tanto oficialistas como opositores aducen no haber conocido, intervenido u opinado durante el proceso de elaboración, para que sea debatido y aprobado legislativamente en tan solo dos semanas. En este corto plazo cabe detenerse en lo dialéctico, herramienta que pretende impactar en la opinión pública, y no en brumosos detalles de mayor complejidad. Esta secuencia también la adoptan los políticos, a través de opiniones tales como “el acuerdo es malo, pero peor es el default”; “votaré el acuerdo tapándome la nariz”; “con el acuerdo solo se llega a diciembre del 2023”, y el infaltable aporte presidencial: “discutí con ese Fondo que desprecio tanto como todos”. Por lo tanto las inquietudes legislativas, salvo honrosas excepciones, se resumen en decidir cómo conviene votar: si a favor, en contra, abstenerse o ausentarse. A nadie se le ocurrió explicitar ante la sociedad un balance de beneficios y perjuicios originados en la aceptación o rechazo del acuerdo.

Sin embargo, el escepticismo ciudadano permite sospechar desenlaces. El anuncio oficial asegura que el acuerdo no tendrá ajustes: no habrá reforma jubilatoria (continuarán las jubilaciones de más de un millón de pesos mientras la mínima es de $ 32.630); ni reforma laboral (se mantendrán convenios de hace 45 años); ni reforma impositiva que evite agobiar a los que trabajan y producen. Una omisión clarifica intenciones: no se plantea racionalizar una estructura estatal costosa, ineficaz, elitista y prebendaria. Para purificar el discurso, quienes pujan desesperadamente por hacer caer las causas de corrupción estatal-privada que los involucran, destacan haber denunciado en el fuero federal al gobierno de Macri y al propio FMI por el préstamo que se le otorgara en el 2018. No es difícil entonces suponer el desenlace: una “difícil” aprobación del acuerdo, con un cierre escénico con quienes aportaron votos a favor y en contra, los abstencionistas en silencio, y los ausentes tras el telón. Como en la crisis del 2001-2002, los privilegios políticos saldrán indemnes.

Una vez más se perderá la oportunidad de transformar las obsoletas e ineficaces estructuras del Estado, cuyo beneficio inicial no es el económico, sino el de lograr una calidad institucional y política que permita cambiar la matriz de la decadencia. En economía existe un intangible reconocido tan importante como lo programático, que se llama confianza. En la acción política ese intangible se llama equidad y proporcionalidad en los derechos y obligaciones. Los esfuerzos son necesarios e inevitables, pero no los pueden exigir a la sociedad elites políticas  privilegiadas.  

Buenos Aires, 09 de marzo 2022